Esta ley crea la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, estableciendo su estructura, poderes y deberes para regular la industria de las telecomunicaciones en la isla. Su objetivo principal es fomentar la competencia, asegurar la disponibilidad de servicios universales a costos razonables y proteger los derechos de los consumidores. La ley aborda aspectos como la certificación de compañías, salvaguardas competitivas (interconexión, precios), la creación de un fondo de servicio universal, la reglamentación de sistemas de cable, la gestión de querellas de usuarios y la prevención de fraude, así como disposiciones sobre expropiación y servidumbres para infraestructura.
(P. del S. 1500) (Conferencia)
Para crear la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, establecer sus poderes y prerrogativas y proveer para su organización; para derogar la Ley Núm. 64 de 23 de agosto de 1990, según enmendada; y establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico en relación con las telecomunicaciones; y para otros fines.
La Asamblea Legislativa, luego de investigar, analizar y determinar las necesidades y los intereses del pueblo de Puerto Rico en lo concerniente al desarrollo del área de las telecomunicaciones, y tomando en consideración las acciones del Gobierno Federal en cuanto a la extensión y aplicabilidad de estos servicios a la comunidad en general mediante la Ley Federal de Comunicaciones, ha determinado que es esencial establecer una junta que promueva la competencia total, igual y leal, y que facilite y estimule la construcción y desarrollo de facilidades de telecomunicaciones para permitir y asegurar a los ciudadanos de Puerto Rico, mejores y más variados servicios de telecomunicaciones a costos razonables para que estimule y fomente el desarrollo económico para el bienestar general del país.
Con ese objetivo en mente, la presente Ley crea la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones con los poderes y prerrogativas necesarias para establecer un régimen reglamentario que: (1) garantice la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones universales a un costo razonable para todos los ciudadanos en Puerto Rico; (2) vele por la eficiencia del servicio telefónico, televisión por cable y otros servicios de telecomunicaciones; (3) garantice que se continúen prestando los servicios de índole social, tales como teléfonos públicos y rurales y guías de información que el pueblo necesita; (4) promueva la competencia; (5) permita y le asegure a los puertorriqueños los mismos privilegios de telecomunicación e información que disfrutan los ciudadanos en los Estados Unidos; y (6) salvaguarde al máximo el interés público.
Las condiciones de mercado a crearse al amparo de esta Ley estimularán y fortalecerán la competitividad de Puerto Rico en el área de las telecomunicaciones, lo cual, a su vez, contribuirá a la creación de más empleos.
La Asamblea Legislativa reconoce que la industria de las telecomunicaciones persigue el fin público de proveer a nuestra población acceso adecuado a servicios de telecomunicaciones, a tarifas y cargos razonables y asequibles. La Junta creada por esta Ley protegerá el interés público en general, asegurando a nuestra población el acceso a servicios de telecomunicaciones a tenor con los postulados de servicio universal establecidos por la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1996, la reglamentación promulgada al amparo de dicha ley y los objetivos de esta Ley.
La Junta creada por esta legislación operará en forma independiente y estará dotada con la
capacidad y los poderes necesarios para asegurar, facilitar y estimular la construcción y desarrollo de las facilidades de todas las ramas de las telecomunicaciones en Puerto Rico, promoviendo la competencia justa y efectiva, y detectando y corrigiendo conducta anticompetitiva, a fin de fortalecer esta industria y, por ende, el desarrollo socioeconómico de la ciudadanía en general.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Esta Ley podrá citarse como la "Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996".
Será la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico:
(a) reconocer el servicio de telecomunicaciones como uno cuya prestación persigue un fin de alto interés público dentro de un mercado competitivo;
(b) que se provea el servicio universal a un costo justo, razonable y asequible para todos los ciudadanos;
(c) repartir de forma equitativa entre todas las compañías de telecomunicaciones las obligaciones, responsabilidades y cargas adscritas al desarrollo y preservación del servicio universal;
(d) establecer mecanismos de apoyo específicos, predecibles y suficientes para preservar y desarrollar el servicio universal;
(e) fomentar la inversión de capital en el desarrollo de la infraestructura de las telecomunicaciones;
(f) asegurar la disponibilidad del más amplio número de posibilidades competitivas en la oferta de servicios y facilidades de telecomunicaciones;
(g) promover la competencia y utilizar las fuerzas del mercado como factor primordial en la determinación de precios, términos, disponibilidad y condiciones de servicio;
(h) propiciar la interconexión y la interoperabilidad entre las compañías de
telecomunicaciones;
(i) asegurar que no existan barreras reglamentarias ni procedimientos administrativos innecesarios que entorpezcan la competencia en el mercado;
(j) simplificar el proceso reglamentario en aquellas situaciones en que la reglamentación sea necesaria, y dirigir la reglamentación al fomento del bienestar del consumidor y a penalizar las prácticas anti-competitivas en el mercado de las telecomunicaciones;
(k) reglamentar a los proveedores de servicios de manera compatible con su posición en el mercado y la influencia que ejercen sobre los consumidores; (1) promover el establecimiento de precios basados en el costo de los servicios prestados ('cost-based pricing'), a fin de que los consumidores paguen por los servicios que realmente reciben y con arreglo a lo que disponga o autorice la Ley Federal de Comunicaciones;
(m) eliminar el subsidio directo o indirecto entre servicios competitivos y servicios nocompetitivos al igual que prohibir cualquier clase de subsidio para sustentar precios irrazonablemente bajos cuyo propósito sea reducir la competencia o perjudicar a algún competidor;
(n) proteger el derecho a la intimidad de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y velar porque se cumplan las disposiciones constitucionales y legales que garantizan este derecho;
(o) concentrar en una sola agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la jurisdicción primaria relacionada con la reglamentación del campo de las telecomunicaciones;
(p) Regir su proceso de reglamentación por el llamado proceso de abstención ("forbearance") como lo establece la Ley Federal en cuanto a los proveedores de servicio de telecomunicaciones, desempeñando la función de guardián del ambiente competitivo y permitiendo en primera instancia que sea este ambiente el que en efecto reglamente el comportamiento de las compañías participantes. Las compañías a su vez se comprometerán a buscar, también en primera instancia, soluciones negociadas para controversias entre ellas, acudiendo a los foros administrativos y/o judiciales si los esfuerzos de negociación de buena fe se hubieren agotado.
(q) dar acceso a servicios de telecomunicaciones, razonablemente comparables a los provistos en áreas urbanas, a los consumidores en toda la Isla, incluyendo a los de bajos ingresos y los que residen en áreas rurales o en áreas en que sea costoso el acceso a tales servicios;
(r) garantizar el disfrute del servicio brindado sin temor de interrupciones o interferencias irrazonables;
(s) garantizar que no se discrimine en la prestación del servicio por razón de raza, sexo,
origen, religión o afiliación política;
(t) garantizar que no se descontinuará el servicio a ningún usuario sin mediar justa causa y, en todo caso, solamente después de una notificación adecuada;
(u) garantizar que aquellas interrupciones de servicios que sean inevitables deberán corregirse con la mayor rapidez posible. Si éstas excedieran de un tiempo razonable, las compañías de telecomunicaciones proveerán para la acreditación de la parte proporcional de la renta básica;
(v) garantizar que toda disputa sobre facturas o servicios deberá tramitarse en forma equitativa y diligente; $y$
(w) velar porque ninguna ley o reglamento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico u ordenanza municipal límite, prohíba o tenga el efecto de limitar o prohibir, la capacidad de una compañía de telecomunicaciones para prestar servicios de telecomunicaciones competitivos a nivel intraestatal o interestatal.
(a) "Acarreador de Servicio Conmutado Local" ("Local Exchange Carrier") significará cualquier persona que esté dedicada a la prestación de servicio de telecomunicaciones conmutado ('Local Exchange Service') o de acceso conmutado ('Exchange Access'). Este término no incluye a personas que presten servicios comerciales móviles bajo la Sección 332(c) de la Ley Federal de Comunicaciones, excepto en la medida en que la Comisión Federal de Comunicaciones determine que tal servicio debe ser incluido en ese término.
(b) "Acarreador de Servicio Conmutado Local Incumbente" significará la Puerto Rico Telephone Company, mientras no exista competencia efectiva en el mercado.
(c) "Acarreadores de Servicio de Larga Distancia Intraestatal" significará cualquier persona que esté dedicada a la prestación de servicio de larga distancia intraestatal.
(d) "Acarreador Comercial de Servicio de Radio Móvil" significará cualquier persona que esté dedicada a la prestación de servicios comerciales de radio móviles ("Commercial Mobile Radio Service") según lo define la Ley Federal de Comunicaciones.
(e) "Acarreador de Servicio de Acceso Competitivo" significará cualquier persona que esté dedicada a la prestación de servicios de acceso conmutado en competencia con el acarreador de servicio conmutado local.
(f) "Acceso Conmutado" ("Exchange Access") significará el ofrecimiento de acceso a servicios de telecomunicaciones o facilidades con el fin de originar o terminar servicio telefónico de larga
distancia.
(g) "Afiliada" significará una persona que directa o indirectamente posea o controle, sea poseída o controlada por, o esté conjuntamente poseída o controlada con, otra persona. Para propósitos de este inciso, el término "poseer" significará la tenencia de un interés propietario o su equivalente de más de un diez (10) por ciento.
(h) "Bill and Keep" significará el sistema de facturación mutua y contabilidad que dos compañías de telecomunicaciones con redes interconectadas se cobrarán mutuamente resultando en una tarifa de $0 por terminar tráfico en ambas direcciones.
(i) "Compañía de Cable" significará cualquier persona que posea, controle, opere o maneje cualquier planta, equipo y facilidades que se utilicen para recibir, amplificar, modificar y distribuir por cable coaxial, de fibra óptica, metal o de cualquier índole, la señal originada por una o más estaciones de televisión, servicio de programación que sea transmitida por medios alámbricos, inalámbricos, por satélite o cualquier otro medio. Se exceptúan de esta definición las señales que puedan proyectarse en salas cinematográficas o que se capten libre de costo de satélites y no se difundan fuera del lugar en que se reciben.
(j) "Compañía de Telecomunicaciones" significará cualquier persona que posea, controle, administre, opere, maneje, supla o revenda, ya sea parcial o totalmente, directa o indirectamente, cualquier servicio de telecomunicaciones en Puerto Rico, incluyendo servicios de acceso a la red; disponiéndose que las compañías de cable que presten servicios de telecomunicaciones serán consideradas compañías de telecomunicaciones para propósito de esta Ley.
