Esta ley crea la 'Ley Contra el Acecho en Puerto Rico', tipificando el acecho como delito y estableciendo penalidades para quienes lo cometan. Define el acecho y las circunstancias agravantes. Además, establece un procedimiento para la expedición de órdenes de protección para las víctimas, incluyendo medidas como la prohibición de acercamiento, indemnización económica y la entrega de armas de fuego. La ley también detalla el rol de la policía en la intervención y arresto, y las consideraciones para fianzas y libertad condicional en casos de acecho, buscando proteger la seguridad de las personas, sus bienes y sus familias.
(P. del S. 1614)
(Conferencia)
Para crear la "Ley Contra el Acecho en Puerto Rico", a fin de tipificar como delito conducta constitutiva de acecho que induzca temor en el ánimo de una persona prudente y razonable de sufrir algún daño físico en su persona, sus bienes o en la persona de un miembro de su familia, establecer el procedimiento para órdenes de protección, establecer penalidades, y para otros fines.
El acecho constituye una forma de actividad criminal compuesta de una serie de actos que al ser examinados individualmente pueden parecer un comportamiento legal: enviar flores, escribir cartas de amor y esperar por una persona fuera de su lugar de trabajo o de su casa: actos que de por sí no constituyen conducta criminal. Sin embargo, estos actos unidos a intentos de atemorizar, intimidar o hacer daño a una persona, o a miembros de su familia o a su propiedad, pueden constituir un patrón de conducta ilegal.
El acecho, contra una persona puede ocurrir en una amplia variedad de situaciones o en diversos tipos de relaciones, no necesariamente de naturaleza íntima. Este puede ser perpetrado por un mero conocido de la víctima, un antiguo compañero de trabajo o por un desconocido. Las motivaciones del ofensor pueden incluir atracción intensa u odio extremo, deseos de contacto y control, obsesión, celos y coraje, entre otras.
Las estadísticas reflejan que anualmente ocurren 200,000 incidentes de acecho, en los Estados Unidos. Se estima que un setenta y ocho ( $78 %$ ) por ciento de las víctimas de acecho son mujeres y que hasta un ochenta ( $80 %$ ) por ciento de los casos ocurren en el ámbito doméstico. La mayoría de estos incidentes son perpetuados por hombres contra mujeres. De hecho, el noventa ( $90 %$ ) por ciento de las mujeres que han sido asesinadas por sus antiguas parejas habían sido amenazadas, hostigadas y/o perseguidas por éstas antes del ataque fatal.
Diversas jurisdicciones de los Estados Unidos han aprobado leyes con el fin de tipificar como delito el acecho y permitir la oportuna intervención de la Policía ante patrones de conducta que puedan constituir acecho. El objetivo de dichos estatutos es evitar que la conducta antes aludida culmine en actos de violencia que atenten contra la integridad física de la víctima. Estas leyes han servido como instrumentos efectivos para prevenir fatalidades, promoviendo que las víctimas reciban protección oportunamente.
El 13 de septiembre de 1994, el Presidente William Clinton firmó la Pub. L. 103-322 (42 U.S.C $\S 13701$ y ss.), conocida como "Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994", que en su Título IV, § 40131-40611 (42 U.S.C. § 13931-14040, Violence Against Women) establece mecanismos para enfrentar los numerosos crímenes de violencia
doméstica, sexuales, de acecho, hostigamiento y persecución que afectan a mujeres de todas las razas, condición social, étnica y económica en los Estados Unidos.
El Gobierno de Puerto Rico, consciente de que los actos de acecho contra una determinada persona atentan contra los valores de paz, seguridad, dignidad y respeto que se quieren mantener para los individuos, para las familias, y para la comunidad en general, desea establecer nuevas medidas para prevenir y combatir este tipo de conducta.
