Esta ley tiene como objetivo principal poner fin a la quiebra de Puerto Rico mediante el establecimiento de disposiciones para aprobar la oferta, venta y emisión de bonos de obligación general e instrumentos de valor contingente. Además, busca apoyar a los municipios, las pensiones de los retirados y la Universidad de Puerto Rico, así como establecer un mecanismo para adelantar los pagos de la deuda. Enmienda y deroga varias leyes existentes para cumplir con estos objetivos.
Para crear la "Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico", establecer las disposiciones y condiciones para aprobar la oferta, venta y emisión de los diferentes tipos de Bonos de Obligación General, así como para disponer la creación de los Instrumentos de Valor Contingente; establecer la política pública de apoyo a los municipios afectados; establecer la política pública de apoyo a las pensiones de nuestros retirados; establecer la política pública de apoyo a la Universidad de Puerto Rico; declarar los propósitos del Gobierno sobre temas de educación superior, cubiertas médicas de empleados públicos y los ciudadanos, así como para el desarrollo económico y de establecer un grupo de trabajo conjunto entre la Rama Legislativa y la Rama Ejecutiva; establecer un mecanismo que le permita al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico adelantar los términos de pagos y cancelación de la deuda de conformidad con la ley aplicable; derogar la Ley Núm. 39 del 13 de mayo de 1976, según enmendada; enmendar el inciso
(a) del Artículo 3 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada; enmendar el Artículo 3 y el inciso
(m) del Artículo 7, así como derogar los Artículos 25 y 34 y renumerar los Artículos 25-A y 35 como los Artículos 25 y 34, respectivamente, de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada; enmendar el Artículo 23.01, derogar el inciso
(e) y renumerar los actuales incisos
(f) y
(g) como los nuevos incisos
(e) y
(f) del Artículo 23.02 de la Ley 22-2000, según enmendada; derogar el inciso
(l) y renumerar los actuales incisos
(m) ,
(n) , (ñ),
(o) , y
(p) como los nuevos incisos
(l) ,
(m) ,
(n) , (ñ), y
(o) , respectivamente, del Artículo 1.03(B), enmendar el inciso
(h) del Artículo 2.02 de la Ley 351-2000, según enmendada; enmendar el Artículo 8 de la Ley 179-2002, según enmendada; enmendar el Artículo 31 de la Ley 272-2003, según enmendada; añadir un nuevo Artículo 7A a la Ley 103-2006, según enmendada; enmendar la Sección 3060.11 y eliminar la Sección 3060.11A de la Ley 1-2011, según enmendada; enmendar el Artículo 7.018 y el Artículo 7.027 de la Ley 107-2020, según enmendada; y para derogar el Artículo 3 de la Ley Núm. 9 de 12 de agosto de 1982; a los fines de tomar los pasos afirmativos necesarios para encaminar la salida de Puerto Rico del procedimiento de quiebras creado al amparo del Título III de la Ley PROMESA; cumplir con las disposiciones de la referida ley federal respecto a las condiciones mínimas necesarias para la culminación de la Junta de Supervisión y Administración Financiera; y para otros fines relacionados.
En el año 2016, con el objetivo de proveerle un mecanismo al Gobierno de Puerto Rico para renegociar su deuda y controlar la potencial avalancha de reclamaciones por parte de sus acreedores, el Congreso de EE.UU. promulgó la ley federal titulada "Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico", conocida como PROMESA. Esta Ley estableció, en su Título III, un procedimiento de quiebras que incorporaba una amplia porción de las disposiciones del Código de Quiebras, al cual Puerto Rico tendría acceso en aras de reestructurar su monumental deuda. De igual forma, creó una entidad que tomaría el control de todos los aspectos presupuestarios, financieros y de administración fiscal de Puerto Rico denominada Financial Oversight and Management Board, o Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF o Junta). En efecto, la JSAF pasaría a supervisar y controlar esencialmente todos los aspectos financieros, fiscales y presupuestarios del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
El 3 de mayo de 2017, la JSAF, presentó una petición de reestructuración de deuda al amparo del Título III de PROMESA. La presentación de esta petición ante el Tribunal de Título III dio comienzo al procedimiento de quiebras más grande en la historia de los mercados municipales de EE.UU., al cual pertenecen los bonos y las obligaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Para tener presente la magnitud de este evento debe considerarse que se estimaba que el Estado Libre Asociado tendría que reestructurar $35 mil millones como parte del mencionado proceso de restructuración.
Tras más de cuatro años después de presentada la petición de quiebras al amparo del Título III de PROMESA, la Junta ha presentado una séptima versión enmendada del Plan de Ajuste o Reestructuración de la Deuda (PDA o el Plan) para Puerto Rico ante el Tribunal de Título III, radicada el 30 de julio del 2021. Este Plan es el resultado de varios años de negociación entre la JSAF, en su calidad de representante exclusivo de los Deudores, incluyendo al Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante el Tribunal de Título III, y un sinnúmero de clases de acreedores de obligaciones del Gobierno Central.
Por virtud de esta Ley, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico apoya el Plan y la política pública que se expone en esta Ley, que sujeto al mandato de PROMESA de reestablecer la responsabilidad fiscal en Puerto Rico y a las facultades presupuestarias de la Junta bajo PROMESA, incluye cero recortes a las pensiones de los empleados públicos retirados a los beneficios acumulados de los empleados activos y el deseo de promover el bienestar del pueblo de Puerto Rico:
programas de crecimiento empresarial mediante la capitalización empresarial; y (4) capitalización del sector cooperativista de ahorro y crédito. 9. Establecer un mecanismo que le permita al Gobierno de Puerto Rico adelantar los términos de pagos y cancelación de deuda después que termine la Junta bajo PROMESA. Este mecanismo tiene el único propósito de autorizar al Gobierno de Puerto Rico a refinanciar los acuerdos de pagos de la deuda después que termine la Junta bajo PROMESA, con el único objetivo de acelerar o saldar los pagos acordados, de conformidad a la situación fiscal futura y sin afectar los servicios esenciales y prioritarios del Gobierno de Puerto Rico. 10. Establecer un grupo de trabajo conjunto entre la Rama Legislativa y la Rama Ejecutiva. Esta iniciativa tiene el objetivo de diseñar la legislación que sea necesaria para asegurarnos que, una vez concluya el proceso de reestructuración de la deuda pública, el Gobierno de Puerto Rico no vuelva a endeudarse sin tener los recursos económicos para cumplir sus obligaciones del pago; ni vuelvan a repetirse las prácticas indebidas de aprobar presupuestos desbalanceados, con estimados de ingresos irreales o gastos excesivos.
De ser ratificado por el Gobierno y los acreedores, y posteriormente confirmado por el Tribunal de Título III, el Plan representaría el último peldaño en el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Este Plan incorpora los acuerdos alcanzados con las diversas clases de acreedores de obligaciones del Gobierno Central. Estas clases incluyen a los bonistas de obligaciones generales, sindicatos de empleados públicos, el Comité de Acreedores No Asegurados y el Comité Oficial de Retirados, entre otros.
En total, los acuerdos incluidos en el PDA reducen la deuda pública del Gobierno Central en aproximadamente un $50 %$. Es decir, la deuda pública se reduciría de aproximadamente $70 mil millones a $34 mil millones y la deuda de bonos de Obligaciones Generales (GO) y de la Autoridad de Edificios Públicos se reduciría de $18.8 mil millones a $7.4 mil millones. A su vez, el pago anual de la deuda pública de Puerto Rico se reduciría a aproximadamente de $3,300 millones a $1,100 millones. Asimismo el servicio de la deuda del Estado Libre Asociado se reduciría de un $25 %$ a un $7.5 %$, cifra que representa la mitad del máximo constitucional permitido. En términos prácticos, estas reducciones representan más dinero en las arcas del Gobierno, lo cual implica que Puerto Rico tendrá una nueva oportunidad de invertir en su gente a través de mejoras a la infraestructura, de sufragar los costos de los servicios esenciales que está llamado a ofrecer; y de prepararse para y atender futuras emergencias.
Para alcanzar esta reducción de la deuda gubernamental, el Plan requiere que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico apruebe legislación que viabilice la emisión de una serie de bonos de obligaciones generales (GO) y la creación de instrumentos de valor contingente (IVC). Debe destacarse que el Plan también disponen para la creación de un fideicomiso que suplementaría ingresos futuros para el pago de pensiones, el disfrute del Gobierno de hasta $200 millones de fondos generados en exceso a las proyecciones contenidas en los Planes Fiscales de 2020 y 2021, y otros mecanismos de repago.
En esencia, el Gobierno Central debe emitir nuevos bonos de obligaciones generales, y autorizar la creación de los IVC. Los IVC solo serían pagaderos al cumplirse determinadas métricas de recaudos del Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU) y, en el caso de una porción limitada de los IVCs, la porción del arbitrio federal al ron que el Departamento del Tesoro Federal transfiere al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es decir, solo se pagaría hasta un máximo específico de deuda si ciertas condiciones están presentes.
A tenor con la Sección 314 de PROMESA, el Gobierno de Puerto Rico debe aprobar la presente legislación para facilitar la confirmación del Plan, lo que tiene que ocurrir antes de la salida de la Junta.
Sin embargo, esta Asamblea Legislativa no ha perdido de perspectiva que nuestros pensionados, a diferencia de otros grupos de acreedores, ya sufrieron recortes en sus pensiones como resultado de la aprobación de estatutos que, para prevenir la insolvencia de los sistemas de retiro del Gobierno, redujeron los beneficios de pensión, aumentaron la cantidad de aportaciones de los empleados y elevaron la edad de retiro para los planes de pensión de cada uno de los tres sistemas principales de retiro del Gobierno. A estos fines, esta legislación está condicionada a que la Junta radique para su confirmación por el Tribunal de Título III un Plan enmendado que elimine los recortes contemplados a los pagos mensuales de las pensiones de los empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado que están actualmente retirados y de los empleados públicos activos que han acumulado beneficios de pensión. Además, esta legislación provee fondos adicionales para los municipios, y por separado para la Universidad de Puerto Rico.
Los municipios son el ente gubernamental más cercano a nuestra población. La crisis y los planes fiscales han impactado a nuestros ayuntamientos. En la medida en que el Plan logre recortes a la deuda estatal, una porción de estas economías estarán disponibles para medidas de recolección y disposición de residuos, desperdicios y para implementar programas de reciclaje en los municipios, a fin de que estas entidades puedan garantizar estos servicios tan fundamentales e indispensables para garantizar y mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía.
La Asamblea Legislativa continuará impulsando propuestas que defiendan el mejor interés del pueblo. En esta hazaña, confiamos en que la Rama Legislativa contará
con el apoyo del Ejecutivo para guiar a Puerto Rico en el camino por recorrer. La aprobación del Presupuesto General de Puerto Rico para el Año Fiscal 2021-2022, Res. Conj. 8-2021, fue un paso correcto en esa dirección. También lo es la aprobación de esta medida, que permitirá que el actual Presupuesto General se convierta en el primer presupuesto balanceado de cuatro. Al finalizar este proceso, Puerto Rico habrá cumplido con la mitad de los requisitos dispuestos por PROMESA. La presente Ley cimienta un esfuerzo histórico, multisectorial y de consenso de ponerle fin a la Junta.
Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como la "Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico".
(a) $5.5 %$ del IVU: significa los ingresos y recaudos presentes y futuros generados por la porción del Impuesto Sobre Ventas y Uso establecido bajo las Secciones 4020.01 y 4020.02 del Subcapítulo D del Código de Rentas Internas de Puerto Rico que corresponde a la tasa contributiva del cinco y medio por ciento (5.5%).
(b) Acuerdos Complementarios: significa el Plan, la Orden de Confirmación, el Contrato de Bonos de Obligación General, la forma de los Bonos de Obligación General, el Contrato de IVC, la forma de los IVCs, y cualquier otro acuerdo o instrumento (incluyendo cualquier fideicomiso) relacionado o suscrito con relación a, o en apoyo de, una Transacción de Reestructuración y de conformidad con, o en apoyo de, el Plan o una Modificación Elegible.
(c) ACT: significa la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, creada en virtud de la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada o su ley sucesora.
(d) ADCC: significa la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, creada en virtud de la Ley 351-2000, según enmendada o su ley sucesora.
(e) AEP: significa la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico, creada en virtud de la Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958, según enmendada, o su ley sucesora.
(f) AFI: significa la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, creada en virtud de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, o su ley sucesora.
(g) AMA: significa la Autoridad Metropolitana de Autobuses de Puerto Rico, creada en virtud de la Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 1959, según enmendada, o su ley sucesora.
(h) Año Fiscal: significa el año fiscal del Estado Libre Asociado, que empieza el 1 ro de julio y termina el 30 de junio.
(i) Bonos de Obligación General: significa los bonos de obligación general emitidos por el Estado Libre Asociado bajo el Contrato de Bonos de Obligación General de conformidad con esta Ley, el Plan y la Orden de Confirmación, y cualesquiera bonos de obligación general emitidos subsiguientemente por el Estado Libre Asociado bajo el Contrato de Bonos de Obligación General de acuerdo a y consistente con los términos del Plan para retirar, refinanciar o cancelar bonos de obligación general originalmente emitidos conforme al Plan y la Orden de Confirmación.
(j) Código de Puerto Rico: significa la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas para Puerto Rico de 2011."
(k) Condición de Rendimiento Superior del Arbitrio al Ron: significa que los Ingresos del Arbitrio al Ron del Estado Libre Asociado en un año fiscal, calculados conforme a, y neto de, aquellas deducciones permitidas conforme al Plan y establecidas en el Contrato de IVC, exceden los umbrales contemplados en el Plan y establecidos en el Contrato de IVC para dicho año fiscal.
(l) Condición de Rendimiento Superior del IVU: significa que los recaudos del IVU Medido o del Impuesto Sustituto Medido, según sea el caso, en cualquier año fiscal exceden los umbrales contemplados en el Plan y establecidos en el Contrato de IVC para dicho año fiscal.
(m) Contrato de Bonos de Obligación General: significa uno o más contratos de fideicomiso, escrituras, resoluciones y cualesquiera suplementos o enmiendas relacionadas, o contratos o acuerdos similares, relacionados a los Bonos de Obligación General a ser otorgados y suscritos por el Representante del Gobernador autorizando: (1) la emisión de los Bonos de Obligación General y describiendo sus términos; y (2) el pago de los Costos de Financiamiento, cada uno de conformidad con los términos del Plan.
(n) Contrato de IVC: significa uno o más contratos de fideicomiso, escrituras, resoluciones y cualesquiera otros suplementos o enmiendas relacionadas, o contratos o acuerdos similares, relacionados a los IVCs a ser otorgados y suscritos por el Estado Libre
Asociado autorizando: (1) la emisión de los IVCs por el Estado Libre Asociado y la descripción de sus términos; y (2) el pago de los Costos de Financiamiento de los IVCs, cada uno conforme a los términos del Plan.
