Pueblo v. Santana Vélez

Este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la correcta interpretación de los términos para la presentación de recursos de apelación criminal. Se centra en la apelación de una sentencia por homicidio involuntario (Artículo 86 C.P.). El peticionario presentó el recurso en el Tribunal de Primera Instancia y envió la notificación al Tribunal de Apelaciones por correo certificado dentro del término de 48 horas. Sin embargo, la secretaría del Tribunal de Apelaciones recibió la notificación después de transcurrido dicho término. El Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación por falta de jurisdicción, interpretando que el término de 48 horas requería la recepción física del documento. El Tribunal Supremo debe determinar si el envío por correo dentro del término cumple con los requisitos procesales o si la recepción efectiva es indispensable para la jurisdicción. La decisión establecerá el criterio sobre la diligencia requerida para la presentación de apelaciones criminales.