Para ordenar al Departamento de Hacienda, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, al Comisionado de Seguros y al Departamento de Salud, realizar un estudio actuarial para indagar la viabilidad de que las aseguradoras le ofrezcan a los hospitales o facilidades médicas administradas por algún Departamento, Agencia, dependencia, corporación pública, instrumentalidad o municipio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la misma tarifa otorgada a las facilidades hospitalarias privadas.

Para enmendar la Ley Núm. 75 de 8 de agosto de 1925, según enmendada, con el propósito de añadir un nueva Sección 15 a los fines de establecer que el dueño o accionista mayoritario de toda clínica dental sea un dentista licenciado por el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; renumerar las secciones subsiguientes; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Ley Núm. 75 de 8 de agosto de 1925, según enmendada, con el propósito de añadir un nueva Sección 15 a los fines de establecer que el dueño o accionista mayoritario de toda clínica dental sea un dentista licenciado por el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; renumerar las secciones subsiguientes; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 1 de la Ley 27-2005, según enmendada, a los fines de disponer que todo personal de enfermería en el servicio privado deberá ser ubicado en la escala salarial correspondiente con efectividad al 1 de julio de 2022; y para otros fines pertinentes.

Para enmendar el Artículo IV, Sección 2 de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico” y añadir a ésta los nuevos subincisos (t), (u) y (v) a los fines de establecer nuevas funciones a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico para promover y asegurar el acceso de los pacientes a los proveedores de servicios de salud; para facultar a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico a establecer reglamentación para cumplir con los propósitos de esta ley; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Secretario del Departamento de Salud realizar una actualización del plan de reclasificación y retribución de la estructura salarial de los profesionales Nutricionistas y Dietistas en su agencia; ordenar que dicho plan establezca un salario mínimo para profesionales en puestos de Nutricionista y Dietista un salario base de tres mil doscientos setenta y tres dólares ($3,273) mensuales a personas con Bachillerato y tres mil quinientos setenta y tres dólares ($3,573) mensuales a personal con Maestría; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos (2), (4) y (16) de la Ley 76-2006, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar la Profesión de Tecnólogos Radiológicos en Imágenes de Diagnóstico y Tecnólogos en Radioterapia en Puerto Rico”, a los fines de incluir nuevas definiciones y requisitos relacionados con el ejercicio de la profesión de los tecnólogos radiológicos; y para otros fines relacionados.

Para establecer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el Control Comprensivo de Diabetes en Puerto Rico.

Para enmendar el inciso (i) del Artículo 2; enmendar los Artículos (5), (6), (7), (8), (9), (12) y (17); añadir un nuevo Artículo 18; y renumerar los actuales Artículos 18. 19 y 20 como los Artículos 19. 20 y 21de la Ley 199-2015, según enmendada, conocida como “Ley para la Atención de los Estudiantes con Diabetes Tipo 1 y Tipo 2 en las Instituciones Escolares Públicas y Privadas de Puerto Rico”, a los fines de establecer responsabilidades adicionales para las instituciones escolares y padres, encargados o tutores de estudiantes con Diabetes; proveerle herramientas legales adicionales para evitar el discrimen por razón de la condición de salud de estos estudiantes; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso M y redesignar el actual inciso M, como N al Artículo 2.050 de la Ley 194-2011, según enmendada, mejor conocida como el Código de Seguros de Salud Puerto Rico, a los fines de que los planes médicos del mercado individual que actualmente están cobijados bajo la política de transición promulgada en noviembre de 2013 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos puedan renovarse de manera indefinida y establecer requisitos.

Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación de todos los contratos otorgados por el Departamento de Salud, desde el principio de la pandemia hasta el presente, incluyendo los que estén en proceso de otorgarse, que su cuantía total exceda los cinco millones de dólares ($5,000,000.00).

Para dejar sin efecto los Boletines Administrativos Núm. OE-2021-075, OE-2021-080, OE-2021-081, OE-2021-082, OE-2021-085, OE-2021-087, OE-2022-002, OE-2022-003, OE-2022-006, OE-2022-007, OE-2022-009, OE-2022-010 y OE-2022-011 expedidos por el Gobernador de Puerto Rico al amparo del estado de emergencia declarado el pasado 12 de marzo de 2020 mediante la Orden Ejecutiva Núm. OE-2020-020; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (i) al Artículo 9 de la Ley 194-2000, según enmendada, conocida como “Ley de la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”, a los fines de disponer que todo paciente tendrá acceso a los servicios de un laboratorio clínico y a ciertas pruebas que se ofrecen en dichos laboratorios sin necesidad de orden medica; siempre y cuando el paciente sufrague los costos de la prueba; y facultar para la reglamentación necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley.

