Para enmendar el inciso (n) del Artículo 5 de la Ley 60-2014, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de exceptuar de sus disposiciones a los comandantes de zona, de área y comandantes auxiliares, directores de las divisiones de homicidios, inteligencia criminal y de drogas, directores de los cuerpos de investigaciones criminales, comandantes de distrito, comisionado auxiliar de operaciones de campo y su auxiliar y los directores de las divisiones de violencia doméstica del Negociado de la Policía de Puerto Rico, en consideración a las facultades, poderes y deberes que ejercen dichos funcionarios; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico transferir libre de costo al Municipio de Salinas, bajo los términos y condiciones establecidas, la titularidad de los terrenos y las estructuras donde ubica la antigua Escuela Francisco Mariano Quiñones, para desarrollar proyectos e iniciativas municipales, sin sujeción a lo establecido en la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Incisos 16, 19, 24, 31 y 33 del Artículo 3, las Secciones 4.1 y 4.3 del Artículo 4, las Secciones 5.1 y 5.2 del Artículo 5 , el Artículo 6 y sus Secciones 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5, la Sección 8.4 del Artículo 8 y los Artículos 15, 16 y 18, de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; con el propósito de convertir la “Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico” en la “Oficina de Administración de Personal del Gobierno de Puerto Rico” y centralizar en esta el reclutamiento de todo el personal de Gobierno de Puerto Rico, a base de requerimientos de pericia y el principio del mérito, salvo otorgamiento de dispensa a las corporaciones públicas o público privadas, agencias que funcionan como empresas o negocios privados como las Alianzas Público Privadas Participativas (APP+P), para puestos especializados o fuera del alcance del Plan de Retribución Uniforme; ordenar a la referida Oficina a habilitar el portal electrónico para permitir que los ciudadanos puedan someter las solicitudes de empleo y documentos complementarios de forma electrónica y a presentar informe; ordenar a las agencias e instrumentalidades públicas del Gobierno de Puerto Rico a transferir a la Oficina de Administración de Personal del Gobierno de Puerto Rico, el personal especializado de recursos humanos que sea requerido por la Oficina para la centralización del proceso de reclutamiento; ordenar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a transferir el presupuesto asignado a cada agencia e instrumentalidad pública a la Oficina, correspondiente al pago de nómina y beneficios de los empleados que sean trasferidos a la Oficina; declarar enmienda tácita a otras leyes y supremacía de la presente; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 40 de 15 de junio de 1959, según enmendada, conocida como “Ley para Disponer las Condiciones en que los Pensionados puedan Servir al Gobierno de Puerto Rico sin Menoscabo de sus Pensiones”; y añadir un nuevo Artículo 3, y renumerar los Artículos 3, 4 y 5 como Artículos 4, 5 y 6 de la Ley Núm. 187 de 2 de mayo de 1952, conocida como “Ley para Disponer la Suspensión del Pago de Anualidades o Pensiones a los Empleados públicos Retirados o Pensionados cuando ocupen puestos retribuidos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de proveer los mecanismos a los trabajadores pensionados mediante programas de retiro incentivado, y empleados que renunciaron de manera incentivada como parte del Programa de Transición Voluntaria para que puedan desempeñarse a partir del 1 de julio de 2022, en un empleo regular parcial que en tiempo y en retribución no exceda la mitad de la jornada regular de trabajo, y en el cual perciba retribución no mayor de la mitad de la que correspondería al mismo empleo si fuera de jornada completa independientemente de la existencia de cualquier acuerdo suscrito que prohíba su regreso al servicio público; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 3, añadir un nuevo Artículo 11, y reenumerar los actuales artículos del 11 al 21, como los artículos del 12 al 22, respectivamente, en la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; añadir un nuevo Artículo 2.067, y enmendar el 8.001 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los efectos de establecer las normas y procedimientos necesarios para asegurar la cabal administración y operación de los programas de voluntarios de las agencias y municipios en Puerto Rico; enmendar el Artículo 6 de la Ley 261-2004, según enmendada, conocida como “Ley del Voluntariado de Puerto Rico”, con el propósito de atemperar la misma con las disposiciones de las leyes antes citadas; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Autoridad de los Puertos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico transferir,mediante el mecanismo de arrendamiento con tarifa nominal, cesión de derecho en usufructo u otra transacción autorizadas por el marco legal vigente, conforme a las regulaciones federales y estatales aplicables, los Edificios 507, 508, 512 y 513 localizados en los predios del Aeropuerto Internacional Rafael Hernández de Aguadilla, Antigua Base Ramey, al Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico (IAAPR), adscrito a la Universidad de Puerto Rico, con el fin de establecer el Centro de Investigación y Desarrollo que permita la transferencia de conocimiento que resulte en la creación de propiedad intelectual local y su comercialización, contribuyendo así al desarrollo económico de nuestro País en el área de aeronáutica y aeroespacial; y otros fines relacionados.

