OFICINA DE ETICA GUBERNAMENTAL V. GREGORIO IGARTUA DE LA ROSA

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisa mediante recurso de Certiorari una resolución del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Dicha resolución confirmó una multa administrativa impuesta por la Oficina de Ética Gubernamental al licenciado Gregorio Igartúa de la Rosa. La sanción se originó por una alegada violación al Artículo 3.3(e) de la Ley de Ética Gubernamental. El licenciado Igartúa, quien ejerce como abogado en la práctica privada, impugnó la determinación inicial de la Oficina de Ética. Tras la confirmación de la multa por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, el peticionario acudió al Tribunal Supremo. Este documento contiene la sentencia del Tribunal Supremo resolviendo el recurso presentado por el licenciado Igartúa. El caso centraliza en la aplicación de las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental a las actividades profesionales del peticionario.