(o) Costos de Financiamiento: significa los costos asociados a las Transacciones de Reestructuración, incluyendo, pero sin limitarse a, los costos, honorarios y gastos para
(i) emitir, pagar o repagar los Bonos de Obligación General y los IVCs, según aplicable, ya sea que los costos sean incurridos tras la emisión de dichos Bonos de Obligación General o IVCs o durante el término de dichos instrumentos, (ii) efectuar pagos según requeridos por los Acuerdos Complementarios, (iii) pagar cualquier sello, emisión o impuesto similar y otros cargos relacionados a las Transacciones de Reestructuración (si algunas), (iv) prepararse para y efectuar las Transacciones de Reestructuración, y
(v) llevar a cabo todas las actividades en curso relacionadas a las Transacciones de Reestructuración. Para evitar dudas, los Costos de Financiamiento también incluyen los honorarios y gastos administrativos previos y posteriores al cierre incurridos con relación a los Acuerdos Complementarios.
(p) Entidad Gubernamental: significa cualquier agencia, departamento, oficina, corporación pública, fideicomiso, fondo, sistema, instrumentalidad, subdivisión política, autoridad fiscal o municipio del Estado Libre Asociado.
(q) Estado Libre Asociado: significa el Estado Libre Asociado de Puerto Rico creado en virtud de las disposiciones del Artículo 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(r) Fecha de Efectividad: significa la fecha en la que el Plan entre en vigor conforme a sus términos.
(s) Fiduciario de los Bonos de Obligación General: significa el o los fiduciario(s) o el o los fiduciario(s) sustituto(s), según sea el caso, nombrados de conformidad con los términos y condiciones del Contrato de Bonos de Obligación General.
(t) Fiduciario de los IVC: significa el o los fiduciario(s) o el o los fiduciario(s) sustituto(s), según sea el caso, nombrados conforme a los términos y condiciones del Contrato de IVC.
(u) Fondo del Servicio de la Deuda: significa un fondo del servicio de la deuda establecido de conformidad con el Contrato de Bonos de Obligación General.
(v) Impuesto Sustituto Medido: significa toda o una porción de un impuesto de aplicabilidad general en el Estado Libre Asociado que, mediante un cambio en la ley, sea legislado para sustituir completamente el IVU Medido o que de lo contrario
constituya una medida similar o comparable de actividad económica en el Estado Libre Asociado, en cada caso de conformidad con los términos del Contrato de IVC.
(w) Ingresos del Arbitrio al Ron del Estado Libre Asociado: significa el total de los recaudos del arbitrio a los licores destilados impuesto bajo el Código de Rentas Internas de los Estados Unidos de 1986 (según enmendado de tiempo en tiempo) recibidos por el Estado Libre Asociado, según documentado en el reporte del Departamento del Tesoro Federal de la actividad mensual del arbitrio neto pagado al Estado Libre Asociado y certificado por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico o en cualquier otro reporte análogo según establecido en el Contrato de IVC.
(x) IVCs o Instrumentos de Valor Contingente: significa, en el colectivo, las notas de obligación general emitidas bajo el Contrato de IVC de conformidad con esta Ley, el Plan y la Orden de Confirmación, que consisten en los IVCs de Obligación General y los IVCs "Clawback".
(y) IVCs "Clawback": significa una serie de IVCs emitidos bajo el Contrato de IVC relacionados a reclamaciones contra el Estado Libre Asociado permitidas bajo el Plan que surgen de o se relacionan a la deuda emitida por ACT, ADCC, AFI y AMA. Para evitar dudas, los IVCs "Clawback" podrán emitirse en una o más subseries, incluyendo, pero sin limitarse a, la Subserie de las Reclamaciones del Arbitrio al Ron.
(z) IVC de Obligación General: significa una serie de IVCs emitidos bajo el Contrato de IVC relacionados a reclamaciones contra el Estado Libre Asociado permitidas bajo el Plan que surgen de o están relacionadas a la deuda de obligación general del Estado Libre Asociado. (aa) IVU Medido: significa el $5.5 %$ del IVU recaudado por el Estado Libre Asociado durante un año fiscal, menos aquellos ingresos transferidos al Fondo para el Desarrollo de la Industria de las Artes, Ciencias y Cinematografía conforme a la Sección Núm. 4050.06 del Código de Puerto Rico (o utilizado para cualquier otro propósito establecido por ley), hasta Tres Millones Doscientos Cuarenta Mil Dólares ($3,240,000.00) por año fiscal. (bb) Ley: significa esta "Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico". (cc) Máximo Agregado de los IVCs "Clawback": significa, inicialmente a partir de la Fecha de Efectividad, $5,239,002,764. El Máximo Agregado de los IVCs "Clawback" se reducirá cada año fiscal en una cantidad igual a los pagos efectuados bajo los IVCs "Clawback" conforme al Contrato de IVC sujeto a, y como resultado de, que ocurra una Condición de Rendimiento Superior del IVU. En adición, la porción del Máximo Agregado de los IVCs "Clawback" asignados a la Subserie de las Reclamaciones del Arbitrio al Ron se reducirá aún más cada año fiscal en una cantidad igual a los pagos
efectuados bajo la Subserie de Reclamaciones del Arbitrio al Ron conforme al Contrato de IVC sujeto a, y como resultado de, que ocurra una Condición de Rendimiento Superior del Arbitrio al Ron. (dd) Máximo Agregado de los IVC de Obligación General: significa, inicialmente desde la Fecha de Efectividad, $3,500,000,000. El Máximo Agregado de los IVC de Obligación General se reducirá anualmente por una cantidad igual a los pagos efectuados en los IVC de Obligación General conforme al Contrato de IVC. (ee) Modificación Elegible: significa una "Modificación Elegible" para ADCC y/o AFI aprobada conforme al Título VI de PROMESA. (ff) Orden de Confirmación: significa la orden del Tribunal de Título III confirmando el Plan. (gg) Persona: significa cualquier persona natural o jurídica, incluyendo, pero sin limitarse a, el Estado Libre Asociado, cualquier Entidad Gubernamental, o cualquier firma, sociedad, empresa conjunta, fideicomiso, sucesión, compañía de responsabilidad limitada, corporación de individuos, asociación o corporación pública o privada, organizada o existente bajo las leyes de Puerto Rico, de los Estados Unidos de América, de cualquier estado u otra jurisdicción, o cualquier estado, municipio, subdivisión política, autoridad fiscal, agencia o instrumentalidad de los Estados Unidos de América, cualquier estado o cualquier otra jurisdicción, o cualquier combinación de las anteriores. (hh) Plan: significa el Plan de Ajuste conjunto para el Estado Libre Asociado, SRE y AEP (y cualquier otra Entidad Gubernamental incluida en dicho plan) confirmado bajo el Título III de PROMESA, incluyendo los anejos relacionados, según estos puedan ser enmendados, suplementados o modificados de tiempo en tiempo. (ii) PROMESA: significa la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico, Pub. L. No. 114-187, 130 Stat. 549 (2016), 48 U.S.C. §2101, et seq., según enmendada o modificada. (jj) Reclamaciones Existentes: significa las reclamaciones en contra del Estado Libre Asociado, AEP, SRE, ACT, AFI, ADCC y AMA. (kk) Representante del Gobernador: significa el Gobernador, el Secretario de Hacienda o cualquier otro oficial de una Entidad Gubernamental designado por el Gobernador mediante Orden Ejecutiva. (ll) Secretario de Hacienda: significa el Secretario del Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado.
(mm) Sistemas de Retiro del Estado Libre Asociado: significa el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno, el Sistema de Retiro de Maestros de Puerto Rico y el Sistema de Retiro de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (nn) SRE: significa el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creado en virtud de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada o su ley sucesora. (oo) Subserie de Reclamaciones del Arbitrio al Ron: significa una subserie de los IVCs "Clawback" emitidos bajo el Contrato de IVC con relación a las reclamaciones contra el Estado Libre Asociado permitidas bajo el Plan que surgen de, o están relacionadas a, los Ingresos del Arbitrio al Ron del Estado Libre Asociado retenidos por el Estado Libre Asociado y no transferidos a AFI. (pp) Transacciones de Reestructuración: significa cada una de las transacciones contempladas por, o en apoyo a, el Plan o una Modificación Elegible, incluyendo, pero sin limitarse a, la emisión de los Bonos de Obligación General y los IVCs y la cancelación o la extinción de las Reclamaciones Existentes conforme al Plan o una Modificación Elegible, según sea el caso. (qq) Modificación del Beneficio Mensual: significa el "Monthly Benefit Modification" según se define en el Plan.
No obstante cualquier disposición, prohibición o restricción establecida en cualquier ley, orden, regla o reglamento del Estado Libre Asociado, cada entidad gubernamental requerida a tomar o llevar a cabo cualquier acción necesaria o conveniente para implementar el Plan y/o las Transacciones de Reestructuración queda por la presente autorizada a llevar a cabo y deberá llevar a cabo todas aquellas acciones necesarias o convenientes para implementar el Plan o las Transacciones de Reestructuración, sin estar sujeta a los requisitos de cualquier disposición, prohibición o restricción establecida en cualquier otra ley, orden, regla o reglamento, incluyendo, pero sin limitarse a,
(a) negociar, entrar en y suscribir cualquier acuerdo, escritura, certificado o documento, y
(b) desembolsar o transferir fondos según provisto y/o requerido en el Plan. La autorización provista en este Artículo será suficiente para que el Representante del Gobernador, a nombre del Estado Libre Asociado, y cualquier director ejecutivo, presidente u oficial de rango y autoridad similar, a nombre de la Entidad Gubernamental que representa, pueda llevar a cabo cualquier acción contemplada en el Plan y/o en las Transacciones de Reestructuración y ninguna otra autorización será requerida, incluyendo, pero sin limitarse a, la autorización de cualquier junta de directores, comisión, departamento, o regulador de Puerto Rico. Además, la Autoridad de Asesoría
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico queda por la presente autorizada a requerirle a cualquier Entidad Gubernamental que cumpla con los requisitos establecidos en este Artículo.
Sin limitar la generalidad de lo anterior y no obstante cualquier disposición de cualquier ley del Estado Libre Asociado, en o antes de la Fecha de Efectividad, el Representante del Gobernador queda por la presente autorizado, en la medida necesaria, si alguna, luego de que se emita la Orden de Confirmación, a:
(a) aprobar la oferta, venta y emisión de los Bonos de Obligación General y los IVCs según contemplado en el Plan y dispuesto en los Capítulos 2 y 3 de esta Ley, respectivamente;
(b) proveer para la cancelación y extinción de las Reclamaciones Existentes conforme a y de acuerdo con los términos del Plan o de una Modificación Elegible, según aplicable;
(c) autorizar el pago de los Costos de Financiamiento de conformidad con los términos del Plan;
(d) aprobar la forma del Contrato de los Bonos de Obligación General, del Contrato de IVC, y de los otros Acuerdos Complementarios y otorgar el Contrato de los Bonos de Obligación General, el Contrato de IVC y los otros Acuerdos Complementarios a nombre del Estado Libre Asociado, en la medida en que no haya sido aprobada por la Orden de Confirmación;
(e) incluir en los Acuerdos Complementarios cualquier pacto, término u otra condición según pueda ser requerida por el Plan, incluyendo (1) consentir a nombre del Estado Libre Asociado a la aplicación de las leyes del Estado de Nueva York para gobernar e interpretar dichos Acuerdos Complementarios, y la jurisdicción de cualquier tribunal estatal o federal, con relación a cualquier demanda o procedimiento relacionado con los Bonos de Obligación General, los IVCs, los Acuerdos Complementarios y/o cualesquiera otros asuntos relacionados a las Transacciones de Reestructuración, y (2) la creación de gravámenes sobre los dineros, valores y otros activos depositados con el Fiduciario de los Bonos de Obligación General o el Fiduciario de los IVCs a beneficio de los tenedores de los Bonos de Obligación General y los IVCs, respectivamente; y
(f) llevar a cabo cualesquiera y todas otras acciones necesarias o convenientes para efectuar las Transacciones de Reestructuración. Para evitar dudas, no obstante la aplicación de las leyes del Estado de Nueva York para gobernar e interpretar los Bonos de Obligación General, los IVCs, Contrato de Bonos de Obligación General, el Contrato de IVC, y cualquier Acuerdo Complementario, los tenedores de los Bonos de Obligación General y de los IVCs tendrán los derechos y remedios de tenedores de deuda pública del Estado Libre Asociado establecidos en las Secciones 2 y 8 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado.
La autorización para emitir bonos conferida mediante la presente Ley estará limitada únicamente a aquellos bonos contemplados por y requeridos para implementar el Plan, y se hará conforme lo establezcan el propio Plan, los Contratos de Obligación General, la Orden de Confirmación y los demás Acuerdos Complementarios. El Gobernador de Puerto Rico o su Representante deberán solicitar la autorización de la Asamblea Legislativa para cualquier emisión posterior que sea distinta a la aquí permitida.
El Gobierno del Estado Libre Asociado, por la presente, declara que es la política pública de la más alta prioridad proteger las pensiones acumuladas de sus servidores públicos, que son uno de los grupos más importantes de nuestra sociedad. Como parte esencial de esta política pública, la protección de las pensiones de todos nuestros retirados es un compromiso esencial e inquebrantable. Por lo tanto, en relación a las pensiones acumuladas de los empleados del Gobierno, se dispone lo siguiente: La Asamblea Legislativa por la presente autoriza la emisión de los Bonos de Obligación General y los IVCs, sujeto a que la JSAF radique para su confirmación por el Tribunal del Título III un Plan enmendado que elimine la Modificación del Beneficio Mensual ("Monthly Benefit Modification," según se define en el Plan).
Con el propósito de adelantar el objetivo del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de conservar la capacidad de la Universidad de Puerto Rico de llevar a cabo su vital misión educativa y asegurar los recursos necesarios para garantizar la acreditación de todos sus programas y lograr un acceso justo para aquellos estudiantes que tengan necesidades económicas, los presupuestos que se le sometan a la Junta incluirán una asignación de fondos para la Universidad de Puerto Rico por un total de $500 millones en cada uno de los cinco años fiscales 2023 al 2027, disponiéndose que las asignaciones adicionales por encima de las cantidades asignadas en el plan fiscal del Estado Libre Asociado certificado en abril del 2021 se utilizarán para el mejoramiento de la experiencia y el ambiente estudiantil.
El Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizará un estudio sobre la viabilidad de proveer o facilitar acceso a cubierta de seguro médico a aproximadamente 225,000 ciudadanos que hoy carecen de planes médicos. Se le asigna un millón de dólares al Departamento de Salud para dicho estudio.
