Esta ley califica a oficiales federales (FBI, U.S. Marshals, DEA, Secret Service) como funcionarios del orden público de Puerto Rico. Les faculta a realizar arrestos bajo la Regla 11 de Procedimiento Criminal por violaciones a leyes estatales y les extiende los beneficios de la Ley Núm. 104 de 1955 para protección legal en demandas por daños y perjuicios.
Para calificar a los oficiales federales del orden público que se definen en esta Ley como funcionarios del orden público de Puerto Rico, para facultarles a realizar arrestos al amparo de la Regla 11 de las de Procedimiento Criminal y otorgarles el derecho a solicitar los beneficios de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada.
Los miembros de la Policía de Puerto Rico son los oficiales del orden público que tienen la obligación principal de proteger a las personas y la propiedad, además de conservar el orden público y perseguir el delito. No obstante, mediante leyes especiales se ha facultado a funcionarios de otros cuerpos policiales, tales como los agentes investigadores del Negociado de Investigaciones Especiales, los oficiales de custodia de la Administración de Corrección y el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales, además de los guardias municipales, a efectuar arrestos en el desempeño de sus funciones.
El término "oficial del orden público", utilizado en disposiciones contenidas en las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, no se encuentra definido en éstas. De igual manera, no se enumeran sus requisitos. La figura del oficial del orden público adoptada en nuestro ordenamiento jurídico proviene del Estado de California, donde se utiliza para describir al funcionario a cargo del mantenimiento del orden y la seguridad pública. La Regla 11 de Procedimiento Criminal sobre arresto por un funcionario del orden público emana del Artículo 116 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1902, el cual a su vez se fundamentó en la Sección 836 del Código de Enjuiciamiento Criminal de California. En ambas disposiciones se autorizaba a un oficial del orden público o "peace officer" a realizar arrestos en determinadas situaciones.
Los oficiales de varias agencias federales tienen autoridad para efectuar arrestos al amparo de la Regla 11 de Procedimiento Criminal cuando la actividad viola una ley federal que también es punible bajo nuestro ordenamiento. Llevado a cabo el arresto y hechas las advertencias de rigor, el oficial coordina con las autoridades federales y estatales para llevar al imputado ante un juez o magistrado federal, dependiendo del delito cometido. No obstante, los oficiales federales con atributos y responsabilidades de oficiales del orden público no pueden llevar a cabo arrestos al amparo de la Regla 11 de Procedimiento Criminal cuando la actividad viola una ley estatal exclusivamente. Para ello se requiere autorización expresa del Estado. Al presente, no existe en Puerto Rico estatuto alguno que les autorice a efectuar arrestos bajo tales circunstancias.
El Pueblo de Puerto Rico vive la realidad de una elevada incidencia criminal. Constituye el deber de esta Asamblea Legislativa proveer herramientas para luchar exitosamente contra la criminalidad que afecta a nuestra ciudadanía y devolver la tranquilidad y el orden a nuestros ciudadanos. Mediante esta Ley, se califica a los agentes federales que cumplan con las disposiciones de esta Ley como
funcionarios del orden público en Puerto Rico y se les faculta a ejercer los mismos poderes de arresto que tienen los funcionarios del orden público de Puerto Rico bajo la Regla 11 de Procedimiento Criminal cuando se cometan actos que violen las leyes de nuestra Isla.
Al calificar a ciertos funcionarios federales como funcionarios del orden público en Puerto Rico, es de justicia que se les cobije con la misma protección que tienen al presente los funcionarios del orden público que son empleados por el Gobierno de Puerto Rico, por lo cual la presente Ley los coloca bajo la protección de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, que provee representación legal y aun el pago de las sentencias dictadas en casos de daños y perjuicios en las circunstancias que dicha Ley contempla, siempre y cuando el Gobierno Federal no les provea tal protección.
Decretase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1.- Los oficiales federales del orden público del "Federal Bureau of Investigation" (FBI), "U. S. Marshall Service", "Drug Enforcement Administration" (DEA) y el "U. S. Secret Service" con autoridad para practicar arrestos en el ejercicio de sus funciones como tales, se considerarán funcionarios del orden público de Puerto Rico y ejercerán poderes de arresto de la misma manera y sujetos a las mismas disposiciones sustantivas y procesales que los agentes del orden público de Puerto Rico a tenor con la Regla 11 de las de Procedimiento Criminal.
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, el término "oficiales del orden público" significará cualesquiera agentes especiales, funcionarios y oficiales del "Federal Bureau of Investigation" (FBI), "U.S. Marshall Service", "Drug Enforcement Administration" (DEA) y el "U.S. Secret Service" con funciones de mantener el orden público y con permiso o autorización para realizar arrestos en el ejercicio de sus funciones ordinarias.
Artículo 3. - Dicho oficiales federales del orden público podrán actuar al amparo de las disposiciones de esta Ley, una vez hayan recibido orientación sobre los preceptos constitucionales y legales aplicables según el ordenamiento jurídico de Puerto Rico.
Artículo 4.- Dicho oficiales federales del orden público que, en el ejercicio de las funciones conferidas por esta Ley, fueren demandados en su capacidad o carácter personal por daños y perjuicios, cuando la causa de acción fuere por alegada violación a los derechos civiles, estarán cubiertos por las disposiciones de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, siempre y cuando el Gobierno Federal no les provea tal protección. El Gobierno de Puerto Rico podrá pagar las sentencias que pudieren recaer como resultado de las acciones civiles incoadas como resultado de los actos culposos o negligentes de dichos oficiales aun cuando el Gobierno Federal les proveyere a éstos de representación legal en el curso de los mismos.
Artículo 5. - Nada de lo dispuesto en esta Ley se considerará una renuncia del Gobierno de Puerto Rico a la inmunidad que le confieren las Constituciones de Puerto Rico y de los Estados Unidos de América.
Artículo 6. - Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
Presidente del Senado
Presidente de la Cámara