Para enmendar el Articulo 3.2 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, para añadir el inciso (l) la cual dispondrá lo siguiente “Se impondrá pena correspondiente a delito de Segundo grado, con quince (15) años de reclusión, si el maltrato ocasiona una lesión mutilante. Se entenderá como lesión mutilante, el ocasionar daño permanente en cualquier parte del cuerpo a una persona, desfigurar el rostro o inutilizar permanentemente su capacidad para oír, ver, hablar o sentido de tacto. Las personas convictas bajo esta modalidad no podrán beneficiarse del Desvío del Procedimiento del Articulo 3.6 de esta ley, ni del privilegio de Sentencia Suspendida al amparo de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada.

Para crear la “Ley para Establecer el Protocolo para la Atención y Prevención de Situaciones de Violencia de Género en los Refugios”; determinar las guías que deberán regir el Protocolo; fijar los parámetros para su cumplimiento; y para otros fines relacionados.

Para derogar la Ley Núm. 17 del 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como “Ley Para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo”, y crear la “Ley Integral de Acción Afirmativa Para Erradicar el Hostigamiento Sexual en el Empleo”, a los fines de robustecer la prohibición del hostigamiento sexual en el empleo y adecuar la política pública del Estado a la realidad laboral contemporánea; incluir dentro del esquema regulador del estatuto la relación obrero-patronal que, como cuestión de hecho, se genera entre los(as) empleados(as) de un contratista independiente y el principal en cuyo taller de trabajo y/o actividad comercial dichos empleados(as) realizan una labor, servicio u obra para beneficio del principal; revocar por mandato legislativo las normas de creación judicial establecidas en Hernández Vélez v. Televicentro de Puerto Rico, 168 DPR 803 (2006), y en otras opiniones del Tribunal Supremo de Puerto Rico; incrementar y concretizar los deberes de acción afirmativa de todo patrono para prevenir y 3 corregir los incidentes de hostigamiento sexual en el empleo; estatuir normas precisas sobre la prescripción de las acciones por daños entabladas por los(as) empleados(as) reclamantes; concretizar las definiciones o elementos constitutivos de las distintas modalidades de hostigamiento sexual en el empleo; promulgar principios generales de intención legislativa para regir la interpretación, aplicabilidad y alcance del estatuto; autorizar expresamente latramitación de reclamaciones de daños por hostigamiento sexual en el empleo dentro de los foros administrativos adecuados; integrar dentro de este estatuto aquellas normas sustantivas, probatorias, procesales y administrativas esenciales que deban ser fijadas dentro de un mismo cuerpo normativo para lograr la coherencia y eficacia de la política pública; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Regla 218 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a fin de requerir al Tribunal de Primera Instancia de que tendrá, al fijar la fianza, que imponer la condición de que se sujete a supervisión electrónica al imputado en cualquier violación a las disposiciones de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

Para enmendar los Artículos 1.3(g) y 5.3 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, “Ley Para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de viabilizar que organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres puedan, bajo la reglamentación aprobada por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, tener la facultad legal de certificar a las intercesoras e intercesores legales que asisten a las víctimas de violencia doméstica durante los procedimientos judiciales instados al amparo de la Ley 54.

Para enmendar los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley 149-2019, según enmendada, conocida como “Ley Habilitadora para establecer el Plan Rosa”; el inciso (h) del artículo 2.03 y el inciso (i) del artículo 2.04 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” a los fines de atemperar las disposiciones de dicha ley a los propósitos esbozados en su exposición de motivos; evitar la conceptualización de los géneros y los colores para determinados sexos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, “Ley Para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de concretizar y aumentar las penas por los delitos tipificados en los artículos 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5; enmendar el Artículo 3.6 para limitar las instancias en las que estará disponible el desvío del procedimiento ahí estatuido; y enmendar el Artículo 3.7 para añadir de manera no discrecional la condición de supervisión electrónica como parte de las condiciones de la fianza en todo proceso criminal al amparo de esta Ley.”