Para enmendar el sub-inciso (f) del Artículo 1 de la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, a los fines de cobijar bajo las protecciones de esta ley a los y las pacientes debidamente registrados(as) bajo la Ley 42-2017, según enmendada, conocida como "Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (‘’Ley MEDICINAL’’)”; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado en virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Municipio de Dorado, de los terrenos e instalaciones que albergan las antiguas escuelas Luis Muñoz Rivera, ubicada en la Avenida Dr. Pedro Albizu Campos del Barrio Mameyal de Dorado, la Jacinto López Martínez, ubicada en la Calle Norte #200, en el casco urbano de Dorado; para fijar un término improrrogable de sesenta (60) días laborables a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta, en el cual el Comité emita una determinación final sobre la transacción; para establecer que, si al culminar el término antes esbozado, no hay una determinación final del Comité, se entenderá aprobada la transferencia y deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesión de los inmuebles y terrenos; para disponer que en caso de concretarse la transferencia, será el Departamento de Transportación y Obras Públicas el encargado de realizar toda gestión necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución Conjunta; para reconocer la facultad del Comité de fijar condiciones restrictivas para asegurar que las propiedades transferidas sean utilizadas para fines comunitarios, educativos o cualquier otro fin público que determine el Municipio de Dorado; y para otros fines relacionados

Para enmendar la Sección 6.9 de la Ley 8-2017, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; a fin de ampliar el periodo de la veda electoral con el propósito de garantizar el principio del mérito en la gestión pública y mejorar la sana administración de los fondos públicos; entre otras cosas.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles de Puerto Rico que, al amparo de la Ley 26-2017, ausculte la viabilidad y conveniencia para el interés público de que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por conducto de las agencias, instrumentalidades o corporaciones públicas pertinentes, ceda al Municipio de Aguadilla las instalaciones públicas y el derecho de usufructo de los terrenos que comprenden el balneario de la “Playa Crash Boat” de Aguadilla, los terrenos pertenecientes al campo de golf de Punta Borinquen que se encuentran en la antigua Base Ramey de Aguadilla, y las facilidades deportivas adscritas al Centro de Capacitación Deportiva y Recreativa de la antigua Base Ramey de Aguadilla (CECADER), sujeto al cumplimiento de las condiciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos en la cesión o licencia de uso al Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otros fines.

Para establecer la “Ley Contra las Puertas Giratorias en el Gobierno de Puerto Rico” a los fines prohibir a ex funcionarios públicos ejercer la profesión de cabildero hasta cuatro (4) años después de la expiración del período para el cual fue electo; enmendar el Artículo 4.6 de la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental, según enmendada; añadir un nuevo inciso (f) al Artículo 4.6 de la Ley Núm. 1-2012; enmendar el Artículo 3.2 de la Ley Núm. 2-2018, conocida como el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, según enmendada; y para otros fines relacionados.

Para añadir un subinciso (5) al inciso (b) del Artículo 7 y añadir un inciso 24 al Artículo 10 de la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como "Ley de Gobierno Electrónico", a los fines de establecer el deber de mantener en el portal electrónico principal del Gobierno de Puerto Rico y en la página electrónica de sus agencias e instrumentalidades, un enlace que permita el acceso al portal del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, y para otros fines relacionados.

