Reglamento 1130

Este reglamento establece las directrices para la ejecución de la Ley 109 de 6 de junio de 1967, que extiende ayuda económica a las uniones obreras en Puerto Rico. Define la elegibilidad para recibir esta asistencia, incluyendo a organizaciones obreras, asociaciones, federaciones y agrupaciones de empleados gubernamentales certificadas. Las organizaciones interesadas deben presentar una solicitud detallada al Secretario del Trabajo, especificando su constitución, certificaciones, convenios colectivos, descripción y viabilidad del proyecto propuesto, estado financiero y la suma que aportarán como pareo.

Para la evaluación de estas solicitudes, se constituye una Junta Consultiva, presidida por el Subsecretario del Trabajo e integrada por otros funcionarios y miembros externos. Esta Junta tiene la responsabilidad de convocar propuestas, evaluarlas según criterios específicos, recomendar su aprobación al Secretario, establecer condiciones para la ayuda, y monitorear el progreso de los proyectos. Además, la Junta orienta a las organizaciones sobre la preparación de sus solicitudes y la implementación de proyectos en áreas como educación, bienestar o relaciones públicas. Las normas de evaluación se centran en la concordancia con los objetivos de la Ley, la necesidad y viabilidad del proyecto, la capacidad del personal y la probabilidad de permanencia.