In re: Antonio Ortiz Rodríguez

El Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó la suspensión inmediata e indefinida del licenciado Antonio Ortiz Rodríguez del ejercicio de la abogacía y la notaría por violar el Canon 9 del Código de Ética Profesional. La acción disciplinaria se originó tras una queja presentada por una cliente que alegó falta de diligencia, pues la inacción del letrado provocó que se le anotara la rebeldía en un proceso judicial. A pesar de que el Tribunal le otorgó varias oportunidades y términos para contestar las alegaciones, el abogado no cumplió con los requerimientos de forma adecuada. En su única comparecencia, el licenciado Ortiz Rodríguez se limitó a exponer situaciones personales de salud familiar y a solicitar su renuncia como representante legal, sin abordar los méritos de la queja. El foro judicial determinó que esta conducta constituye un menosprecio a la autoridad de los tribunales y una falta al deber de cooperación con los procesos disciplinarios. La decisión subraya que el cumplimiento de las órdenes judiciales es una obligación ineludible para todo miembro de la profesión legal. Por tanto, el Tribunal ejerció su facultad para separar al abogado de sus funciones de manera indefinida con el fin de proteger el interés público y la integridad del sistema de justicia.