PUEBLO V JOSE A MORALES – PET. MARIA DE LOS A COLOM BAEZ

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una opinión sobre la designación de abogados de oficio en casos penales. La designación se rige por un reglamento aprobado en 1998, basado en la obligación constitucional de proveer defensa a indigentes. En la Región Judicial de Fajardo, se realizó un sorteo público en octubre de 1998 para crear una lista de asignación. La abogada María de los A. Colom Báez no estaba en la lista inicial ni participó en el sorteo. Una orden administrativa enmendada en marzo de 1999 la incluyó por primera vez en la lista de asignación. Posteriormente, se le notificó su designación como abogada de oficio en varios casos criminales. La Lcda. Colom Báez presentó una moción solicitando ser relevada de la representación. Alegó reparos éticos y profesionales, fundamentados en su falta de experiencia previa en la defensa de personas en procedimientos penales. Este caso llegó al Tribunal Supremo mediante un recurso de certiorari.