Por virtud de esta Ley, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico apoya el Plan y la política pública que se expone en esta Ley, sujeto al mandato de PROMESA de reestablecer la responsabilidad fiscal y las facultades presupuestarias en Puerto Rico. De conformidad a ello se expresa como objetivos prioritarios las siguientes acciones:
(a) Apoyar la creación de un Fondo Fiduciario de Becas Universitarias. Esta iniciativa tiene el propósito de crear un fideicomiso de inversión para preservar el capital que se otorgaría para las becas de los estudiantes de la UPR.
(b) Apoyar planes médicos razonables para los empleados del Gobierno Central. Esta medida beneficiaría a más de 60,000 trabajadores y familias puertorriqueñas.
(c) Endosar la creación del Fondo Especial para la Igualdad Social. Esta propuesta - a ser legislada próximamente - pretende crear un fondo permanente que tenga la encomienda de combatir la pobreza y la desigualdad social; otorgándole prioridad en sus asignaciones a la atención de las necesidades de las comunidades marginadas, el programa de educación especial, los grupos poblacionales más vulnerables, combatir la deserción escolar, establecer un plan integrado para las personas sin hogar e incrementar, de forma gradual, las asignaciones para las entidades sin fines de lucro, de autogestión comunitaria y de base de fe, para ofrecer servicios directos.
(d) Endosar la creación del Fondo de Inversión Estratégico para el Desarrollo Económico que inyecte una inversión continua. Esta iniciativa propone la creación de un Fondo de Inversión Estratégica dividido en cuatro categorías: (1) inversiones para cerrar las brechas de habilidades básicas; (2) programas de capitalización de pequeñas empresas; (3) el desarrollo de programas de crecimiento empresarial mediante la capitalización empresarial; y (4) capitalización del sector cooperativista de ahorro y crédito.
(e) Establecer un grupo de trabajo conjunto entre la Rama Legislativa y la Rama Ejecutiva. Esta iniciativa tiene el objetivo de diseñar la legislación que sea necesaria para asegurarnos que, una vez concluya el proceso de reestructuración de la deuda pública, el Gobierno de Puerto Rico no vuelva a endeudarse sin tener los recursos económicos para cumplir sus obligaciones del pago; ni vuelvan a repetirse las prácticas indebidas de aprobar presupuestos desbalanceados, con estimados de ingresos irreales o gastos excesivos.
La implementación de este Artículo estará sujeto a la disponibilidad de fondos y que no sea significativamente inconsistente con el Plan Fiscal.
(a) A partir y luego de la Fecha de Efectividad, el Representante del Gobernador, estará autorizado para aprobar la oferta, venta y emisión de los Bonos de Obligación General, de tiempo en tiempo, de conformidad con las disposiciones del Contrato de Bonos de Obligación General, la Orden de Confirmación, el Plan y de los demás Acuerdos Complementarios, hasta una cantidad agregada inicial de principal de $7,414,063,543.25, y para aprobar la oferta, venta y emisión, de tiempo en tiempo, de Bonos de Obligación General adicionales, sujeto a las limitaciones contempladas en el Plan y establecidas en el Contrato de Bonos de Obligación General para retirar, refinanciar o cancelar (defease) los Bonos de Obligación General originalmente emitidos conforme al Plan y a la Orden de Confirmación.
(b) Los Bonos de Obligación General incluirán bonos de interés corriente y bonos de revalorización de capital, estarán fechados, devengarán intereses, y vencerán en la fecha o fechas, que no excederán treinta (30) años de su fecha o fechas de emisión, y serán redimibles o podrán ser prepagados, en cada caso, en la medida en que sea aplicable y según sea determinado por el Representante del Gobernador, como representante del Estado Libre Asociado, y autorizado en el Contrato de Bonos de Obligación General de conformidad y consistente con el Plan. En la medida, si alguna, en que no hayan sido determinados por el Plan y los Acuerdos Complementarios aprobados por la Orden de Confirmación, el Representante del Gobernador, como representante del Estado Libre Asociado, determinará la forma de los Bonos de Obligación General y la manera de emitir los Bonos de Obligación General, y establecerá la denominación o denominaciones de los Bonos de Obligación General y el lugar o los lugares de pago de los mismos y sus otros términos, todo de conformidad y consistente con el Plan. A discreción del Representante del Gobernador, los Bonos de Obligación General podrán ser emitidos en una o más series separadas.
(c) Los Bonos de Obligación General serán obligaciones legales, válidas y vinculantes del Estado Libre Asociado, emitidos conforme al Artículo VI, Sección 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado, y serán pagaderos conforme a los términos del Contrato de Bonos de Obligación General y de los otros Acuerdos Complementarios.
(d) Cuando cualquier oficial cuya firma o facsímil de la firma aparezca en cualquier Bono de Obligación General autorizado bajo esta Ley deje de ocupar su cargo previo a la entrega de dichos Bonos de Obligación General, dicha firma o facsímil de la firma será, no obstante, válida y suficiente, y se considerará para todos los propósitos como si dicho oficial hubiese permanecido en su cargo hasta dicha entrega. Además, cualquier Bono de Obligación General podrá contener la firma o facsímil de la firma de aquellas personas que, al momento de la emisión de dicho bono, sean los oficiales
autorizados a firmarlo, pero que, en la fecha del Bono de Obligación General, no ocupaban su puesto.
(e) Los Bonos de Obligación General emitidos de conformidad con las disposiciones de esta Ley se considerarán instrumentos negociables bajo las leyes de Puerto Rico.
(f) Los Bonos de Obligación General autorizados por esta Ley se podrán emitir como bonos de cupón o en forma registrada, o ambos, según se establezca en el Contrato de Bonos de Obligación General.
La buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado quedan por la presente irrevocablemente comprometidos para el pago puntual del principal e interés de los Bonos de Obligación General emitidos bajo las disposiciones de esta Ley, según y cuándo venzan de conformidad con los términos del Contrato de Bonos de Obligación General. El Secretario de Hacienda queda por la presente autorizado y dirigido a pagar el principal e interés de los Bonos de Obligación General según venzan o tras su redención o prepago de conformidad con el Contrato de Bonos de Obligación General, de los recursos disponibles del Estado Libre Asociado en el año fiscal en que dicho pago sea requerido, y las disposiciones de esta Ley con relación al pago de principal e interés en los Bonos de Obligación General se considerarán una obligación continua para que el Secretario de Hacienda haga dichos pagos, aunque no se hayan hecho asignaciones específicas para dichos propósitos. El Representante del Gobernador queda por la presente autorizado y dirigido a incluir en el Contrato de Bonos de Obligación General el compromiso que aquí establece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico con relación a los Bonos de Obligación General, y deberá establecerse en dichos Bonos de Obligación General que la buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico están comprometidos para el pago de los mismos.
(a) Se autoriza al Representante del Gobernador a establecer el Fondo de Servicio de la Deuda con el Fiduciario de los Bonos de Obligación General para el pago de los Bonos de Obligación General. Hasta que los Bonos de Obligación General hayan sido completamente pagados o satisfechos de conformidad con sus términos, mensualmente, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico depositará con el Fiduciario de los Bonos de Obligación General una suma en efectivo en la cantidad agregada igual a
(i) una sexta parte (1/6) de la obligación semianual del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con relación al pago de interés devengado sobre los Bonos de Obligación General y
(ii) una doceava parte (1/12) de la obligación anual del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con relación al pago del principal de los Bonos de Obligación General. Dichos fondos deberán mantenerse e invertirse por el Fiduciario de los Bonos de Obligación General de conformidad con las disposiciones del Contrato de Bonos de Obligación General.
(b) A partir de su emisión, los Bonos de Obligación General estarán garantizados automáticamente por un gravamen estatutario de primer rango sobre los fondos depositados en el Fondo de Servicio de la Deuda, incluyendo cualquier ingreso o recaudos generados de dichos fondos. Dicho gravamen estatutario de primer rango se creará, surtirá efecto y se perfeccionará automáticamente, y será válido y vinculante a partir y luego de la Fecha de Efectividad, sin que sea necesario acto o acuerdo alguno por ninguna otra Persona. No será necesario otorgar, suscribir ni inscribir instrumento alguno en ningún récord oficial ni en registro u oficina del Gobierno alguna para perfeccionar o continuar teniendo dicho gravamen estatutario de primer rango o para establecer o mantener la prioridad aquí establecida. El gravamen establecido en este Artículo será válido, vinculante y ejecutable, y estará perfeccionado contra todas las Personas que tengan reclamaciones de cualquier tipo de daños, contractuales, o de cualquier otro tipo contra el Estado Libre Asociado o sus activos independientemente de si dichas Personas fueron notificadas sobre dicho gravamen.
Los Bonos de Obligación General, incluyendo, pero sin limitarse a, cualesquiera pagos o ingresos con relación a los Bonos de Obligación General y la transferencia de los Bonos de Obligación General, estarán, en todo momento, totalmente exentos de todo tipo de contribuciones (incluyendo, pero sin limitarse, a contribuciones sobre ingresos, tarifas, licencias, sellos y otros cargos cobrados por el Estado Libre Asociado o por cualquier Entidad Gubernamental, y de cualesquiera y todas las retenciones relacionadas). Los tenedores y dueños de los Bonos de Obligación General no tendrán que rendir planillas o cualquier otro reporte de contribuciones o requisito similar con relación al Estado Libre Asociado o cualquier Entidad Gubernamental por razón de tener, ser dueño de o transferir Bonos de Obligación General.
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con la intención de quedar contractualmente obligado, por la presente acuerda y pacta para el beneficio de todos los tenedores iniciales y subsiguientes de los Bonos de Obligación General que, hasta que todas las obligaciones relacionadas a dichos bonos hayan sido completamente satisfechas,
de conformidad con sus términos, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico se obliga a lo siguiente:
(a) no llevar a cabo ninguna acción que (1) impida el depósito mensual de los fondos en el Fondo del Servicio de la Deuda conforme al Artículo 203 de esta Ley, (2) limite o altere los derechos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de conformidad con el Plan y la Orden de Confirmación para cumplir con los términos de cualesquiera acuerdos con los tenedores de los Bonos de Obligación General o (3) perjudique los derechos y remedios de los tenedores de los Bonos de Obligación General;
(b) hacer y llevar a cabo todos los actos permitidos por ley y que sean razonablemente necesarios o deseables para asegurar que el pago de interés a los tenedores de cualesquiera Bonos de Obligación General esté exento de pago de contribuciones federales, y que sea y continúe estando excluido del ingreso bruto para propósitos de contribuciones sobre ingresos federales, en la medida en que aplique; y
(c) causará que cualquier Plan Fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico presentado a la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico bajo PROMESA luego de la Fecha de Efectividad incluya disposiciones para el pago en cada año fiscal del principal e intereses sobre los Bonos de Obligación General de conformidad con los términos del Contrato de Bonos de Obligación General; y
(d) en la medida necesaria para cumplir con sus obligaciones de pagar los Bonos de Obligación General, aplicará
(i) el producto del impuesto a la propiedad del 1.03% recaudado conforme a la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, (ii) cualquier dinero que surja de la operación del Artículo VI, Sección 8 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y (iii) cualquier otro recurso disponible del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el pago del principal y los intereses (y el valor acumulado) sobre dichos Bonos de Obligación General; disponiéndose que (A) este convenio no le concede a los tenedores de dichos Bonos de Obligación General un gravamen sobre dichos ingresos, dineros y recursos, y (B) para propósitos del cumplimiento con este convenio, en la medida en que dichos ingresos, dineros y recursos se transfieran al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se considerará que los pagos de principal e intereses (y del valor acumulado) realizados a los tenedores de los Bonos de Obligación General provenientes del Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se han hecho de dichos ingresos, dineros y recursos en el orden establecido anteriormente.
(a) A partir y luego de la Fecha de Efectividad, el Representante del Gobernador estará autorizado para aprobar la oferta, venta y emisión, conforme a los términos del Contrato de IVC, la Orden de Confirmación, el Plan y los Acuerdos Complementarios, de IVCs en dos subseries - los IVCs de Obligación General y los IVCs "Clawback" - hasta una cantidad agregada de $3,500,000,000 y $5,239,002,764, respectivamente. Cada serie de los IVCs podrá incluir una o más subseries.
(b) Los IVCs tendrán fecha y vencerán en el tiempo o tiempos que determine el Representante del Gobernador, como representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y autorizados en el Contrato de IVC, disponiéndose que los IVCs de Obligación General vencerán no más tarde del Año Fiscal 2044 y que los IVCs "Clawback" vencerán no más tarde del Año Fiscal 2052. Los IVCs no devengarán intereses y estarán sujetos a redención según sea determinado por el Representante del Gobernador y autorizado en el Contrato de IVC de conformidad y consistente con el Plan. El Representante del Gobernador determinará la forma de los IVCs y la manera de emitir los IVCs, y establecerá la denominación o denominaciones de los IVCs y el lugar o los lugares de pago de los mismos y sus otros términos, todo de conformidad y consistente con el Plan.
(c) Los IVCs serán obligaciones legales, válidas y vinculantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, emitidos de conformidad con el Artículo VI, Sección 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado, y pagaderos de conformidad con los términos del Contrato de IVC y de los Acuerdos Complementarios, disponiéndose que, de conformidad con el Contrato de IVC: (1) no se hará pago alguno a los tenedores de los IVCs (a menos que sean tenedores de la Subserie de Reclamaciones del Arbitrio al Ron bajo las circunstancias establecidas en el inciso (2) a continuación) en un año fiscal a menos que durante el año fiscal anterior ocurra una Condición de Rendimiento Superior del IVU; (2) no se hará pago alguno en un año fiscal a los tenedores de la Subserie de Reclamaciones del Arbitrio al Ron a menos que durante el año fiscal anterior ocurra una Condición de Rendimiento Superior del IVU o una Condición de Rendimiento Superior del Arbitrio al Ron; (3) no se hará pago alguno a los tenedores de IVCs de Obligación General o a los IVCs "Clawback" en exceso del Máximo Agregado de los IVCs de Obligación General o del Máximo Agregado de los IVCs "Clawback", respectivamente; (4) a partir de la fecha de vencimiento de cada serie de los IVCs, si el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha hecho todos los pagos requeridos bajo dichas
series conforme al Contrato de IVC, se considerará que todas las obligaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico bajo dichas series han sido satisfechas y que las series no están en circulación, aun si no se llegó al Máximo Agregado de los IVCs de Obligación General o el Máximo Agregado de los IVC "Clawback", según sea el caso, para dicha fecha.
(d) Cuando cualquier oficial cuya firma o facsímil de la firma aparezca en cualesquiera IVCs autorizados bajo esta Ley deje de ocupar su cargo antes de la entrega de dichos IVCs, dicha firma o facsímil de firma será, no obstante, válida y suficiente, y se considerará para todos los propósitos como si dicho oficial hubiese permanecido en su puesto hasta dicha entrega. Además, cualesquiera IVCs podrán tener la firma o facsímil de firma de aquellas personas que, al momento en que se emitan dichos bonos, sean los oficiales adecuados para firmarlos, pero que, en la fecha de los IVCs, no hayan estado ocupando sus puestos.
