Para derogar la Ley 20-2017, conocida como la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”; reestablecer las disposiciones de la Ley 53-1996, según enmendada, conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico; restablecer las disposiciones de la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico”; restituir las disposiciones de la Ley 211-1999, según enmendada, conocida como “Ley de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico”; restituir las disposiciones de la Ley 539-2004, según enmendada, conocida como “Ley del Cuerpo de Emergencias Médicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; restablecer las disposiciones de la Ley 144-1994, según enmendada, conocida como “Ley de Llamadas 9-1-1”; restituir las disposiciones del Capítulo III del Plan 5-2011, mejor conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Justicia de 2011”; restituir las disposiciones del Plan de Reorganización 2-1993, según enmendado, conocido como “Comisión de Seguridad y Protección Pública”; disponer sobre los fondos federales que pudieron estar en riesgo por la aprobación del Departamento de Seguridad Pública mediante la Ley 20-2017; disponer sobre los empleados del Departamento de Seguridad Pública; disponer sobre las propiedades y equipos del Departamento de Seguridad Pública; establecer las transferencias de poderes y responsabilidades del DSP; derogar y disolver la Junta de Evaluación Médica, el Comité Ejecutivo de Seguridad de Puerto Rico y la Oficina de Manejo de Información de Seguridad; y para otros fines.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar un estudio exhaustivo y continuo sobre todo asunto relacionado con la seguridad y el orden público; la administración y fortalecimiento de las agencias de seguridad pública y sus esfuerzos dirigidos a atender, controlar y disminuir el crimen; las asignaciones de fondos y recursos para programas de seguridad pública y la prevención de la criminalidad, la implantación de cambios necesarios para el cumplimiento con el Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico, el uso de la tecnología en la prevención y control del crimen, y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 15 de la Ley 183-1998, según enmendada, conocida como “Ley de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito”, a los fines de sustituir el “Fondo Especial de Compensación a Víctimas de Delito”, por el “Fondo Rotatorio Especial de Compensación a Víctimas de Delito”, adscrito al Departamento de Justicia, el cual se constituirá independientemente y separado de cualquier otro fondo o recursos del Gobierno de Puerto Rico o del Departamento de Justicia, de acuerdo a las disposiciones de, y para los propósitos exclusivos establecidos por esta Ley, sin sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, ni a las de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”; enmendar el Artículo 61 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de aumentar las cuantías a pagarse por la pena especial impuesta; hacer correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 6.20 de la Ley- 168-2019, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, a los fines de disponer que se le suspenderá la licencia de conducir o la de navegación, según aplique por un término de 5 años a partir de la extinción de la pena recibida a quien dispare un arma de fuego desde un vehículo de motor o acuático; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para la Protección de la Privacidad Cibernética de los Niños y Jóvenes”, a los fines de prohibir que cualquier operador, empleado o agente de una Página o Aplicación de Internet de Redes Sociales, según definida en esta Ley, pueda publicar o divulgar información personal de usuarios menores de edad residentes en Puerto Rico, más allá del nombre y ciudad donde reside, sin el consentimiento expreso de estos y la del padre, madre o tutor con patria potestad; requerir a toda Página o Aplicación de Internet de Redes Sociales establecer un proceso sencillo y de fácil comprensión para que todos los usuarios menores de edad residentes de Puerto Rico puedan modificar sus opciones de privacidad como parte del registro de cada cuenta; establecer penas civiles por incumplimiento; otorgarle jurisdicción al Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET), creado en virtud del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico, para atender cualquier querella relacionada con esta Ley; facultar al Negociado de Telecomunicaciones a adoptar los reglamentos necesarios para el fiel cumplimiento de esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (q) al Artículo 7.06 de la Ley 20-2017, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el propósito de autorizar a la División de Interpol del Negociado de Investigaciones Especiales, a establecer alianzas (task force) con otros negociados del Departamento y con otras agencias públicas, estatales, federales e internacionales, dirigidas a desarrollar estrategias dirigidas a la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 21 de la Ley 66-2014, según enmendada, mejor conocida como “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de adoptar la “Ley para la Facilitación Oportuna de Protección del Ministerio Público” o “Ley FOP del Ministerio Público”, con el propósito de extender el servicio de protección de escoltas del Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Ricio, a aquellos miembros del Ministerio Público, ya sean Procuradores o Fiscales, que denuncien ser objeto de amenazas contra su seguridad e integridad física y la de su familia inmediata; y a aquellos cuyas áreas de trabajo, traslados y horarios de trabajo así lo requieran; y para otros fines.