(k) "Compañía de Telecomunicaciones Elegible" significará una compañía de telecomunicaciones que la Junta designe para proveer servicio universal en un área geográfica específica. (1) "Compensación Recíproca" significará aquel flujo de compensación entre las redes interconectadas por el tráfico que se origine en la red de la compañía de telecomunicaciones que origina la llamada y viceversa.
(m) "Compensación Simétrica" significará que la cantidad de compensación de unidades de tráfico es igual en ambas direcciones entre compañías de telecomunicaciones cuyas redes están interconectadas.
(n) "Competencia Efectiva" significará aquella situación en que ninguna compañía de telecomunicaciones tenga dominio de mercado. En lo referente al servicio de cable, la frase "competencia efectiva" tendrá el mismo significado que aquel indicado en la Ley Federal de Televisión por Cable.
(o) "Dominio de Mercado" significará la capacidad de una persona para ejercer dominio sobre
los precios, los términos o la disponibilidad de bienes o servicios, o la disponibilidad o funcionalidad de sustitutos, en el mercado pertinente para tales bienes y servicios.
(p) "Junta" significará la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico.
(q) "Ley Federal de Comunicaciones" significará la Ley Federal de Comunicaciones de 1934, según enmendada; la cual incluye, en su totalidad, la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1996.
(r) "Ley Federal de Televisión por Cable" significará el "Cable Act of 1984", según enmendado, por el "Cable Television Consumer Protection and Competition Act of 1992" y la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1996.
(s) "Paridad de Discado" significará la capacidad de una persona, que no sea afiliada de un acarreador de servicio conmutado local, de proveer servicios de telecomunicaciones de manera tal que sus abonados tengan la facilidad de enviar automáticamente, sin el uso de código de acceso alguno, sus telecomunicaciones a la compañía de telecomunicaciones de su elección, de entre dos o más compañías de telecomunicaciones, incluyendo al acarreador de servicio conmutado local.
(t) "Persona" significará cualquier persona, ya sea natural o jurídica, incluyendo, sin que se entienda una limitación, cualquier individuo, corporación, sociedad, asociación, fideicomiso, agencia, instrumentalidad o corporación pública, cooperativa, asociación cooperativa, corporaciones especiales cuyos dueños son sus empleados, o cualquier combinación de éstas, creadas, organizadas o existentes bajos las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados Unidos de América, de cualquier estado de la Unión, o de cualquier estado o país foráneo.
(u) "Portabilidad de Números" significará la capacidad de los usuarios de un servicio de telecomunicaciones para retener, en la misma localización, sus números de telecomunicaciones existentes, sin menoscabo de su calidad, confiabilidad o conveniencia, cuando cambia de una compañía de telecomunicaciones a otra.
(v) "Servicio Competitivo" significará un servicio de telecomunicaciones donde no se ejerce dominio de mercado por ninguna persona.
(w) "Servicio de Larga Distancia Intraestatal" significará servicio exclusivamente dentro de Puerto Rico que no sea un servicio local y por el cual el cliente deberá pagar un cargo aparte del cargo impuesto por el servicio local.
(x) "Servicio de Telecomunicaciones" significará la oferta de telecomunicaciones directamente al público mediante paga, o a tales clases de usuarios que efectivamente haga el servicio disponible directamente al público, sin importar las instalaciones o medios utilizados. Nada en este inciso deberá ser interpretado como que incluya los servicios de difusión mediante radio, televisión, servicio de cable, incluyendo "Multichannel Multipoint Distribution Service" o antenas comunales de televisión.
(y) "Servicio de Telecomunicaciones Intraestatal" significará la provisión de servicios de telecomunicaciones que se originen y terminen en Puerto Rico.
(z) "Servicio Local de Telecomunicaciones" significará un servicio de telecomunicaciones prestado dentro de un área local. (aa) "Servicio No-Competitivo" significará un servicio de telecomunicaciones donde se ejerce dominio de mercado. (bb) "Servicio Telefónico de Larga Distancia" significará el servicio de telecomunicaciones que no es local. (cc) "Servicio Universal" significará un nivel de servicios de telecomunicaciones básicos en evolución dentro de Puerto Rico, según se establezca de tiempo en tiempo por la Junta según la Ley Federal de Comunicaciones. (dd) "Servidumbres de Paso" significará para efectos de esta Ley cualquier poste, canal, conducto o derecho de paso, propiedad de, o controlado por una compañía de telecomunicaciones. (ee) "Telecomunicaciones" significa la transmisión de información seleccionada por el usuario, entre puntos especificados por el usuario, sin que se cambie el formato o contenido de la información enviada y recibida.
(a) Por la presente se crea la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico como la agencia encargada de reglamentar los servicios de telecomunicaciones en Puerto Rico y de dar cumplimiento y administrar esta Ley. Todas las órdenes y autorizaciones que expida y emita la Junta se expedirán a nombre de la "Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico", y todos los procedimientos instituidos por la Junta lo serán a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(b) La Junta tendrá un sello oficial con las palabras Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico y el diseño que la Junta prescribiere.
(a) La Junta estará compuesta de tres (3) miembros asociados, uno de los cuales será su Presidente, nombrados todos por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado.
(1) El Gobernador fijará la remuneración y los demás beneficios de los miembros asociados.
(b) Dos (2) miembros de la Junta constituirán quórum para una sesión de la Junta en pleno.
(c) Todas las acciones llevadas a cabo por el Presidente o por uno de los miembros asociados estarán sujetas a la revisión de la Junta en pleno.
(d) Las decisiones de la Junta se tomarán por mayoría de sus miembros y estarán sujetas a revisión por el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico; excepto en aquellas situaciones en que la Ley Federal de Comunicaciones confiera la jurisdicción a la Comisión Federal de Comunicaciones o al Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico.
(a) Los miembros de la Junta, serán ciudadanos de los Estados Unidos de América y residentes de Puerto Rico, y deberán poseer experiencia ampliamente reconocida en la industria de las telecomunicaciones. Los miembros no podrán tener interés directo o indirecto en, ni relación contractual alguna con, las compañías de telecomunicaciones sujetas a la jurisdicción de la Junta, o en entidades dentro o fuera de Puerto Rico afiliadas con, o interesadas en dichas compañías de telecomunicaciones. Ningún miembro de la Junta podrá, una vez haya cesado en sus funciones, representar a persona o entidad alguna ante la Junta en relación con cualquier asunto en el cual haya participado mientras estuvo al servicio de la Junta y durante los dos (2) años subsiguientes a la separación del cargo cuando se trate de cualquier otro asunto. Las actividades de los miembros durante y después de la expiración de sus términos estarán sujetas a las restricciones dispuestas en la Ley de Etica Gubernamental, Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985.
(b) Los primeros miembros nombrados en virtud de esta Ley, ocuparán sus cargos por los siguientes términos: El Presidente por siete (7) años, un (1) miembro asociado por cinco (5) años, y un (1) miembro asociado por tres (3) años. Sus sucesores serán nombrados por un término de seis (6) años. Cualquier persona escogida para llenar una vacante será nombrada solamente por el término no vencido del miembro a quien sucede. Al vencimiento del término de cualquier miembro, éste podrá continuar en el desempeño de sus funciones hasta que haya sido nombrado su sucesor y éste haya tomado posesión de su cargo. Los términos se contarán a partir de la fecha de vencimiento del término anterior.
La Junta promulgará aquellos reglamentos necesarios para regir su funcionamiento interno, incluyendo tipo y frecuencia de las reuniones, nombramientos, contratación y retribución de personal.
El Presidente presidirá todas las reuniones de la Junta, estará a cargo de todas las operaciones
administrativas y representará a ésta en toda materia relativa a legislación e informes legislativos, pero cualquier miembro podrá presentar su opinión disidente o suplementaria. El Presidente también representará a la Junta cuando se requieran conferencias o comunicación con otros jefes de agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En caso de ausencia del Presidente o de incapacidad en el cumplimiento de sus responsabilidades, la Junta podrá temporalmente designar uno de los miembros para que asuma la posición del Presidente hasta que la causa o circunstancias que requieren tal designación cesen o se corrijan.
La Junta será considerada como un administrador individual según lo dispuesto en la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada.
La Junta en consulta con la Oficina de Etica Gubernamental promulgará un reglamento de ética para regular las relaciones entre su personal y las compañías de telecomunicaciones.
(a) La Junta tendrá jurisdicción primaria sobre todos los servicios de telecomunicaciones y sobre todas las personas que rindan estos servicios dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sobre toda persona con un interés directo o indirecto en dichos servicios o compañías. Específicamente, la Junta tendrá jurisdicción sobre: (1) Cualquier persona que viole las disposiciones de esta Ley o los reglamentos de la Junta, incluyendo a cualquier persona o entidad que utilice su control sobre los servicios o compañías de telecomunicaciones para llevar a cabo tal violación; (2) Cualquier persona cuyas acciones afecten la prestación del servicio de telecomunicaciones, incluyendo a cualquier persona o entidad que utilice su control sobre los servicios o compañías de telecomunicaciones para afectar la prestación de los antes mencionados servicios; (3) Cualquier persona que lleve a cabo cualquier actividad para la cual sea necesaria una certificación de la Junta; (4) Cualquier persona cuyas acciones u omisiones resulten en perjuicio de las actividades, recursos o intereses sobre los cuales la Junta posee poderes de reglamentación, supervisión o vigilancia, incluyendo cualquier persona que utilice su control sobre servicios o compañías de telecomunicaciones de tal manera que resulte en dicho perjuicio.
La Junta ejercerá su jurisdicción en todo aquello que no esté en conflicto con las
disposiciones estatutarias y reglamentarias federales, especialmente las que corresponden a la Comisión Federal de Comunicaciones, así como aquellas normas federales que ocupen el campo.
