Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Municipio de Juana Díaz, de las instalaciones de la antigua Escuela Tomás Carrión Maduro localizada en dicho municipio, y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al municipio de Juana Díaz, de las instalaciones de la antigua Escuela Francisco Zenón Laporte localizada en la comunidad Cristina de dicho con el propósito de ser utilizada para proyectos de impacto en la comunidad, y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Autoridad de Tierras proceder con la liberación de las restricciones y las condiciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, del predio de terreno marcado con el número once (11) en el plano de subdivisión de la finca Santa Ana, sita en el Barrio Pastos de la jurisdicción municipal de Coamo, Puerto Rico y adquirida por don Julio Rivera Martínez y doña Eufemia Martínez Colón, hoy fallecidos, a los fines de permitir la segregación de esta finca a favor de sus hijos herederos.

Para designar con el nombre de Juan Carlos Laboy Ruiz el sector del barrio Cañaboncito del Municipio de Caguas que comienza en la casa Convento de Novicias del Buen Pastor y termina en la finca El Remanso, en honor a sus aportaciones al quehacer comunitario, deportivo y cultural del Municipio de Caguas; autorizar la instalación de rótulos; autorizar el pareo de fondos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 9, añadir un nuevo Artículo 9-A, y enmendar el Artículo 11, de la Ley 75-2019, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service”, con el propósito de disponer sobre la elaboración y contenido de un plan estratégico de recuperación tecnológica en situaciones de desastres o emergencias; proveer para que el plan de innovación y tecnología para el Gobierno de Puerto Rico sea revisado y actualizado periódicamente; establecer que los informes anuales que se supone le rinda la Puerto Rico Innovation and Technology Service a la Asamblea Legislativa y al Gobernador de Puerto Rico, incluya una certificación acreditativa de que los planes estratégicos a los que se hace referencia en la Ley, han sido debidamente revisados y actualizados, y que han evaluado y analizado los planes de trabajo de todas las agencias, relativos a la administración, el uso, el análisis, el despliegue y la inversión de las tecnologías de información y comunicación del Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para crear la Junta Reglamentadora de Emplazadores Profesionales de Puerto Rico, adscrita a la Oficina de Administración de los Tribunales; establecer los requisitos de preparación ética profesional y procesos de educación continua de los miembros de esta profesión; disponer sobre los requisitos de certificación para ejercer como un emplazador profesional; enmendar la Regla 4.3(a) de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, aprobadas mediante la Ley 220-2009, según enmendada, a los fines de ampliar los requisitos con los que deberá contar una persona para ejercer la profesión de emplazador, conforme a las disposiciones de la presente Ley; y para otros fines relacionados.

Para ratificar la compraventa realizada mediante Escritura Número 26 del 30 de noviembre de 1994 de la propiedad inmueble ubicada en el Barrio Puerta de Tierra del término municipal de San Juan conocida como Edificio Medical Arts, ordenar al Registro de la Propiedad a inscribir las transacciones relacionadas con este acto de compraventa a favor de la Superintendencia del Capitolio de Puerto Rico y la cancelación de cualquier gravamen existente, y autorizar a la Superintendencia del Capitolio de Puerto Rico conforme a los poderes y facultades otorgados por virtud de la Ley Núm. 4 de 21 de julio de 1977, según enmendada, a otorgar cuantos documentos sean necesarios a los fines de culminar los trámites relacionados con la debida inscripción a su favor en el Registro de la Propiedad de la compraventa realizada mediante Escritura Número 26 del 30 de noviembre de 1994, incluyendo la cancelación de cualquier gravamen existente.

