Esta ley establece remedios de emergencia tras la declaración de desastres naturales, como huracanes. Declara bienes y servicios esenciales como 'Artículos de Primera Necesidad' y otorga jurisdicción concurrente a los jueces de Primera Instancia para atender querellas relacionadas con el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) sobre precios y prácticas engañosas. Además, faculta a DACO para reclutar personal, autoriza al Banco Gubernamental de Fomento a conceder líneas de crédito y permite la transferencia de fondos entre agencias para la gestión de emergencias.
(P. del S. 2079)
Para disponer remedios de emergencia con motivo de la ocurrencia de cualquier emergencia así declarada por el Gobernador de Puerto Rico al amparo de la Ley Núm. 211 de 2 de agosto de 1999, para declarar Artículo de Primera Necesidad todo artículo, bien o servicio, profesionales o no profesionales, necesario para la restauración, reparación y recuperación de Puerto Rico; para establecer la jurisdicción concurrente de los jueces de Primera Instancia para conocer de todas y cualesquiera acciones ejercitables ante el Departamento de Asuntos del Consumidor al amparo de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según enmendada, los reglamentos emitidos en virtud de la misma y el Reglamento de Prácticas y Anuncios Engañosos del 3 de octubre de 1990; facultar a cualquier persona natural o jurídica, y a cualquier funcionario estatal o municipal del orden público, a presentar querellas ante dichos jueces en dichas acciones; autorizar al Departamento de Asuntos del Consumidor a activar personal acogido al retiro o reclutar personal con experiencia en la agencia o en las tareas requeridas por la emergencia; para autorizar al Banco Gubernamental de Fomento a conceder una línea de crédito; y autorizar a las agencias de la Rama Ejecutiva a transferir fondos a ser asignados al Fondo de Artículos de Primera Necesidad.
Puerto Rico todavía sufre los efectos del paso del devastador Huracán Georges, que produjo cuantiosas pérdidas al Pueblo de Puerto Rico, tanto a los ciudadanos como a los sectores privado y público de la economía. Al mismo tiempo significó una interrupción de todos los servicios públicos a lo largo y ancho de los setenta y ocho (78) municipios de Puerto Rico.
El Departamento de Asuntos del Consumidor administra la Ley Insular de Suministros, Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según enmendada, y la Ley de Estabilización Económica, Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1953, según enmendada, que autorizan la designación de artículos y servicios de primera necesidad y su adquisición por cualquier medio por parte de dicho Departamento, así como la regulación de sus precios en protección de los derechos del Pueblo de Puerto Rico y para garantizar su bienestar.
Debido a las pésimas condiciones de las vías de comunicación que se producen en casos de emergencia por inundaciones y huracanes, sobre todo en sectores de la montaña y otros sectores del interior de la Isla, el acceso de los funcionarios del Departamento de Asuntos del Consumidor se dificulta muchísimo, así como también el acceso de la ciudadanía a las oficinas y a los funcionarios de dicho Departamento. Para evitar que esta situación ocasione falta de suministros de artículos y servicios de primera necesidad, y las violaciones a la Ley Insular de Suministros, supra, a los reglamentos emitidos a su amparo y al Reglamento de Prácticas y Anuncios Engañosos, se autoriza la presentación de querellas ante todos los jueces de Primera Instancia, en todas y cualesquiera salas a las que tengan acceso los querellantes, y dichos jueces podrán, concurrentemente con el
Departamento de Asuntos del Consumidor, conceder los remedios que provee dicha Ley, incluyendo la imposición de multas y la concesión de daños a los querellantes particulares.
El Departamento de Asuntos del Consumidor podrá reclutar antiguos empleados suyos, acogidos al retiro o no, que estime convenientes para realizar las tareas necesarias en estos momentos de emergencia, y podrá compensar a aquellos acogidos a los beneficios de retiro sin que se les afecte el monto de dichos beneficios. Asimismo, podrá contratar empleados suyos, acogidos al retiro o no, que estime convenientes para realizar las tareas necesarias en estos momentos de emergencia, y podrá compensar a aquellos acogidos a los beneficios de retiro sin que se les afecte el monto de dichos beneficios. Asimismo, podrá recibir en destaque empleados de las tres (3) Ramas del Gobierno, incluyendo a las corporaciones públicas y los municipios, para realizar tareas en dicho Departamento durante el período de emergencia.