La presente legislación tiene como objetivo tipificar como delito y penalizar todo patrón de conducta de acecho, que induzca temor en el ánimo de una persona prudente y razonable de sufrir algún daño físico en su persona, sus bienes y/o en la persona de un miembro de su familia, y proveer los mecanismos adecuados para intervenir oportunamente en los casos de acecho, ofreciendo protección a las víctimas de este tipo de comportamiento.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: Artículo 1.-Título de la Ley.- Esta Ley se conocerá como "Ley contra el Acecho en Puerto Rico". Artículo 2.- Política Pública.- Mediante la presente legislación se reafirma la política pública del Gobierno de Puerto Rico de luchar contra cualquier tipo de manifestación de violencia que atente contra los valores de paz, seguridad, dignidad y respeto que se quieren mantener para nuestra sociedad.
La violencia puede manifestarse mediante actos de acecho, que induzcan temor en el ánimo de una persona prudente y razonable de sufrir algún daño físico en su persona, sus bienes o en la persona de un miembro de su familia. El propósito de esta Ley es crear los mecanismos necesarios para criminalizar, penalizar y permitir la oportuna intervención de la policía ante tales actos para proteger debidamente a personas que son víctimas de acecho, evitando posibles daños a su persona, sus bienes o a miembros de su familia.
Artículo 3.- Definiciones.- A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación:
(a) "Acecho"- significa un patrón de conducta mediante el cual se mantiene constante o repetidamente una vigilancia o proximidad física o visual sobre determinada persona; se envían repetidamente comunicaciones verbales o escritas no deseadas a una determinada persona; se envían repetidamente amenazas escritas, verbales o implícitas a determinada persona; se efectúan repetidamente actos de vandalismo dirigidos a determinada persona; se hostiga repetidamente mediante palabras, gestos o acciones dirigidas a molestar, perseguir o
perturbar a la víctima o a miembros de su familia. El patrón de conducta constante debe ser en forma ininterrumpida durante un período de tiempo que no sea menor de quince minutos.
(b) "Repetidamente"- significa en dos (2) o más ocasiones.
(c) "Familia" significa:
(d) "Intimidar"- significa toda acción o palabra que manifestada repetidamente infunda temor en el ánimo de una persona prudente y razonable a los efectos de que ella, o cualquier miembro de su familia pueda sufrir daños, en su persona o en sus bienes, y/o ejercer presión moral sobre el ánimo de ésta para llevar a cabo un acto contrario a su voluntad.
(e) "Orden de Protección-" significa todo mandato expedido por escrito bajo el sello de un tribunal mediante el cual se dictan las medidas a un ofensor para que se abstenga de incurrir o llevar a cabo determinados actos constitutivos de acecho.
(f) "Parte Peticionada"- significa toda persona contra la cual se solicita una orden de protección.
(g) "Parte Peticionaria"- significa toda persona que solicita una orden de protección.
(h) "Tribunal"- significa el Tribunal de Primera Instancia del Tribunal General de Justicia.
(i) "Agente del Orden Público"- significa cualquier miembro u oficial de la Policía de Puerto Rico; o un policía municipal debidamente adiestrado y acreditado por la Policía de Puerto Rico.
Artículo 4.- Conducta Delictiva; Penalidades.-
(a) Toda persona que intencionalmente manifieste un patrón constante o repetitivo de conducta de acecho dirigido a intimidar a una determinada persona a los efectos de que ella, o cualquier miembro de su familia podría sufrir daños, en su persona o en sus bienes; o que mantenga dicho patrón de conducta a sabiendas de que determinada persona razonablemente podría sentirse intimidada incurrirá en delito
menos grave y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de doce (12) meses. De mediar circunstancias atenuantes, la pena se podrá reducir a un término no menor de nueve (9) meses, y de mediar circunstancias agravantes, la pena podrá aumentarse hasta dieciocho (18) meses.
El Tribunal podrá imponer la pena de restitución, además de la pena de reclusión establecida.
(b) Se incurrirá en delito grave y se impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, si se incurriere en acecho, según tipificado en esta Ley, mediando una o más de las circunstancias siguientes:
De mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años, de mediar circunstancias atenuantes podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.