Para enmendar los artículos 1, 3, 5, 6, 7 y 9 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, mediante la cual se autoriza al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública a expedir los denominados “certificados de antecedentes penales”, a los fines de establecer que no se incluirán en estos, una primera convicción que sea impuesta en virtud del inciso (a) del Artículo 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, y que no implique la posesión ilegal de marihuana en exceso de cinco (5) gramos para el propio uso de la persona sentenciada; hacer correcciones técnicas en la Ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 5.04 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el propósito de disponer que, como parte inherente de la función del Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres de coordinar los esfuerzos gubernamentales relacionados a las operaciones de búsqueda y rescate, establecerá una unidad de vehículos aéreos no tripulados (remotely piloted aircrafts), para llevar a cabo tales fines; autorizar al Comisionado del Negociado a adoptar los reglamentos internos y procedimientos necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley y facultarlo a suscribir convenios o acuerdos colaborativos o con otras entidades, públicas o privadas, con el propósito de delegar en estos, la implantación, cumplimiento y operación de los referidos vehículos aéreos no tripulados, para llevar a cabo tareas de búsqueda y rescate; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 2, 34 y 45, añadir un nuevo Capítulo V, reenumerar el actual Capítulo V, como Capítulo VI, y reenumerar los actuales artículos del 90 al 99, como los artículos del 106 al 115, respectivamente, en la Ley 205-2004, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Justicia”, a los fines de crear el Negociado de Investigaciones Especiales como un cuerpo profesional, adscrito al Departamento de Justicia, y bajo la supervisión directa e indelegable del Secretario de dicho Departamento; definir sus funciones y deberes; disponer para la transferencia de los poderes, empleados, equipo y propiedad al nuevo Negociado, según se establece por la presente Ley; enmendar el Artículo 1.06, suprimir el Capítulo 7, reenumerar el actual Capítulo 8, como el Capítulo 7, y reenumerar los actuales artículos del 8.01 al 8.07, como los artículos del 7.01 al 7.07, respectivamente, en la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el propósito de atemperar dicha Ley, con las del Negociado aquí creado y adscrito al Departamento de Justicia; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 3, 5, 7, 8 y 9, suprimir el actual Artículo 10, y sustituirlo por uno nuevo, en la Ley 135-2020, conocida como “Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico”, con el propósito de establecer que su Director Ejecutivo sea nombrado por un término de seis (6) años, tomando en consideración su preparación técnica, experiencia y otras cualidades que le capaciten para ejecutar los fines para los cuales fue creado el mencionado Instituto; otorgar mayor flexibilidad administrativa a la gerencia del Instituto para que pueda establecer, organizar y administrar sus propios sistemas, controles y normas de clasificación y retribución de personal, presupuesto, finanzas, compras, contabilidad y cualesquiera otros sistemas administrativos necesarios para una operación eficiente y económica de la entidad; hacer correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Artículo 2.22 y renumerar el actual Artículo 2.22 como el Artículo 2.23 de la Ley 20-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el fin de facultar al Negociado de la Policía de Puerto Rico, mediante el establecimiento de acuerdos de integración a recibir voluntariamente integrantes de los cuerpos de policías municipales que cumplan con las reglamentaciones que adopte el Departamento de Seguridad Pública al respecto; y para otros fines.

