Pueblo v. Costas Elena

Esta sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico trata sobre un caso criminal contra Luis P. Costas Elena y Hazell A. Russell McMillan por evasión contributiva y perjurio. Las acusaciones surgieron de una investigación del Departamento de Hacienda. Hacienda obtuvo récords bancarios de los acusados y sus corporaciones mediante órdenes de registro expedidas por el Tribunal de Primera Instancia. Un punto central de la controversia fue la contratación por Hacienda de una Contadora Pública Autorizada privada para examinar la evidencia. Los acusados presentaron una moción para suprimir el testimonio de la CPA y la evidencia documental. Alegaron que la CPA privada carecía de autoridad legal para realizar la investigación, facultad que sostienen está reservada a funcionarios públicos. También argumentaron que la evidencia fue obtenida ilegalmente, mencionando falta de notificación y problemas en el proceso de adquisición. El Tribunal de Primera Instancia concedió parcialmente la moción, suprimiendo la evidencia obtenida de las cuentas bancarias personales. Sin embargo, denegó la supresión respecto a la solicitud inicial de números de cuenta y la evidencia de las cuentas corporativas. Esta decisión del foro primario es objeto de revisión por el Tribunal Supremo.