(e) Los IVCs emitidos conforme al Contrato de IVC son pagarés del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para todos los propósitos y se considerarán instrumentos negociables bajo las leyes de Puerto Rico.
(f) Los IVCs autorizados por esta Ley se emitirán de forma registrada.
(g) Solamente para propósitos de calcular el servicio anual máximo de la deuda pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico conforme al Artículo VI, Sección 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado, se asumirá que el servicio de la deuda pagadero bajo los IVCs en cualquier año fiscal será igual a las cantidades máximas que podrían ser pagaderas durante dicho año fiscal bajo los IVCs de conformidad con el Contrato de IVC.
(h) Se establece que los servicios de la deuda pagadero bajo los IVCs en cualquier año fiscal no menoscabarán bajo concepto alguno las obligaciones y reservas creadas por la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).
La buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico quedan por la presente irrevocablemente comprometidos para el pago puntual de los IVCs emitidos bajo las disposiciones de esta Ley según y cuándo venzan de conformidad con los términos del Contrato de IVC. El Secretario de Hacienda queda por la presente autorizado y dirigido a pagar los IVCs según venzan o al momento de ser redimidos de conformidad con el Contrato de IVC, de los recursos disponibles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el año fiscal en que dicho pago sea requerido, y las disposiciones de esta Ley relacionadas al pago de los IVCs se considerarán una
obligación continua del Secretario de Hacienda para hacer los pagos en el año fiscal en que dicho pago sea requerido, aun si no se han hecho asignaciones específicas para dicho propósito. El Representante del Gobernador queda por la presente autorizado y dirigido a incluir en el Contrato de IVC el compromiso que aquí establece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico con relación a los IVCs, y se establecerá en dichos IVCs que la buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico están comprometidos para el pago de los mismos.
Los IVCs, incluyendo, pero sin limitarse a, cualesquiera pagos o ingresos con relación a los IVCs y la transferencia de los IVCs, estarán, en todos momentos, totalmente exentos de todo tipo de contribuciones (incluyendo, pero sin limitarse a, contribuciones sobre ingresos, tarifas, licencias, sellos y otros cargos cobrados por el Estado Libre Asociado o por cualquier Entidad Gubernamental, y de cualesquiera todas las retenciones relacionadas). Si los IVCs se emiten originalmente a un fideicomiso, las distribuciones que haga dicho fideicomiso a sus beneficiarios atribuibles a pagos o ingresos recibidos por el fideicomiso con relación a los IVCs y la transferencia de los IVCs por el fideicomiso, si se permitiera, así como la transferencia del interés en dicho fideicomiso, estarán, en todo momento, totalmente exentos de todo tipo de contribuciones (incluyendo, pero sin limitarse a, contribuciones sobre ingresos, tarifas, licencias, sellos y otros cargos cobrados por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por cualquier Entidad Gubernamental, y de cualesquiera y todas las retenciones relacionadas). Los tenedores y beneficiarios de los IVCs y/o de un interés en el fideicomiso que sea dueño de los IVCs no tendrán que rendir planillas o cualquier otro reporte de contribuciones o requisito similar con relación al Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualquier Entidad Gubernamental por razón de tener, ser dueño de o transferir IVCs.
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con la intención de quedar contractualmente obligado, por la presente acuerda y pacta para el beneficio de todos los tenedores iniciales y subsiguientes de los IVCs que, hasta que todas las obligaciones con relación a dichos bonos hayan sido completamente pagadas o satisfechas de conformidad con sus términos, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico:
(a) no llevará a cabo acción alguna que:
(i) limite o altere los derechos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de conformidad con el Plan y la Orden de Confirmación para cumplir con los términos de cualesquiera acuerdos con los tenedores de los IVCs;
(ii) perjudique los derechos y remedios de los tenedores de los IVCs; o (iii) limite la habilidad de los tenedores de los IVCs de monitorear el rendimiento del IVU Medido y de los Ingresos del Arbitrio al Ron del Estado Libre Asociado de Puerto Rico disponibles para el pago de los IVCs (de conformidad con el Plan y según establecido en el Contrato de IVC); disponiéndose, sin embargo, que lo anterior no impedirá que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico pueda ejercer su poder, mediante un cambio en la ley, de eliminar el IVU Medido, o reemplazar el IVU Medido con un Impuesto Sustituto Medido, cada uno de conformidad con el Contrato de IVC, que protegerá a los tenedores de los IVC de que dicha eliminación o reemplazo reduzca la probabilidad de que la Condición de Rendimiento Superior del IVU se cumpla; y disponiéndose además que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico divulgará a tiempo la información que pueda ser requerida bajo el Contrato de IVC con relación al IVU Medido, los recaudos del impuesto sobre ventas y uso, y cualesquiera ajustes a los umbrales base del $5.5 %$ del IVU realizados de conformidad con el Contrato de IVC;
(b) causará que cualquier Plan Fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico presentado a la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico bajo PROMESA luego de la Fecha de Efectividad, mientras dicha entidad esté presente y en funciones en Puerto Rico incluya disposiciones para el pago en cada año fiscal de las cantidades adeudadas para los IVCs de conformidad con los términos del Contrato de IVC en la medida en que la Condición de Rendimiento Superior del IVU o la Condición de Rendimiento Superior del Arbitrio al Ron, según sean aplicables, ocurran durante el año fiscal anterior.
Se crea el "Fondo Extraordinario para Atender el Recogido y Disposición de Residuos, Desperdicios y para Implementar Programas de Reciclaje en los Municipios", en adelante el "Fondo Extraordinario", el cual estará dentro del "Fondo de Equiparación de los Municipios" dispuesto en el Artículo 7.015 de la Ley 107-2020, según enmendada, pero en una cuenta separada de otros ingresos de dicho fondo, y que se utilizará para los propósitos específicos dispuestos en esta Ley.
El Gobierno de Puerto Rico por la presente declara que es la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el garantizar a su población el recogido y
disposición eficiente de la basura, desperdicios sólidos, escombros, así como la implementación de programas de reciclaje para atender estos residuos, por lo que en la medida que el Plan de Ajuste de la Deuda incluya reducciones en el monto de la deuda garantizada una porción de estas economías que se generarán deberán hacerse accesibles a los municipios para que puedan brindar estos servicios.
El Fondo Extraordinario establecido en el Artículo 401 de esta Ley se nutrirá de una asignación anual del Fondo General, la cual será equivalente en cada año fiscal al $42 %$ de la cantidad cobrada durante el año fiscal anterior por virtud de la contribución sobre la propiedad del $1.03 %$. Esta asignación solo podrá incluirse en el presupuesto de un año fiscal si la cantidad de fondos Medicaid recibidos durante el año fiscal anterior exceden la cantidad proyectada para el año fiscal anterior en el plan fiscal del Gobierno de Puerto Rico certificado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico en abril de 2021.
Los municipios solo podrán acceder a los recursos económicos del Fondo Extraordinario aquí dispuesto, exclusiva y específicamente, para los propósitos descritos a continuación:
(a) recogido y disposición de basura;
(b) recogido y disposición desperdicios sólidos;
(c) recogido y disposición de escombros;
(d) implementación, recogido y disposición de reciclaje.
A fin de lograr una justa distribución de los recursos del Fondo Extraordinario, se utilizará los siguientes criterios para determinar las cantidades a las que pueden tener acceso los municipios:
(a) El total de personas beneficiarias del Programa de Asistencia Nutricional, per cápita, según certificación al efecto emitida por el Departamento de la Familia, que sea determinado en el año fiscal inmediatamente anterior o en el año fiscal más próximo que se tenga la información.
(b) El presupuesto funcional per cápita de cada municipio, del año fiscal inmediatamente anterior o del año fiscal más próximo que se tenga la información.
(c) El valor tasado de la propiedad tributable per cápita ubicada dentro de los límites territoriales de cada municipio, correspondiente al año fiscal inmediatamente anterior o al año fiscal más próximo que se tenga la información.
(d) La población del municipio por milla cuadrada, según el último censo decenal.
La metodología para la distribución será determinada por los parámetros dispuestos en este Artículo, pero podrán incorporarse aquellos parámetros existentes para la distribución de los recursos del Fondo de Equiparación de los Municipios, siempre y cuando no sean contrarios a los propósitos y objetivos aquí descritos, por la Junta de Gobierno del CRIM. La aplicación de dicha metodología deberá beneficiar aquellos municipios que reciben el menor ingreso por contribución sobre la propiedad u otras fuentes, así como a los municipios con el mayor número de dependientes del Programa de Asistencia Nutricional y de mayor densidad poblacional.
CAPÍTULO 5- ENMIENDA Y DEROGACIÓN DE CIERTAS LEYES PARA ALLEGAR FONDOS AL FONDO GENERAL Y GARANTIZAR QUE TODA LEGISLACIÓN CUMPLA CON LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN FISCAL.
"Artículo 3.- Facultades y Deberes de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
(a) La Oficina de Gerencia y Presupuesto bajo las reglas, reglamentos, instrucciones y órdenes que el Gobernador prescribiere, asesorará al Primer Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa y a los organismos gubernamentales en los asuntos de índole presupuestarios, programáticos y de gerencia administrativa, así como en asuntos de naturaleza fiscal relativos a sus funciones; llevará a cabo las funciones necesarias que permitan al Gobernador someter a la Asamblea Legislativa la propuesta del Presupuesto General del Gobierno, de conformidad con el Artículo 4 de esta Ley, incluyendo las Corporaciones Públicas. A su vez, velará por que la ejecución y administración del presupuesto por parte de los organismos públicos se conduzcan de acuerdo con las leyes y resoluciones de asignaciones, con las más sanas y adecuadas normas de administración fiscal y gerencial, y en armonía con lo dispuesto por el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal aprobado de conformidad con la Ley de Responsabilidad Fiscal y de Revitalización Económica de Puerto Rico (el "Plan Fiscal y de Crecimiento Económico") y con los
propósitos programáticos para los cuales se asignan o proveen los fondos públicos. Evaluará los programas y actividades de los organismos públicos en términos de economía, eficiencia y efectividad y le someterá al Gobernador informes con recomendaciones para la implantación de las mismas. Además, preparará y mantendrá el control de todos aquellos documentos fiscales y presupuestarios que sean necesarios para la administración del presupuesto y efectuará los cambios, enmiendas o ajustes que se ameriten, sujeto a las disposiciones legales y normas establecidas por la Asamblea Legislativa, y el Gobernador. A estos fines, y con el propósito de que la Asamblea Legislativa pueda analizar que las medidas legislativas cumplen con el Plan Fiscal Certificado, la Oficina de Gerencia y Presupuesto tendrá el deber ministerial de proveer y enviar una certificación oficial que valide la disponibilidad de fondos respecto a las medidas legislativas que le sean solicitadas por las comisiones legislativas en un plazo de cinco (5) días laborables contados a partir desde que se le son requeridas. Presentará junto al Secretario de Hacienda un informe detallado con respecto a las proyecciones de ingresos y gastos del año fiscal siguiente y correspondiente al Presupuesto General propuesto ante la Asamblea Legislativa en un término que no excederá cinco (5) días calendario luego de la presentación de la propuesta de Presupuesto General del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por parte del Gobernador. Se mantendrá atento a las nuevas corrientes y tendencias en el ámbito presupuestario y gerencial de la administración pública para evaluar y adaptar aquellas técnicas, métodos y enfoques que apliquen al campo administrativo local, tanto en la formulación y ejecución del presupuesto como en la evaluación de programas, el análisis gerencial y la auditoría operacional y administrativa. Además, deberá proponer aquella legislación que se considere necesaria y conveniente para incorporar dichos enfoques y tendencias a nuestro proceso presupuestario y administrativo.
(b) ..." ARTÍCULO 502.- SE ENMIENDA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 44 DE 21 DE JUNIO DE 1988, SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO LA LEY DE LA AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO, PARA QUE LEA COMO SIGUE: "Artículo 3.- Definiciones Las siguientes palabras y términos, cuando sean usados o se haga referencia a los mismos en esta Ley, tendrán los significados que se indican a continuación, a no ser que del contexto se entienda claramente otra cosa:
(a) ...
(j) Fondo de Desarrollo - Significará el Fondo de Desarrollo de Infraestructura creado bajo el Artículo 25 de esta Ley, conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 54 de 4 de agosto de 1997 (27 L.P.R.A. § 431 et seq.)
(k) ... (1) Cuenta del Corpus - Significará la Cuenta del Corpus del Fondo de Desarrollo según se establece en el inciso
(a) del Artículo 25 de esta Ley. Los rendimientos de capital que genere esta cuenta deberán utilizarse según se establece en el Artículo 25 de esta Ley.
(s) Cuentas adicionales - Significará cuentas creadas dentro del Fondo de Desarrollo, además de la Cuenta del Corpus, que sean necesarias para llevar a cabo los propósitos de esta Ley, según se establece en el inciso
(a) del Artículo 25 de esta Ley."
ARTÍCULO 503.- SE ENMIENDA EL INCISO (M) DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 44 DE 21 DE JUNIO DE 1988, SEGÚN ENMENDADA, PARA QUE LEA COMO SIGUE: "Artículo 7. - Poderes Generales. La Autoridad tendrá todos los poderes necesarios y convenientes para llevar a cabo y efectuar los propósitos y disposiciones de esta Ley, incluyendo, pero sin que se entienda como limitación, lo siguiente:
(a) ... ...
(m) Hipotecar o pignorar cualquier propiedad para el pago del principal de y los intereses sobre cualesquiera bonos emitidos por la Autoridad o bonos emitidos por una entidad beneficiada, y pignorar la totalidad o parte de los ingresos que la Autoridad recibiese.
(n) ...
