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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ejerció su poder disciplinario en una decisión Per Curiam del 14 de marzo de 2016. La acción se dirigió contra los abogados Ricardo A. Álvarez Westwood, Irene M. Vera Ramírez, Juan H. Torres Quiñones y Emil G. Delgado Ríos. La razón principal fue el incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Además, los abogados desatendieron requerimientos y órdenes previas del Tribunal. Como resultado de su conducta, el Tribunal ordenó la suspensión inmediata e indefinida de la práctica de la abogacía para cada uno de ellos. Esta medida disciplinaria busca asegurar el cumplimiento con las normativas profesionales y las directrices judiciales. La decisión detalla los casos individuales y las fechas efectivas de suspensión para cada licenciado.