Para enmendar los artículos 6, 12 y 13, añadir un nuevo Artículo 16, y renumerar los actuales artículos del 16 al 37, como los artículos 17 al 38, respectivamente, en la Ley 75-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service”, con el propósito de conferirle a la Puerto Rico Innovation and Technology Service, el deber de confeccionar guías para precisar los parámetros específicos que se han de cumplir por las agencias adscritas a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico en relación al establecimiento de políticas uniformes de privacidad que sean claras y accesibles a los clientes y usuarios de los portales de internet de las antes mencionadas entidades gubernamentales, sobre los procedimientos a seguir para descartar información personal de los clientes o usuarios, y en cuanto a notificaciones a los ciudadanos de cualquier violación a la seguridad de los portales de internet, recursos de informática y a los repositorios de datos; ordenar a los administradores de los portales cibernéticos de las agencias adscritas a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, a tomar las precauciones necesarias para mantener la seguridad, confidencialidad e integridad de la información recopilada en y a través de dichos portales; disponer que 3 cuando se contraten a terceros para que administren o provean servicios con respecto a los portales cibernéticos, recursos de informática y repositorios de datos de las antes mencionadas entidades adscritas a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, se les exija el cumplimiento de los requerimientos necesarios para no comprometer la seguridad, confidencialidad e integridad de la información y los sistemas de informática a los que puedan tener acceso durante el curso del desempeño de sus servicios; prohibir que se revenda o provea acceso a bancos de información digitales que contengan archivos de información personal de ciudadanos que sean clientes o usuarios de los portales cibernéticos de las agencias de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico; imponer penalidades; y para otros fines relacionados

Para enmendar los artículos 6 y 10, añadir un nuevo Artículo 10-A, enmendar los artículos 11 y 12, y añadir un nuevo Artículo 16-A en la Ley 75-2019, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service” (PRITS), con el fin de otorgarle la autoridad para llevar a cabo auditorías a los sistemas de información de las Agencias, según ahí definidas, con el propósito de aumentar los niveles de economía, eficiencia y efectividad de los programas, de las actividades o de los proyectos que realicen, sobre los antes mencionados sistemas de información, en cumplimiento con las Normas de Auditoría Gubernamental Generalmente Aceptados (“Government Auditing Standards”), emitidas por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), en lo concerniente a auditorías de tecnología de información; conferirle poderes adicionales dirigidos a facilitar la realización de auditorías a los sistemas de información; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre los procesos de implementación de la Orden Ejecutiva OE-2017-65 y todas sus enmiendas; el estado y funcionamiento actual de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (COR3), adscrita a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley de Capacitación para la Seguridad Cibernética del Gobierno de Puerto Rico”; establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico la capacitación compulsoria sobre seguridad cibernética para la protección y el manejo adecuado de los sistemas y activos de información; establecer el Programa de Capacitación para la Seguridad Cibernética; imponer penalidades; y para otros fines relacionados.

Para modificar los límites territoriales de los municipios de Camuy y Hatillo con el fin de transferir a la jurisdicción del municipio de Camuy la carretera PR-4491; ordenar a la Junta de Planificación preparar, en conjunto con ambos municipios, los nuevos mapas territoriales; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el Reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley al Hogar de Ayuda El Refugio, Inc., los terrenos y la infraestructura de la antigua Escuela Ramón B. López, ubicada en el Barrio Palmas, Carretera Estatal 5, en el Municipio de Cataño, Puerto Rico, para el desarrollo de proyectos que tengan un impacto positivo en la comunidad de mujeres sin hogar; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado en virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento aplicable, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico al Municipio de Sabana Grande de los terrenos y las instalaciones que comprenden las instalaciones de la Escuela Luis Muñoz Rivera en Sabana Grande, localizados en la Carretera PR-102 Francisco Mariano Quiñones del pueblo de Sabana Grande, que actualmente pertenecen al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), para la construcción de una Escuela de Bellas Artes; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 17 de la Ley 59-2022, conocida como “Ley de la Junta Examinadora de Maestros y Oficiales Plomeros y del Colegio de Maestros y Oficiales Plomeros de Puerto Rico” a los fines de fijar un plazo de cumplimiento para el nombramiento de inspectores de plomería y para la aprobación de un reglamento de inspectores.