Para ordenar a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres a elaborar un curso educativo relativo a la prevención de la violencia de género y sobre los derechos de la mujer el cual será ofrecido a toda persona que aspire a obtener una licencia de conducir; para añadir el inciso (j) del Artículo 3.06 de la Ley Núm. 22–2000, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” para establecer como requisito el referido curso; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 2.2, 2.5, 2.6 y añadir un nuevo Artículo 2.3A a la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” a los fines de suspender, en algunas circunstancias, la celebración de las vistas finales de órdenes de protección, mientras esté pendiente un proceso penal entre las partes; crear una vista única de asuntos de familia pendente lite para atender todo lo relativo a los asuntos preliminares de familia entre las partes; promover la economía procesal en estos casos; proteger aún más los derechos de las víctimas al reducir las ocasiones en que se verá con el alegado agresor o agresora; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 93, inciso (e), y 307, inciso (b), ambos del Código Penal de Puerto Rico, Ley Núm. 146-2012, según enmendada, con el propósito de extender la penalización de la violencia conyugal, según tipificado dentro de los parámetros del delito de asesinato estatutario de nuestro Código Penal, a una indistinta al genero de la victima y para aumentar a cincuenta (50) años el total de lo cumplido como parte de la sentencia para ser considerado a libertad bajo palabra, cuando la persona haya sido convicto, según lo tipificado al amparo de artículo 93, inciso (e).

Para otorgar funciones y deberes más poderes y funciones adicionales a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y la Procuradora de las Mujeres, respectivamente, con miras al establecimiento de una nueva estructura que sirva de apoyo a las partes, supervisión y monitoreo para responder al cabal cumplimiento de las condiciones de una orden de protección, cuyos costos serán con cargo al peticionado y agresor, y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2.6 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de que la primera vez que el tribunal expida una orden de protección a la parte peticionada, le ordene de forma obligatoria participar en programas o talleres de educación sobre el alcance de esta Ley como parte de las disposiciones a cumplir; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno y a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el Programa para la Atención de Casos de Violencia Doméstica, adscrito a la Directoría de Programas Judiciales de la Rama Judicial de Puerto Rico, con el fin de analizar las necesidades fiscales y de recursos humanos de los Proyectos iniciados por el mismo que son: el Proyecto de Salas Especializadas en Casos de Violencia Doméstica, el Proyecto de Especialización de Servicios en Casos de Violencia Doméstica y el Proyecto Piloto de Sala Especializada en Casos de Violencia de Género; conocer los problemas encontrados en la implementación de los mismos para auscultar, si es necesario realizar cualquier ajuste o enmienda mediante legislación para llevar a cabo su finalidad; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre las necesidades y retos que enfrenta la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para cumplir cabalmente con los deberes ministeriales y la política pública impuesta por la Ley 20-2001, según enmendada, que incluya, sin que se entienda como una limitación, los recursos económicos y de personal que se requieren; las posibles enmiendas para mejorar la Ley 20- 2001; así como la interacción y los protocolos con las entidades gubernamentales; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Artículo 1, enmendar los actuales Artículos 1 y 2, y renumerarlos como los nuevos Artículos 2 y 3 de la Ley 99-2009 según enmendada, para que se conozca como la “Ley para Crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención de violencia doméstica”; y para que en todos los casos donde se impute la la comisión de un delito al amparo de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, se le provea a la víctima una aplicación de detección electrónica del agresor que opere a través del Sistema de Posicionamiento Global conocido por sus siglas en inglés como GPS, o cualquier otra tecnología que cumpla con estos fines, para ser usada en teléfonos, relojes inteligentes, o cualquier otro aparato tecnológico similar, dentro de la distancia dispuesta por la orden del tribunal; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley de Vigilancia Permanente en Contra de la Violencia de Género en Puerto Rico.” A los fines de que toda entidad pública o entidad privada que reciba fondos federales o estatales debe referir a la Policía de Puerto Rico, el Departamento de la Familia y al Departamento de Justicia todo indicio de violencia de género que sufra cualquier empleado, voluntario o persona que reciba servicio.

Para ordenar a las comisiones de Asuntos de la Mujer y de lo Jurídico de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 48-2019 con el propósito de examinar el cumplimiento de sus objetivos, y para otros fines.

Para enmendar el Artículo 2.5 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de facilitar la expedición de órdenes ex parte a las víctimas de violencia de género; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 3.10 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a fin de establecer que en toda vista de causa probable para arresto por cualquiera de los delitos establecidos en la ley deberá estar presente, sin discreción alguna, un representante del Ministerio Público, así como un intercesor o intercesora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Para añadir un nuevo Artículo 2.1-B a la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” a los fines de autorizar en la misma vista celebrada al amparo de la Regla 6 de las de Procedimiento Criminal de 1963, a que se expida una orden de protección cuya vigencia no será menor de un (1) año en los casos de reincidencia, y seis (6) meses en los primeros casos, y que en ambas instancias podrá ser extendida a discreción del tribunal y con la anuencia de la víctima; y para otros asuntos relacionados.