Todo dueño de un vehículo de motor, sujeto al pago de derechos anuales de permiso pagará en cualquier colecturía de rentas internas de cualquier municipio, en el lugar que designe el Secretario del Departamento de Hacienda, en las estaciones oficiales de inspección, bancos o en el lugar que designe el Secretario, los derechos que correspondan al vehículo para cada año, según se indican estos en la notificación que al efecto deberá enviarle el Secretario. Los derechos por este concepto se pagarán anticipadamente por todo el año excepto que cuando al momento de pagar los derechos resten menos de seis (6) meses para la próxima renovación, solo se requerirá el pago equivalente a los meses que resten por transcurrir en la fecha en que se devengan, contándose las fracciones de meses como un mes completo. Esta disposición aplicará a todos los vehículos de motor, independientemente de la cantidad que paguen por derecho de licencia por año. Al recibo de los derechos correspondientes, el colector expedirá el permiso para vehículo de motor que consistirá del formulario de notificación emitido por el Secretario, con las debidas anotaciones y firma del colector, indicativas de que se ha efectuado el pago de los derechos. Junto con el permiso, el colector entregará el correspondiente marbete o placas de número, según sea el caso. Solo se exhibirá un (1) marbete del vehículo de motor durante el año de vigencia del pago de derechos. Se autoriza al Secretario a que, previa consulta con el Secretario de Hacienda, adopte un Reglamento a los fines de conceder un descuento de hasta diez por ciento (10%) a aquellos conductores que opten por adquirir y pagar anticipadamente marbetes multianuales para sus vehículos. El dueño de la estación de inspección depositará en una cuenta especial para que el Departamento de Hacienda haga transferencias diarias de los marbetes expedidos. El Departamento de Hacienda aprobará un reglamento para estos fines, en el cual requerirá una fianza y seguros para garantizar que se reciban los recaudos de los marbetes vendidos. El cargo por servicio que cobre la estación de inspección, el banco o cualquier otro lugar que designe el Secretario de Hacienda no será mayor de cinco dólares ($5). En los casos referentes a derechos de exámenes, incluyendo licencias de aprendizaje, expedición de duplicado de licencias, renovación de licencias de conducir, traspaso de vehículos y todo otro cobro de derechos, se utilizarán comprobantes de pago, sellos de rentas internas o cualquier otro mecanismo de pago que establezca el Secretario de Hacienda. El importe de los derechos recaudados de acuerdo con los Artículos 23.01 y 23.02 de esta Ley ingresará en su totalidad en el Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico."
ARTÍCULO 506. - SE DEROGA EL INCISO (E) Y SE RENUMERAN LOS ACTUALES INCISOS (F) Y (G) COMO LOS NUEVOS INCISOS (E) Y (F) DEL ARTÍCULO 23.02 DE LA LEY 22-2000, SEGÚN ENMENDADA, PARA QUE LEA COMO SIGUE: "Artículo 23.02. - Derechos a pagar.
(a) ...
(d) ...
(e) $\ldots$
(f) ..." ARTÍCULO 507. - SE DEROGA EL INCISO (L) Y SE RENUMERAN LOS ACTUALES INCISOS (M), (N), (N), (O), Y (P) COMO LOS NUEVOS INCISOS (L), (M), (N), (N), Y (O), RESPECTIVAMENTE, DEL ARTÍCULO 1.03(B) DE LA LEY 351-2000, SEGÚN ENMENDADA, PARA QUE LEA COMO SIGUE: "Artículo 1.03(b).- Definiciones. Las siguientes palabras y términos, cuando sean usados o se haga referencia a los mismos en esta Ley, tendrán el significado indicado a continuación, a menos que del contexto surja otro significado:
(a) ... $\cdots$
(l) $\ldots$
(m) $\ldots$
(n) $\ldots$ (ñ) $\ldots$
(o) ..."
"Artículo 2.02 - Poderes Específicos de la Autoridad. La Autoridad tendrá las siguientes facultades y derechos:
(a) ...
(h) Tomar préstamos con el propósito de financiar los costos del Centro, los proyectos de mejoramiento y proyectos en las parcelas privadas o el Distrito y cumplir con cualquiera de sus propósitos y poderes corporativos, a discreción de la Junta; hacer y emitir bonos negociables de la Autoridad; garantizar el pago de dichos bonos, o cualquier parte de los mismos, mediante la prenda, hipoteca, cesión o escritura de fideicomiso de propiedades de la Autoridad localizadas en o fuera del Distrito, cargos por beneficio, otros ingresos, rentas, cuotas, recibos y cualquier interés en contratos, arrendamientos o subarrendamientos; entrar en cualesquiera acuerdos con los compradores o tenedores de dichos bonos o con otras personas con las cuales la Autoridad está obligada con relación a cualquier bono, emitido o por ser emitido, según la Autoridad considere aconsejable, los cuales constituirán contratos con dichos compradores o tenedores; obtener cualquier facilidad que aumente su capacidad para tomar dinero a préstamo o emitir deuda o que aumente su liquidez con relación a cualesquiera bonos en la forma en que la Autoridad determine ventajosa; y, en general, proveer garantías para el pago de los bonos y los derechos de los tenedores de estos."
(i) ...
"Artículo 8.- Las agencias gubernamentales, los municipios, así como las entidades recipientes de asignaciones de fondos públicos los utilizarán para los fines establecidos en la resolución conjunta correspondiente y de ninguna manera, dispondrán de los mismos para otros propósitos o fines que no estén señalados de manera categórica y específica en la resolución conjunta aprobada.
Cualquier cambio o modificación de los propósitos o fines establecidos en la resolución conjunta original, conllevará el inicio o repetición por la Asamblea Legislativa de todos los procedimientos.
El cumplimiento con estas resoluciones conjuntas, asignando fondos públicos, se hará siguiendo las normas y procedimientos aplicables a los municipios y a las instrumentalidades gubernamentales. Con excepción de las personas naturales, todos los contratos suscritos y cualquiera otro documento legal estarán sujetos a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y serán interpretados de acuerdo a las mismas.
Con el propósito de que la Asamblea Legislativa pueda analizar que las asignaciones o reasignaciones de fondos públicos dispuestos en esta Ley cumplen con el Plan Fiscal Certificado, la Oficina de Gerencia y Presupuesto tendrá el deber ministerial de proveer y enviar una certificación oficial que valide la disponibilidad de fondos respecto a las medidas legislativas que le sean solicitadas por las comisiones legislativas en un plazo de cinco (5) días laborables contados a partir desde que se le son requeridas."
"Artículo 31. - Disposición de Fondos. La Oficina de Turismo distribuirá las cantidades recaudadas por concepto del Impuesto fijado en el Artículo 24 de esta Ley, luego de transferir al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico las cantidades que anteriormente se le transferían a la Autoridad (según detallado en el Plan Fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico vigente en ese momento, si alguno), de acuerdo con el siguiente orden de prioridad:
(i) dos (2) por ciento del Impuesto total recaudado ingresará mensualmente a los fondos generales de la Oficina de Turismo para cubrir los gastos de operación, manejo y distribución de los recaudos del Impuesto, o para cualquier otro uso que disponga la Oficina de Turismo. (ii) cinco (5) por ciento del Impuesto total recaudado ingresará mensualmente al Fondo General del Departamento de Hacienda para los Años Fiscales 2005-2006 y 2006-2007, a las arcas de la Compañía de Parques Nacionales para los Años Fiscales 2007-2008 y 2008- 2009, y a partir del Año Fiscal 2009-2010 a las arcas de la Oficina de Turismo. A partir del año en que la Autoridad certifique al Departamento de Hacienda y a la Oficina de Turismo, el inicio de las operaciones del Centro de Convenciones, y durante los diez (10) años subsiguientes, este cinco por ciento (5%) estará disponible para cubrir cualquier déficit, si alguno, que surja de las operaciones de las facilidades que opera la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, en reserva que mantendrá la Oficina de Turismo. Disponiéndose, sin embargo, que para cada año fiscal y/o cada vez que la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones proponga presentar un presupuesto que exceda el déficit de dos millones quinientos mil $(2,500,000)$ dólares, el presupuesto de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones deberá ser presentado a la Junta de Directores de la Autoridad a la Oficina de Turismo y al Secretario de Hacienda para los Años Fiscales 2005-2006 y 2006-2007 y a la Junta de Directores de la Compañía de Parques Nacionales para los Años Fiscales 2007-2008 y 2008-2009 en una
reunión específica a estos fines, y a la Junta de Directores de la Autoridad y a la Oficina de Turismo, comenzando el Año Fiscal 2010-2011 en adelante. Este cinco por ciento (5%) se mantendrá disponible durante cada año fiscal en una cuenta de reserva especial que mantendrá la Oficina de Turismo para cubrir cualquier déficit en exceso de dos millones quinientos mil $(2,500,000)$ dólares, que surja de la operación de las facilidades de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones. Para cada año fiscal, cualquier sobrante, luego de cubrir dicho déficit operacional, si alguno, se liberará de la reserva especial y estará disponible para el uso del Departamento de Hacienda para los Años Fiscales 2005-2006 y 2006-2007, de la Compañía de Parques Nacionales para los Años Fiscales 2007-2008 y 2008-2009 y a partir del Año Fiscal 2010-2011 para el uso de la Oficina de Turismo. A partir del Año Fiscal 2015-2016, y durante los cinco (5) años subsiguientes, este cinco por ciento (5%) será transferido mediante aportaciones trimestrales por el Departamento a la Autoridad para cubrir los costos asociados exclusivamente a la operación del Centro de Convenciones de Puerto Rico. Disponiéndose, sin embargo, que para cada año fiscal la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones deberá presentar sus estados financieros auditados, conjuntamente con un informe evidenciando el uso de los fondos transferidos según establecido en los incisos (ii) y (iv) de este apartado a la Junta de Directores de la Autoridad y al Director de la Oficina de Turismo, en una reunión específica a esos efectos. Si al finalizar algún año fiscal tales estados financieros auditados reflejan una ganancia neta, la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones devolverá a la Oficina de Turismo la cantidad generada como ganancia neta sin exceder el monto total transferido por la Oficina de Turismo a la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones en ese mismo año fiscal, por virtud de los incisos (ii) y (iv) de este apartado. (iii) dos millones quinientos mil $(2,500,000)$ dólares serán transferidos por la Oficina de Turismo a la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones en aportaciones trimestrales de seiscientos veinticinco mil $(625,000.00)$ dólares para cubrir los costos asociados exclusivamente a la operación del Distrito del Centro de Convenciones. Disponiéndose, sin embargo, que para cada año fiscal y/o cada vez que se proponga presentar un presupuesto modificado, el presupuesto de la Autoridad del Centro de Convenciones deberá ser presentado a la Junta de Directores de la Autoridad y Director Ejecutivo de la Oficina de Turismo, en una reunión específica a esos efectos. Esta cantidad será transferida según establecido en este apartado a partir del Año Fiscal 2015-2016, y por un período de cinco (5) años. (iv) hasta cuatro millones $(4,000,000)$ de dólares se mantendrán disponibles durante cada año fiscal, en una cuenta de reserva especial que mantendrá la Oficina de Turismo para gastos operacionales dedicados a los asuntos especializado del sector, sus gastos y/o la fiscalización e implementación por este del Contrato de Servicios de Mercadeo de Destino contemplado en el Artículo 8 de la "Ley para la Promoción de Puerto Rico como Destino".
(v) el remanente que resulte después de las asignaciones y reservas dispuestas en los incisos
(i) , (ii), (iii) y (iv), hasta un tope de veinticinco millones $(25,000,000)$ de dólares, se le asignarán a la Corporación. Los fondos asignados a la Corporación serán utilizados por esta para la promoción, mercadeo, desarrollo y fortalecimiento de la industria turística en Puerto Rico. Si el remanente excediera los veinticinco millones $(25,000,000)$ de dólares,
dicho exceso será utilizado por la Oficina de Turismo para el desempeño de sus funciones dedicados a los asuntos especializado del sector y sus gastos. La Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio le someterá mensualmente a la Autoridad y a la Corporación un desglose de los recaudos por concepto del Impuesto."
"Artículo 7A.- Deber Ministerial de la Oficina de Gerencia y Presupuesto Con el propósito de que la Asamblea Legislativa pueda analizar que las medidas legislativas cumplen con el Plan Fiscal Certificado, la Oficina de Gerencia y Presupuesto tendrá el deber ministerial de proveer y enviar una certificación oficial que valide la disponibilidad de fondos respecto a las medidas legislativas que le sean solicitadas por las comisiones legislativas en un plazo de treinta (30) días laborables contados a partir desde que se le son requeridas. Dicha certificación deberá incluir la cantidad exacta disponible, sea mayor o menor a la dispuesta en la medida en consideración.
Al emitir la certificación oficial, la Oficina de Gerencia y Presupuesto garantiza la disponibilidad de dichos fondos. Una certificación oficial en donde se informe que los fondos están comprometidos para una obra o uso específico distinto a lo dispuesto en la medida legislativa que se solicita deberá venir acompañada con la evidencia de la obligación, copia de las facturas y cualquier otra información pertinente que demuestre la no disponibilidad de dichos fondos.
El proceso para requerir las certificaciones oficiales de disponibilidad de fondos por parte de las comisiones legislativas no requerirá de ningún formulario o trámite especial, solo requerirá una misiva de la comisión legislativa solicitando la certificación que se trate.
Cuando cualquier comisión permanente, especial o conjunta de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico presente cualquier informe recomendando la aprobación de alguna medida legislativa en la cual se haya solicitado una certificación oficial tendrá que incluir en el referido informe una sección titulada "Deber Ministerial de la Oficina de Gerencia y Presupuesto referente a disponibilidad de fondos". En esta Sección, se aseverará el impacto fiscal, si alguno, que se estime la aprobación de la medida tendría sobre los presupuestos de las agencias, departamentos, organismos, instrumentalidades o corporaciones públicas. Si la Oficina de Gerencia y Presupuesto no emite la correspondiente certificación en el tiempo dispuesto en este Artículo, se incluirá en dicha Sección del informe el siguiente texto: "La Oficina de Gerencia y Presupuesto no suministró la certificación oficial de disponibilidad de fondos en el tiempo dispuesto por ley incumpliendo con el deber ministerial dispuesto en la Ley 103-2006, según
enmendada, mejor conocida como "Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006".
ARTÍCULO 512.- SE ENMIENDA LA SECCIÓN 3060.11 DE LA LEY 1-2011, SEGÚN ENMENDADA, PARA QUE LEA COMO SIGUE: "Sección 3060.11 - Disposición de Fondos. El producto de los impuestos y derechos de licencia recaudados por virtud de este Subtítulo ingresará en el Fondo General del Tesoro de Puerto Rico."
ARTÍCULO 513.- SE ELIMINA LA SECCIÓN 3060.11A DE LA LEY 1-2011, SEGÚN ENMENDADA.
ARTÍCULO 514.- SE DEROGA LA LEY NÚM. 39 DEL 13 DE MAYO DE 1976, SEGÚN ENMENDADA.
ARTÍCULO 515.- SE ENMIENDA EL ARTÍCULO 7.018 DE LA LEY 107-2020, SEGÚN ENMENDADA, PARA QUE LEA COMO SIGUE: "Artículo 7.018 - Fondos - Fideicomisos; Distribución Los fondos en el fideicomiso general que el CRIM establece con el Fiduciario Designado según el inciso
(c) del Artículo 7.003 de este Capítulo, serán distribuidos por el CRIM en el orden de prioridad que a continuación se indica:
(a) La cantidad que corresponda a la contribución especial del $1.03 %$ será depositado en el Fondo General.
(b) $\ldots$
(c) $\ldots$
"Artículo 7.027 - Recaudación e Ingreso de Contribuciones en Fondos y Aplicación del Producto de las Contribuciones (Fondo de Redención de Bonos)
El producto de las contribuciones que se imponen por los Artículos 7.025 y 7.026 ingresará al fideicomiso general establecido por el CRIM con la Autoridad de Asesoría
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), de conformidad con el Capítulo I de este libro.