Para ordenar a las comisiones para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste; y de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación con carácter de urgencia sobre los posibles actos de negligencia en el desempeño de sus funciones de los supervisores que tenían a cargo la función de velar o almacenar correctamente los alimentos, que culminaron decomisados y en pérdidas con un valor de cientos de miles de dólares para el Departamento de Educación en la Región Educativa de Ponce y la Autoridad Escolar de Alimentos; y para otros fines relacionados.

Para aprobar la “Ley de Administración y Conservación de Documentos Públicos para el Siglo XXI”; derogar la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada; establecer la nueva estructura del Archivo General de Puerto Rico; establecer la política pública sobre la identificación, manejo, protección y conservación de los documentos públicos; establecer el Programa de Gestión de Documentos Públicos para el Gobierno de Puerto Rico; delinear las funciones del Programa de Gestión de Documentos Públicos para el Gobierno de Puerto Rico y los procedimientos de conservación de documentos e información pública; y para otros fines relacionados.

Para aprobar la “Ley de Administración y Conservación de Documentos Públicos para el Siglo XXI”; derogar la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada; establecer la nueva estructura del Archivo General de Puerto Rico; establecer la política pública sobre la identificación, manejo, protección y conservación de los documentos públicos; establecer el Programa de Gestión de Documentos Públicos para el Gobierno de Puerto Rico; delinear las funciones del Programa de Gestión de Documentos Públicos para el Gobierno de Puerto Rico y los procedimientos de conservación de documentos e información pública; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, conjuntamente con el Departamento de Justicia y la Comisión de Derechos Civiles, realizar una campaña educativa sobre los derechos constitucionales amparados en la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Para enmendar la Sección 18 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como “Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico”, a los fines de establecer el por ciento máximo de depósito a ser cobrado por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados al momento de procesar y evaluar toda solicitud de nueva conexión de acometida de agua potable o alcantarillado sanitario; autorizar para que se configuren planes de pago; y para otros fines relacionados.

Para establecer la “Ley Contra el Discrimen Por Razón de Estilos de Cabello”; establecer la política pública en Puerto Rico en contra del discrimen racial contra los diversos peinados protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con identidades de raza y origen nacional particulares (incluyendo, sin que ello se entienda como una lista exhaustiva, a los rollos o rizos apretados, locs, trenzas pegadas, torcidos, trenzas, nudos Bantú y afros) en el ofrecimiento de servicios públicos, empleo, educación y vivienda, tanto en el sector público como en el sector el privado; enmendar el inciso (aa) del Artículo 3 de la Ley 45-1998, según enmendada, conocida como la “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico”; enmendar el inciso (35) del Artículo 3 y la Sección 6.3 del Artículo 6 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 2.042, 2.048 y el inciso 203 del Artículo 8.001 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 1, 1-A, 2 y 2A de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959; enmendar el inciso (6), Artículo 8 de la Ley 90-2020, según enmendada, conocida como la “Ley para prohibir y prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico”; enmendar los incisos (a), (b), (c), (d) y (e) de la Sección 1 de la Ley Núm. 131 del 13 de mayo del 1943, según enmendada, conocida como la “Ley de Derechos Civiles en Puerto Rico”; enmendar el Artículo 9.01, el inciso (g) del 9.02 y el Artículo 11.01 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”; ordenar a todas las agencias, instrumentalidades, departamentos, corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva, los municipios, la Rama Legislativa y la Rama Judicial a atemperar sus reglamentos de personal para exponer claramente esta política pública; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; añadir un nuevo Artículo 7; renumerar los Artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 como Artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13; reenumerar y enmendar el Artículo 12 [bis] como Artículo 14; añadir un nuevo Artículo 15 y renumerar el Artículo 13 como Artículo 16 de la Ley 131 de 28 de junio de 1969, según enmendada, conocida como “Ley del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico”, a los fines de clarificar conceptos y sus significados, mejorar su redacción, establecer el programa de educación continua, establecer un sistema de inspectores, y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 2, 5, 12, 21, 30 y 31; añadir un nuevo Artículo 32; renumerar los Artículos 32, 33 y 34 como Artículos 33, 34 y 35, respectivamente, y derogar el Artículo 35 de la Ley 59-2022, conocida como “Ley de la Junta Examinadora de Maestros y Oficiales Plomeros y del Colegio de Maestros y Oficiales Plomeros de Puerto Rico” a los fines de clarificar algunas definiciones; clarificar los deberes y facultades de la Junta Examinadora; clarificar el requisito de licencia; clarificar los deberes y facultades del Colegio; disponer la cancelación de sellos en las certificaciones de re-inspección; modificar el valor de los sellos a cancelar en las certificaciones de inspección y re-inspección; añadir tres certificaciones de garantía y modificar el valor de los sellos a cancelar en las certificaciones de garantía; disponer sobre el consentimiento y relevo de un plomero a otro; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Articulos l.0l y 1.03 (a), los subincisos (b), (h) y (m) del Articulo 1.03 (b), los Articulos 1.04, 1.05, 2.01, y los subincisos (2) y (4) del inciso (a) Articulo 6.16 de la Ley Núm. 351-2000, según enmandada, conocida como "Ley del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico" a los fines de establecer el nuevo nombre de la entidad encargada del Centro de Convenciones de Puerto Rico "Pedro Roselló González", el Coliseo de Puerto Rico "José Miguel Agrelot" y el Distrito de Convenciones de Puerto Rico para que sea nombrada como Autoridad del Distrito de Convenciones y Entretenimiento de Puerto Rico; establecer la validez de los bonos y documentos ernitidos bajo el nombre actual de dicha corporación pública del gobierno de Puerto Rico,' y para otros fines relacionados.

