Sánchez Díaz v. ELA

Este documento es una opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que interpreta el alcance de las enmiendas al plan de cesantía implementado por la Ley Núm. 7 de 2009. El caso surge de la cesantía de empleadas del Registro de la Propiedad bajo dicha ley. Las peticionarias alegaron que la Ley Núm. 37 de 2009 las excluía del plan de cesantía. El Estado Libre Asociado argumentó que sus puestos no eran esenciales y que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción exclusiva, la cual correspondía a la CASARH. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente declaró nulas las cesantías, entendiendo que las empleadas estaban excluidas. El Tribunal de Apelaciones revocó, resolviendo que el foro primario actuó sin jurisdicción. El Tribunal Supremo debe determinar si el Tribunal de Apelaciones erró al concluir que el Tribunal de Primera Instancia no tenía jurisdicción para adjudicar la controversia. La decisión se centra en la interpretación de si el personal del Registro de la Propiedad fue excluido del plan de cesantía de la Ley 7.