Para enmendar el Artículo 3.10 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de asegurar, sin excepciones, la comparecencia del Ministerio Público durante la vista de determinación de causa para arresto; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Articulo 3.10 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” a los fines de que en todos los casos penales que surjan al amparo de esta Ley, siempre deberá estar presente un representante del Ministerio Público durante la vista de determinación de causa para arresto del agresor.

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 70-2008, mediante la cual se estableció el “Plan Amber” en Puerto Rico; enmendar el Artículo 5 de la Ley 132-2009, conocida como “Ley Habilitadora para implantar el Plan de Alerta SILVER”; enmendar el Artículo 6 de la Ley 187-2016, conocida como “Ley de Alerta Mayra Elías contra el Hit & Run”; añadir un nuevo Artículo 6, y reenumerar los actuales artículos 6, 7 y 8, como los artículos 7, 8 y 9, respectivamente, en la Ley 149-2019, conocida como “Ley Habilitadora para establecer el Plan ROSA”; y enmendar el inciso (i) del Artículo 2.04 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el propósito de disponer que los proveedores de servicios de telefonía móvil en Puerto Rico, vendrán obligados a enviar mensajes de alerta a teléfonos y dispositivos móviles en toda la jurisdicción de Puerto Rico, alertando a sus suscriptores sobre (1) el secuestro de un menor de edad; (2) la desaparición de una persona diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer o demencia; (3) la ocurrencia de un accidente tipo hit & run; y (4) la posible desaparición o secuestro de una mujer de dieciocho (18) años o más; hacer correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1.3, 3.1, 3.2 y 3.3 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de incluir la amenaza de maltrato o maltrato de mascotas dentro de las conductas que se definen como intimidación y violencia psicológica; tipificar nuevos agravantes; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Sección 4 de la Ley Número 3 de 13 de mayo de 1942, según enmendada, conocida como “Ley de Madres Obreras”, a los fines de establecer el término prescriptivo aplicable a las acciones por discrimen presentadas bajo dicha Ley.

Para establecer el Fondo Especial para el Financiamiento del Desarrollo e Implementación de Estrategias de Prevención de la Violencia Doméstica, adscrito a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM); para añadir un nuevo inciso (l) al Artículo 2.1 y enmendar el Artículo 4.1 (b) de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica; enmendar el Artículo 18 de la Ley 20-2001, según enmendada, conocida como la Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2; añadir los nuevos Artículo 15, 16, 17 y 18; y renumerar el actual Artículo 15 por 19 de la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley Para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo”, a los fines de añadir a las personas que realizan internados sin remuneración entre las que la ley cobija; obligar a los patronos a preparar y difundir un protocolo para situaciones de hostigamiento sexual; crear un portal exclusivo para querellas de hostigamiento sexual; y para otros asuntos relacionados.

Para establecer la “Ley para el Licenciamiento de los Albergues de Violencia Doméstica en Puerto Rico”; declarar como la política pública del Gobierno de Puerto Rico, asegurar que los albergues que proveen servicios a las víctimas de violencia doméstica, garanticen la seguridad y salud, así como que velen por el bienestar general tanto de las víctimas como de los menores que las acompañen; conceder a la Oficina de la Procuradora de la Mujer, la facultad para crear un sistema para el licenciamiento y supervisión de los establecimientos dedicados a albergar víctimas de violencia doméstica; requerir la capacitación o desarrollo profesional del personal; establecer los procesos de medición de calidad de los servicios; y para otros fines relacionados.

Para declarar el 10 de marzo de cada año como el “Día de la Mujer con Diversidad Funcional” en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Para adoptar y crear la “Ley del Programa de Prevención y Seguridad para las Víctimas de Violencia de Género” para proteger a las víctimas de violencia de género que se les haya expedido una orden de protección, a través de la integración de servicios y alianzas entre la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal y el Poder Judicial; y para otros fines.