El Tribunal podrá imponer la pena de restitución, además de la pena de reclusión establecida. El proceso y castigo de cualquier persona por el delito definido y castigado en esta Ley no impedirá el proceso y castigo de la misma persona por cualquier otro acto u omisión en violación de cualquiera de las demás disposiciones de esta Ley o de cualquier otra ley.
Artículo 5.- Expedición de órdenes de protección.-
(a) Cualquier persona que haya sido víctima de acecho, o conducta constitutiva del delito según tipificado en esta Ley, en la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico",
o en cualquier otra ley especial, podrá presentar por sí, por conducto de su representante legal o por un agente del orden público, una petición en el Tribunal solicitando una orden de protección, sin que sea necesario la presentación previa de una denuncia o acusación.
(b) Cuando el Tribunal determine que existen motivos suficientes para creer que la parte peticionaria ha sido víctima de acecho, podrá emitir una orden de protección. Dicha orden podrá incluir, sin que se entienda como una limitación, lo siguiente:
(c) Cualquier Juez o Jueza del Tribunal de Primera Instancia podrá dictar una orden de protección conforme a esta Ley. Toda orden de protección podrá ser revisada, en los casos apropiados en el Tribunal de Circuito de Apelaciones.
(d) Cualquier persona podrá solicitar los remedios civiles que establece esta Ley para sí, o a favor de cualquier otra persona cuando ésta sufra de incapacidad física o mental, en caso de emergencia o cuando la persona se encuentre impedida de solicitarla por sí misma.
Artículo 6.- Procedimiento para la Expedición de Ordenes de Protección.-
(a) El procedimiento para obtener una orden de protección se podrá comenzar mediante la presentación de una petición verbal o escrita; o dentro de cualquier caso pendiente
entre las partes; o a solicitud del Ministerio Fiscal en un procedimiento penal, o como una condición para disfrutar de sentencia suspendida o de libertad condicional.
(b) Para facilitar a las personas interesadas el trámite de obtener una orden de protección bajo esta Ley, la Oficina de Administración de los Tribunales tendrá disponible en la Secretaría de los Tribunales de Puerto Rico formularios para solicitar y tramitar dicha orden. Asimismo, proveerá la ayuda y orientación necesaria para cumplimentarlos y presentarlos.
(c) Una vez presentada una petición de orden de protección, de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley, el Tribunal expedirá una citación a las partes bajo apercibimiento de desacato, para una comparecencia dentro de un término que no excederá de cinco (5) días. La notificación de las citaciones y copia de la petición se hará conforme a las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 1979, según enmendadas, y será diligenciada por un alguacil del Tribunal o por cualquier otro oficial del orden público, a la brevedad posible, y tomará preferencia sobre otro tipo de citación, excepto aquellas de similar naturaleza. El Tribunal mantendrá un expediente para cada caso en el cual se anotará toda citación emitida al amparo de esta Ley.
(d) La incomparecencia de una persona debidamente citada al amparo de esta Ley será condenable como desacato criminal al Tribunal que expidió la citación.
(d) Cuando la petición sea presentada, la notificación de la misma se efectuará conforme a lo establecido en las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 1979, según enmendadas. A solicitud de la parte peticionaria, el Tribunal podrá ordenar que la entrega de la citación se efectúe por cualquier persona mayor de dieciocho (18) años de edad que no sea parte ni tenga interés en el caso.
Artículo 7.- Ordenes Ex Parte.- El Tribunal podrá emitir una orden de protección de forma ex parte, si determina que:
(a) Se han hecho las gestiones de forma diligente para notificar a la parte peticionada con copia de la citación expedida por el Tribunal y de la petición que se ha presentado ante el Tribunal y no se ha tenido éxito;
(b) o existe la probabilidad de que dar la notificación previa a la parte peticionada provocará el daño irreparable que se intenta prevenir al solicitar la orden de protección;
(c) o cuando la parte peticionaria demuestre que existe una probabilidad sustancial de un riesgo inmediato a la seguridad del peticionario y/o a algún miembro de su familia.