(a) La Junta adoptará, promulgará, enmendará y derogará aquellas reglas, órdenes y reglamentos según entienda sea necesario y propio al ejercicio de sus facultades y el desempeño de sus deberes. Al adoptar, enmendar o derogar reglas o reglamentos, la Junta estará sujeta a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1989, según enmendada; y, además: (1) Notificará por correo certificado a las compañías de telecomunicaciones en Puerto Rico que hayan recibido una certificación según lo dispuesto en el inciso
(a) del Artículo 2 del Capítulo III de esta Ley, un aviso sobre propuestas de reglamentación, que explique la adopción, enmienda o derogación que propone la Junta, incluya información de dónde podrá obtenerse el texto completo del cambio propuesto, y conceda un término de no menos de 30 días para someter comentarios a la propuesta; y (2) Antes de adoptar, enmendar o derogar un reglamento, la Junta emitirá una resolución explicando la razón de su actuación, dando atención específica a cada uno de los planteamientos que se hayan hecho por escrito con respecto a la propuesta reglamentaria.
(b) La Junta tendrá las siguientes facultades para asegurar el cumplimiento de esta Ley y sus reglamentos: (1) Imponer multas administrativas razonables por violaciones a esta Ley, sus reglamentos y órdenes; hasta un máximo de veinticinco mil $(25,000)$ dólares por violación. (2) Exigir cualquier clase de información que sea necesaria para el adecuado cumplimiento de sus facultades, aclarando, sin embargo, que la información considerada confidencial por su fuente será debidamente salvaguardada y entregada exclusivamente al personal de la Junta con estricta necesidad de conocerla, bajo cánones de no-divulgación. Cualquier reclamo de confidencialidad de información de una compañía de telecomunicaciones bajo este inciso, deberá ser resuelto de forma expedita por la Junta mediante Resolución a tales efectos, antes de que cualquier información alegadamente confidencial por su fuente sea divulgada. Aquella información suministrada por cada una de las compañías de telecomunicaciones relacionada a sus precios y cargos, según lo dispuesto en el inciso
(a) del Artículo 7 del Capítulo III de esta Ley, será pública y disponible a cualquier persona que la solicite; (3) Ordenar el cese de actividades o actos en violación de cualquier disposición de esta Ley o los reglamentos de la Junta; (4) Imponer y ordenar el pago de costas, gastos y honorarios de abogado, así como el
pago de gastos y honorarios por otros servicios profesionales y de consultoría, incurridos en procedimientos adjudicativos ante la Junta; (5) Ordenar que se realice cualquier acto en cumplimiento de las disposiciones de esta Ley o los reglamentos de la Junta; (6) Acudir a los foros que correspondan para hacer cumplir los propósitos de esta Ley, así como sus reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones; (7) Comparecer ante cualquier entidad privada, organización pública, tribunal, junta, comité, organización administrativa, departamento, oficina o agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o del Gobierno de los Estados Unidos en cualquier vista, procedimiento o materia que afecte o que pueda afectar los propósitos de esta Ley o los reglamentos que la Junta promulgue o los intereses de los consumidores de servicio de telecomunicaciones; y (8) Llevar a cabo cualesquiera otros actos, de ser necesarios, para asegurar el cumplimiento de esta Ley o los reglamentos que promulgue, tales como:
(i) conducir vistas públicas; (ii) emitir citaciones bajo apercibimiento de desacato, las que deberán estar firmadas por un miembro y ser notificadas personalmente o por correo certificado con acuse de recibo; (iii) participar, a solicitud de parte, en negociaciones entre compañías de telecomunicaciones y mediar las diferencias que surjan en el curso de tales negociaciones; e (iv) intervenir como árbitro conforme a lo dispuesto en la Sección 252(b) de la Ley Federal de Comunicaciones.
(c) La Junta tendrá autoridad para llevar a cabo inspecciones, investigaciones y auditorías, de ser necesarias, para alcanzar los propósitos de esta Ley.
(d) La Junta tendrá, además, los siguientes poderes y facultades: (1) Subsistir a perpetuidad, demandar y ser demandada como persona jurídica; y (2) Otorgar contratos y formalizar toda clase de documentos que fuesen necesarios o convenientes en el ejercicio de sus poderes.
(e) Todo acuerdo entre la Junta y cualquier compañía de telecomunicaciones se llevará a cabo
por escrito y toda la documentación resultante se deberá mantener en archivo. La Junta establecerá sus oficinas e instalaciones separadas de las de cualquier compañía sujeta a su jurisdicción.
(f) Todas las acciones, las reglamentaciones y determinaciones de la Junta se guiarán por la Ley Federal de Comunicaciones, por el interés público y especialmente por la protección de los derechos de los consumidores.
(a) Expropiación. La Junta tendrá la facultad de identificar aquella propiedad privada que sea necesario expropiar para la prestación de servicios de telecomunicaciones de conformidad con los objetivos de esta Ley. Dicha propiedad podrá ser expropiada a petición de la Junta, por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representado por el Gobernador o por la agencia o funcionario en quien éste delegue.
(b) Servidumbres Legales. La Junta adoptará reglas y reglamentos para el establecimiento, uso y disfrute de servidumbres para cualesquiera facilidades necesarias para la instalación de sistemas necesarios para prestar servicio de telecomunicaciones, según lo dispuesto en la Ley Núm. 143 de 20 de julio de 1979, según enmendada. Estos beneficios aplicarán por igual a todas las compañías proveedoras de servicios de telecomunicaciones, sin distinción alguna.
En las reglas y reglamentos que se adopten la Junta deberá establecer las obligaciones que surgen del disfrute de este derecho. Entre éstas, la obligación de coordinar con las demás compañías los trabajos de instalación, reparación y mantenimiento para aminorar los perjuicios que se ocasionen a la propiedad afectada por la servidumbre y sus ocupantes, las normas para evitar las interrupciones a otros servicios y la indemnización por daños ocasionados al servicio que ofrecen otras compañías y a la propiedad.
(a) En Uno o Más Miembros. Excepción hecha de la facultad de adoptar reglamentos, la Junta podrá, mediante orden, asignar, referir, o delegar cualquier asunto adjudicativo o no adjudicativo para su resolución en uno o más miembros que serán nombrados en dicha orden y quienes tendrán las facultades de la Junta que ésta delegue expresamente en la referida orden. Los miembros tendrán la autoridad para (1) administrar juramentos y tomar deposiciones, (2) emitir citaciones, (3) recibir y evaluar evidencia, (4) presidir las vistas y (5) celebrar conferencias para simplificar los procedimientos. Cualquier orden emitida por uno o más miembros al amparo de este Artículo se convertirá en una orden final de la Junta en pleno a menos que la Junta deje sin efecto, altere o enmiende la orden dentro de los treinta (30) días después de notificada. Las decisiones de la Junta estarán sujetas a revisión por el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico, excepto en aquellas situaciones en que la Ley Federal de Comunicaciones confiere jurisdicción a la Comisión Federal de Comunicaciones o al Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico.
(b) Oficiales Examinadores y Jueces Administrativos. La Junta tendrá la autoridad para asignar, referir o delegar cualquier asunto a oficiales examinadores, quienes tendrán autoridad para recomendar decisiones que entrarán en vigor una vez sean aprobadas por la Junta en pleno. Cualquier examinador nombrado para presidir una vista o investigación tendrá los poderes que expresamente le delegue la Junta y la orden de designación. Además, la Junta podrá designar jueces administrativos con plena facultad decisional. Los referidos oficiales examinadores y jueces administrativos serán designados y desempeñarán sus funciones según lo dispuesto por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico". Las decisiones de la Junta estarán sujetas a revisión por el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico, excepto en aquellas situaciones en que la Ley Federal de Comunicaciones confiere jurisdicción a la Comisión Federal de Comunicaciones o al Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico.
Las disposiciones de esta Ley serán interpretadas liberalmente para poder alcanzar sus propósitos y dondequiera que algún poder específico o autoridad sea dada a la Junta, la enumeración no se interpretará como que excluye o impide cualquier otro poder o autoridad de otra manera conferida a ésta. La Junta aquí creada tendrá, además de los poderes enumerados en esta Ley, todos los poderes adicionales implícitos e incidentales que sean apropiados y necesarios para efectuar y llevar a cabo, desempeñar y ejercitar todos los poderes antes mencionados y para alcanzar los propósitos de esta Ley, sujeto al sobreseimiento de dichos poderes por legislación federal o reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones.
(a) La Junta impondrá y cobrará cargos de acuerdo a lo dispuesto en este Artículo, a los fines de producir ingreso suficiente para: (1) cubrir gastos de funcionamiento de la Junta en el cumplimiento de sus responsabilidades bajo esta Ley, y (2) establecer una reserva, que la Junta determine razonable, para asegurar la operación continua y eficiente de la Junta, conforme a sus metas y objetivos proyectados y la experiencia de gastos en años anteriores. Dicha reserva no excederá del $25 %$ del presupuesto anual de la Junta.
(b) El cargo anual para sufragar los gastos anuales de operación de la Junta será fijado proporcionalmente a base de los ingresos brutos generados por cada compañía de telecomunicaciones o de cable que provea servicios de telecomunicaciones provenientes de la prestación de servicios de telecomunicaciones en Puerto Rico. En el caso de la reventa de servicio, el ingreso bruto no incluirá el costo correspondiente a la adquisición del servicio sujeto a la reventa. Estos cargos serán pagados a la Junta sobre bases trimestrales, de conformidad con el reglamento que ésta promulgue.
(c) Los cargos a imponerse a una compañía de telecomunicaciones o de cable que provea servicios de telecomunicaciones conforme al inciso anterior, no excederán del punto veinticinco por ciento ( $25 %$ ) de su ingreso bruto anual proveniente de la prestación de servicios de telecomunicaciones en Puerto Rico. Las compañías de telecomunicaciones cuyo ingreso bruto anual en Puerto Rico sea menor de veinticinco mil $(25,000)$ dólares estarán exentas del pago de dichos cargos.
(d) Los costos y honorarios pagados por las compañías de telecomunicaciones y cable, según lo dispuesto en el inciso
(e) de este Artículo serán acreditados contra el cargo impuesto a tales compañías en el inciso
(b) . Toda compañía de telecomunicaciones o cable someterá la información requerida por la Junta en la forma y en los formularios que determine ésta de manera que la Junta pueda indicar las cantidades de los cargos establecidos en este Artículo. La Junta no estará obligada a dar notificación previa ni oportunidad de vista antes de imponer cualquier cargo.