Para enmendar el artículo 10 de la Ley Núm. 148 de 15 de septiembre de 2015, conocida como la “Ley para la Protección de Víctimas de Agresión Sexual en Puerto Rico”, con el propósito de que la Rama Judicial en Puerto Rico una vez se expida una orden de protección y cuando se hayan violado las disposiciones de la misma, imponga un castigo a la persona contra quien se emitió la orden, como delito grave, en conformidad y uniformidad con otras penas impuestas emitidas bajo las leyes en Puerto Rico que conceden órdenes de protección; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 2.1, 2.6, 2.9, 3.6, 3.7 y 3.10 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de asegurar por todos los medios posibles, la provisión de servicios médicos, psiquiátricos, psicológicos, de consejería u orientación a las víctimas de los alegados actos constitutivos de los delitos tipificados en esta Ley; disponer que el Tribunal impondrá como condición adicional a la solicitud de la Orden de Protección, que el peticionado sea sometido a una evaluación psicológica detallada a ser realizada por un psicólogo especializado en el área de la evaluación de la personalidad o un psiquiatra, la cual establecerá que este entiende lo que es conducta constitutiva de violencia doméstica y está consciente sobre el efecto nocivo de ello en su familia; mandatar que si de la referida evaluación surge una recomendación adversa, a éste se le ordenará participar de manera compulsoria de un programa o taller de reeducación y readiestramiento para personas agresoras; y para otros fines relacionados.

Para añadir unos nuevos incisos (m) y (n) en el Artículo 9 de la Ley 20-2001, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”, a los fines de disponer para el establecimiento de un programa de respiro familiar para brindarle tiempo a las madres que son víctimas de violencia doméstica para que puedan acudir a los centros de servicios a recibir asistencia legal o a orientarse sobre los procesos para obtener una orden de protección o cualquier orden judicial, a buscar y obtener vivienda segura o espacio en un albergue, visitar cualquier clínica, hospital o acudir a citas médicas o para recibir servicios psicológicos y consejerías, entre otros; y para crear un programa de internados a estudiantes, próximos a graduarse de una institución de educación superior, en las áreas de consejería, orientación, psicología o trabajo social y que interesen certificarse como intercesores en casos de violencia de género, priorizando en los casos de violencia doméstica y violencia sexual; enmendar el Artículo 5.3 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, con el propósito de permitir que los participantes del programa de internados de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, puedan asistir a los intercesores certificados en su gestión de acompañar a las víctimas en las vistas del Tribunal; enmendar la Sección 12-B de la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, conocida como “Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico”, a los efectos de proveer de una fuente de financiamiento el programa de respiro familiar y de internados de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres; hacer correcciones técnicas en las leyes aquí enmendadas; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (m) a la Sección 6 de la Ley 67-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción”, a los fines de ordenar a la antes mencionada dependencia gubernamental, establecer adiestramientos, cursos y talleres dirigidos a prevenir conducta constitutiva de violencia doméstica; se conciencie sobre el efecto adverso de dicha conducta sobre la familia y la sociedad; y se preste especial atención al adecuado manejo de situaciones de crisis e ira; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre la situación socio-económica que experimentan las madres solteras, jefas de familia residentes en Puerto Rico, a los fines de identificar nuevos cursos de acción gubernamental para ayudar a mejorar la condición económica y calidad de vida de esta población; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 93(e) y añadir un nuevo inciso (f) a la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de reconocer y establecer el feminicidio y transfeminicidio como conductas que constituyen el delito de asesinato en primer grado; añadir nuevas circunstancias constitutivas de los delitos; enmendar la Sección 2 y Sección 3 de la Ley 157-2020 para reconocer el delito de feminicidio y transfeminicidio en la recolección de estadísticas; y para otros asuntos relacionados.

Para crear la “Ley de Capacitación y Planificación para la Seguridad Financiera y el Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral en Puerto Rico,” para establecer la política pública de capacitación financiera (“financial literacy”) que se debe fomentar en la fuerza laboral en Puerto Rico para promover la seguridad financiera y la preparación de las personas que trabajan para su retiro; establecer con carácter mandatorio el programa de capacitación financiera para todos(as) los(as) empleados(as) del sistema público; fomentar alianzas con el sector de recursos humanos de la empresa privada para promover la capacitación financiera para sus empleados(as); crear un Grupo Especial de Trabajo, compuesto por agencias públicas y organizaciones privadas para diseñar y emitir sus recomendaciones para el desarrollo de un programa voluntario de ahorro para el retiro para empleados(as) del sector privado; y para otros fines.