Siempre que el Tribunal expida una orden de protección de manera ex parte, lo hará con carácter provisional. Notificará inmediatamente a la parte peticionada con copia de la misma o de
cuaquier otra forma y le brindará una oportunidad para oponerse a ésta. A esos efectos señalará una vista a celebrarse dentro de los próximos cinco (5) días de haberse expedido dicha orden ex parte, salvo que la parte peticionaria solicite prórroga a tal efecto. Durante esta vista el Tribunal podrá dejar sin efecto la orden o extender los efectos de la misma por el término que estime necesario.
Artículo 8.- Contenido de las Ordenes de Protección.-
(a) Toda orden de protección deberá establecer específicamente las órdenes emitidas por el Tribunal, los remedios ordenados y el período de su vigencia.
(b) Toda orden de protección deberá establecer la fecha y hora en que fue expedida y notificar específicamente a las partes de que cualquier violación a la misma constituirá desacato al Tribunal.
(c) Cualquier orden de protección de naturaleza ex parte deberá incluir la fecha y hora de su emisión y deberá indicar la fecha, tiempo y lugar en que se celebrará la vista para la extensión o anulación de la misma y las razones por las cuales fue necesario expedir dicha orden ex parte.
Toda orden de protección expedida por un Tribunal se hará constar en un formulario sustancialmente igual en contenido al que se incorpora como guía directiva en esta Ley.
Artículo 9.- Notificación a las Partes y a las Agencias del Orden Público.-
(a) Copia de toda orden de protección deberá ser archivada en la Secretaría del Tribunal que la expide. La Secretaría del Tribunal proveerá copia de la misma, a petición de las partes o de cualesquiera persona(s) interesada(s).
(b) Cualquier orden expedida al amparo de esta Ley deberá ser notificada personalmente a la parte peticionada, ya sea a través de un alguacil del Tribunal, un oficial del orden público, o cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que no sea parte ni tenga interés en el caso de acuerdo al procedimiento establecido en las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, según enmendadas.
(c) La Secretaría del Tribunal enviará copia de las órdenes expedidas al amparo de esta Ley a la dependencia de la Policía encargada de mantener un expediente de las órdenes de protección expedidas.
(d) La Policía de Puerto Rico ofrecerá protección adecuada a la parte en cuyo beneficio se expida una orden de protección.
Artículo 10.- Incumplimiento de Ordenes de Protección.- Cualquier violación a sabiendas de una orden de protección, expedida de conformidad con esta Ley, será castigada como delito menos grave; esto sin menoscabar su responsabilidad criminal
bajo el Artículo 4
(b) (1) de esta Ley o cualquier otra ley penal y constituirá desacato al Tribunal, lo que podría resultar en pena de cárcel, multa o ambas penas.
No obstante lo dispuesto por la Regla 11 de las Reglas de Procedimiento Criminal, según enmendada, Ap. II del Título 34, aunque no mediare una orden a esos efectos todo oficial del orden público deberá efectuar un arresto, si se le presenta una orden de protección expedida al amparo de esta Ley o de una ley similar contra la persona a ser arrestada, o si determina que existe dicha orden mediante comunicación con las autoridades pertinentes y tiene motivos fundados para creer que se han violado las disposiciones de la misma.
Artículo 11.- Deber de Efectuar Arresto al Presentar Orden de Protección.- Todo oficial del orden público deberá efectuar un arresto si se le presenta una orden de protección expedida al amparo de esta Ley o de una ley similar contra la persona a ser arrestada, o si determina que existe dicha orden mediante comunicación con las autoridades pertinentes y tiene motivos fundados para creer que se han violado las disposiciones de la misma.
Artículo 12.- Preparación de Informes.- Siempre que un oficial del orden público intervenga en un incidente que pueda clasificarse como un acto de acecho, deberá preparar un informe escrito sobre el mismo. Dicho informe incluirá las alegaciones de las personas involucradas y los testigos, el tipo de investigación realizada y la forma en que se dispuso del incidente.
En dicho informe, el oficial del orden público incluirá cualquier manifestación de la víctima en cuanto a la frecuencia y severidad de incidentes de acecho anteriores y sobre el número de veces que ha acudido a la Policía o ante cualquier entidad privada, pública o persona particular para reclamar ayuda.
