Pereira Suárez v. Junta de Directores y otros

Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico interpreta el alcance del Art. 42(c) de la Ley de Condominios de 2003. La controversia se centra en un contrato de arrendamiento de la azotea del Condominio Ponciana firmado en 1999 por el Presidente de la Junta con Crown Castle para instalaciones de telecomunicaciones. El acuerdo se realizó sin consultar al Consejo de Titulares, lo que plantea si requería aprobación unánime. La cuestión legal principal es si el término de prescripción de dos años para impugnar actos de la Junta de Directores aplica a acuerdos que pudieron requerir unanimidad. Un titular impugnó el contrato años después de su firma. El Tribunal analizó si su impugnación había prescrito bajo la ley. La opinión concluye que la impugnación del acuerdo suscrito en 1999 había prescrito. Esto determina que el término de dos años limita el tiempo para cuestionar tales actos de la Junta.