Asimismo, se autoriza al Banco Gubernamental de Fomento a establecer una línea de crédito al Departamento de Asuntos del Consumidor para uso del Fondo de Artículos de Primera Necesidad, tan pronto se produzca una emergencia, según definida en esta Ley.
1 Artículo 1.- Esta Ley se conocerá como la "Ley de Emergencia Complementaria a la Ley Insular de Suministros."
Artículo 2.- Por la presente se declaran Artículos de Primera Necesidad todos los bienes y servicios, profesionales o no profesionales, necesarios para la restauración, reparación y suministro de las necesidades y daños ocasionados por cualquier situación de emergencia, así declarada por el Gobernador de Puerto Rico, a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 211 de 2 de agosto de 1999, conocida como "Ley de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico", según descrita por la Ley Insular de Suministros, Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, y por toda ley posterior emitida al amparo de ésta.
Artículo 3.- Todos los jueces de Primera Instancia, incluyendo aquellos designados como jueces de turno por el Juez Presidente del Tribunal Supremo, podrán conocer, de forma concurrente con el Departamento de Asuntos del Consumidor, de todas y cualesquiera querellas que se le presenten al amparo de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según enmendada, de los reglamentos aprobados en su virtud, y del Reglamento de Prácticas y Anuncios Engañosos, de 3 de octubre de 1990, y conceder los remedios pertinentes, incluyendo la imposición de multas administrativas de hasta diez mil dólares ($10,000.00) por ocurrencia, por la violación a dicha Ley, los reglamentos y órdenes emitidos a su amparo, y al Reglamento de Prácticas y Anuncios Engañosos.
Artículo 4.- Cualquier persona natural o jurídica podrá presentar una querella al amparo del Artículo precedente.
Artículo 5.- Cualquier funcionario del orden público, incluyendo los miembros de la Policía de Puerto Rico y de las Guardias Municipales, podrá emitir una citación por violación a las
disposiciones a que se refiere el Artículo 3 de esta Ley, por conocimiento propio o por querella presentada por cualquier persona natural o jurídica y podrá utilizar cualquier formulario de los que habitualmente utiliza para emitir citaciones, y podrá referir dicha citación al Departamento de Asuntos del Consumidor o a cualquier juez de Primera Instancia. Asimismo podrá ejercer cualesquiera de las facultades que le confiere a los funcionarios del Departamento de Asuntos del Consumidor la Ley Insular de Suministros, Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según enmendada.
Artículo 6.- El Departamento de Asuntos del Consumidor podrá reclutar, con cargo al Fondo de Artículos de Primera Necesidad, a cualquier persona, incluyendo antiguos empleados de dicho Departamento, para realizar funciones necesarias durante el período de emergencia, así declarada por el Gobernador de Puerto Rico, a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 211, supra. En caso de que dicho Departamento reclute a una persona acogida al retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los beneficios de dicho retiro no se le afectarán a la persona contratada.
Artículo 7.- Las tres (3) Ramas del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo las corporaciones públicas y los municipios, podrán transferir temporeramente, por destaque, a cualquier empleado a prestar servicios al Departamento de Asuntos del Consumidor para atender funciones necesarias en ocasión de cualquier emergencia de las contempladas en esta Ley. Todos los beneficios de su empleo, incluyendo salarios y beneficios marginales, serán retenidos por los empleados destacados y serán pagados y cumplidos por la agencia por la cual estén empleados.
Artículo 8.- Se autoriza al Departamento de Asuntos del Consumidor a tomar dinero a préstamo y a obtener líneas de crédito del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, una instrumentalidad gubernamental creada en virtud de la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada, para financiar las gestiones del Departamento de Asuntos del Consumidor en los casos de emergencia que contempla la ley. Este financiamiento será por el monto y bajo los términos y condiciones que el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico estime necesarios y convenientes para los propósitos dispuestos en esta Ley.
Artículo 9.- Se autoriza a todas las agencias de la Rama Ejecutiva, previa autorización de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a las corporaciones públicas y a los municipios, a transferir fondos al Fondo de Artículos de Primera Necesidad para los fines de la ejecución de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según enmendada, en relación a cualquier emergencia de las contempladas en esta Ley.
Artículo 10.- Esta Ley seguirá en vigor, aun cuando algún tribunal declare parte o un estatuto de la misma inconstitucional.
Artículo 11.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.