Para enmendar los artículos 35, 40, 48 y 49 del Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, a los fines de sustituir el “Fondo Especial del Programa de Empresas, Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas”, y el “Fondo Especial de Corrección”, por el “Fondo Rotatorio Especial del Programa de Empresas, Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas”, y el “Fondo Rotatorio Especial de Corrección”, respectivamente, adscritos al Departamento de Corrección y Rehabilitación, los cuales se constituirán independientemente y separados de cualesquiera otros fondos o recursos del Gobierno de Puerto Rico o del Departamento de Corrección y Rehabilitación, de acuerdo a las disposiciones de, y para los propósitos exclusivos establecidos por este Plan de Reorganización, sin sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, ni a las de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”; adoptar como la política pública del Gobierno de Puerto Rico, la utilización de confinados, mediante contratación con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, para la realización de diversas tareas o servicios, tales como actividades agrícolas, ornato, construcción, lavado y mantenimiento de automóviles pertenecientes a la flota vehicular gubernamental, entre otras, como parte del proceso de rehabilitación y reinserción a la libre comunidad de esta población; derogar la Ley 166-2009, según enmendada; hacer correcciones técnicas en el Plan de Reorganización 2, antes citado; y para otros fines relacionados.

Para permitir que las personas convictas y sentenciadas por delitos de asesinato que sean recomendadas por el (la) Presidente(a) de la Junta de Libertad bajo Palabra ocurridos entre marzo de 1978 y mayo de 1995; y que participaron previamente del Programa de libertad bajo supervisión electrónica y que luego les fue suspendido dicho privilegio, se les conceda nuevamente el privilegio de participar de dicho programa o cualquier otro programa de desvío, tratamiento o rehabilitación del Departamento de Corrección y Rehabilitación; y para otros fines relacionados.

Para crear el “Programa de Competencias Universitarias en Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Móviles”, adscrito al Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, a los fines de fomentar la educación en las ciencias y tecnologías informáticas, así como el crecimiento de las industrias incipientes locales (“startups”); establecer un plan de incentivos para los estudiantes ganadores de universidades acreditadas por la Junta de Instituciones Postsecundarias; crear una cuenta especial para el programa; y para otros fines relacionados.

Para añadir unos nuevos incisos (g), (h), (i), (j), (k) y (l) en el Artículo 6 de la Ley Núm. 26 de 5 de junio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley del Cuerpo de Seguridad Escolar", a los fines de conferirle al Secretario del Departamento de Educación, la responsabilidad de establecer un sistema general de vigilancia y grabación electrónica en los planteles escolares, en aras de garantizar a la comunidad estudiantil un ambiente seguro que proteja la vida y propiedad, y que a su vez, asegure la intimidad de sus estudiantes, empleados y visitantes; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (c) del Artículo 2.09 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de disponer que el pago de las horas extra en el Negociado de la Policía de Puerto Rico, se haga dentro de un término máximo de treinta (30) días, y para establecer que se adopten los mecanismos tecnológicos necesarios para cumplir con dicho término.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora en relación al sistema de seguridad pública y al estado físico de las estructuras que son utilizadas como cuarteles de la Policía, estaciones de Bomberos, despachos de Emergencias Médicas y centros de operaciones de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres en los municipios de Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros, luego del paso de los huracanes Irma y María y de los terremotos que afectaron la región entre diciembre de 2019 al presente; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, llevar a cabo una investigación amplia y completa sobre la situación presente y futura del Negociado de la Policía; pasar revista sobre las medidas presentes y pendientes de implantación, tales como: los planes internos de traslado de personal y el cierre de cuarteles en varios municipios de la Isla; la lentitud en la reparación de los cuarteles generales a raíz del paso del huracán María; la situación de contagios debido a la pandemia del Covid-19; la falta de pago de horas extras a los policías; el mantenimiento del sistema de retiro de los agentes; la falta de equipo, entre otros, y sus consecuencias en cuanto a garantizar la seguridad de la ciudadanía de la Isla; y para otros fines.