Para derogar la Ley 211-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Ejecución del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 23, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 49, 52, 55, 59, 69, 76, 84, 85 y 89 de la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, conocida como “Ley de Servicio Público de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 3 del Capítulo I, enmendar los Artículos 2, 3, 4, 7, 9, 10 y 11 del Capítulo II, enmendar los Artículos 7 y 10 del Capítulo III, enmendar el Artículo 1 del Capítulo IV de la Ley 213-1996, según enmendada, conocida como la “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”; enmendar los Artículos 1.3, 4.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.10, 6.11, 6.12, 6.18, 6.20, 6.23, 6.28, 6.30, 6.37, 6.40, 6.41, 6.42 y 6.43 de la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico”; enmendar el inciso (d) de la Sección 2 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como, “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”; a los fines de devolverle a las instrumentalidades consolidadas bajo la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico en virtud de la Ley 211-2018, las respectivas estructuras y poderes administrativos que estas poseían antes de la vigencia de dicha Ley; traspaso de propiedades; separabilidad; vigencia y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley Uniforme de Destrucción de Documentos con Información Sensitiva en Puerto Rico”, a los fines de imponerle la obligación a toda entidad pública de disponer de manera segura los documentos que contengan información sensitiva de un ciudadano; enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley Núm. 234-2014, conocida como “Ley del Procedimiento para Descartar Información Personal de los Consumidores”; establecer multas por incumplimiento; destinar los fondos recaudados por concepto de multas al Fondo Especial para Becas de la Universidad de Puerto Rico para sufragar los costos de estudiantes que tengan necesidad económica; promulgar los reglamentos necesarios; y, para otros fines relacionados.

Ing. Lawrence Seilhamer Rodríguez como Secretario de Estado.

Para prohibir a la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), así como al Presidente de la corporación, realizar cualquier acción, gestión, participación en procesos o propuestas cuyo propósito sea la privatización de la misma, y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación y cumplimiento por parte de los organismos gubernamentales de Puerto Rico, según definidos, de la Ley 122-2019, conocida como la “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico”, según enmendada, de la Ley 141-2019, conocida como la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el funcionamiento de las agencias de gobierno en la prestación de servicios a la ciudadanía; la relación del mismo con la cantidad de empleados actuales y plazas vacantes, disponibles o congeladas y la implementación de la Ley 8-2017, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, según enmendada, que estableció el concepto de “Empleador Único” en las agencias, con énfasis en el estatus del Plan de Clasificación y Retribución Uniforme ordenado en esa Ley; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una abarcadora evaluación del funcionamiento administrativo y organizacional de las oficinas, instrumentalidades, juntas, departamentos, corporaciones públicas y agencias gubernamentales, así como la calidad de los servicios que éstos le brindan a la ciudadanía, con el propósito de identificar alternativas y presentar recomendaciones que produzcan un mejoramiento del sistema gubernamental puertorriqueño; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a traspasar al Municipio Autónomo de Humacao la titularidad de los terrenos del Parque Nacional, Balneario y Centro Vacacional Punta Santiago, localizado en dicha municipalidad, incluyendo las instalaciones y edificaciones del Balneario, así como todos los derechos, obligaciones o responsabilidades por los bienes así cedidos o traspasados con la condición de que el Municipio de Humacao garantice las operaciones, el mantenimiento, acceso, uso y disfrute a perpetuidad por el público.

Para añadir un nuevo párrafo al Artículo 13 de la Ley Núm. 216, de 12 de septiembre de 1996, según enmendada, conocida como “Ley para Crear la Nueva Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública”, para definir la responsabilidad de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública en caso de declaración de emergencia, y para otros fines relacionados.

Para establecer y crear la “Ley del Programa Campus Puerto Rico” adscrito al Departamento de Estado; establecer la política pública de promover a Puerto Rico como un destino de estudios académicos postsecundarios, definir los deberes del Secretario de Estado bajo este programa, definir los pilares estratégicos del programa; disponer sobre la presentación de informes a la Rama Ejecutiva y a la Rama Legislativa; asignar fondos, autorizar la creación de reglamentación para los fines de la Ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (d) del Artículo 5 de la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley para Establecer Requisitos Procesales Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos Esenciales”, a los fines de las instrumentalidades certifiquen que, antes de comenzar a ofrecer el servicio, certifiquen que no existe ninguna alteración en el medidor (contador); para que a petición del consumidor, las instrumentalidades realicen una inspección de su medidor (contador) con el propósito de garantizar la eficiencia en el funcionamiento del mismo una vez cada tres (3) años; para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 4, 6, 8 y 10, añadir un Artículo 7-A a la Ley 14-2004, según enmendada, conocida como Ley para la Inversión de la Industria Puertorriqueña, a los fines de establecer que la Universidad de Puerto Rico y sus diferentes Recintos y Escuelas o Facultades parte del sistema, serán la fuente inicial y principal de contratos de servicios profesionales, consultivos, estudios técnicos, en todas las áreas gubernamentales; establecer una reserva del cuarenta por ciento (40%) de los contratos gubernamentales de servicios profesionales, especializados, estudios técnicos, investigaciones, planificación de obras, diseños y/o consultoría necesarios para el funcionamiento de las operaciones regulares o proyectos especiales de una entidad gubernamental para el desempeño o funcionamiento de la realización de una obra o servicio, incluyendo aquellos que requieren de una profesión o especialidad; brindar una preferencia del diez por ciento (10%) del costo de los mismos; autorizar se otorgue de un contrato matriz; modificar las facultades de la Junta de Inversión de la Industria Puertorriqueña; eximir de los procesos de subastas estos contratos; y para otros fines.