(a) El producto de las contribuciones especiales sobre la propiedad impuesta por el Artículo 7.026 ingresará al Fondo General.
(b) ...
(c) $\ldots$
(d) ..." ARTÍCULO 517.- Las transacciones del Plan de Ajuste no se pueden utilizar para mitigar causas de acción al amparo de la Ley 3-2013, según enmendada.
Se deroga el Artículo 3 de la Ley 9 de 12 de agosto de 1982, disponiéndose que los fondos que se transferían por virtud de dicha Ley a la Autoridad de Transportación y Carreteras ingresarán al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Artículo 601.-Prohibición del menoscabo de las Obligaciones de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA)
Se establece que los servicios de la deuda pagadero bajo los IVCs en cualquier Año Fiscal no menoscabarán bajo concepto alguno las obligaciones de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), incluyendo las obligaciones y reservas creadas.
Artículo 602.-Autorización al Representante del Gobernador Las responsabilidades, facultades, deberes y autorizaciones concedidas por la presente Ley al Representante del Gobernador, estará limitada exclusivamente a lo dispuesto en esta Ley y no a futuras emisiones de deudas.
Artículo 603.- Separabilidad. Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la orden a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha orden quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así
hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una Persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas Personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia.
Disponiéndose que la separabilidad de este Artículo no será de aplicación al Artículo 605. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que no se hagan cumplir las Transacciones de Reestructuración y sus respectivas autorizaciones en los Artículos 103, 201 y 301, si se deja sin efecto, invalida o declara inconstitucional la condición suspensiva para evitar cualquier recorte de pensiones a empleados gubernamentales en el Plan de Ajuste, o las disposiciones del Artículo 104 de esta Ley.
Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición general o específica de cualquier otra ley o reglamento del Gobierno (excluyendo leyes y reglamentos federales) que sea inconsistente con esta Ley. Esta Ley está sujeta a PROMESA. Si hubiera conflicto entre las versiones en inglés y en español de esta Ley, prevalecerá la versión en inglés.
Todas las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
(i) que son inconsistentes con los términos y disposiciones del Plan, las transacciones contempladas por el Plan, o las disposiciones de PROMESA, o (ii) que transfieren, asignan, o requieren la asignación de fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de alguna de sus instrumentalidades a alguna agencia o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo las leyes enumeradas en el Exhibit K del Plan, en la medida en que dicha transferencia o asignación sea inconsistente con esta Ley, o con PROMESA, o con un presupuesto certificado por la JSAF (en la medida en que dicha certificación sea requerida por PROMESA), quedan por virtud de esta Ley desplazadas y enmendadas para disponer que todos los fondos transferidos o asignados por virtud de dichas leyes (o disposiciones de dichas leyes) inconsistentes, serán transferidos al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para ser desembolsados solamente según se disponga en un presupuesto aprobado.
Artículo 605.- Vigencia.
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación, excepto por el Capítulo 5 de esta Ley, el cual comenzará a regir en la Fecha de Efectividad. La vigencia de esta Ley queda condicionada a que la JSAF radique para su confirmación por el Tribunal del Título III un Plan enmendado que elimine la Modificación del Beneficio Mensual ("Monthly Benefit Modification," según se define en el Plan). Para propósitos de claridad, quedará inmediatamente sin vigencia esta Ley y cualquier transacción, emisión o gestión relacionada con la misma será nula si se ordena y se procede con algún recorte a las pensiones de los empleados gubernamentales en el Plan de Ajuste o Reestructuración. La vigencia de esta Ley queda condicionada a cero recortes en las pensiones.
(H.B. 1003) (Second Conference)
To create the "Law to End the Bankruptcy of Puerto Rico", to establish the provisions and conditions to approve the offer, sale, and issuance of the different types of General Obligation Bonds, as well as to provide the creation of Contingent Value Instruments; to establish public policy to support affected municipalities; to establish the public policy to support the pensions of our retirees; establish the public policy to support the University of Puerto Rico; declare the Government's purposes on higher education issues, health coverages for public employees and citizens, as well as for economic development and to establish a joint working group between the Legislative Branch and the Executive Branch; to establish a mechanism that allows the Government of the Commonwealth of Puerto Rico to advance the terms of payments and cancellation of the debt subject to controlling law; to repeal Law No. 39 of May 13, 1976, as amended; to amend subsection
(a) of Section 3 of Law No. 147 of June 18, 1980, as amended; to amend Article 3 and subsection
(m) of Article 7, as well as to repeal Articles 25 and 34 and to renumber Articles 25-A and 35 as Articles 25 and 34, respectively, of Law No. 44 of 21 of June 1988, as amended; to amend Article 23.01, to repeal subsection
(e) , and current subsections
(f) and
(g) are renumbered as new subsections
(e) and
(f) , respectively, of Article 23.02 of Law 22-2000, as amended; repeal subsection
(l) , and renumber current subsections
(m) ,
(n) , (ñ),
(o) , y
(p) as new subsections
(l) ,
(m) ,
(n) , (ñ), y
(o) , respectively, of Article 1.03(B), and to amend subsection
(h) of Article 2.02 of Law 351-2000, as amended; to amend Article 8 of Law 179- 2002, as amended; to amend Article 31 of Law 272-2003, as amended; to add a new Article 7A to Law 103-2006, as amended; to amend Section 3060.11 and eliminate Section 3060.11A of Law 1-2011, as amended; to amend Section 7.018 and Article 7.027 of Law 107-2020, as amended; and to repeal Article 3 of Act 9 of August 12, 1982; in order to take the affirmative steps necessary to direct the exit of Puerto Rico from the bankruptcy
proceedings created under Title III of PROMESA; to comply with the provisions of the aforementioned federal law with respect to the minimum conditions necessary for the culmination of the Financial Oversight and Management Board; and for other related purposes.
In the year 2016, in order to provide a mechanism for the Government of Puerto Rico to renegotiate its debt and to control the potential avalanche of claims by its creditors, the U.S. Congress enacted the federal law entitled "the Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act", known as PROMESA. This law established, in its Title III, a bankruptcy proceeding that incorporated a broad portion of the provisions of the Bankruptcy Code, to which Puerto Rico would have access in order to restructure its monumental debt. Likewise, it created an entity that would take control of all budgetary, financial, and fiscal administration aspects of Puerto Rico called the Financial Oversight and Management Board (FOMB or the Board). In effect, the FOMB would essentially supervise and control all financial, fiscal, and budgetary aspects of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico.
On May 3, 2017, the FOMB filed a debt restructuring petition under Title III of PROMESA. The filing of this petition before the Title III Court gave rise to the largest bankruptcy proceeding in the history of the U.S. municipal markets, to which the bonds and obligations of the Commonwealth of Puerto Rico belong. To bear in mind the magnitude of this event, it must be considered that it was estimated that the Commonwealth would have to restructure $35 billion as part of the aforementioned restructuring process.
After more than four years since the filing of the bankruptcy petition under Title III of PROMESA, the Board has presented a seventh amended version of the Debt Adjustment or Restructuring Plan (DAP or the Plan) for Puerto Rico before the Title III Court as filed on July 30, 2021. This Plan is the result of several years of negotiation between the FOMB, in its capacity as the exclusive representative of the Debtors, including the Commonwealth of Puerto Rico, before the Title III Court, and a number of classes of creditors of obligations of the central Government.
Pursuant to this law, the Commonwealth supports the Plan, along with the public policies set forth in this Law which, subject to PROMESA's mandate to restore fiscal responsibility in Puerto Rico and the Oversight Board's fiscal plan and budget powers under PROMESA, includes zero cuts to pensions of current retirees and current accrued benefits of active public employees and a desire to promote the welfare of the people of Puerto Rico:
programs; (3) the development of business growth programs through entrepreneurial capitalization; and (4) capitalization of the savings and credit cooperatives sector. 9. Establish a mechanism that allows the Government of Puerto Rico to advance the terms of payments and debt cancellation, following the termination of the FOMB under PROMESA. The sole purpose of this mechanism is to authorize the Government of Puerto Rico to refinance the debt payment agreements following the termination of the FOMB under PROMESA, with the sole objective of accelerating or paying off the agreed payments, in accordance with the future fiscal situation and without affecting essential and priority services of the Government of Puerto Rico. 10. Establish a joint working group between the Legislative Branch and the Executive Branch. This initiative has the objective of designing the legislation that is necessary to ensure that, once the public debt restructuring process is concluded, the Government of Puerto Rico does not go into debt again without having the economic resources to meet its payment obligations; or repeat the improper practices of approving unbalanced budgets, with estimates of unrealistic income or excessive expenses.
If ratified by the Government and the creditors, and later confirmed by the Title III Court, the Plan would represent the last step in the process of restructuring Puerto Rico's debt. This Plan incorporates the agreements reached with the various classes of creditors of Central Government obligations. These classes include general obligation bondholders, public employee unions, the Non-secured Creditors Committee, and the Official Retirees Committee, among others.
In total, the agreements included in the DAP reduce the Central Government's public debt by approximately $50 %$. That is, the public debt would be reduced from approximately $70 billion to $34 billion, and the General Obligations (GO) and Public Buildings Authority bonds debt would be reduced from $18.8 billion to $7.4 billion. In turn, the annual payment of Puerto Rico's public debt would be reduced from approximately $3.3 billion to $1.1 billion. Likewise, the Commonwealth's debt service would be reduced from $25 %$ to $7.5 %$, a figure that represents half the constitutional maximum allowed. In practical terms, these reductions represent more money in the government's coffers, which implies that Puerto Rico will have a new opportunity to invest in its people through improvements to the infrastructure, to defray the costs of the essential services that it is called upon to offer; and to prepare for and deal with future emergencies.
To achieve this reduction in government debt, the Plan requires the Puerto Rico Legislature to enact legislation that makes possible the issuance of a series of general obligation bonds (GO) and the creation of contingent value instruments (CVI). It should be noted that the Plan also provides for the creation of a trust that will supplement future revenues for the payment of pensions, the government's enjoyment of up to $200 million in funds generated in excess of the projections contained in the Fiscal Plans of 2020 and 2021, and other repayment mechanisms.
In essence, the Central government must issue new general obligation bonds, and authorize the creation of the CVIs. The CVIs would only be payable upon meeting certain sales and use tax (SUT) collection metrics and, in the case of a limited portion of CVIs, the portion of the federal tax on rum that the Federal Treasury Department transfers to the Government of the Commonwealth of Puerto Rico. That is, only a specific maximum of debt would be paid if certain conditions are present.
Pursuant to Section 314 of PROMESA, the Government of Puerto Rico must enact this legislation to facilitate confirmation of the Plan, which must occur before the departure of the Board.
However, this Legislature has not lost sight of the fact that our retirees, unlike other groups of creditors, have already suffered cuts in their pensions as a result of the enactment of statutes that, to prevent the insolvency of the government retirement systems, reduced pension benefits, increased the amount of employee contributions, and raised the retirement age for the pension plans of each of the three major government retirement systems. To this end, this legislation is conditioned on the FOMB filing an amended Plan for confirmation by the Title III Court that eliminates the contemplated cuts to the monthly pension payments to currently retired employees of the government of the Commonwealth and current public employees who have accrued pension benefits. In addition, this legislation provides additional funding for the municipalities, and separately for the University of Puerto Rico.
Municipalities are our population's closest government entities. The crisis and the fiscal plans have impacted our municipalities. To the extent that the Plan achieves cuts to the state debt, some of these savings will be made available for the collection and disposal of residuals, waste, and to implement recycling programs in the municipalities, so that these entities can guarantee these essential and indispensable services to guarantee and improve the quality of life of our citizens.
The Legislature will continue to promote proposals that defend the best interests of the people. In this feat, we trust that the Legislative Branch will have the support of the Executive to guide Puerto Rico on the road ahead. The approval of the General Budget of Puerto Rico for fiscal year 2021-2022, Jt. Res. 8-2021, was a right step in that direction. So is the approval of this bill, which will allow the current General Budget to become the
first balanced budget of four. At the end of this process, Puerto Rico will have met half of the requirements set forth by PROMESA. This Law establishes a historical, multisectoral, and consensus effort to put an end to the Fiscal Oversight Board.
This Act shall be known and may be cited as the "Ending Puerto Rico's Bankruptcy Act."
(a) $5.5 %$ SUT: means the present and future revenues and collections generated by the portion of the sales and use tax imposed by the Government of Puerto Rico pursuant to Sections 4020.01 and 4020.02 of Subchapter D of the Puerto Rico Internal Revenue Code that corresponds to a tax rate of five and one-half percent (5.5%).
(b) Ancillary Agreements: means the Plan, the Confirmation Order, the GO Bond Indenture, the form of the GO Bonds, the CVI Indenture, the form of the CVIs, and any other agreement or instrument (including any trust) related thereto or entered into in connection with, or in furtherance of, a Restructuring Transaction and in accordance with, or in furtherance of, the Plan or a Qualifying Modification.
(c) HTA: means the Puerto Rico Highways and Transportation Authority, created under Law 74 of June 23, 1965, as amended or its successor law.
(d) CCDA: means the Puerto Rico Convention Center District Authority, created under Law 351-2000, as amended or its successor law.
(e) PBA: means the Puerto Rico Public Buildings Authority, created under Law 56 of June 19, 1958, as amended or its successor law.
(f) PRIFA: means the Puerto Rico Infrastructure Financing Authority, created under Law 44 of June 21, 1988, as amended or its successor law.
(g) MBA: means the Puerto Rico Metropolitan Bus Authority, created under Law 5 of May 11, 1959, as amended or its successor law.
(h) Fiscal Year: means the fiscal year of the Commonwealth, which begins on July 1 and ends on June 30.
(i) GO Bonds: means the general obligation bonds issued by the Commonwealth under the GO Bond Indenture pursuant to this Act, the Plan, and the Confirmation Order, and any general obligation bonds subsequently issued by the Commonwealth under the GO Bond Indenture in accordance and consistent with the terms of the Plan to retire, refinance or defease general obligation bonds originally issued pursuant to the Plan and the Confirmation Order.
(j) Puerto Rico Code: means Act No. 1-2011, as amended, and known as the "Internal Revenue Code for a New Puerto Rico."
(k) Rum Tax Outperformance Condition: means that Commonwealth Rum Tax Revenues in any given Fiscal Year, calculated in accordance with and net of permitted deductions contemplated by the Plan and set forth in the CVI Indenture, exceed the thresholds contemplated by the Plan and set forth in the CVI Indenture for such Fiscal Year.
(l) SUT Outperformance Condition: means that the Measured SUT or the Substitute Measured Tax collections, as applicable, in any given Fiscal Year exceed the thresholds contemplated by the Plan and set forth in the CVI Indenture for such Fiscal Year.
(m) GO Bond Indenture: means one or more trust agreements, indentures, resolutions and any supplements or amendments thereto, or similar contracts or agreements, pertaining to the GO Bonds to be executed and delivered by the Governor's Designee authorizing: (1) the issuance of the GO Bonds and describing the terms thereof; and (2) the payment of the Financing Costs, each in accordance with the terms of the Plan.
