López Rivera v. Administración de Corrección

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó si la disposición de "acción inmediata" de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) faculta a las agencias a establecer parámetros temporales para sus procesos adjudicativos que se desvíen de las garantías procesales mínimas de la ley. El caso se originó en un procedimiento disciplinario de la Administración de Corrección contra un confinado. La Regla 20 del Reglamento Disciplinario de Corrección establecía un término de cinco días calendario para solicitar la reconsideración de sanciones disciplinarias. El Tribunal analizó la validez de esta regla a la luz de las secciones 3.15 (reconsideración) y 3.17 (acción inmediata) de la LPAU. Concluyó que la facultad de "acción inmediata" no permite a las agencias apartarse de las garantías mínimas de la LPAU. Por consiguiente, el Tribunal determinó que la Regla 20 del Reglamento Disciplinario de la Administración de Corrección es nula. Esta nulidad se debe a que la regla contraviene la Sección 3.15 de la LPAU. La decisión clarifica que las agencias no pueden usar la figura de "acción inmediata" para limitar derechos procesales como el término de reconsideración en contravención a la ley.