Para crear la “Ley para el Fomento de Talento y Eventos Deportivos en Puerto Rico”, a fin de incentivar la contratación de talento puertorriqueño, disponer estímulos para la celebración de eventos artísticos y deportivos a nivel nacional e internacional, y derogar la Ley Núm. 114 de 20 de julio de 1988, entre otros fines.

Para añadir un inciso 6 a la Sección 6 de la Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, según enmendada, conocida como la “Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles”, a los fines de establecer la obligación a la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles de pagar una cantidad fija mensual por los servicios médicos hospitalarios brindados por las instituciones miembros del Centro Médico de Puerto Rico dentro de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico a una persona, sea o no responsable del accidente, que haya sufrido algún daño corporal, independientemente de que las mismas no tengan derecho a cobrar o recibir los beneficios de esta Ley e irrespectivo al censo del hospital ni a la utilización de los servicios médico-hospitalarios cubiertos bajo la Ley; y establecer que la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles podrá recobrar el dinero utilizado en servicios médicos hospitalarios de la persona que recibió dichos servicios, en base de lo establecido en la Sección 7 de la Ley Núm. 138, supra; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1, 3 y 6 de la Ley 206-2003, según enmendada, a los fines de aclarar la intención legislativa de las disposiciones enmendadas bajo la Ley 131-2016; facultar a la Fundación Luis Muñoz Marín para adquirir los terrenos del Bosque Urbano Inés María Mendoza Rivera de Muñoz Marín; y para otros fines relacionados.

Para añadir un Artículo 15A a la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico”, a los fines de exigir que toda compañía naviera u cualquier otra que arriende muelles pertenecientes a la Autoridad de los Puertos tenga que someter un informe electrónico trimestral sobre las operaciones comerciales de carga que realiza; y para otros fines relacionados.

Para enmendar las Secciones 2, 3 y 12; para añadir una nueva Sección 9; y para renumerar las Secciones 9, 10, 11 y 12 como las Secciones 10, 11, 12 y 13 respectivamente de la Ley Núm. 18 de 21 de septiembre de 1983, según enmendada, conocida como “Ley de Compra y Venta de Metales y Piedras Preciosas”, a los fines de aclarar que la licencia concedida en esta Ley será de carácter personal e intransferible y solo será válida para el local para la cual se solicite dicha licencia; establecer que se prohíbe la compra y venta de metales preciosos o piedras preciosas fuera de los locales autorizados por el Secretario de Hacienda; establecer que toda persona dueña de un local que permita, facilite y/o tolere la compra de metales preciosos o piedras preciosas a cualquier persona sin una licencia vigente, en sus facilidades, se expondrá a las penalidades que establece esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la “Ley para Prohibir el Nepotismo en el Nombramiento de Funcionarios y Empleados de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico”, a los fines de eliminar la facultad de los Presidentes de las Cámaras Legislativas de eximir a personas de las disposiciones de la ley; para añadir un nuevo inciso (t) al Artículo 4.2 de la “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, a los fines de ampliar la limitación a todo servidor público en la Rama Ejecutiva de contratar con familiares de los funcionarios principales de las Ramas Ejecutiva y Legislativa.

Para crear la “Ley para Prohibir los Donativos a Partidos o Candidatos Políticos por parte de Contratistas Gubernamentales y Obligar a Contratistas del Gobierno a Divulgar sus Donativos y Gastos Políticos”; a los fines de prohibir los donativos a partidos o candidatos políticos por parte de contratistas gubernamentales, obligar a potenciales contratistas y contratistas gubernamentales divulgar sus donativos y gastos políticos, crear el “Registro de donativos y gastos de contratistas gubernamentales”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2.05 de la Ley 24-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los fines de restituir el Día de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como día feriado para los empleados públicos; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley Uniforme de Liquidación de Bienes Muebles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, establecer la Oficina de Inventario de Bienes, adscrita a la Administración de Servicios Generales, establecer sus funciones, deberes y responsabilidades; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley 134-1998, conocida como “Ley de la Licencia a los Empleados Públicos para Visitar las Escuelas de sus Hijos”; así como el inciso 6, de la Sección 9.1 del Artículo 9 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de atemperar el período concedido para ejercer la licencia de visita escolar que poseen los empleados públicos, según lo dispuesto en la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para comparecer a las instituciones educativas donde cursan estudios sus hijos e hijas y conocer sobre su aprovechamiento escolar; y para otros asuntos relacionados.