(n) CVI Indenture: means one or more trust agreements, indentures, resolutions and any supplements or amendments thereto, or similar contracts or agreements, pertaining to the CVIs to be executed and delivered by the Commonwealth authorizing: (1) the issuance of the CVIs by the Commonwealth and describing the terms thereof; and (2) the payment of the Financing Costs of the CVIs, each in accordance with the terms of the Plan.
(o) Financing Costs: means the costs associated with the Restructuring Transactions, including, without limitation, the costs, fees and expenses to
(i) issue, service or repay the GO Bonds and the CVIs, as applicable, whether such costs are incurred upon issuance of such GO Bonds or CVIs or over the term of such instruments, (ii) make payments as required by the applicable Ancillary Agreements, (iii) pay any stamp, issuance or similar taxes and other charges related to the Restructuring Transactions (if any), (iv) prepare for and enter into the Restructuring Transactions, and
(v) perform any ongoing activities relating to the Restructuring Transactions. For the avoidance of doubt, Financing Costs also includes pre-closing and post-closing
administrative fees and expenses incurred in connection with the applicable Ancillary Agreements.
(p) Government Entity: means any agency, department, office, public corporation, trust, fund, system, instrumentality, political subdivision, taxing authority or municipality of the Commonwealth.
(q) Commonwealth: means the Commonwealth of Puerto Rico.
(r) Effective Date: means the date on which the Plan becomes effective in accordance with its terms.
(s) GO Bonds Trustee: means the trustee(s) or replacement trustee(s), as the case may be, appointed in accordance with the terms and conditions of the GO Bond Indenture.
(t) CVI Trustee: means the trustee(s) or replacement trustee(s), as the case may be, appointed in accordance with the terms and conditions of the CVI Indenture.
(u) Debt Service Fund: shall mean a debt service fund established pursuant to the GO Bond Indenture.
(v) Substitute Measured Tax: means all or a portion of a tax of general applicability throughout the Commonwealth that, through a change in law enacted in full substitution of the Measured SUT or otherwise constitutes like or comparable measure of economic activity within the Commonwealth, in each case in accordance with the terms of the CVI Indenture.
(w) Commonwealth Rum Tax Revenues: means the total collections of the excise tax on distilled spirits imposed under the U.S. Internal Revenue Code of 1986 (as amended from time to time) received by the Commonwealth as documented in the U.S. Department of the Treasury monthly detailed activity report of net excise tax paid to the Commonwealth and certified by the Puerto Rico Department of Treasury or in any other analogous report as established in the CVI Indenture.
(x) CVIs or Contingent Value Instruments: means, collectively, the general obligation notes issued under the CVI Indenture pursuant to this Act, the Plan, and the Confirmation Order, consisting of the GO CVIs and the Clawback CVIs.
(y) Clawback CVIs: means a series of CVIs issued under the CVI Indenture relating to claims against the Commonwealth allowed under the Plan arising from or relating to debt issued by HTA, CCDA, PRIFA and MBA. For the avoidance of doubt, the
Clawback CVIs may be issued in one or more subseries, including, without limitation, the Rum Tax Claims Subseries.
(z) GO CVI: means a series of CVIs issued under the CVI Indenture relating to claims against the Commonwealth allowed under the Plan arising from or relating to direct or guaranteed general obligation debt of the Commonwealth. (aa) Measured SUT: means the $5.5 %$ SUT collected by the Commonwealth during a Fiscal Year, less such revenues transferred to the Fund for the Development of the Arts, Science and Cinematography Industry of Puerto Rico pursuant to Section No. 4050.06 of the Puerto Rico Code (or used for any other purpose established by law), up to Three Million Two Hundred Forty Thousand Dollars ($3,240,000.00) per Fiscal Year. (bb) Act means the "Act to End Puerto Rico's Bankruptcy." (cc) Clawback CVI Lifetime Cap: means, initially as of the Effective Date, $5,239,002,764. The Clawback CVI Lifetime Cap shall be reduced each Fiscal Year in an amount equal to payments made on the Clawback CVIs pursuant to the CVI Indenture upon, and as a result of, the occurrence of an SUT Outperformance Condition. In addition, the portion of the Clawback CVI Lifetime Cap allocable to the Rum Tax Claims Subseries shall be further reduced each Fiscal Year in an amount equal to payments made on the Rum Tax Claims Subseries pursuant to the CVI Indenture upon, and as a result of, the occurrence of a Rum Tax Outperformance Condition. (dd) GO CVI Lifetime Cap: means, initially as of the Effective Date, $3,500,000,000. The GO CVI Lifetime Cap is reduced annually in an amount equal to payments made on the GO CVIs pursuant to the CVI Indenture. (ee) Qualifying Modification: means a "Qualifying Modification" for CCDA and/or PRIFA approved pursuant to Title VI of PROMESA. (ff) Confirmation Order: means the order of the Title III Court confirming the Plan. (gg) Person: means any natural person or legal entity, including, but not limited to, the Commonwealth, any Government Entity, or any firm, partnership, joint venture, trust, estate, limited liability company, corporation of individuals, association, or public or private corporation, organized or existing under the laws of Puerto Rico, the United States of America, any state or any other jurisdiction, or any state, municipality, political subdivision, taxing authority, agency or instrumentality of the United States of America, any state or any other jurisdiction, or any combination thereof.
(hh) Plan: means the joint Plan of Adjustment for the Commonwealth, ERS, and PBA (and any other Government Entity included in any such plan) confirmed under Title III of PROMESA, including the exhibits and schedules thereto, as the same may be amended, supplemented, or modified from time to time. (ii) PROMESA: means the Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, Pub. L. No. 114-187, 130 Stat. 549 (2016), 48 U.S.C. §2101, et. seq., as it may be amended or modified. (jj) Existing Claims: means claims against the Commonwealth, PBA, ERS, HTA, PRIFA, CCDA, and MBA. (kk) Governor's Designee: means the Governor, the Secretary of the Treasury or such other officer of a Government Entity as may be designated by the Governor through Executive Order. (ll) Secretary of the Treasury: means the Secretary of the Treasury of the Commonwealth. (mm) Commonwealth Retirement Systems: means the ERS, the Teacher's Retirement System and the Judiciary Retirement System. (nn) ERS: means the Retirement System of the Employees of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico, created under Law 447 of May 15, 1951, as amended or its successor law. (oo) Rum Tax Claims Subseries: means a subseries of Clawback CVIs issued under the CVI Indenture relating to claims against the Commonwealth allowed under the Plan arising from or relating to Commonwealth Rum Tax Revenues retained by the Commonwealth and not transferred to PRIFA. (pp) Restructuring Transactions: means each of the transactions contemplated by, or in furtherance of, the Plan or a Qualifying Modification, including, without limitation, the issuance of the GO Bonds, the CVIs, and any trust related thereto and the cancellation and extinguishment of the Existing Claims pursuant to the Plan or a Qualifying Modification, as applicable. (qq) Monthly Benefit Modification: has the meaning ascribed to such term in the Plan.
Article 103. - Authorization on Actions of Government Entities.
Notwithstanding any provision, prohibition or restriction of any law, order, rule or regulation of the Commonwealth, each Government Entity required to take or perform any action necessary or convenient to carry out the Plan and/or a Restructuring Transaction is hereby authorized to take and shall take any such actions necessary or convenient to carry out the Plan and/or a Restructuring Transaction, without being subject to the requirements of any provision, prohibition, or restriction of any other law, order, rule or regulation, including, but not limited to,
(a) negotiating, entering into and executing any agreement, deed, certificate or document, and
(b) disbursing or transferring funds as provided for and/or required by the Plan. The authorization provided by this Article 103 shall be sufficient for the Governor's Designee, on behalf of the Commonwealth, and any executive director, president or officer of similar rank and authority, on behalf of the Government Entity they represent, to take any action contemplated by the Plan and/or a Restructuring Transaction and no other authorization shall be required, including the authorization of any board of directors, commission, department, or Puerto Rico regulator. Moreover, the Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority is hereby authorized to require any Government Entity to comply with the requirements of this Article.
Without limiting the generality of the foregoing and notwithstanding any provision of any law of the Commonwealth, on and after the Effective Date, the Governor's Designee shall be authorized, to the extent, if any, required after issuance of the Confirmation Order, to:
(a) approve the offering, sale and issuance of the GO Bonds and the CVIs as contemplated by the Plan and provided in Chapters 2 and 3 of this Act, respectively;
(b) provide for the cancellation and extinguishment of the Existing Claims pursuant to and in accordance with the terms of the Plan or a Qualifying Modification, as applicable;
(c) authorize the payment of the Financing Costs in accordance with the terms of the Plan;
(d) approve the form of the GO Bond Indenture, CVI Indenture, and other Ancillary Agreements and enter into the GO Bond Indenture, the CVI Indenture and other Ancillary Agreements on behalf of the Commonwealth, all to the extent not approved by the Confirmation Order;
(e) include in the Ancillary Agreements any covenant, term, or other condition as may be required by the Plan, including (1) consenting on behalf of the Commonwealth to the application of the laws of the State of New York to govern and interpret such Ancillary Agreements, and the jurisdiction of any state or federal court with respect to any suit or proceeding related to the GO Bonds, the CVIs, the Ancillary Agreements and/or any other matters related to the Restructuring Transactions, and (2) the creation of liens over the money, securities and other assets on deposit with the GO Bonds Trustee or the CVI Trustee for the benefit of the holders of GO Bonds and CVIs, respectively; and
(f) take any and all other actions necessary or convenient to carry out the Restructuring Transactions. For the avoidance of doubt, notwithstanding the application of the laws of the State of New York to govern and interpret the GO Bonds, the CVIs, the GO Bond Indenture, the CVI Indenture and any other Ancillary Agreement, the holders of the GO Bonds and the CVIs shall be entitled to
the rights and remedies of holders of public debt of the Commonwealth established in Sections 2 and 8 of Article VI of the Commonwealth Constitution.
The authorization to issue bonds conferred by the Present Act will be limited exclusively to the bonds mentioned and required to implement the Plan and will be done in accordance with the Plan, the GO Indentures, the Confirmation Order, and the other Ancillary Agreements. The Governor of Puerto Rico or his designee must request the authorization of the Legislative Assembly for any future bond issuance that is separate from the one hereby authorized.
The Government of the Commonwealth of Puerto Rico hereby declares that it is public policy of the highest priority to protect the accrued pensions of its public servants, who are one of the most important groups in our society. As an essential part of this public policy, the protection of the pensions of all our retirees is an important and unwavering commitment. Therefore, with regard to the accrued pensions of government employees, it is hereby provided as follows: The Legislative Assembly authorizes the issuance of the General Obligation Bonds and CVIs subject to the FOMB filing an amended Plan for confirmation by the Title III Court that eliminates the Monthly Benefit Modification.
In order to advance the goal of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico of preserving the capacity of the UPR to carry out its vital educational mission and ensuring the necessary resources to guarantee the accreditation of all its programs, and achieve fair access for those students who have financial needs, the budgets submitted to the Oversight Board will appropriate funding to UPR totaling $500 million for each of the five fiscal years 2023 through 2027, provided that the additional appropriations above the amounts appropriated in the Commonwealth fiscal plan certified in April 2021 and the certified budget for the Commonwealth are to be utilized to improve the student experience and environment.
The Puerto Rico Health Department shall conduct a study of the feasibility of extending and/or facilitating access to medical coverage to some 225,000 citizens who currently lack medical plans. The Puerto Rico Health Department is hereby appropriated One Million Dollars $($ 1,000,000)$ to fund such a study.
Pursuant to this law, the Commonwealth supports the Plan, along with the public policies set forth in this Law which, subject to PROMESA's mandate to restore fiscal responsibility and the budget powers in Puerto Rico. We declare that the priority objectives of this legislation are the following actions:
(a) Support the creation of a University Scholarships Trust Fund. This initiative is intended to create an investment trust to preserve the capital that would be awarded for scholarships for UPR students.
(b) Support reasonable health plans for central government employees. This measure would benefit more than 60,000 Puerto Rican workers and families.
(c) Endorse the creation of the special fund for social equality. This proposal - to be legislated soon - aims to create a permanent fund entrusted with combating poverty and social inequality; giving priority in its allocations to the attention of the needs of marginalized communities, the special education program, the most vulnerable population groups, combating school dropouts, establishing an integrated plan for the homeless, and gradually increasing the allocations for nonprofit, community self-management, and faith-based entities to offer direct services.
(d) Endorse the creation of the Strategic Investment Fund for Economic Development that injects continuous investments. This initiative proposes the creation of a Strategic Investment Fund divided into four categories: (1) investments to close basic skills gaps; (2) small business capitalization programs; (3) the development of business growth programs through entrepreneurial capitalization; and (4) capitalization of the savings and credit cooperatives sector.
(e) Establish a joint working group between the Legislative Branch and the Executive Branch. This initiative has the objective of designing the legislation that is necessary to ensure that, once the public debt restructuring process is concluded, the Government of Puerto Rico does not go into debt again without having the economic resources to meet its payment obligations; or repeat the improper practices of approving unbalanced budgets, with estimates of unrealistic income or excessive expenses.
The implementation of the foregoing article shall be contingent upon the availability of funds and to it not being significantly inconsistent with the Fiscal Plan.
(a) From and after the Effective Date, the Governor's Designee shall be authorized to approve the offering, sale and issuance of the GO Bonds, from time to time, pursuant to the terms of the GO Bond Indenture, the Confirmation Order, the Plan and the other Ancillary Agreements, up to an aggregate initial principal amount of $7,414,063,543.25, and to approve the offering, sale and issuance, from time to time, of additional GO Bonds, subject to the limitations contemplated by the Plan and set forth in GO Bond Indenture, to retire, refinance or defease GO Bonds originally issued pursuant to the Plan and the Confirmation Order.
(b) The GO Bonds shall include current interest bonds and capital appreciation bonds, shall be dated, shall bear interest at such rate, shall mature at such time or times, not exceeding thirty (30) years from their date or dates of issuance, and shall be subject to redemption or prepayment, in each case, to the extent applicable and as may be determined by the Governor's Designee, as representative of the Commonwealth, and authorized in the GO Bond Indenture in accordance and consistent with the Plan. To the extent, if any, not already determined by the Plan and Ancillary Documents approved by the Confirmation Order, the Governor's Designee, as representative of the Commonwealth, shall determine the form of the GO Bonds and the manner of execution of the GO Bonds, and shall fix the denomination or denominations of the GO Bonds and the place or places of payment thereon and the other terms thereof, all in accordance and consistent with the Plan. At the discretion of the Governor's Designee, the GO Bonds may be issued in one or more separate series.
(c) The GO Bonds shall be legal, valid and binding obligations of the Commonwealth, issued pursuant to Article VI, Section 2 of the Commonwealth Constitution, and payable in accordance with the terms of the GO Bond Indenture and the other Ancillary Agreements.