Para enmendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 25 de 25 de septiembre de 1983, según enmendada, a los fines de disponer que el Secretario de Salud no podrá requerir la inmunización de estudiantes con vacunas, toxoides o cualquier otro producto que solo cuente con una Autorización de Uso de Emergencia al amparo de la Sección 564 de la Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act) o que tenga cinco (5) años o menos de haber sido aprobada para su distribución comercial por las autoridades federales competentes; y para otros fines relacionados.

Para declarar el mes de marzo de cada año como el “Mes de la Nutrición”; ordenar al Departamento de Estado a desarrollar actividades, en colaboración con el Departamento de Salud, el Departamento de la Familia, agencias públicas y/o entidades privadas que trabajan o prestan servicios en el campo alimentario y nutricional, a los fines de educar e informar sobre nutrición, la importancia de tomar decisiones informadas sobre los alimentos y desarrollar hábitos alimentarios y de actividades físicas saludables; y para otros fines relacionados.

Para declarar la segunda semana del mes de noviembre de cada año como la “Semana del Psicólogo”; declarar el 10 de noviembre de cada año como el “Día del Psicólogo”; ordenar al Departamento de Estado a desarrollar actividades, en coordinación con el Departamento de Salud, Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA), Departamento de Educación, Departamento de la Familia, la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico, la Asociación de Psicología de Puerto Rico y otras agencias o colectivos que agrupan, emplean o se vinculan con estos profesionales de la salud mental; a los fines de reconocer la importante función de los cientos de psicólogos en sus diversas especialidades, que brindan servicios a la población en general, contribuyendo al mejoramiento de la salud mental del individuo y de la sociedad; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley de etiquetas de advertencia nutricional”, a los fines de requerir que los productos altos en azúcar, calorías, grasas saturadas y sodio, estén así identificados en su etiqueta; establecer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico respecto a la educación sobre buena alimentación; definir términos; ordenar al Departamento de Salud el desarrollo de un reglamento para la implementación de esta ley y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento; ordenar al Departamento de Salud, el desarrollo de una campaña educativa sobre este nuevo sistema de advertencias y la libre determinación ciudadana sobre el consumo de estos alimentos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Núm. 12-2021 a los fines de establecer el mes de octubre como el mes de la dislexia en Puerto Rico; designar el día 8 de octubre como el día de la concienciación sobre la dislexia en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para establecer la “Ley para proteger y promover el ejercicio de los derechos constitucionales garantizados por las secciones 17 y 18 de la Carta de Derechos; añadir un nuevo sub-inciso (24) a la Sección 3 inciso (h) de la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, mejor conocida como la “Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico”, según enmendada; y para otros fines relacionados.

Para ordenar la Oficina de Calidad de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) que modifique la Primera Ayuda Psicosocial conocida como la Línea PAS para que la línea telefónica contenga únicamente tres dígitos.

Para ordenar a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) a paralizar cualquier trámite sobre el Factor de Ajuste de Riesgo o Risk Adjustment Factor del Plan de Salud Vital por noventa (90) días a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta para que sea calculado el Factor de Ajuste de Riesgo a nivel regional a base de la experiencia histórica previo al año 2019 bajo los parámetros establecidos en esta Resolución Conjunta; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una exhaustiva investigación sobre los pagos de las pruebas de Covid-19 adeudados a los laboratorios clínicos por las aseguradoras de salud; investigar las razones para tal alegado retraso o falta de pago; si las aseguradoras y los laboratorios han estado cumpliendo con los mandatos establecidos en las órdenes ejecutivas del Gobierno relativas al Covid-19; indagar los criterios que exigen las aseguradoras para el pago de dichas pruebas a los laboratorios; las auditorías que se realizan y qué criterios de cumplimiento se imponen para emitir el pago; la razonabilidad o no de estas auditorías que realizan las aseguradoras para el pago a los laboratorios; si las mismas se realizan en un tiempo prudente y con la premura que permita pagar en un tiempo razonable a los laboratorios y conforme a lo establecido en el contrato del proveedor; a cuánto ascienden los costos de las auditorías y los gastos que conlleva su realización y quién paga dichos costos; si los pagos por la pruebas, el tiempo para realizarlos y las auditorías están dentro de lo reglamentado por el Gobierno Federal para el manejo de pruebas de Covid-19 a nivel nacional; la intervención, si alguna, que ha tenido el Comisionado de Seguros, el Departamento de Salud y cualquier otra agencia con jurisdicción en esta controversia; y toda información pertinente y relevante que garantice el manejo adecuado de este asunto en momentos de pandemia mundial; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Sección 6 del Artículo VI de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”; y enmendar el inciso (5) del Artículo 19.030 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de ampliar la cobertura de servicios en el hogar a menores de veintiún (21) años postrados en cama con diversidades físicas o fisiológicas complejas; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley de Regulación del Costo de la Insulina”, con el propósito de establecer un límite de cincuenta (50) dólares al copago correspondiente al suplido de treinta (30) días en el costo de insulina a toda aseguradora que ofrezca cubierta médica, sin excepción del tipo de insulina, conforme a la prescripción médica del paciente; y para otros fines relacionados.

