Pueblo v. Román Feliciano

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su decisión de 12 de abril de 2011 en el caso CC-2009-733, abordó la existencia y efecto de la reconsideración de asuntos interlocutorios en el proceso penal. La controversia principal era si una moción de reconsideración oportuna sobre un dictamen interlocutorio interrumpe el término para acudir en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El caso se originó de una acusación bajo la Ley de Sustancias Controladas, donde se denegó una moción de supresión de evidencia. El Tribunal Supremo afirmó la existencia del mecanismo de reconsideración para resoluciones interlocutorias en el ámbito criminal. Determinó que una solicitud de reconsideración sobre una orden interlocutoria sí interrumpe el término para recurrir ante el foro apelativo intermedio. En consecuencia, revocó la decisión del Tribunal de Apelaciones que había resuelto lo contrario. Esta sentencia clarifica un aspecto procesal clave para la impugnación de decisiones interlocutorias en casos penales.