(e) La Junta podrá obligar a una compañía de telecomunicaciones o cable a reembolsar los honorarios, gastos extraordinarios y otros costos directos imprevistos incurridos por servicios profesionales y de asesoramiento en las investigaciones, vistas y otros procedimientos realizados en relación con dichas compañías.
(f) Las compañías de telecomunicaciones y cable deberán liquidar el pago de los cargos impuestos dentro de un período no mayor de treinta (30) días después de la notificación al respecto. Cualquier retraso en el pago de dichos cargos estará sujeto a los intereses y penalidades que determine la Junta mediante reglamento. El pago de los cargos deberá hacerse de la forma y a través de los instrumentos negociables que la Junta especifique en cualquier notificación de cargos.
(g) Ninguna compañía de telecomunicaciones o cable podrá solicitar revisión judicial de cualquier cargo impuesto por la Junta a menos que (1) dicha compañía haya pagado o prestado una fianza a satisfacción de la Junta dentro del término establecido en el inciso
(f) de este Artículo o que la Junta haya extendido dicho término; (2) simultáneamente con dicho pago, prestación de fianza o solicitud para prórroga, dicha compañía haya sometido una justificación detallada explicando por qué considera dichos pagos excesivos o ilegales; y (3) hayan pasado noventa (90) días desde la fecha de notificación de los cargos impuestos. Ninguna solicitud de revisión judicial podrá basarse en argumentos diferentes a los que la compañía adujo ante la Junta. La Junta no vendrá obligada a reembolsar ninguna porción de los cargos impuestos si certifica que dicho reembolso afectaría adversamente el funcionamiento de la Junta. Si la Junta emitiera dicha certificación, entonces la compañía de telecomunicaciones o cable afectada tendrá derecho a reducir la cantidad correspondiente de las imposiciones de cargos futuros que la Junta le imponga.
(h) Los pagos actualmente aportados por conceptos de regalía ("franchise fee") por las compañías de cable a la Comisión de Servicio Público, de acuerdo a la última franquicia otorgada por dicha Comisión a las compañías de cable, serán hechos en su totalidad a partir de la fecha de vigencia de esta Ley a la Junta.
(i) El Secretario de Hacienda ingresará en una cuenta especial denominada "Fondo Especial de la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones", los dineros recaudados en virtud de esta Ley, los cuales podrán ser utilizados única y exclusivamente para sufragar los gastos de operación y funcionamiento de la Junta.
(j) El presupuesto de gastos de funcionamiento de la Junta se consignará separadamente del Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico.
(a) A la fecha de aprobación de esta Ley, se presume que el acarreador de servicio conmutado local incumbente tiene dominio de mercado en la prestación de servicio local de telecomunicaciones, servicio de acceso y servicios de larga distancia intraestatal y que no lo tiene en los mercados de telefonía celular y radiolocalizadores (beepers).
(b) La Junta podrá, una vez se le solicite y luego de la notificación y comentarios públicos correspondientes, abstenerse ('forbear') de aplicar, o eximir parcialmente, a un acarreador de servicio conmutado local sin dominio de mercado en Puerto Rico de aquellas disposiciones de esta Ley de aplicación exclusiva a dicho acarreador de servicio conmutado local, excepto la obligación de contribuir al servicio universal.
(c) Transcurridos 3 meses luego de haberse constituido la Junta, y a petición del acarreador de servicio conmutado local incumbente, o en todo caso, dentro de los tres años de la fecha de vigencia de esta Ley, la Junta iniciará un procedimiento que incluirá notificación y comentarios públicos, para determinar si el acarreador de servicio conmutado local incumbente retiene dominio de mercado sobre la totalidad o parte de los mercados de servicios de telecomunicaciones que se indican en el inciso
(a) . Si la Junta determina que el acarreador de servicio conmutado local incumbente no mantiene dominio de mercado en cualquier línea de negocios, podrá abstenerse ('forbear') de reglamentar a éste o podrá también relevarlo de cualquiera de las disposiciones de esta Ley de aplicación exclusiva al acarreador de servicio conmutado local incumbente en la línea de negocio en que éste no mantenga dominio de mercado.
(a) A partir de la fecha en que la Junta promulgue el reglamento requerido por este Artículo, y excepto lo dispuesto en la Sección 332
(c) (1) de la Ley Federal de Comunicaciones, toda compañía de telecomunicaciones deberá recibir una certificación válida de la Junta para prestar servicios de telecomunicaciones en Puerto Rico. La Junta no tendrá autoridad para denegar un pedido de certificación para proveer servicio de telecomunicaciones por razones arbitrarias, discriminatorias o cuyo propósito sea evitar la competencia.
(b) La Junta adoptará los reglamentos especificando la forma, el contenido y los procedimientos para radicar solicitudes de certificación que serán de aplicación uniforme. Todo solicitante deberá acreditar su solvencia moral y económica, su experiencia o historial en el área en que solicita certificación. La Junta expedirá la certificación si determina que, aparte de cumplir sustancialmente con los criterios uniformes establecidos, la misma es consistente con el mandato de la Ley Federal de Comunicaciones, los objetivos de interés publico que persigue esta Ley y salvaguarda, además, los intereses de los consumidores.
(c) Toda compañía de telecomunicaciones que provea servicios a la fecha de vigencia de los reglamentos descritos en este inciso, tendrá derecho a recibir una certificación para proveer dichos servicios. Dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de esta Ley, la Junta adoptará reglamentos especificando la forma y el contenido de las solicitudes para tales certificaciones. Las solicitudes de dichas compañías de telecomunicaciones serán presentadas a la Junta dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de vigencia del reglamento promulgado por la Junta. Toda solicitud presentada se considerará concedida pasados treinta (30) días de la fecha de presentación de la solicitud. No constituirá una violación de esta Ley por parte de una compañía de telecomunicaciones el continuar prestando los servicios que éstas proveían: (1) antes de la adopción por la Junta de la reglamentación requerida por este inciso; (2) antes del vencimiento del plazo para radicar la solicitud de certificación o franquicia automática según se dispone en esta sección; o (3) antes de que la Junta actúe sobre la solicitud presentada por dicha compañía de telecomunicaciones para proveer dichos servicios.
(d) Todas las certificaciones concedidas por la Junta de acuerdo con lo dispuesto en este Artículo podrán ser modificadas, suspendidas o revocadas por la Junta, por justa causa y después de notificación y oportunidad para vista.
(e) La Junta no implantará reglamentos, ni dictará órdenes, ni impondrá requisitos que tengan o puedan tener como consecuencia el prohibir o interferir con la capacidad de cualquier persona para proveer servicios de telecomunicaciones, con excepción de lo dispuesto en la Sección 253 de la Ley Federal de Comunicaciones.
Ningún acarreador de servicio conmutado local podrá descontinuar, reducir o menoscabar el servicio total o parcial de una comunidad sin competencia efectiva por razón de la falta de rentabilidad en la operación de dicho servicio a menos que tenga una autorización válida de la Junta para dicha descontinuación, reducción o menoscabo. La Junta concederá dicha autorización si determina que la misma no violenta los propósitos de esta Ley. Si la Junta negare una solicitud para descontinuar, reducir o menoscabar el servicio total o parcial de una comunidad, el acarreador de servicio conmutado local tendrá derecho a solicitar o continuar recibiendo de la Junta una compensación justa y adecuada bajo el programa de servicio universal para continuar brindando aquellos servicios elegibles para recibir fondos de dicho programa. Cualquier acción que implique o conlleve una violación a este Artículo o a los reglamentos adoptados por la Junta será nula ab initio. Las disposiciones de este Artículo no aplicarán a servicios sujetos a competencia efectiva.
(a) La Junta adoptará la reglamentación necesaria para requerirle al acarreador de servicio conmutado local incumbente que provea servicios y acceso a sus instalaciones a cualquier compañía de telecomunicaciones certificada que lo solicite en cualquier punto de su red donde sea técnicamente viable y en forma segregada ('unbundled'), incluyendo cualquier característica, función y capacidad de su red, mediante el pago de cargos determinados a base de su costo real y una ganancia como la prevista en la Ley Federal de Comunicaciones y bajo condiciones razonables, no discriminatorias y acordadas mutuamente entre las partes.
(b) Toda compañía de telecomunicaciones tendrá el deber de proveer la interconexión a sus instalaciones directamente o indirectamente en cualquier punto dentro de su red donde sea técnicamente viable, bajo términos justos y no discriminatorios y sin demoras o restricciones técnicas innecesarias.
(c) Todo acarreador de servicio conmutado local proveerá interconexión y acceso a su red en cualquier punto que sea técnicamente viable mediante el pago de cargos basados en costos reales y una ganancia como la prevista en la Ley Federal de Comunicaciones y en términos individualmente diseñados, según se acuerde en el contrato de interconexión con tal compañía de telecomunicaciones y en todo caso con arreglo a términos no menos favorables que los provistos a las afiliadas del acarreador de servicio conmutado local.
(d) Todo acarreador de servicio conmutado local ofrecerá y proveerá las características, funciones y capacidades de su red, en forma no discriminatoria, y sujeto a un contrato de interconexión consistente con los siguientes principios: (1) Cada acarreador de servicio conmutado local facilitará la competencia en los servicios de conmutación local permitiendo la interconexión a otras compañías de telecomunicaciones en cualquier punto de su red local donde sea técnicamente viable. Todo acarreador de servicio conmutado local ofrecerá acceso a sus redes en forma segregada ('unbundled') brindando acceso separadamente en cualquier punto de su red que sea técnicamente viable a:
(i) las líneas de acceso locales (conectando las oficinas centrales de servicio telefónico local con las instalaciones del abonado); (ii) ciertas funciones de conmutación de la oficina central; (iii) funciones de conmutación de la oficina 'tandem' y (iv) transporte entre la oficina central del acarreador de servicio conmutado local y/o el equipo de conmutación en las oficinas 'tandem'. Los acarreadores de servicio conmutado local podrán cobrarle a las compañías de telecomunicaciones por los servicios o el uso de instalaciones indispensables a la prestación del servicio o las instalaciones solicitadas si dichos servicios o instalaciones son técnicamente necesarios para prestar los servicios que fueran solicitados. (2) Cada acarreador de servicio conmutado local ofrecerá para reventa a precios de mayorista cualquier servicio de telecomunicaciones que dicho acarreador preste a precios al detal a abonados que no sean compañías de telecomunicaciones.