Para derogar la Sección 3.19 y sustituir por una nueva Sección 3.19 del Capítulo 3 y enmendar la Sección 4.2 del Capítulo 4 de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, y enmendar el título del Capítulo V y los Artículos 4, 10, 22, 25, 31, 32, 35, 42, 46, 50, 51, 53, 64, 66, 72 y 79 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, con el fin de uniformar los términos de revisión judicial en los procesos de licitación pública, disponer sobre los métodos de licitación, uniformar las cuantías en las compras y subastas formales e informales con lo establecido en la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico” y la reglamentación federal; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo sub-inciso (r) al inciso 4 del Artículo 1-B y enmendar el inciso (b) del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”; a los fines de aumentar los beneficios de compensación por incapacidad transitoria (dietas) y autorizar al administrador para realizar ajustes por costo de vida para todos los pagos por incapacidad que permite la ley; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) ubicar en la escala 12 del Plan de Clasificación de Puestos del Servicio de Carrera del Gobierno Central a los Consejeros en Rehabilitación.

Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a liberar las condiciones y restricciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas, según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, del predio de terreno identificado en el plano de mensura como Parcela 12 y Parcela 12-A según identificadas en el plano de subdivisión del Proyecto Flor de Alba, localizado en el Barrio Cialitos del término municipal de Ciales, Puerto Rico; ordenar a la Junta de Planificación a proceder conforme a lo establecido en la Ley para permitir y autorizar la segregación de solares; y para otros fines pertinentes

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación amplia sobre el cumplimiento de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) con sus deberes ministeriales como foro adjudicativo especializado en casos de relaciones obrero-patronales y de administración de recursos humanos del servicio público, según se establecen en el Plan de Reorganización Núm. 2, aprobado el 26 de julio de 2010; para investigar las razones del alegado atraso y abandono de la atención y resolución de los casos ante su consideración, así como cualquier otro asunto que sea pertinente y necesario como parte de la investigación encomendada a los fines de garantizar que se protejan los derechos de los empleados y exempleados públicos que tienen casos vigentes ante la consideración de la CASP; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 17 de la Ley 154-2008, según enmendada, conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”, a los fines de prohibir toda rifa de animales, así como la venta de animales a través de anuncios en la Internet, periódicos impresos o digitales, radio, redes sociales o cualquier otro tipo de plataforma digital o impresa, con excepción de aquellos reproductores, criadores y vendedores comercial de animales que estén licenciados por el Departamento de Salud, quienes tienen que informar el número de licencia vigente otorgado por dicha entidad gubernamental; y para otros fines relacionados.

