EL PUEBLO DE PUERTO RICO V. INES ALVAREZ RODRIGUEZ

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó si una persona convicta por homicidio que utilizó un arma de fuego es elegible para sentencia suspendida bajo la Ley Núm. 33 de 1993. Inés Alvarez Rodríguez fue hallado culpable de homicidio y violaciones a la Ley de Armas por dar muerte a dos personas con un revólver. El Tribunal de Primera Instancia le impuso penas de reclusión pero concedió sentencia suspendida para todos los cargos. El Ministerio Público objetó, citando la exclusión de quienes usan armas de fuego en delitos graves según la Ley Núm. 33. El Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Circuito de Apelaciones confirmaron la sentencia suspendida, este último basándose en Pueblo v. Zayas Rodríguez. El Procurador General recurrió al Supremo, argumentando que se ignoró la clara intención legislativa de la Ley Núm. 33. El Tribunal Supremo determinó que el texto e historial legislativo de la Ley de Sentencia Suspendida excluyen explícitamente a quienes utilizan armas de fuego en delitos graves. Concluyó que el caso no era indistinguible de Zayas Rodríguez. Por consiguiente, revocó la decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones, resolviendo que no procede conceder sentencia suspendida a Alvarez Rodríguez.