(3) Toda tarifa segregada negociada por un acarreador de servicio conmutado local en el contrato de interconexión deberá seguir una metodología que le permita al acarreador de servicio conmutado local recuperar el costo real de proveer el servicio más una ganancia razonable, según lo dispone la sección 252(d)(1) de la Ley Federal de Comunicaciones.
(e) La Junta se asegurará que toda compañía de telecomunicaciones sea compensada justamente por la transportación y terminación de servicios de telecomunicaciones a través de sus redes y que la compensación refleje los costos razonables y necesarios de cada compañía. La Junta requerirá arreglos de compensación recíproca y podrá permitir arreglos de compensación negociados, que podrán incluir "bill and keep", compensación simétrica, o cualquier otra distribución razonable de rentas que sea aceptable a las partes contratantes. A solicitud de parte durante las negociaciones, la Junta cumplirá con lo requerido en el Artículo 5 del Capítulo III de esta Ley y la Sección 252 de la Ley Federal de Comunicaciones de 1996.
(f) Toda compañía de telecomunicaciones deberá proveer, bajo términos justos y no discriminatorios, la interconexión directa o indirecta a cualquier punto de su red donde sea técnicamente viable, y acceso a sus instalaciones con todas las características, funciones y capacidades de la misma, incluyendo colocación física ('physical collocation'), excepto que dicha compañía podrá proveer colocación virtual ('virtual collocation') si la compañía de telecomunicaciones le demuestra a la Junta que la colocación física no es práctica debido a limitaciones de espacio. De igual manera, toda compañía de telecomunicaciones hará disponible la información necesaria para la transmisión, enrutamiento y cobro de cualquier servicio de telecomunicaciones, incluyendo acceso a base de datos, sistemas de señales y procesos de envío, para asegurar la inter-operabilidad de las redes de la compañía de telecomunicaciones que recibe la solicitud de interconexión y la compañía de telecomunicaciones que solicita la misma.
(g) Toda compañía de telecomunicaciones tendrá acceso bajo términos justos y no discriminatorios a las servidumbres de paso de otras compañías de telecomunicaciones. Toda compañía de telecomunicaciones deberá proveer acceso no discriminatorio a cualquier servidumbre de paso de su propiedad o bajo su control bajo cargos, términos, y condiciones justas y razonables, mutuamente acordadas. Todo cargo, y/o condiciones para el uso de cualquier servidumbre de paso deberá ser justo y razonable; y a su vez, deberá ser consistente con las reglas y decisiones de la Comisión Federal de Comunicaciones, de la Junta, y con las decisiones judiciales que han interpretado las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Comunicaciones.
(h) La Junta administrará la numeración de las telecomunicaciones y pondrá los números a la disposición de las compañías de telecomunicaciones sobre base equitativa en la medida en que la Comisión Federal de Comunicaciones le delegue la facultad correspondiente. El costo de establecer acuerdos para la administración de la numeración de telecomunicaciones y la portabilidad de los números será sufragado por todas las compañías de telecomunicaciones sobre una base competitivamente neutral y según lo establezca o disponga la Comisión Federal de Comunicaciones.
(i) Todo acarreador de servicio conmutado local proveerá, en la medida que sea técnicamente viable, portabilidad de números, de conformidad con las normas emitidas por la
Comisión Federal de Comunicaciones. Si la Comisión no hubiese emitido normas al efecto para el 31 de diciembre de 1996, la Junta estudiará otros programas de portabilidad de números que puedan ser viables.
(j) Todo acarreador de servicio conmutado local ofrecerá acceso confiable y no discriminatorio al servicio de asistencia de directorio; servicio de operador(a); servicio de relevo; servicio de reparación; servicio 911, donde aplique; a las guías telefónicas; servicio de referido y cambio de número; y proveerá a toda compañía de telecomunicaciones que lo solicite, a precios razonables, el nombre y dirección de sus clientes para propósitos de facturación y los nombres y direcciones de sus clientes que hayan sido publicados en una guía de teléfonos publicada directa o indirectamente por dicho acarreador, para propósitos y bajo términos y condiciones a ser negociados por las partes. Todas las compañías de telecomunicaciones cooperarán para ofrecer servicios confiables del sistema 911 y de relevo.
(k) Ninguna compañía de telecomunicaciones podrá usar los ingresos generados por servicios no-competitivos para subsidiar el ofrecimiento o la prestación de servicios competitivos, ni discriminará a favor de su propio servicio competitivo al proveer servicios de telecomunicaciones. (1) Ninguna compañía podrá ofrecer un servicio de telecomunicaciones a precios bajo el costo de prestación, excepto por período breve y bajo aquellos términos y condiciones previamente aprobados por la Junta. Al evaluar las solicitudes que al amparo de este inciso sometan las compañías de telecomunicaciones, la Junta deberá tomar en consideración su impacto en la libre competencia y el perjuicio que le pueda causar a sus competidores. La Junta velará por el más estricto cumplimiento de este inciso y, sin perjuicio de los derechos de las compañías de telecomunicaciones afectadas, podrá presentar querellas por prácticas monopolísticas ante el Departamento de Justicia, y a solicitud de una compañía querellada, tomar la propia Junta la acción que corresponda al amparo de esta Ley.
(m) Toda compañía de telecomunicaciones que provea servicios competitivos, y no competitivos, ya sea directamente o por medio de una subsidiaria o afiliada, mantendrá sistemas de contabilidad separados para sus servicios competitivos y no-competitivos.
(n) En caso de que una querella fuese radicada por una compañía de telecomunicaciones contra otra compañía de telecomunicaciones por violaciones a este Artículo, ésta tendrá, de solicitarlo la Junta, que presentar su auditoría anual con el propósito de que la Junta pueda determinar si dicha compañía de telecomunicaciones en efecto ha cumplido con los requisitos de este Artículo. Dicha auditoría, y toda la información relacionada con la misma, será pública, excepto la que la Junta decida mantener en confidencial y para uso exclusivo de ella. La información que se decida mantener como confidencial será la necesaria para proteger información propietaria, secretos comerciales o de negocios, como dispone el Artículo 7(b) (2) del Capítulo II de esta Ley.
(o) En caso de que una querella fuese radicada por una compañía de telecomunicaciones contra otra compañía de telecomunicaciones, la Junta tendrá acceso a todas las cuentas y récords de esta última para poder verificar el cumplimiento de este Artículo, incluyendo los papeles de trabajo y
materiales de apoyo de cualquier auditoría que se lleve a cabo bajo este Artículo. Todo material que se solicite al amparo de lo aquí dispuesto estará a la disposición de quien lo solicite, excepto que la Junta mantendrá en bases confidenciales y para uso exclusivo de ésta, bajo el Capítulo II, Artículo 7(b) (2) de esta Ley, aquel material que sea necesario para proteger información propietaria, secretos comerciales o de negocios.
(p) Todo acarreador de servicio conmutado local deberá proporcionar un aviso público sobre los cambios en la información necesaria relacionados con la transmisión y el enrutamiento ('routing') de los servicios que utilicen sus instalaciones o redes, al igual que cualquier otro cambio que pueda afectar la inter-operabilidad de sus instalaciones y redes con las de cualquier otra compañía de telecomunicaciones competidora.
(q) Dentro de los ciento ochenta (180) días de ser aprobada esta Ley, la Junta adoptará los reglamentos necesarios para implantar los requisitos de este Artículo.
(r) Ninguna ley o reglamento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico u ordenanza municipal limitará o prohibirá ni tendrá el efecto de limitar o prohibir, la capacidad de una compañía de telecomunicaciones para prestar servicios de telecomunicaciones competitivos a nivel intraestatal o interestatal, disponiéndose que los tribunales de Puerto Rico no pondrán en efecto o exigirán el cumplimiento de tales leyes, reglamentos u ordenanzas municipales que tengan o puedan tener el efecto de impedir o de cualquier otra forma limitar la libre prestación de tales servicios.
(s) Nada de lo dispuesto en este Artículo menoscabará derechos bajo la Ley Federal que hubieren sido reclamados ante la Comisión de Servicio Público.
(a) Acuerdos Logrados a Través de la Negociación (1) Negociaciones Voluntarias. Una vez se reciba una petición de interconexión, servicios, o acceso a elementos de la red de conformidad con el Artículo 4 del Capítulo III de esta Ley, un acarreador de servicios conmutados local incumbente podrá negociar y otorgar un contrato con la compañía de telecomunicaciones peticionaria sin que sean de aplicación las normas establecidas en los incisos
(a) ,(c),(d),(e),(f),(g),(i) y
(j) del Artículo 4, Capítulo III de esta Ley. El acuerdo incluirá una relación detallada de los cargos individualizados para interconexión y cada servicio o acceso a elementos de la red incluido en el acuerdo. Dicho acuerdo, al igual que cualquier acuerdo de interconexión negociado antes de la fecha de aprobación de la Ley de Telecomunicaciones de 1996, se radicará ante la Junta bajo el inciso
(e) de este Artículo. (2) Mediación. Cualquiera de las partes que estén negociando un acuerdo bajo este Artículo podrá solicitar, a la Junta, en cualquier momento en la negociación, que participe en la misma y que resuelva diferencias que surjan durante el curso de la negociación.
(b) Acuerdos Logrados a Través de Arbitraje Compulsorio. (1) Arbitraje. Durante el período desde el día 135 y hasta el día 160, inclusive, a partir de la fecha en la que el acarreador de servicio conmutado local incumbente reciba una petición para negociar al amparo de este Artículo, cualquiera de las partes en la negociación podrá solicitar a la Junta que arbitre asuntos en controversia. (2) Deber del Peticionario (A) La parte que solicite arbitraje a la Junta bajo el párrafo (1) de este inciso
(b) deberá proveer, al momento de radicar su petición, toda la documentación pertinente a:
(i) asuntos no resueltos; (ii)la posición de cada una de las partes en relación con tales asuntos; y (iii)cualesquiera otros asuntos discutidos y resueltos por las partes. (B) La parte que solicite el arbitraje bajo el párrafo (1) de este inciso
(b) deberá proveer a la otra parte o partes una copia de la petición y cualquier otra documentación pertinente que hubiese sometido no más tarde del día en que la Junta reciba tal petición. (3) Oportunidad de Responder.