Para crear el 'Protocolo de emergencia salubrista para pacientes de diálisis en Puerto Rico’; enmendar el Artículo 5.04 de la Ley Núm. 20-2017, Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, según enmendada enmendar el inciso (c) del Artículo 4 de la Ley Núm. 88-2018, Ley de Garantía de Prestación de Servicios, según enmendada; y para otros fines relacionados

Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4 y 5, añadir un nuevo Artículo 6, reenumerar el antiguo Artículo 6, reenumerar y enmendar los Artículos 7 y 8 y reenumerar el Artículo 9 de la Ley Núm. 311–2003, denominada Ley del Programa de Cernimiento Auditivo Neonatal Universal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el fin de requerir la realización de un cernimiento visual que detecte problemas de visión o sordoceguera en menores neonatos; y para decretar otras disposiciones complementarias

Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4 y 5, añadir un nuevo Artículo 6, reenumerar el antiguo Artículo 6, reenumerar y enmendar los Artículos 7 y 8 y reenumerar el Artículo 9 de la Ley Núm. 311–2003, denominada Ley del Programa de Cernimiento Auditivo Neonatal Universal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el fin de requerir la realización de un cernimiento visual que detecte problemas de visión o sordoceguera en menores neonatos; y para decretar otras disposiciones complementarias.

Para añadir un inciso (f) al Artículo 6 de la Ley 194-2000, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”, a los fines de permitir que los pacientes que sean estudiantes matriculados en Universidades, Colegios Tecnológicos y otras Instituciones educativas post secundarias que estudian en áreas o municipios distintos a su lugar de residencia, tengan la opción de escoger a su médico primario alterno en el área de estudio.

Para crear la “Ley para el Acompañamiento de Menores, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad en Instituciones Médicas y Hospitalarias” a los fines de disponer que todo menor, adulto mayor y persona con discapacidad , tendrá derecho a estar acompañada por al menos un familiar o persona cercana durante toda visita a una institución médica, tanto en la sala de espera como en el lugar donde se lleva a cabo la evaluación, procedimiento o consulta; para disponer que estos tendrán derecho a estar acompañados por al menos un familiar o persona cercana durante su estadía en un hospital en todo momento, salvo cuando la persona esté en una unidad de cuidado intensivo, en cuyo caso tendrá derecho a estar acompañada de al menos un familiar o persona cercana por un periodo no menor de ocho (8) horas diarias; para disponer que no se le podrá negar el acceso a hospitales o facilidades médicas a un familiar o persona cercana a un paciente cubierto por la presente Ley, por esta negarse a mostrar evidencia de haber recibido una o más dosis de una vacuna contra el COVID-19, o por esta negarse a mostrar un resultado negativo de una prueba para detectar dicho virus, salvo ciertas excepciones; para disponer que todo médico, institución médica, hospital y cualquier otra persona natural o jurídica que niegue acceso a un familiar o persona cercana a un hospital o facilidad médica en contravención con las disposiciones de la presente Ley, vendrá obligado a satisfacer, tanto al familiar o persona cercana, como al paciente, daños estatutarios por la cantidad de cinco mil dólares ($5,000.00); para disponer que si el juez estima que el valor de los daños sobrepasa los cinco mil dólares ($5,000.00) podrá ordenar el pago de una cantidad mayor a favor de cada demandante; y para otros fines relacionados.

