REINALDO CASTILLO V. DEPTO. DEL TRABAJO

El caso AC-1996-0070 ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico examina si una persona que cumple con el deber cívico de servir como jurado tiene derecho a recibir beneficios bajo la Ley de Seguridad de Empleo. Reinaldo Castillo Camacho solicitó beneficios tras servir como jurado secuestrado por casi dos meses sin recibir paga de su patrono. El Negociado de Seguridad de Empleo denegó su solicitud, basándose en que no estaba apto ni disponible para trabajar debido a su servicio como jurado, según la Ley. Esta denegatoria fue confirmada en las etapas administrativas. Aunque el Tribunal de Primera Instancia revocó la decisión, el Tribunal de Circuito de Apelaciones la reinstaló, otorgando gran peso a la interpretación de la agencia administrativa. Castillo Camacho apeló ante el Tribunal Supremo, que acogió el recurso para resolver la controversia. La opinión inicial reitera la norma de deferencia judicial hacia las conclusiones e interpretaciones de las agencias especializadas, siempre que no sean arbitrarias o ilegales. El Tribunal busca determinar si el servicio de jurado impide la elegibilidad para beneficios de desempleo bajo la ley vigente.