Pueblo v. Rivera Crespo

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examina el derecho a asistencia de abogado para convictos indigentes en procedimientos post-sentencia de carácter discrecional. La controversia principal es si un convicto sin recursos económicos tiene derecho a que se le nombre un abogado de oficio para presentar una moción de nuevo juicio al amparo de la Regla 192 de Procedimiento Criminal. El caso se origina con Luis A. Rivera Crespo, quien se declaró culpable en 1990 de asesinato en primer grado y otros delitos. Más de trece años después de dictada la sentencia, Rivera Crespo presentó una moción por derecho propio. Alegó haber obtenido una declaración jurada de un testigo que supuestamente exculpa y sugiere fabricación policial. Basado en esta alegación de nueva evidencia, solicitó al Tribunal de Primera Instancia la asignación de un abogado. El objetivo era contar con representación legal para formalizar y presentar una moción de nuevo juicio. La opinión del Tribunal, emitida por el Juez Presidente Hernández Denton, aborda si existe un derecho a dicha asistencia letrada en esta etapa procesal.