IN RE CESAR ANDREU RAMIREZ Y CARLOS RIVERA VICENTE

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examina el alcance del Canon 28 del Código de Ética Profesional en el contexto de un pleito donde una corporación es parte adversa. El caso surge de una queja sobre conducta profesional contra dos abogados que representan a los demandados en un caso de ejecución de hipoteca donde la Corporación para el Fomento Económico de la Ciudad Capital (COFECC) intervino. Se alega que los abogados se comunicaron directamente con el presidente y miembros de la Junta de Directores de COFECC sin la presencia del abogado de la corporación. Los abogados enviaron una carta a los directores imputándoles responsabilidad personal y luego se reunieron con el presidente de la Junta para discutir transacciones. La queja sostiene que estas acciones violaron el Canon 28, que prohíbe la comunicación con una parte adversa representada por abogado en ausencia de éste. El tribunal analizará si la comunicación directa con los directores de una corporación adversa, sin su abogado, constituye una violación ética.