La parte no peticionaria en una negociación al amparo de este Artículo podrá contestar a la petición de la otra parte y podrá proveer la información adicional que estime pertinente dentro de los 25 días siguientes a la fecha en que la Junta reciba la petición. (4) Acción de la Junta (A) La Junta limitará su consideración sobre cualquier petición al amparo del párrafo (1) de este inciso
(b) , al igual que de la contestación, si alguna, a los asuntos planteados por las partes. (B) La Junta podrá requerir a la parte peticionaria y a la parte respondente la información que estime necesaria para que ésta pueda decidir los asuntos en controversia. Si cualquier parte se negare a responder o incumpliera dentro de un período de tiempo razonable, sin justificación, a un pedido de la Junta, entonces ésta podrá resolver los planteamientos utilizando como base la mejor información disponible, independientemente de la fuente de la misma. (C) La Junta resolverá cada asunto planteado en la petición y, de haberla, en la
contestación a la misma, imponiendo a las partes en el acuerdo las condiciones pertinentes requeridas para la implementación del inciso
(c) de este Artículo. La Junta resolverá los asuntos que las partes negociantes no hubiesen podido resolver dentro de los nueve (9) meses siguientes a la fecha en que el acarreador de servicio conmutado local hubiese recibido la solicitud del peticionario, según se dispone en el Artículo 4 del Capítulo III de esta Ley. (5) Negativa a Negociar.
La negativa de cualquier otra parte en la negociación a seguir negociando, a cooperar con la Junta en el desempeño de sus funciones como árbitro, o a continuar negociando de buena fe en la presencia, o con la asistencia de la Junta, se considerará una negativa a negociar de buena fe.
(c) Normas para Arbitraje. Al resolver cualquier asunto en controversia mediante arbitraje bajo el inciso
(b) , y al imponer condiciones a las partes en el acuerdo, la Junta: (1) se asegurará de que tal solución y condiciones cumplen los requisitos de la sección 251 de la Ley Federal de Comunicaciones y los reglamentos aprobados por la Comisión Federal de Comunicaciones a tenor con la misma; (2) establecerá cualesquiera tarifas para interconexión, servicios, o acceso a elementos de la red de acuerdo al inciso
(d) ; y (3) establecerá un término para la implementación de los términos y condiciones para las partes en el acuerdo.
(d) Normas Sobre Precios. (1) Cargos por Interconexión y Acceso a Elementos de la Red.
Las determinaciones de la Junta en torno a lo que constituyen tarifas justas y razonables de interconexión de instalaciones y equipo, para propósitos de la interconexión dispuesta en el Artículo 4 del Capítulo III, al igual que sobre lo que constituyen tarifas justas y razonables por el uso de elementos de la red para propósitos del acceso segregado dispuesto en tal Artículo: (A) Se basarán en:
(i) El costo de proveer la interconexión o el acceso a elementos de la red, lo cual será aplicable sin referencia a réditos o a cualquier otra fórmula basada en tasas de rendimiento, y en (ii) criterios no-discriminatorios.
(B) podrán incluir una ganancia razonable. (2) Cargos por Transportación y Terminación de Tráfico. (A) En General. A los efectos de cumplimiento por el acarreador de servicios conmutado local incumbente con el requisito de compensación recíproca dispuesto en el Artículo 4 del Capítulo III, la Junta no considerará justos y razonables los términos y condiciones de la compensación recíproca, a menos que
(i) tales términos y condiciones provean a cada compañía una recuperación mutua y recíproca de los costos relacionados con la transportación y terminación en las instalaciones de la red de cada compañía de llamadas que se originan en la red de otra compañía; y (ii)tales términos y condiciones establezcan dichos costos sobre la base de una aproximación razonable de los costos adicionales que conlleva la terminación de las llamadas. (B) Reglas de Interpretación. Este párrafo no se interpretará:
(i) para impedir arreglos que propicien la recuperación recíproca de costos a través de la compensación recíproca de obligaciones, incluyendo arreglos que no contemplen la recuperación recíproca, tales como arreglos de "bill and keep"; y (ii)como una autorización para que la Junta lleve a cabo procedimientos de reglamentación de tarifas para establecer, particularmente, los costos adicionales de la transportación o terminación de llamadas, o para requerir a las compañías que mantengan récords con respecto a los costos adicionales de tales llamadas. (3) Precios al Por Mayor para los Servicios de Telecomunicaciones.
Para los fines del requisito de reventa dispuesto en el Artículo 4 del Capítulo III, la Junta determinará las tarifas al por mayor utilizando como base las tarifas al detal cobradas a los usuarios por los servicios de telecomunicaciones solicitados, excluyendo la porción atribuible a cualquier costo de mercadeo, facturación y cobro, y otros costos en que no incurra el acarreador de servicio conmutado local.
(e) Aprobación por la Junta. (1) Aprobación Requerida.
Cualquier acuerdo de interconexión adoptado por negociación o arbitraje será sometido para la aprobación de la Junta. La Junta podrá aprobar o rechazar el mismo con determinaciones de hechos, por escrito, sobre deficiencias que haya encontrado. (2) Bases para Rechazar. La Junta podrá rechazar acuerdos si determina que: (A) El acuerdo, o cualquier parte del mismo, adoptado por negociación bajo el inciso
(a) de este Artículo 5;
(i) discrimina contra una compañía de telecomunicaciones que no es parte en el acuerdo; o (ii)la implementación de dicho acuerdo o parte del mismo no es consistente con el interés público, la conveniencia y la necesidad. (B) El acuerdo, o cualquier parte del mismo, adoptado por arbitraje bajo el inciso
(b) de este Artículo, no cumple con los requisitos de la Sección 251 de la Ley Federal de Comunicaciones, incluyendo la reglamentación promulgada por la Comisión Federal de Comunicaciones al amparo de dicha Sección 251, o las normas establecidas en el inciso
(d) de este Artículo. (3) Conservación de Autoridad. Independientemente de lo dispuesto en el párrafo (2) de este inciso
(e) , pero sujeto a la Sección 253 de la Ley Federal de Comunicaciones, nada en este inciso prohibirá a la Junta establecer o hacer cumplir otras disposiciones de las leyes de Puerto Rico en el proceso de revisar un acuerdo, incluyendo el cumplimiento con las normas y requisitos de calidad impuestos a los servicios de telecomunicaciones intra-estatal. (4) Término para Tomar Decisiones. Si la Junta no actúa para aprobar o rechazar un acuerdo convenido mediante negociación bajo el inciso
(a) sometido ante su consideración dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de radicación del mismo, o dentro de los treinta (30) días en caso de un acuerdo adoptado mediante arbitraje bajo el inciso
(b) , dicho acuerdo se entenderá aprobado. Ningún Tribunal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá jurisdicción para revisar las determinaciones que a este efecto adopte la Junta. (5) Revisión de las Actuaciones de la Junta. En cualquier caso en que la Junta llegue a una determinación bajo este Artículo, cualquier parte afectada por la misma podrá radicar la acción correspondiente en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico a fin de que éste determine si el acuerdo cumple con los requisitos de las Secciones 251 y 252 de la Ley Federal de Comunicaciones.
(f) Declaración General de Términos.
(1) Una compañía de telecomunicaciones podrá preparar y radicar ante la Junta una declaración de los términos y condiciones que dicha compañía generalmente ofrece en Puerto Rico para cumplir con los requisitos de la Sección 251 de la Ley Federal de Comunicaciones y con la reglamentación promulgada bajo la misma por la Comisión Federal de Comunicaciones y las normas que aplican bajo este Artículo. (2) Revisión de la Junta. La Junta no aprobará dicha declaración a menos que la misma cumpla con el inciso
(d) de este Artículo, la Sección 251 de la Ley Federal de Comunicaciones y con la reglamentación promulgada bajo la misma por la Comisión Federal de Comunicaciones. Con excepción de lo dispuesto en la Sección 253 de la Ley Federal de Comunicaciones, nada en este Artículo impedirá que la Junta establezca o haga cumplir cualquier otra ley de Puerto Rico en la revisión de tal declaración, incluyendo el cumplimiento con los requisitos y normas de calidad aplicable a los servicios de telecomunicaciones intra-estatales. (3) Término para Revisión. Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en que se hubiere sometido una declaración, la Junta deberá: (A) completar la revisión de tal declaración bajo el párrafo (2) de este inciso
(f) , incluyendo cualquier reconsideración de la misma, a menos que la compañía que radica consienta a una extensión del período para tal revisión; o (B) permitir que tal declaración entre en vigor. (4) Autoridad para Continuar la Revisión. El párrafo (3) de este inciso
(f) no impedirá que la Junta continúe revisando una declaración cuya vigencia se ampare en el párrafo (B) de tal subinciso, o que apruebe o desapruebe dicha declaración bajo el párrafo (2), de este inciso
(f) . (5) El Deber de Negociar No Se Afecta. La presentación o aprobación de una declaración bajo este inciso no relevará al acarreador de servicio conmutado local incumbente de su deber de negociar los términos y condiciones de un acuerdo bajo el Artículo 4, Capítulo III de esta Ley.
(g) Consolidación de Procedimiento
Cuando no esté en conflicto con los requisitos de esta Ley, la Junta podrá, en la medida que sea viable, consolidar los procedimientos para reducir los cargos administrativos impuestos a las compañías de telecomunicaciones, a las otras partes en los procedimientos, y a la Junta en el desempeño de sus responsabilidades bajo esta Ley.
(h) Requisito de Radicación. La Junta pondrá a disposición, para inspección pública, copia de los acuerdos aprobados bajo el inciso
(e) de este Artículo y de las declaraciones aprobadas bajo el inciso
(f) de este Artículo, dentro de los diez (10) días siguientes de haber sido aprobados. La Junta podrá cobrar un cargo razonable y no discriminatorio a las partes en un acuerdo o a la parte que
radique una declaración para recobrar los costos de aprobación y radicación de tales acuerdos o declaraciones.
(i) Disponibilidad para otras Compañías de Telecomunicaciones. Un acarreador de servicio conmutado local hará disponible cualquier interconexión, servicio o acceso a elemento de la red provisto bajo un acuerdo aprobado al amparo de este Artículo en el cual sea parte, a cualquier otra compañía de telecomunicaciones que lo solicite, bajo los mismos términos y condiciones que se provean en dicho acuerdo.
(j) Definición de Acarreador de Servicio Conmutado Local Incumbente. Para propósitos de este Artículo, el término "acarreador de servicio conmutado local incumbente" tendrá el significado provisto en el inciso
(b) del Artículo 3, Capítulo I de esta Ley.
