EL PUEBLO DE P.R. V. ENRIQUE DAVILA TORRES

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisó una decisión que suprimió evidencia incautada en el depósito de chatarra "El Capitán". La incautación se realizó durante un registro policial sin orden judicial ni motivos fundados. Los tribunales inferiores declararon la intervención irrazonable y suprimieron la evidencia. El Ministerio Público argumentó que se trataba de un registro administrativo válido en un negocio estrechamente reglamentado. El Tribunal Supremo resolvió que los depósitos de chatarra son negocios estrechamente reglamentados bajo la Ley Núm. 125 de 1966. Por tanto, la Policía puede realizar registros administrativos sin orden judicial, sujeto a ciertos criterios. Sin embargo, el Tribunal devolvió el caso al foro de instancia. El propósito es que dicho tribunal determine si la intervención específica en "El Capitán" fue de naturaleza administrativa, validando o no el registro sin orden judicial según los criterios establecidos.