Este informe deberá ser preparado para toda intervención aunque no se presenten los cargos criminales contra la alegada persona ofensora. Los mismos se mantendrán separados de informes sobre otra naturaleza, salvo si son relacionados a casos de violencia doméstica.
El Superintendente de la Policía deberá establecer un sistema de recopilación de información que permita mantener copia de cada informe de intervención en el cuartel donde se genere y que facilite la recopilación centralizada de los mismos en la División de Estadísticas de la Policía de Puerto Rico.
La División de Estadísticas de la Policía de Puerto Rico recibirá mensualmente copia de todo informe de intervención preparado al amparo de este Artículo, recopilará la información contenida en los mismos y preparará anualmente un informe estadístico público sobre los incidentes de acecho en Puerto Rico.
El Superintendente de la Policía establecerá las normas para garantizar la confidencialidad en torno a la identidad de las personas involucradas en los incidentes de acecho.
Artículo 13.- Independencia de las Acciones Civiles.- No se requerirá ni será necesario que las personas protegidas en esta Ley presenten casos criminales para poder solicitar y que se expida una orden de protección.
Artículo 14.- Reglas para las Acciones Civiles y Penales.- Salvo que de otro modo se disponga en esta Ley, las acciones civiles incoadas al amparo de las disposiciones de ésta se regirán por las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 1979, según enmendadas. Asimismo, las acciones penales incoadas al amparo de las disposiciones de esta Ley se regirán por las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963, según enmendadas, salvo que de otro modo se disponga en esta Ley.
Artículo 15.- Disposiciones sobre Fianza; Libertad Condicional, Permisos a Confinados para salir de Instituciones y otros.-
(a) Fianza - Cuando una persona sea acusada por violación a las disposiciones de esta Ley o cuando al momento de la alegada violación estuviere sujeta a los términos de una orden de protección, expedida de conformidad con esta Ley, o cualquier otra ley similar, o hubiere sido convicta previamente de o hubiere hecho alegación de culpabilidad por violación a las disposiciones de esta Ley o de violación a cualquier otra disposición legal similar, antes de señalar la fianza, además de lo dispuesto por la Regla 218 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963, según enmendadas, el Tribunal deberá considerar al imponer la fianza si la persona tiene historial de haber violado órdenes de un tribunal o de una agencia gubernamental.
(b) Condiciones para libertad bajo fianza - El Tribunal podrá imponer al acusado condiciones a la fianza, y deberá tomar en consideración si la persona cuenta con un historial de violencia doméstica o un historial de actos violentos y si la persona representa una amenaza potencial para la víctima del delito o para cualquier persona. Además de lo dispuesto en la Regla 218 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963, según enmendadas, el Tribunal podrá imponer las siguientes condiciones:
(c) Permisos a confinados para salir de las instituciones y libertad bajo palabra Además de lo establecido en la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada, y en cualquier otra ley o reglamento al efecto, el Administrador de Correción o la Junta de Libertad bajo Palabra al hacer determinaciones sobre la concesión de permisos para salir de las instituciones penales o centros de tratamiento públicos o privados, o al conceder libertad bajo palabra a confinados convictos por violación a las disposiciones de esta Ley, deberá tomar en consideración las siguientes circunstancias:
(d) Clemencia Ejecutiva o Indulto - Al considerar la solicitud de clemencia ejecutiva o indulto de una persona convicta por el delito constitutivo de acecho, la Junta de Libertad bajo Palabra deberá notificar a la parte perjudicada y a las personas que testificaron para proveerles la oportunidad de ser escuchadas.
(e) Antes de que cualquier persona pueda ser puesta en libertad bajo las disposiciones de esta Ley, el Tribunal, la Junta de Libertad bajo Palabra, la Administración de Corrección y/o el Ejecutivo deberán notificarlo a la víctima o parte perjudicada con suficiente antelación para que ésta pueda tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad.
