La Junta de Planificación, mediante esta Segunda Extensión de la Resolución JP-235 del 9 de mayo de 1988, reestructura su política pública para establecer parámetros uniformes en la expedición de permisos sobre propiedades afectadas por planes viales. La medida surge de la necesidad de conciliar el derecho del Estado a reservar terrenos para infraestructura pública con el derecho del ciudadano al uso productivo de su propiedad, un conflicto exacerbado por la demora en la adquisición de terrenos. Esta enmienda es crucial tras la derogación de la Ley Núm. 2 de 1979 por la Ley Núm. 46 de 1987 y busca armonizar las disposiciones con el Reglamento de Lotificaciones.

La resolución establece que, si las vías propuestas están en el Programa de Cinco Años de Construcción de Carreteras, no se autorizará construcción, a menos que el propietario se comprometa a remover las estructuras al momento de la adquisición gubernamental. Para vías principales en proyectos de urbanización, el dueño deberá construir, dedicar y transferir la obra al municipio. Sin embargo, si la construcción de las vías no está programada, se permitirá la expedición de permisos de construcción y uso, incluso si ocupan terrenos identificados para vías. Estas autorizaciones están condicionadas a la dedicación de una porción del predio a uso público, con porcentajes y beneficios de densidad que varían según la proporción de terreno afectado y la clasificación de zonificación. Además, se regulan las subdivisiones y segregaciones de terrenos reservados, permitiéndolas solo bajo la condición de dedicación a uso público.

La Junta de Planificación, mediante esta Segunda Extensión de la Resolución JP-235 del 9 de mayo de 1988, reestructura su política pública para establecer parámetros uniformes en la expedición de permisos sobre propiedades afectadas por planes viales. La medida surge de la necesidad de conciliar el derecho del Estado a reservar terrenos para infraestructura pública con el derecho del ciudadano al uso productivo de su propiedad, un conflicto exacerbado por la demora en la adquisición de terrenos. Esta enmienda es crucial tras la derogación de la Ley Núm. 2 de 1979 por la Ley Núm. 46 de 1987 y busca armonizar las disposiciones con el Reglamento de Lotificaciones.

La resolución establece que, si las vías propuestas están en el Programa de Cinco Años de Construcción de Carreteras, no se autorizará construcción, a menos que el propietario se comprometa a remover las estructuras al momento de la adquisición gubernamental. Para vías principales en proyectos de urbanización, el dueño deberá construir, dedicar y transferir la obra al municipio. Sin embargo, si la construcción de las vías no está programada, se permitirá la expedición de permisos de construcción y uso, incluso si ocupan terrenos identificados para vías. Estas autorizaciones están condicionadas a la dedicación de una porción del predio a uso público, con porcentajes y beneficios de densidad que varían según la proporción de terreno afectado y la clasificación de zonificación. Además, se regulan las subdivisiones y segregaciones de terrenos reservados, permitiéndolas solo bajo la condición de dedicación a uso público.