(a) Principios del servicio universal. (1) La Junta preservará y promoverá el servicio universal mediante mecanismos de apoyo predecibles, específicos y suficientes, a tenor con las disposiciones de la Sección 254 de la Ley Federal de Comunicaciones y con arreglo, además, a los siguientes principios:
(i) La meta del servicio universal es la de proveer servicios de telecomunicaciones de calidad comparable a todos los segmentos de la ciudadanía y áreas geográficas de Puerto Rico. (ii) Los servicios de telecomunicaciones estarán disponibles en todo Puerto Rico a precios justos y razonables, lo cual significa que las tarifas por servicio en áreas rurales serán razonablemente comparables con los precios en las áreas urbanas. (iii) Los servicios avanzados de telecomunicaciones estarán disponibles en todos los municipios y comunidades, así como en toda instalación de servicios de salud, bibliotecas y salones de clase de las escuelas públicas de Puerto Rico. (2) Toda compañía de telecomunicaciones contribuirá sobre una base equitativa y no discriminatoria, según lo establezca la Junta, a la preservación y al desarrollo del servicio universal en Puerto Rico. (3) Las estructuras de los mecanismos de aportación que la Junta desarrolle, implante y revise periódicamente deberán ser complementarios de, pero no duplicarán, los mecanismos de aportación establecidos a nivel federal. (4) El servicio universal tendrá que incluir como mínimo los siguientes servicios, sin
excluir cualquier otro servicio según lo disponga la Junta al amparo del inciso
(c) (3) de este Artículo:
(i) acceso a toda red telefónica conmutada pública ('public switched telephone network') con capacidad para transmitir voz ('voice grade'); (ii) servicio de teletecla por línea privada ('single party service'); (iii) acceso gratuito a servicios de emergencia, incluyendo el servicio de emergencia $911 ; \mathrm{y}$ (iv) acceso a servicio de operador
(a) .
(b) Determinación de compañías de telecomunicaciones elegibles. (1) La Junta podrá, por iniciativa propia o por petición, designar a una compañía de telecomunicaciones como compañía de telecomunicaciones elegible para prestar servicio universal en una o más áreas designadas por la Junta. A petición, y conforme al interés, conveniencia y necesidad pública, la Junta podrá designar a más de una compañía como compañía de telecomunicaciones elegible para un área de servicio establecida por ella, siempre y cuando cada compañía llene los requisitos del inciso
(b) (2) de este Artículo. A los efectos de hacer la designación correspondiente, la Junta tomará en consideración, entre otros factores, factores tecnológicos y el costo de proveer el servicio. (2) Para que una compañía de telecomunicaciones sea designada como compañía de telecomunicaciones elegible para recibir fondos del programa de servicio universal deberá, dentro de toda el área de servicio para la cual haya sido designada:
(i) ofrecer los servicios apoyados por el programa del servicio universal utilizando sus propias facilidades o una combinación de sus propias facilidades y la reventa de los servicios de otra compañía de telecomunicaciones; $y$, (ii) anunciar la disponibilidad de tales servicios y los cargos por los mismos a través de periódicos de circulación general. (3) Si ninguna compañía de telecomunicaciones que recibe fondos del programa del servicio universal desea o puede proveer servicio a una comunidad, o a una porción de la misma, que así lo hubiese solicitado, la Junta determinará cuál o cuáles compañías de telecomunicaciones están en mejor posición para proveer tal servicio y ordenará lo que proceda correspondientemente. Cualquier compañía de telecomunicaciones a la que se le hubiere ordenado proveer servicios bajo este inciso deberá cumplir con los requisitos del inciso
(b) (2) de este Artículo y será designada como una compañía de telecomunicaciones elegible para tal comunidad o una porción de la misma.
(4) La Junta podrá permitir que una compañía de telecomunicaciones elegible, mediante autorización previa de la Junta, abandone su designación en cualquier área servida por más de una compañía de telecomunicaciones elegible. Antes de otorgar la autorización, la Junta impondrá a las restantes compañías de telecomunicaciones elegibles la obligación de asegurar el servicio a los usuarios de la compañía de telecomunicaciones elegible que se retira, y requerirá suficiente notificación para permitir la compra o construcción de instalaciones adecuadas por cualquier otra compañía de telecomunicaciones elegible. Los costos y gastos incurridos por las compañías de telecomunicaciones para proveer servicios elegibles le serán reembolsados por los procedimientos de apoyo del servicio universal. La Junta establecerá un período de tiempo, que no excederá de un año después de la aprobación de tal retiro bajo este inciso, para que se complete la compra o construcción.
(c) Procedimientos del servicio universal. (1) Dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la constitución de la Junta, ésta iniciará un procedimiento formal para implantar los mecanismos de apoyo al servicio universal a nivel de Puerto Rico. Como parte de este procedimiento la Junta tomará en consideración el informe que se hubiera rendido, si alguno, por la Junta Federal Estatal creada en virtud de la Sección 254 de la Ley Federal de Comunicaciones. Este procedimiento incluirá un período de notificación y comentarios. (2) Como parte del procedimiento, la Junta determinará:
(i) los mecanismos de apoyo necesarios en la jurisdicción de Puerto Rico para ampliar o sostener el servicio universal. La decisión a estos efectos será tomada por mayoría de los miembros de la Junta si el mecanismo o los mecanismos favorecidos figuran entre los ya utilizados en cualquier área bajo las jurisdicciones en que rige la Ley Federal de Comunicaciones, o se encontrarán entre aquéllos que estuvieran bajo consideración de la Comisión Federal de Comunicaciones o hayan sido implantados en los distintos Estados de los Estados Unidos de América. La decisión de implantar cualquier otro mecanismo de apoyo requerirá el voto unánime de los miembros de la Junta. (ii) de determinarse que uno de los mecanismos de apoyo deba ser la constitución de un fondo para sufragar el servicio universal a nivel de Puerto Rico, el monto anual de éste será igual a la diferencia entre los costos de proveer los servicios elegibles y los precios máximos que podrán cobrarse por los mismos; (iii) la forma en que las sumas aportadas a través de los mecanismos de apoyo al fondo de servicio universal a nivel de Puerto Rico serán distribuidas entre las compañías de telecomunicaciones elegibles; $y$ (iv) la forma en que cualquier otro mecanismo de apoyo a nivel de Puerto Rico deba ser establecido, administrado y controlado.
(3) Los servicios a ser sufragados por el programa del servicio universal en Puerto Rico incluirán aquellos servicios necesarios para atender las necesidades particulares a nivel de Puerto Rico, según lo establezca la Junta. En la determinación de los servicios que estarán incluidos en la definición de servicio universal, la Junta considerará las recomendaciones hechas, si algunas, por la Junta Federal-Estatal ('Federal-State Joint Board') establecida por la Sección 254(a) de la Ley Federal de Comunicaciones, así como aquellos servicios implantados por los distintos estados de los Estados Unidos de América en sus respectivos programas de servicio universal. (4) Todas las compañías de telecomunicaciones aportarán al fondo del servicio universal de forma equitativa y no discriminatoria. (5) La obligación de aportar al Fondo de Servicio Universal comenzará en la fecha en que la compañía de telecomunicaciones comience a prestar servicios de telecomunicaciones en Puerto Rico y a generar ingresos por concepto de los mismos, con arreglo a la Sección 254(f) de la Ley Federal de Comunicaciones. (6) La Junta tendrá ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de su constitución para completar el procedimiento formal provisto por las disposiciones del inciso
(c) (1) de este Artículo, e implantar el servicio universal. Si a los ciento ochenta (180) días la Junta no hubiere fijado la cantidad a ser aportada por las compañías de telecomunicaciones, ésta fijará en esa fecha una cantidad como aportación provisional a ser pagada por cada compañía de telecomunicaciones en lo que se determina finalmente la cantidad a ser requerida. La cantidad fijada como aportación provisional se aplicará retroactivamente a la fecha de vigencia de esta Ley y se pagará de ahí en adelante hasta tanto la Junta la modifique o sustituya mediante decisión final, firme e inapelable, que deberá adoptarse dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de haberse fijado la aportación provisional. Dicha cantidad será pagada por primera vez por cada compañía de telecomunicaciones dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que la cantidad sea fijada y de ahí en adelante trimestralmente, o según disponga la Junta por reglamento. Dichas cantidades serán pagadas mediante cheque, transferencia electrónica, o cualquier otro medio que disponga la Junta por reglamento. (7) Una vez se adopte una determinación final en cuanto al mecanismo de aportación al servicio universal, la Junta establecerá aquellas medidas necesarias para acreditar las sumas pagadas en exceso o cobrar las deficiencias en los pagos efectuados con anterioridad a la fecha en que se adopte dicha determinación final. (8) Las sumas de dinero aportadas por las compañías de telecomunicaciones al Fondo de Servicio Universal a través de los mecanismos de apoyo establecidos por la Junta ingresarán a una cuenta especial en el Banco Gubernamental de Fomento. Dicho Fondo se utilizará exclusivamente para ayudar a proveer, mantener y mejorar los servicios en apoyo de los cuales el Fondo es creado. (9) Dentro del año siguiente a la constitución de la Junta, ésta designará un administrador independiente, por el método de subasta, para administrar las sumas depositadas en la cuenta del 'Servicio Universal' y supervisar su desembolso a las compañías de telecomunicaciones
elegibles. Todo el proceso de recaudo, administración, desembolso y uso de dichas sumas estará sujeto a auditorías por el Contralor de Puerto Rico. (10) La Junta revisará anualmente el monto de la obligación que cada compañía de telecomunicaciones tiene con el Fondo de Servicio Universal y al fijar la misma tomará en consideración las recomendaciones, si algunas, del administrador. Las decisiones que la Junta adopte a estos efectos se fundamentarán sobre dos factores principales:
(i) el interés público en ampliar y mantener un sistema de telecomunicaciones moderno y al alcance de todos los sectores geográficos y sociales de Puerto Rico y, (ii) la necesidad de velar por que los criterios utilizados para establecer la aportación de las compañías al Fondo sean viables y de aplicación uniforme, equitativa y no sean arbitrarios o discriminatorios. (11) Los fondos obtenidos a través del mecanismo de aportación al servicio universal deberán usarse en forma eficiente para facilitar el ofrecimiento de servicios de alta calidad al mejor precio posible.
