Omar Ortiz y Otros v. Municipio de San Juan

Este caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico aborda la legalidad de la delegación de facultad disciplinaria por parte del Alcalde de San Juan al Comisionado de la Policía Municipal. La controversia surge cuando el Comisionado sancionó a trece policías municipales por faltas graves. Los agentes apelaron ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). La CIPA revocó las sanciones, determinando que la facultad para imponer sanciones por faltas graves recae exclusivamente en el Alcalde como autoridad nominadora, según la Ley de la Policía Municipal, y no es delegable al Comisionado. El Municipio de San Juan recurrió esta decisión, argumentando que la delegación era válida bajo la Ley de Municipios Autónomos. El Tribunal Supremo debe resolver si el Alcalde podía subdelegar esta facultad sancionadora al Comisionado.