PUEBLO V. ORTIZ RODRIGUEZ

El caso CC-96-0227 ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico involucra a Antonio Ortiz Rodríguez, acusado de infracciones al Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas. El peticionario cuestiona la legalidad de la evidencia obtenida tras una orden de allanamiento. La controversia principal gira en torno a si agentes de la policía pueden alquilar un apartamento en un condominio para acceder a sus áreas comunes sin orden judicial ni consentimiento del administrador. Esta táctica policial fue utilizada como parte de una investigación basada en una confidencia sobre tráfico de drogas y armas en el edificio. Ortiz Rodríguez argumentó que la orden de allanamiento era insuficiente y que no existió causa probable, además de violarse su expectativa de intimidad en las áreas comunes. El Tribunal de Instancia denegó la supresión de la evidencia. El Tribunal de Circuito de Apelaciones declinó expedir el auto de certiorari. El Tribunal Supremo revisa si la policía estaba facultada para penetrar las áreas comunes del condominio mediante el alquiler de un apartamiento sin orden judicial previa. La decisión abordará si esta acción policial constituyó un subterfugio para evitar obtener una orden judicial. El documento presenta los antecedentes fácticos y procesales que llevaron el caso ante la consideración del máximo foro judicial.