Para insertar un nuevo Artículo 6; enmendar el actual Artículo 18; y renumerar los actuales Artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, como los nuevos Artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 y 21 de la Ley 149-2014, a los fines de establecer un plazo de renovación de franquicia en acueductos privados por el término originalmente aprobado; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para establecer el taller de uso y manejo de torniquetes en las Agencias Gubernamentales y Escuelas Públicas de Puerto Rico” a los fines de que todas las agencias gubernamentales y escuelas públicas de Puerto Rico cuenten con un adiestramiento de manejo y uso de torniquete, el cual ayuda a salvar una vida en una situación de emergencia; y para otros fines relacionados

Para crear la “Ley para establecer el uso de torniquetes en las Agencias Gubernamentales y Escuelas Públicas de Puerto Rico” a los fines de que todas las agencias gubernamentales y escuelas públicas de Puerto Rico cuenten con un instrumento (torniquete) el cual ayude a salvar una vida en una situación de emergencia; y para otros fines relacionados

Para enmendar el Artículo 16 de la Ley 42-2017, conocida como "Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites ("Ley MEDICINAL")", con el fin de crear en la Universidad de Puerto Rico en Utuado un programa académico para fomentar la investigación agrícola, desarrollo de técnicas para la siembra de semillas, manejo de semillas y plantas importadas y preparación de cultivadores de cannabis; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico proceder con la liberación de la cláusula de no subdivisión incluida en el inciso séptimo sobre Condiciones y Restricciones de la Certificación de Título, otorgada el 12 de marzo de 1984, con restricciones de práctica agrícola sobre la finca número 7,542, inscrita al Folio 147 del Tomo 150, de Barranquitas, localizada en el Barrio Pasto del Municipio de Morovis, la cual fue adquirida por el matrimonio compuesto por Florentino Negrón Rodríguez y Otilia Jiménez González; y para otros fines.

Para crear el Observatorio de Trata Humana de Puerto Rico bajo el Departamento de Justicia de Puerto Rico, disponer sus poderes y prerrogativas, proveer para su organización, crear el puesto de Director del Observatorio de Trata Humana de Puerto Rico, otorgarle funciones y deberes, requerir la creación y el desarrollo de un Plan Estratégico para combatir la trata humana en Puerto Rico, así como establecer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y para otros fines.

Para enmendar el Artículo 10 (g) y Artículo 23 de la Ley 42-2017, conocida como "Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites ("Ley MEDICINAL")", con el fin de establecer que un menor de dieciocho (18) años a veinte (20) años podrá entrar a un dispensario con una autorización de consumo medicinal valida por seis meses (o menos) con el consentimiento de sus padres o tutores legales debidamente registrado en la base de datos de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 23 de la Ley 42-2017, conocida como "Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites ("Ley MEDICINAL")", con el fin de establecer que cualquier persona que posea cannabis y no cumpla con las disposiciones de esta Ley 42-2017 responderá criminalmente a Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico" únicamente si en el término de seis (6) meses esa persona no puede obtener el estatus de paciente cualificado y subsanar el incumplimiento con la Ley; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles presidido por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Departamento de Transportación y Obras Públicas y el Departamento de Salud a establecer un acuerdo definitivo para la venta directa por medio de la escritura de compraventa para transferir la titularidad del inmueble que ocupa la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia desde el 1977 a su nombre; para que se le reconozca a la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia el derecho de adquisición preferente; para que apliquen todos los cánones de renta pagados por la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia al Gobierno de Puerto Rico como adelantos del precio de compraventa; para el pago del valor nominal de un dólar ($1.00) para el cierre del acuerdo definitivo; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Departamento de Agricultura, la Junta de Planificación y a la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la adopción de todas y cada una de las recomendaciones contenidas en el Informe del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, titulado Recomendaciones del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático en Torno al Recurso Agua en Puerto Rico.