Para ordenar a las Comisiones de Educación, Arte y Cultura; y de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en torno al proceso de reapertura, reparación o reubicación de los planteles escolares del Departamento de Educación ubicados en los municipios de la zona sur de Puerto Rico, los cuales sufrieron daños estructurales como consecuencia de los movimientos telúricos asociados a la secuencia sísmica que dio inicio el 28 de diciembre de 2019; conocer los planes para llevar a cabo la educación escolar de manera presencial, una vez sea posible luego de la pandemia del COVID-19; verificar el proceso de la Autoridad de Edificios Públicos a los mismos fines; evaluar los protocolos de emergencia de cada plantel escolar en caso de un terremoto y/o tsunami; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (c) del Artículo 5.11 de la Ley 247-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, con el propósito de fomentar la investigación biológica, al atemperar la regulación estatal a las realidades de la ciencia moderna; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 143-2014, “Ley del Protocolo para Garantizar la Comunicación Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Sistema de Información de Justicia Criminal”, para incluir al Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico como miembro del Comité Intergubernamental del Sistema de Información de Justicia Criminal; y para otros fines necesarios y relacionados.

Para enmendar el Plan de Reorganización 2-2011, de 21 de noviembre de 2011, conocido como "Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011", a los fines de integrar un nuevo Capítulo VI sobre “Servicios a Menores Bajo Custodia” de manera tal que se distinga y detalle la prestación de servicios particulares que debe recibir todo menor bajo custodia; para expresar la política pública del Estado en torno a esta población; para reconocer la figura del Director del Negociado de Instituciones Juveniles; para reenumerar el actual Capítulo VI y subsiguientes; enmendar el Artículo 31 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”; y para otros fines

Para enmendar los incisos (a), (b) y (e) del artículo 4 de la Ley 214-2004, según enmendada, conocida como la “Ley para Crear el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico” a los fines de incorporar como miembro del Consejo de Fiduciarios al Director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, así como elevar a cinco (5) el número de fiduciarios provenientes del sector de la academia; y para otros fines relacionados.

Para crear un nuevo Artículo 7 y reenumerar los Artículos del 7 al 10 como 8 al 11 de la Ley Número 41 de 3 de junio de 1982, según enmendada, conocida como “Ley para reglamentar la adquisición de cobre, aluminio, estaño o plomo por personas que se dediquen a la compraventa o adquisición de dichos materiales”, a los fines de crear el “Comité Interagencial y Multidisciplinario para combatir el hurto de cobre y otros metales”, en apoyo a la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico de erradicar esta indeseable práctica; establecer deberes y responsabilidades, vigencia y para otros fines.

Para enmendar el inciso (p) del Artículo 2 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos”, y el Artículo 1 de la Ley Núm. 122 de 12 de julio de 1986, según enmendada, a fin de disponer que en los casos donde el Departamento de Justicia decida que la víctima o el testigo debe continuar bajo su protección, luego de finalizado el proceso judicial, los patronos deberán conceder licencias sin sueldo y la reinstalación en su empleo una vez culminen sus compromisos con el Departamento; y para otros fines.

Para crear la “Ley de Liberación Compasiva del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de disponer que los confinados en las instituciones penales de Puerto Rico que padezcan enfermedades terminales, confinados mayores de 60 años que padezcan de alguna o varias condiciones de salud crónica, confinados mayores de 65 años que hayan cumplido un mínimo del cincuenta por ciento (50%) de su sentencia o que le resten veinticuatro (24) meses de sentencia y confinados que presenten alguna situación extraordinaria y convincente que no haya podido ser prevista por el Tribunal al momento de dictar su sentencia, puedan ser egresados de la institución penal en que se encuentran bajo ciertas condiciones si cumplen con los requisitos aquí establecidos; enmendar los Artículos 1, 2 y 6 de la Ley 25-1992, mejor conocida como "Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras enfermedades en su etapa terminal que están confinados en las Instituciones Penales o internados en las Instituciones Juveniles de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Carta de Derechos de los Policías”, a los fines de establecer derechos y beneficios para estos y sus familiares y compilar la legislación aprobada en beneficio de los policías; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos, 2.02, 3.02, 4.02, 5.02 y 6.02, de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el propósito de expandir y uniformar los requisitos para ocupar los cargos de Comisionado del Negociado de la Policía, Comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Comisionado de Sistemas de Emergencias 9-1-1, Comisionado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y Comisionado del Cuerpo de Emergencias Médicas; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 23-1991, según enmendada, conocida como “Ley del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico”, a los fines de permitir a los miembros de los respectivos Cuerpos de la Policía Municipal del país a participar de los beneficios de las tiendas militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico.