Esta ley establece la obligación de hospitales públicos y privados con salas de emergencia de proveer atención médica a personas en condición de emergencia o mujeres de parto, sin importar su capacidad de pago. Requiere la estabilización del paciente o su traslado adecuado, y la exhibición de carteles informativos sobre estos derechos. Impone penalidades administrativas y criminales (delito menos grave y multas) por incumplimiento, y se fundamenta en los derechos constitucionales a la protección social en la enfermedad y a la atención especial para mujeres embarazadas.
(P. del S. 180)
Para disponer que en todo hospital, público o privado, donde haya una sala de emergencia, salas de urgencia o de estabilización se preste atención médica a toda persona que esté sufriendo una condición de emergencia médica y a toda mujer que esté de parto, independientemente de que dichas personas puedan pagar por los servicios médicos; para requerir que se coloque en las mismas, en un lugar visible, un cartel que alerte al público sobre los derechos y garantías que le cobijan bajo esta Ley, adoptando el modelo federal'Anti Dumping Act'; y para imponer penalidades.
Entre los derechos humanos reconocidos por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico está el derecho de toda persona a la protección social en la enfermedad y el derecho de toda mujer en estado grávido a recibir cuidados y ayudas especiales. La propia Constitución reconoce a la Asamblea Legislativa la facultad para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo.
Los problemas de salud han sido siempre motivo de gran preocupación para el Gobierno de Puerto Rico. A tenor con esta preocupación se declaró en 1976 la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el área de la salud de sus habitantes. En la misma se reconoce que la salud del pueblo merece, y debe tener, la más alta prioridad en las gestiones de su gobierno. El Gobierno debe velar porque se preste y ofrezca a los habitantes del país servicios de la más alta calidad. A tenor con lo anterior se han creado y reestructurado los organismos y se han reformado los mecanismos de prestación de servicio público, estableciendo mecanismos de reglamentación apropiados y factibles, tanto para el sector público como para el privado.
Las personas u organizaciones dueñas de instituciones hospitalarias gozan del privilegio que constituyen las licencias y permisos necesarios para operar dichas facilidades. Es justo que contribuyan a mantener la salud del pueblo en aquellos casos de emergencia en que por sus mismas circunstancias, los pacientes indigentes se ven precisados a acudir a las salas de emergencia de hospitales privados. Es únicamente en estas situaciones de urgencia, en las que prestar el servicio médico inmediatamente o trasladar al paciente a otra institución, podría significar la diferencia entre la vida y la muerte o la incapacitación del ser humano. Por lo tanto, se les requiere a los hospitales privados que tienen sala de emergencia, salas de urgencia o de estabilización que presten sus servicios al paciente indigente, independientemente de su capacidad de pago.
Artículo 1.- Los siguientes términos, según se utilizan en esta Ley, tendrán el significado que a continuación se expresa:
(a) "Emergencia médica", significa aquella condición de salud en que de una forma no prevista se hace necesaria la asistencia médica o ayuda en primeros auxilios a la brevedad posible con el fin de preservar la salud o reducir el daño o incapacidad que pueda surgir a consecuencia de un accidente de automóvil o de otra índole, así como de una enfermedad.
(b) "Parto", significa el parto en el momento en que el alumbramiento es inminente o cuando el tiempo para efectuar el traslado seguro a otro hospital antes del alumbramiento es insuficiente o el traslado de la parturienta puede constituir una amenaza a la salud y seguridad de la parturienta o de la criatura.
(c) "Estabilizar", significa proveer dentro de una condición de emergencia médica, aquel tratamiento médico que sea necesario para asegurar (dentro de una probabilidad médica razonable) que ningún deterioro sustancial de la condición puede ocurrir como resultado del traslado del paciente de una facilidad a otra.
(d) "Estabilizado", significa que ningún deterioro sustancial de la condición puede ocurrir (dentro de una probabilidad médica razonable) como consecuencia del traslado del paciente de una facilidad a otra.
(e) "Traslado", significa transportar a un paciente (incluyendo darle de alta) fuera de las facilidades de un hospital por orden de cualquier persona empleada por, o directa o indirectamente afiliada o asociada con el hospital. Significa además, el transportar a un paciente de su casa o desde el lugar de un accidente o incidente hacia la facilidad hospitalaria más cercana, capaz de estalizarlo o atenderlo. No incluye el traslado de un paciente que haya sido declarado muerto o que abandone el hospital sin la autorización de cualquiera de dichas personas.
(f) "Médico responsable", significa un médico que es empleado o contratado por el hospital, o asociado o afiliado con el hospital y que, actuando como tal, es profesionalmente responsable de examinar, ordenar pruebas o administrar tratamiento al paciente o de autorizar su traslado a otra facilidad.