Artículo 16.- Formularios.- Los formularios que proveerán las secretarías de los tribunales de justicia a las personas que soliciten una orden de protección deberán diseñarse en forma tal que pueda consignarse o declararse la información, circunstancias y datos que contienen los modelos aquí incluidos. No obstante, la Oficina de la Administración de los Tribunales podrá modificarlos cuando lo entienda conveniente para lograr los propósitos de esta Ley.
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA Tribunal de Primera Instancia Sala de $\qquad$
PARTE PETICIONARIA V.
SOBRE: PARTE PETICIONADA
Acecho Núm. PETICION DE ORDEN DE PROTECCION
Comparece la parte peticionaria y respetuosamente alega, expone y solicita que:
Por todo lo cual, yo $\qquad$ , parte peticionaria, solicito respetuosamente que se me concedan los remedios solicitados en el inciso siete (7) de esta Petición y cualquier otro remedio que el Tribunal estime pertinente.
Firma Parte Peticionaria Fecha Dirección a la cual debe notificárseme: (Calle, Núm., Urbanización, Barrio, Municipio) . Teléfono: $\qquad$
Tribunal $\qquad$ Sala de $\qquad$ Oficina Juez
(a) Municipal de $\qquad$
| * | NUMERO $\qquad$ | |
|---|---|---|
| Parte peticionaria | * | SOBRE: |
| * | ||
| * | ||
| * | ORDEN DE PROTECCION |
La parte peticionaria, presentó una acción contra la parte peticionada al amparo de la Ley Núm. del $\qquad$ exponiendo lo siguiente:
Expedida la citación para la parte peticionada, se celebró la vista correspondiente a la cual: $\qquad$ Comparecieron ambas partes $\qquad$ Compareció únicamente la parte $\qquad$ Luego de escuchar a la(s) parte(s) y a su(s) testigo(s) y de estudiar toda la prueba el Tribunal llega a las siguientes
En virtud de las anteriores determinaciones de hechos el Tribunal establece lo siguiente:
__Ordena a la parte peticionada abstenerse de acosar, perseguir, intimidar, amenazar o de cualquier otra forma interferir con la parte peticionaria con miembros de su familia. __Ordena a la parte peticionada abstenerse de penetrar en: _El hogar de la parte peticionaria, o su lugar de morada permanente o provisional, _ La escuela a que asiste la parte peticionaria, y sus alrededores, _ El negocio de la parte peticionaria y sus alrededores, _ El lugar de empleo de la parte peticionaria, y sus alrededores, __Ordena a la parte peticionada a pagar una indemnización económica por los daños que ha sufrido la parte peticionaria como consecuencia del acecho, sin perjuicio de otras acciones civiles a las que tenga derecho. Dichas pérdidas y daños consisten en: gastos de alojamiento $\qquad$ gastos de reparación a la propiedad $\qquad$ gastos de mudanza $\qquad$ gastos médicos, siquiátricos, psicológicos de consejería y/o orientación $\qquad$ .
Otros $\qquad$ $ $\qquad$ Total $$$
Ordena las siguientes medidas provisionales con respecto a las partes: $\qquad$ $\qquad$ $\qquad$
Toda persona que violare cualesquiera de los términos de esta Orden incurrirá en desacato al Tribunal lo que podría resultar en pena de cárcel, multa o ambas penas.
Dada en $\qquad$ , Puerto Rico, a $\qquad$ de $\qquad$ a las $\qquad$ .
Esta orden estará vigente desde $\qquad$ hasta $\qquad$ .
Que ambas partes fueron notificadas con copia anterior de la ORDEN DE PROTECCION. En $\qquad$ , Puerto Rico a $\qquad$ de $\qquad$ de $\qquad$ . Secretaria(o)
Artículo 17.- Salvedad Constitucional.- Si alguna disposición de las contenidas en esta Ley fuere declarada inconstitucional, dicha declaración de inconstitucionalidad no afectará las demás disposiciones de la misma.
Artículo 20.- Esta Ley comenzará a regir a los noventa (90) días después de su aprobación.