Para enmendar el artículo 6 de la Ley Número 2 de 26 de marzo de 1965, según enmendada, conocida como "Ley para Conceder una Anualidad Vitalicia y otras Facilidades a Ex-Gobernadores"; y enmendar el artículo 2.16 de la Ley 20-2017; a los fines de aclarar los derechos o beneficios que ostentará un ex-gobernante, para establecer que no disfrutará de los beneficios si decide renunciar al cargo y para eliminar la discreción del Comisionado de la Policía para proveer escoltas a un exfuncionario.

Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 139 de 3 de junio de 1976, según enmendada, conocida como la “Ley del Buen Samaritano del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de extender inmunidad a las personas jurídicas, organizaciones y a profesionales que de buena fe prestan servicios de salud a la ciudadanía como parte de la respuesta de una declaración de emergencia emitida por el gobierno, ante una reclamación de responsabilidad civil por alegados actos u omisiones realizados mientras se proveen cuidados de salud relacionados con la respuesta a la declaración de la emergencia.

Para enmendar las Secciones 2.1, 2.4, 2.8 y añadir una nueva Sección 2.21 en la Ley 38-2017, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”; a fin de establecer un proceso ágil y certero en la redacción y aprobación de reglas y reglamentos por parte de las agencias; disponer que la ausencia de reglas o reglamentos no será ni podrá interpretarse como un obstáculo para la total y cabal implementación de las leyes; y establecer las responsabilidades de los directivos de agencias en caso de no cumplir a tiempo las disposiciones de esta ley, entre otras cosas.

Para derogar los Artículos 200 y 247 de la Ley Núm. 146-2012, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de eliminar las restricciones existentes para garantizar el derecho constitucional a la libertad de expresión dispuesto en nuestra Carta Magna; descriminalizar las sanciones penales prevalecientes para coartar las manifestaciones públicas consumadas dentro de determinadas localidades del Estado; y para otros fines.

Para añadir un nuevo Artículo 32A a la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a los fines de reconocer como una de las causas de exclusión de responsabilidad penal a las víctimas de Trata Humana por haber participado en actividades ilícitas en la medida en que esa participación ha sido causada por su situación de víctima; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2-A de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado”, a los fines de eximir a las personas recluidas bajo la custodia del Estado en una institución carcelaria del requisito de notificación al Secretario de Justicia de reclamaciones de cualquier clase por daños a la persona o a la propiedad, causados por culpa o negligencia; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los incisos (e) y (f) de la Regla 252.1 y el inciso (b) de la Regla 252.2 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de establecer ciertos parámetros para prevenir la sugestividad e incrementar la confiabilidad al proceso de identificación de un sospechoso por parte de un testigo; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley Contra el Monitoreo Cibernético” con el fin de prohibir el monitoreo arbitrario de las redes sociales y otras páginas cibernéticas por parte de las agencias de seguridad pública del Gobierno de Puerto Rico y salvaguardar los derechos humanos a la intimidad, libertad de expresión y libertad de asociación de las personas en Puerto Rico.

Para enmendar la Regla 702 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico adoptadas mediante la Ley Núm. 46-2009, según enmendada, a los fines de atemperarla a la normativa establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Daubert v. Merrell Pharmaceuticals, 509 US 579 (1993).

Para derogar el Artículo 522 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, a fin de que se aclare el estado de derecho en cuanto a la jurisdicción de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Para crear la “Ley para la Imposición de la Pena Especial del Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de establecer un procedimiento para considerar la indigencia de la persona convicta al determinar la imposición de la pena especial establecida en el Código Penal de Puerto Rico; enmendar el Artículo 61 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, con el fin de atemperarlo al procedimiento establecido en esta Ley; enmendar el Artículo 16 del Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, según enmendado; enmendar el Artículo 24 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley del Registro Obligatorio de Proveedores de Servicios de Inmigración”, a los fines de establecer un Registro Virtual compulsorio, adscrito al Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de todas las personas naturales o jurídicas, sean o no admitidos a ejercer la profesión de la abogacía en Puerto Rico, que brindan servicios de inmigración con el fin de evitar fraudes, engaños y estafas a inmigrantes que acuden a buscar servicios y orientaciones; fijar sanciones por el incumplimiento de esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 1 y añadir un inciso (t) al Artículo 2 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley para establecer la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito”, para aclarar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de proveer protección y asistencia a todas las víctimas y testigos de delito, sin importar su edad, raza, color, sexo, condición física o mental, afiliación política, o ideas políticas o religiosas, orientación sexual, identidad de género, real o percibida, condición social, origen social, origen nacional, ciudadanía o estatus migratorio; y a los fines de establecer que los funcionarios del orden público no podrán indagar sobre la nacionalidad o estatus migratorio de las víctimas y testigos de delito.

Para enmendar el inciso (b) del Artículo 27 y enmendar el Artículo 45 y enmendar el Artículo 50 de la Ley 246-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, a los fines de ampliar la participación que se le provee a los padres no objeto de acción por maltrato, abuelos y hermanos mayores de edad, en los procedimientos de protección de menores, reconocerles su derecho a participar como interventores, permitirles acceso a los expedientes e informes, así como reiterar la política pública de que no se harán los esfuerzos razonables para reunir a un menor con su padre, madre o persona responsable de éste en determinadas circunstancias en aras de promover la mayor protección a los menores maltratados.