Para declarar como política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el reconocimiento de los servicios de salud como un servicio esencial, sujeto a la protección presupuestaria contra recortes y ajustes que afecten la prestación de servicios y que tendrá la más alta prioridad dentro de la confección del Presupuesto Operacional Gubernamental de las agencias, corporaciones e instrumentalidades públicas y en la evaluación presupuestaria de planes fiscales sometidos por parte del Gobierno; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la implementación de la Ley 48-2020, conocida como la “Ley para Regular la Ciberterapia en Puerto Rico” por parte del Departamento de Salud; investigar la exención del requisito de obtener una certificación para practicar la ciberterapia durante una emergencia; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 2, 10 y 21 de la Ley 194-2000, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”, a fin de reconocer el derecho del paciente a recibir visitas de personas designadas por éste o por su tutor, con vínculo legal o no entre el paciente y la persona o personas designadas, y para aclarar que el tutor podrá ser la pareja consensual del paciente.

Para ordenar a la Administración de Seguros de Salud (ASES), al Departamento de la Familia y al Departamento de la Vivienda que procedan a realizar las correspondientes enmiendas a los planes estatales sometidos ante las agencias del gobierno federal, a los fines de prevenir que los aumentos al salario mínimo no excluyan automáticamente a miles de puertorriqueños y puertorriqueñas participantes de los programas de beneficencia social administrados por estos departamentos y agencias; y para otros fines relacionados.

Para establecer política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de prevención y orientación sobre las distintas infecciones de transmisión sexual, con el fin de promover y fomentar que la ciudadanía esté bien informada sobre temas de salud pública; así como establecer responsabilidades al Departamento de Salud y a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública; y para otros fines relacionados.

Para encargar a la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción con el manejo, inversión y fiscalización de todos los fondos devengados por el Gobierno de Puerto Rico, sus agencias y subdivisiones, incluyendo las municipalidades, a raíz de cualquier reclamación judicial relacionada a la crisis de opioides; ordenarle al Gobierno de Puerto Rico, sus agencias y subdivisiones, incluyendo las municipalidades, a transferir toda cuantía de dinero devengada a raíz de cualquier reclamación judicial relacionada a la crisis de opioides a la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción; restringir el uso de todos los fondos devengados por el Gobierno de Puerto Rico, sus agencias y subdivisiones, incluyendo las municipalidades, a raíz de cualquier reclamación judicial relacionada a la crisis de opioides, a iniciativas dirigidas a mitigar los efectos de la crisis de opioides y cuidar la salud mental y emocional del Pueblo de Puerto Rico.

Para añadir un nuevo inciso M y redesignar el actual inciso M, como N al Artículo 2.050 de la Ley Núm. 194-2011, según enmendada, mejor conocida como el Código de Seguros de Salud Puerto Rico, a los fines de que los planes médicos del mercado individual que actualmente están cobijados bajo la política de transición promulgada en noviembre de 2013 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos puedan renovarse de manera indefinida y establecer requisitos

Para enmendar los artículos 17 y 18 y enmendar los actuales artículos 28, 29 y 30 y renumerar los mismos como artículos 31, 32 y 33 de la Ley 42-2017, según enmendada, conocida como “Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites”, a los fines de establecer auditorias de cumplimiento, crear la figura del auditor externo, proveer que los cursos de educación continua también se podrán proveer por internet, establecer la autorización a proveedores de cursos, regular la profesión del técnico de dispensario, ampliar las cooperativas que pueden ser depositarias de fondos producto de las ventas de cannabis medicinal, y para otros fines.

Para designar el día 1 de diciembre como “Día Nacional de la lucha contra el SIDA”; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre todo lo concerniente a la implementación de las disposiciones contenidas en la Ley 138-2019; el proceso de solicitud y otorgación de contratos por parte de las aseguradoras de salud a los proveedores de servicios de salud, particularmente aquellos a quienes le han denegado sus solicitudes, a pesar de cumplir con los requisitos establecidos en ley; las querellas presentadas sobre este asunto; así como la denegación de renovación de contratos o cancelación de los mismos, según el Artículo 3 de la referida Ley 138-2019; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para el Cernimiento y Diagnóstico de la Hepatitis A, B, y C en Puerto Rico”, a los fines de establecer como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la erradicación del virus de la hepatitis en sus diferentes modalidades para el 2030; proveer para que se ofrezca la prueba de cernimiento de hepatitis A, B, y C como parte de las pruebas de rutina de toda evaluación médica; proveer para que se cubran las pruebas de cernimiento y diagnóstico de la hepatitis A, B, y C; y enmendar el Artículo 3 de la Ley 232-2000, conocida como “Ley de Certificación de Salud de Puerto Rico”, a los fines de incluir las pruebas de hepatitis A, B, y C entre las pruebas requeridas para obtener un certificado de salud; y para otros fines relacionados.