Ernesto Rosado Rivera, Roberto J. Martínez Rosa, Melba Lajara Martínez, Otto D. Lebrón Sáez, Dina M. Albanese Brás, Mari E. Meléndez Gnemi

El Colegio de Abogados de Puerto Rico solicitó al Tribunal Supremo la suspensión de seis licenciados por incumplimiento en el pago de la cuota anual de colegiación. El Tribunal emitió resoluciones concediendo a los abogados un término de veinte días para mostrar causa por la cual no debían ser suspendidos. Se les apercibió que el incumplimiento resultaría en suspensión automática. Los licenciados no comparecieron ni satisficieron su deuda dentro del término concedido. El Artículo 9 de la Ley Núm. 43 de 1932 establece la obligación de los miembros de pagar la cuota anual. La falta de pago demuestra indiferencia a las obligaciones mínimas de la abogacía y conlleva suspensión. Ante el incumplimiento de los abogados con las órdenes del Tribunal, se consolidan los casos. El Tribunal procede a resolver el asunto sin ulterior trámite.