(g) "Anti Dumping Act", significa la Ley adoptada por la agencia federal "Health Care Financing Administration".
Artículo 2.- Todo hospital, tanto público como privado, a cuya sala de emergencia acuda un paciente y solicite tratamiento médico, deberá practicarsele una evaluación médica adecuada a fin de determinar si existe una condición de emergencia médica o, cuando se tratare de una mujer embarazada con aparente síntomas de parto, para determinar si la misma está de parto,
independientemente de que la persona pueda pagar por los servicios médicos que se le presten. Disponiéndose, que una vez evaluado el paciente y determinando que no es una emergencia, el paciente deberá pagar a tenor con sus recursos dicha evaluación médica.
(a) Cuando la evaluación médica revele que el paciente está sufriendo una condición de emergencia médica o que la paciente está de parto, el hospital deberá proveerle, de acuerdo a las facilidades y recursos disponibles, el tratamiento necesario para estabilizar dicha condición, o asistirle en el parto, según sea el caso, o proveerle para que sea trasladado a otra institución médica, conforme a lo que se dispone más adelante.
(b) Se presume que el hospital ha cumplido con esta disposición si le ofrece practicarle exámenes médicos adicionales o el tratamiento para estabilizar la condición del paciente y éste, o la persona que actúa a su nombre, rehúsa dar su consentimiento a dichos exámenes o tratamiento.
(c) Se presume que el hospital ha cumplido con esta disposición si le ofrece el traslado a otra institución médica de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley y el paciente o la persona que actúa a su nombre rehúsa dar su consentimiento para dicho traslado.
Artículo 3.- Si el paciente tiene una condición de emergencia médica que no ha podido ser estabilizada o si la mujer está de parto, el hospital no podrá trasladarles a otra institución médica a menos que el paciente o la persona legalmente responsable, actuando a nombre del mismo, requiera el traslado. El traslado procederá, además, si el médico u otro personal médico cualificado certifica, por escrito, que basándose en los riesgos razonables, en el posible beneficio para el paciente y en la información disponible en ese momento, los beneficios que razonablemente pueden esperarse del tratamiento que va a recibir en la otra institución médica superan el aumento en riesgo a la condición del paciente al efectuarse el traslado y el mismo es adecuado. El médico a cargo de la evaluación del paciente deberá hacer o asegurarse que se han hecho los arreglos pertinentes para la aceptación del paciente en la facilidad hospitalaria hacia la cual se trasladará éste.
Artículo 4.- Se considera que un traslado inter-hospitalario es adecuado:
(a) cuando la institución médica que recibe al paciente tiene espacio disponible y personal cualificado para darle tratamiento, acepta el traslado, así como prestarle el tratamiento médico adecuado,
(b) el hospital que traslada al paciente provee a la institución médica que lo recibe los récords médicos o copia de ellos, sobre los exámenes y tratamientos administrádoles en dicho hospital, y
(c) el traslado se efectúa por personal cualificado utilizando el equipo de transportación adecuado, incluyendo el uso de medios apropiados de conservación de la vida durante el traslado.
Artículo 5.- Todo paciente con una condición de emergencia médica y toda mujer que esté de parto y acuda a la sala de emergencia de un hospital y que, por no poder pagar por los servicios
médicos, se le niegue asistencia médica o se traslade a otro hospital, en violación a lo dispuesto en esta Ley, podrá radicar dentro del período de un (1) año una querella ante el Tribunal Examinador de Médicos o a la Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud contra la persona, médico u hospital donde esto ocurriese, según sea el caso. El Secretario de Salud diseñará una forma oficial, que estará disponible en toda sala de emergencia, urgencia o de estabilización, para facilitar al paciente la radicación de querellas. Dichas querellas podrán ser radicadas por el paciente o por un representante autorizado.
El Departamento de Salud investigará las querellas que se radiquen. Si el resultado de la investigación indicara que ha habido una supuesta violación a las disposiciones de esta Ley, el caso será referido al Secretario de Justicia para instar la acción correspondiente.
Artículo 6.- Todo hospital, público o privado, vendrá obligado a colocar en sus salas de emergencia, urgencia o de estabilización , un cartel que alerte al público sobre sus derechos y garantías con relación a esta Ley.
Artículo 7.- Toda persona natural o jurídica que, a sabiendas, violare las disposiciones de esta Ley, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con multa que oscilará de entre cinco mil dólares $(85,000)$ hasta un máximo de veinticinco mil dólares $(825,000)$ la cual sera determinada a discreción del Tribunal.
Artículo 8.- Esta Ley empezará a regir sesenta (60) días después de su aprobación.
Presidente del Senado Presidente de la Cámara