(a) Toda compañía de telecomunicaciones tendrá que someterle a la Junta una relación de sus precios y cargos y cada vez que efectúe un cambio en éstos, tendrá que someterlos simultáneamente con su implantación en el mercado.
(b) La Junta podrá, a solicitud de parte interesada y, mediante una querella, evaluar si los precios y/o cargos establecidos no están basados en su costo, violentando así el principio de una justa y sana competencia. A estos fines, la Junta podrá solicitar de la compañía de telecomunicaciones querellada toda la información pertinente a los precios o cargos establecidos por ella. Esta información estará a la disposición de la parte querellante, excepto que la Junta mantendrá en bases confidenciales y para uso exclusivo de ella aquel material que sea necesario para proteger información propietaria, secretos comerciales o de negocio, según se establece en el Capítulo II, Artículo 7(b)(2) de esta Ley.
(c) La Junta tendrá un máximo de treinta (30) días para adjudicar querellas bajo este Artículo. No obstante, la Junta podrá, a solicitud de la compañía de telecomunicaciones querellante, ordenar una suspensión de la aplicación de los precios y/o cargos en cuestión, hasta tanto se resuelva la querella en sus méritos. Toda solicitud para suspender la aplicación temporal de los precios y/o cargos impugnados tendrá que adjudicarse dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días a partir de la fecha de radicación de la solicitud al efecto.
(d) Cuando la Junta determine que la estructura de precios y/o cargos no está basada en costos, la Junta podrá ordenar la suspensión permanente de tales precios y cargos y además imponer multas administrativas hasta un máximo de veinticinco mil $(25,000)$ dólares por cada violación a esta Ley. En el caso de una violación continua, cada día que transcurra constituirá una ofensa por separado, pero el total de la multa impuesta no excederá de doscientos cincuenta mil $(250,000)$ dólares en ningún caso.
Dentro de un período de ciento ochenta (180) días después de la aprobación de esta Ley, la Junta deberá establecer procedimientos mediante los cuales las agencias, departamentos, corporaciones públicas, municipios y subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado hagan disponibles a compañías de telecomunicacioens certificadas, sobre una base justa, razonable y no-discriminatoria, la propiedad inmueble, derechos de paso y servidumbres bajo su control, para la ubicación de nuevos servicios y equipos de telecomunicaciones que sean dependientes, en su totalidad o en parte, de la utilización de derechos federales relacionados con el ancho de banda ("spectrum") para la transmisión o recepción de servicios de telecomunicaciones. Estos procedimientos deben establecer una presunción de que las solicitudes para el uso de la propiedad inmueble, derechos de paso y servidumbres por proveedores debidamente certificados, le sean concedidas siempre y cuando no estén en conflicto directo e inevitable con la misión del departamento, agencia, corporación pública, municipio o subdivisión política o con el uso actual o planificado de la propiedad, derechos de paso y servidumbres propiedad de éstos. Dichos departamentos, agencias, corporaciones públicas, municipios y subdivisiones políticas podrán cobrar cargos razonables por el uso de sus propiedades, derechos de paso y servidumbres.
La disponibilidad de las torres de transmisión se establecerá en todo caso mediante negociación de las partes, conforme a las disposiciones de la ley y jurisprudencia federal.
(a) Franquicias (1) Ninguna compañía de cable podrá construir u operar un sistema de cable, en todo o en parte, en Puerto Rico sin haber obtenido previamente una franquicia bajo este Artículo para dicha construcción u operación. (2) La Junta estará facultada para conceder franquicias no-exclusivas a una o más compañías de cable para proveer dichos servicios si determina que la concesión de tales franquicias, en una o en todas las áreas de servicio y a una o más compañías de cable, adelanta el interés público. Una franquicia podrá concederse por un término específico de tiempo, el cual no excederá de dieciocho (18) años. La Junta especificará en todas las franquicias las condiciones, limitaciones, requisitos y áreas de servicio que determine son necesarias para adelantar los propósitos de esta Ley. Toda franquicia otorgada hasta el presente por la Comisión de Servicio Público quedará en vigor en
cuanto a sus derechos y responsabilidades, asumiendo la Junta jurisdicción sobre los términos y condiciones de dichas franquicias. (3) Sin que se entienda como una limitación, la Junta también especificará en las franquicias aquellas condiciones razonables y los requisitos relativos a la ampliación y modernización de la red, calidad del servicio, extensiones y mejoras en los servicios en áreas sin servicio o pobremente servidas y evaluará las credenciales técnicas, legales, financieras y morales de los oficiales y directores de la compañía de cable a quien se conceda una franquicia. La Junta podrá renovar o extender dichas franquicias por un tiempo determinado que no excederá de diez (10) años, si determina que tales renovaciones o extensiones adelantan los propósitos de esta Ley. (4) Sujeto a las disposiciones de leyes federales aplicables, todo operador de una compañía de cable programará, reservará y ofrecerá acceso a los canales no-comerciales para uso público y educacional como parte de su oferta básica de servicio, de modo que todo subscriptor tenga acceso a dichos canales. La Junta no concederá ninguna autorización para la operación de servicios de cable, a menos que la obligación arriba indicada sea cumplida a satisfacción de la Junta, disponiéndose que la Junta requerirá dicho cumplimiento en las franquicias correspondientes. (5) La Junta podrá modificar, suspender o cancelar una franquicia, por justa causa, si determina que una compañía de cable no ha cumplido substancialmente con los requisitos de tal franquicia, o por motivo de haber violado repetidamente las disposiciones de esta Ley o los reglamentos de la Junta, previa notificación y oportunidad de vista. (6) La Junta promulgará los reglamentos necesarios para poner en efecto las disposiciones de este Artículo. (7) Las disposiciones del presente Artículo, así como todo reglamento promulgado por la Junta en relación con los servicios de cable serán consistentes con la Ley Federal de Televisión por Cable y el Título III de la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1996.
(b) Transferencia de Autoridad
Una vez aprobada la presente Ley, toda autoridad, poderes y deberes relacionados con los sistemas de cable bajo la jurisdicción de la Comisión de Servicio Público, conferidos por ley o reglamento, serán transferidos sin limitación alguna a la Junta.
(c) Cargos por Franquicia
Toda compañía de cable continuará pagando aquellos cargos, contribuciones o impuestos por concepto de regalías ('franchise fees') que paga al momento de la aprobación de la presente Ley; disponiéndose que dichas compañías de cable pagarán además cargos anuales por reglamentación, bajo las disposiciones del Artículo 11 del Capítulo II de esta Ley sólo en la medida y proporción que presten servicio de telecomunicaciones en Puerto Rico.
Ninguna compañía de cable o de telecomunicaciones certificada por la Junta bajo las disposiciones de esta Ley podrá suspender servicios a sus abonados sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según enmendada, la cual por la presente se hace aplicable, en lo pertinente, a la suspensión de servicios por compañías o empresas privadas en el área de cable y telecomunicaciones.
(a) Dentro de los noventa (90) días siguientes a la aprobación de esta Ley, o de la expedición de su certificación o franquicia, las compañías de telecomunicaciones y cable adoptarán y presentarán ante la Junta para su aprobación un procedimiento para la resolución de disputas con sus usuarios. A menos que la Junta actúe, el procedimiento presentado se considerará aprobado pasados treinta (30) días a partir de su radicación ante la Junta.
Una vez aprobado, el procedimiento deberá ser notificado a todos los usuarios de la compañía de telecomunicaciones. Deberá ser incorporado además a todo nuevo contrato de servicios con usuarios. Dicho procedimiento incluirá la obligación de la compañía de telecomunicaciones de dar aviso al usuario de su derecho a solicitar a la Junta la revisión de adjudicación de la querella que haya hecho la compañía.
(b) La Junta tendrá jurisdicción primaria para revisar la adjudicación por una compañía de telecomunicaciones de querellas de sus usuarios a tenor con el procedimiento de resolución de disputas de la compañía de telecomunicaciones. La Junta no atenderá querellas de usuarios que no hayan sido primero sometidas a la compañía de telecomunicaciones como parte del procedimiento de querella.
(c) Toda solicitud de revisión bajo el inciso anterior deberá presentarse ante la Junta dentro del término improrrogable de 30 días desde la notificación al usuario de la determinación de la compañía de telecomunicaciones.
(d) La Junta establecerá un nuevo expediente al generado por la compañía de telecomunicaciones durante la consideración de la querella al determinar si confirma, revoca o modifica el dictamen de la compañía de telecomunicaciones.
Artículo 12.- Prevención de Fraude.
(a) Toda compañía de cable y de telecomunicaciones adoptará políticas y procedimientos para reducir y prevenir el fraude en la compra, venta y prestación de servicios de cable y telecomunicaciones dentro de los noventa (90) días siguientes a la aprobación de esta Ley o de la fecha en que la Junta le hubiese expedido la certificación, o franquicia correspondiente.
(b) La Junta promulgará y pondrá en práctica reglamentación diseñada para combatir y prevenir fraude en las telecomunicaciones.
Todos los procesos, para los cuales esta Ley no provea un procedimiento, serán gobernados por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico". Esto quiere decir que la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico gobernará los procedimientos para la adopción de reglamentos, los procedimientos adjudicativos, la revisión judicial, el procedimiento para la concesión de certificaciones, franquicias, querellas de usuarios y entre compañías de telecomunicaciones, y los procedimientos para inspecciones. Según lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico, las decisiones y órdenes de la Junta estarán sujetas a la revisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico, excepto en los casos en que la Ley Federal de Comunicaciones establezca el procedimiento específico a seguirse.
La invalidación de cualquier parte de esta Ley por una determinación judicial no afectará la validez de las disposiciones restantes.
Dondequiera que se haga referencia a cualquier porción de esta Ley o de cualquier otra ley del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la referencia aplicará a todas sus enmiendas y adiciones, anteriores o posteriormente en vigor.
La Junta se guiará, durante la etapa inicial de sus operaciones, por los conceptos y preceptos procesales utilizados por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, muy en especial por su Parte 1 - Prácticas y Procedimiento, Subparte C ('Rulemaking Proceedings') en la formulación de reglas y reglamentos.
Se deroga la Ley Núm. 64 de 23 de agosto de 1990, según enmendada.
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.