Para enmendar el Artículo 9 de la Ley 416-2004, según enmendada, a los fines de añadir un sub inciso (B)(14)(b)(9), a los efectos de incluir entre las facultades y deberes del Laboratorio de Investigaciones Ambientales de Puerto Rico llevar a cabo las pruebas de laboratorio requeridas a los acueductos rurales o comunales en Puerto Rico que operan fuera del sistema estadual de acueductos y alcantarillados a cargo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, como parte de la responsabilidad de esta importante institución de asegurar el cumplimiento con los estándares de calidad de agua de los ciudadanos que se sirven de estos sistemas rurales o comunales.

Para añadir las Secciones 19A y 20A a la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como “Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico”, a los fines de requerir de la corporación pública la redacción, construcción, operación y mantenimiento de un plan de interconexión de los abastos de agua en Puerto Rico con el fin de garantizarle a la ciudadanía un servicio continuo y eficiente y requerir la redacción de un plan decenal de agua que requerirá la aprobación previa de la Asamblea Legislativa.

Para enmendar las secciones 4 y 9 de la Ley Núm. 137 de 26 de junio de 1968, según enmendada, a través de la cual se autoriza el ejercicio de la profesión de terapista ocupacional y de asistente en terapia ocupacional, mediante la concesión de licencias y se establecen los mecanismos necesarios para el registro de tales licencias y la recertificación de los profesionales a base de educación continuada, con el propósito de facultar a la Junta Examinadora de Terapia Ocupacional de Puerto Rico, a expedir licencias provisionales por dos (2) años para practicar como terapista ocupacional, a toda persona que solicite y sea admitido por primera vez a examen, sin necesidad de que este se encuentre bajo la supervisión de un terapista ocupacional licenciado; encomendarle a la Junta de Instituciones Postsecundarias del Departamento de Estado, la realización de un estudio dirigido a identificar los factores que inciden sobre la presunta baja cantidad de egresados de los programas de terapia ocupacional disponibles en las instituciones de educación superior en Puerto Rico, con miras a formular una política pública para el desarrollo articulado y efectivo de esta disciplina; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 21 de 31 de mayo de 1985, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme para la Revisión y Modificación de Tarifas”, a los fines de establecer que toda modificación de las tarifas que por servicios básicos y esenciales prestados fijan y cobran las corporaciones públicas y demás instrumentalidades gubernamentales análogas, tendrá que ser avalada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para que pueda entrar en efecto.

Para enmendar el Artículo 15 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio 1955, según enmendada, conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado”, a los fines de establecer que el Estado solo pagará el cincuenta (50%) por ciento del total ordenado, mediante sentencia final y firme, cuando esta recaiga sobre cualquier funcionario, ex funcionario, empleado o ex empleado del Gobierno de Puerto Rico en su carácter personal por actos que constituyan violación de derechos civiles por discrimen político; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Sección 9.1 del Artículo 9 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, y el Artículo 2.04 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los fines de disponer que todo empleado del Gobierno de Puerto Rico, sus intrumentalidades y corporaciones públicas, tendrá derecho a dieciséis (16) horas laborables, sin reducción de paga ni de sus balances de licencias, durante el transcurso de cada año escolar, para comparecer a las instituciones educativas donde cursan estudios sus hijos y conocer sobre el aprovechamiento escolar de éstos; establecer que en el caso de todo empleado cuyos hijos se encuentren registrados en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación, éste tendrá hasta veinte (20) horas por año escolar para que puedan acudir a realizar gestiones relacionadas con éstos; enmendar el Artículo 1, derogar los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, reenumerar el actual Artículo 8, como Artículo 2, y a su vez enmendarlo, y reenumerar el actual Artículo 9, como Artículo 3, de la Ley 134-1998, con el propósito de atemperar dicha Ley, con las nuevas disposiciones que aquí se introducen a la Ley 8-2017, según enmendada, y a la Ley 26-2017, según enmendada; y para otros fines relacionados.