(d) When any official whose signature or facsimile thereof appears on any GO Bond authorized under this Act ceases to hold office before the delivery of said GO Bonds, said signature or facsimile shall, nevertheless, be valid and sufficient, it being deemed for all purposes as if such official had remained in office until such delivery. Furthermore, any GO Bond may bear the signature or facsimile of those persons who, at the time said bond is executed, are the proper officials to sign it, but who, on the date of the GO Bond, were not holding office.
(e) The GO Bonds issued pursuant to the provisions of this Act shall be deemed to be negotiable instruments under the laws of Puerto Rico.
(f) The GO Bonds authorized by this Act may be issued as coupon bonds or in registered form, or both, as determined in the GO Bond Indenture.
The good faith, credit and taxing power of the Commonwealth are hereby irrevocably pledged for the prompt payment of principal and interest on the GO Bonds issued under the provisions of this Act as and when due in accordance with the terms of the GO Bond Indenture. The Secretary of the Treasury is hereby authorized and directed to pay the principal and interest on the GO Bonds as they mature or upon their earlier redemption or prepayment in accordance with the GO Bond Indenture, from available resources (recursos disponibles) of the Commonwealth in the Fiscal Year in which such payment is required, and the provisions of this Act concerning the payment of the principal and interest on the GO Bonds shall be deemed a continuing appropriation for the Secretary of the Treasury to make such payments, even if no specific appropriations are made for such purpose. The Governor's Designee is hereby authorized and directed to include in the GO Bond Indenture the commitment which the Commonwealth hereby enters into with respect to the GO Bonds, and it shall be stated on said GO Bonds that the good faith, credit and taxing power of the Commonwealth are thus pledged.
(a) The Governor's Designee is hereby authorized to establish the Debt Service Fund with the GO Bonds Trustee for the payment of the GO Bonds. Until the GO Bonds have been paid or satisfied in full in accordance with their terms, on each calendar month, the Commonwealth shall deposit with the GO Bonds Trustee cash in the aggregate amount equal to
(i) one-sixth (1/6) of the Commonwealth's semi-annual obligation with respect to the payment of interest to accrue on the GO Bonds and (ii) one twelfth (1/12) of the Commonwealth's annual obligation with respect to the payment of principal on the GO Bonds. Such funds shall be held and invested by the GO Bonds Trustee in accordance with the provisions of the GO Bond Indenture.
(b) Upon their issuance, the GO Bonds shall automatically be secured by a first priority statutory lien over the funds deposited in the Debt Service Fund, including any income and revenues generated therefrom. Such first priority statutory lien shall occur automatically and shall automatically attach and be perfected, valid and binding from and after the Effective Date, without any further act or agreement by any Person. No instrument needs to be executed or delivered or recorded in any official record or in any government registry or office in order to perfect or continue such first priority statutory lien or to establish or maintain the priority thereof, and such lien shall be valid, binding, perfected and enforceable against all Persons having claims of any kind in tort, contract or otherwise against the Commonwealth or its assets irrespective of whether such Persons have notice of such lien.
The GO Bonds, including, but not limited to, any payments or income with respect to the GO Bonds and the transfer of the GO Bonds, shall, at all times, be totally exempt from all kinds of taxes (including, without limitation, income taxes, assessments, licenses, stamps, fees and other charges levied by the Commonwealth or any Government Entity, and from any and all withholdings in connection therewith). Holders and beneficial owners of the GO Bonds shall not be subject to any tax return filing or any other tax reporting or similar requirement in respect of the Commonwealth or any Government Entity by reason of holding, owning or transferring the GO Bonds.
The Commonwealth, with the intent of being contractually bound, hereby agrees and covenants for the benefit of all initial and subsequent holders of GO Bonds that, until all obligations with respect thereto have been paid or satisfied in full in accordance with their terms, the Commonwealth will:
(a) take no action that would (1) impair the monthly deposit of funds to the Debt Service Fund pursuant to Article 203 hereof, (2) limit or alter the rights vested in the Commonwealth in accordance with the Plan and the Confirmation Order to fulfill the terms of any agreements with the holders of the GO Bonds or (3) impair the rights and remedies of the holders of the GO Bonds;
(b) do and perform all acts and things permitted by law and reasonably necessary or desirable to assure that interest paid to the holders of any federally taxexempt GO Bonds shall be and remain excludable from gross income for federal income tax purposes, to the extent applicable;
(c) cause any post-Effective Date Fiscal Plan of the Commonwealth submitted to the Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico under PROMESA to include provisions for the payment in each Fiscal Year of the principal of and interest on the GO Bonds in accordance with the terms of the GO Bond Indenture; and
(d) to the extent necessary to satisfy its obligations to pay the GO Bonds, apply
(i) the proceeds of the $1.03 %$ property tax levied pursuant to Act 107-2020, as amended, and collected by the Municipal Revenues Collection Center of the Commonwealth, (ii) any monies arising from the operation of Article VI, Section 8 of the Commonwealth Constitution, and (iii) any other available resources of the Commonwealth to the payment of the principal of and interest (and accreted value) on such GO Bonds; provided that (A) this covenant is not intended to grant to the holders of such GO Bonds any lien on such proceeds, monies and resources, and (B) for purposes of compliance
with this covenant, to the extent that such proceeds, monies and resources are transferred to the Commonwealth's General Fund, payments of principal and interest (and accreted value) made to the holders of the GO Bonds from the Commonwealth's General Fund shall be deemed to have been made from such proceeds, monies and resources in the order set forth above.
(a) From and after the Effective Date, the Governor's Designee shall be authorized to approve the offering, sale and issuance, pursuant to the terms of the CVI Indenture, the Confirmation Order, the Plan and the Ancillary Agreements, of CVIs in two subseries - the GO CVIs and the Clawback CVIs - up to an aggregate notional amount of $3,500,000,000 and $5,239,002,764, respectively. Each series of CVIs may include one or more subseries.
(b) The CVIs shall be dated and mature at such time or times as may be determined by the Governor's Designee, as representative of the Commonwealth, and authorized in the CVI Indenture, provided that the GO CVIs shall mature no later than Fiscal Year 2044 and the Clawback CVIs shall mature no later than Fiscal Year 2052. The CVIs shall not bear interest and shall be subject to redemption as may be determined by the Governor's Designee, as representative of the Commonwealth, and authorized in the CVI Indenture in accordance and consistent with the Plan. The Governor's Designee, as representative of the Commonwealth, shall determine the form of the CVIs and the manner of execution of the CVIs, and shall fix the denomination or denominations of the CVIs and the place or places of payment thereon and the other terms thereof, all in accordance and consistent with the Plan.
(c) The CVIs shall be legal, valid and binding obligations of the Commonwealth, issued pursuant to Article VI, Section 2 of the Commonwealth Constitution, and payable in accordance with the terms of the CVI Indenture and the other Ancillary Agreements, provided that, pursuant to the CVI Indenture: (1) no payments shall be made to the holders of the CVIs (other than the Rum Tax Claims Subseries under the circumstances set forth in clause (2) below) in any given Fiscal Year unless an SUT Outperformance Condition occurred during the prior Fiscal Year; (2) no payments shall be made to the holders of the Rum Tax Claims Subseries in any given Fiscal Year unless either an SUT Outperformance Condition or a Rum Tax Outperformance Condition occurred during the prior Fiscal Year
(3) no payments shall be made to the holders of the GO CVIs or the Clawback CVIs in excess of the GO CVI Lifetime Cap or the Clawback CVI Lifetime Cap, respectively; (4) as of the maturity date of each series of CVIs, if the Commonwealth has made all payments required to be made on such series pursuant to the CVI Indenture, all of the obligations of the Commonwealth under such series shall be deemed to have been satisfied and the series shall no longer be deemed to be outstanding, even if the GO CVI Lifetime Cap or the Clawback CVI Lifetime Cap, as applicable, has not been reached as of such date.
(d) When any official whose signature or facsimile thereof appears on any CVIs authorized under this Act ceases to hold office before the delivery of said CVIs, said signature or facsimile shall, nevertheless, be valid and sufficient, it being deemed for all purposes as if such official had remained in office until such delivery. Furthermore, any CVIs may bear the signature or facsimile of those persons who, at the time said bond is executed, are the proper officials to sign it, but who, on the date of the CVIs, were not holding office.
(e) The CVIs issued pursuant to the CVI Indenture are notes of the Commonwealth for all purposes and shall be deemed to be negotiable instruments under the laws of Puerto Rico.
(f) The CVIs authorized by this Act shall be issued in registered form.
(g) Solely for purposes of calculating the maximum annual debt service payable on the Commonwealth's public debt pursuant to Article VI, Section 2 of the Commonwealth Constitution, the debt service payable on the CVIs in any given Fiscal Year shall be deemed to be equal to the maximum amounts that could be payable with respect to the CVIs during such Fiscal Year in accordance with the CVI Indenture.
(h) The debt service payable to CVIs in any given Fiscal Year will not impair under any concept the debts, obligations, and reserves created by COFINA.
The good faith, credit and taxing power of the Commonwealth are hereby irrevocably pledged for the prompt payment of the CVIs issued under the provisions of this Act as and when due in accordance with the terms of the CVI Indenture. The Secretary of the Treasury is hereby authorized and directed to pay the CVIs as they become due or upon their earlier redemption in accordance with the CVI Indenture, from available resources of the Commonwealth in the Fiscal Year in which such payment is
required, and the provisions of this Act concerning the payment of the CVIs shall be deemed a continuing appropriation for the Secretary of the Treasury to make such payments in the Fiscal Year in which such payment is required, even if no specific appropriations are made for such purpose. The Governor's Designee is hereby authorized and directed to include in the CVI Indenture the commitment which the Commonwealth hereby enters into with respect to the CVIs, and it shall be stated on said CVIs that the good faith, credit and taxing power of the Commonwealth are thus pledged.
The CVIs, including, but not limited to, any payments or income with respect to the CVIs and the transfer of the CVIs, shall, at all times, be totally exempt from all kinds of taxes (including, without limitation, income taxes, assessments, licenses, stamps, fees and other charges levied by the Commonwealth or any Government Entity, and from any and all withholdings in connection therewith). If the CVIs are originally issued to a trust, the distributions made by said trust to its beneficiaries attributable to payments or income received by the trust in connection with the CVIs and the transfer of the CVIs by the trust, if permitted, as well as the transfer of interest in said trust, will at all times be totally exempt from all types of taxes (including, but not limited to, income taxes, tariffs, licenses, stamps, and other fees charged by the Commonwealth of Puerto Rico or by any Government Entity, and from any and all related withholdings). The holders and beneficial owners of the CVIs and / or an interest in the trust that owns the CVIs shall not be subject to any tax return filing or any other tax reporting or similar requirement in respect of the Commonwealth or any Government Entity by reason of holding, owning or transferring the CVIs.
The Commonwealth, with the intent of being contractually bound, hereby agrees and covenants for the benefit of all initial and subsequent holders of CVIs that, until all obligations with respect to the CVIs have been paid or satisfied in full in accordance with their terms the Commonwealth will:
(a) take no action that would:
(i) limit or alter the rights vested in the Commonwealth in accordance with the Plan and the Confirmation Order to fulfill the terms of any agreements with the holders of the CVIs; (ii) impair the rights and remedies of the holders of the CVIs; or (iii) impair the ability of the holders of the CVIs to track performance of the Measured SUT and the Commonwealth Rum Tax Revenues available for the
payment of the CVIs (in accordance with the Plan and as set forth in the CVI Indenture); provided, however, that the foregoing shall not preclude the Commonwealth from exercising its power, through a change in law, to eliminate the Measured SUT, or replace the Measured SUT with a Substitute Measured Tax, each in accordance with the CVI Indenture, which shall protect holders of the CVIs from such elimination or replacement reducing the likelihood that SUT Outperformance Condition will be satisfied; and provided further that the Commonwealth shall provide for the timely disclosure of such information as may be required by the CVI Indenture regarding the Measured SUT, sales and use tax collections, and any adjustments to the $5.5 %$ SUT baseline thresholds made pursuant to the CVI Indenture; and
(b) cause any post-Effective Date Fiscal Plan of the Commonwealth submitted to the Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico while it is present in Puerto Rico pursuant to PROMESA to include provisions for the payment in each Fiscal Year of the amounts due on the CVIs in accordance with the terms of the CVI Indenture to the extent that an SUT Outperformance Condition or a Rum Tax Outperformance Condition, as applicable, occurs during the prior Fiscal Year.
The "Extraordinary Fund to Address the Collection and Disposal of Residuals, Wastes, and to Implement Recycling Programs in the Municipalities," hereinafter the "Extraordinary Fund," is created, which will be within the "Municipalities Equalization Fund" provided in Article 7.015 of Law 107-2020, as amended, but in an account separate from other income of said fund, and which will be used for the specific purposes provided in this Law.
The Government of Puerto Rico hereby declares that it is the public policy of the Commonwealth of Puerto Rico to guarantee to its population the efficient collection and disposal of garbage, solid wastes, debris, as well as the implementation of recycling programs to address these residuals, thus to the extent that the Debt Adjustment Plan includes reductions in the amount of guaranteed debt, some portion of these savings that will be generated must be made accessible to the municipalities so that they can provide these services.
The Extraordinary Fund established in Article 401 of this Law will be funded from an annual allocation from the General Fund, which will be equivalent in each fiscal year to $42 %$ of the amount collected during the prior fiscal year on account of the $1.03 %$ property tax. This appropriation may only be included in the budget for a fiscal year if the amount of Medicaid funds actually received during the prior fiscal year exceeds the projected amount of Medicaid funds for such prior fiscal year as set forth in the fiscal plan of the Commonwealth of Puerto Rico certified by the FOMB in April 2021.
The municipalities will only be able to access the economic resources of the Extraordinary Fund provided herein, exclusively and specifically, for the purposes described as follows:
(a) garbage collection and disposal;
(b) collection and disposal of solid wastes;
(c) collection and disposal of debris;
(d) implementation, collection, and disposal of recycling.
In order to achieve a fair distribution of the resources of the Extraordinary Fund, the following criteria will be used to determine the amounts to which the municipalities may have access:
(a) The total number of beneficiaries of the Nutritional Assistance Program, per capita, according to the certification to that effect issued by the Department of the Family, which is determined in the immediately preceding fiscal year or in the closest fiscal year for which the information is available.
(b) The functional budget per capita of each municipality, for the immediately preceding fiscal year or the closest fiscal year for which the information is available.
(c) The appraised value of taxable property per capita located within the territorial limits of each municipality, corresponding to the immediately preceding fiscal year or to the closest fiscal year for which the information is available.
(d) The population of the municipality per square mile, according to the last ten-year census.
The methodology for the distribution will be determined by the parameters provided in this Article, but those parameters existing for the distribution of the resources of the Municipalities Equalization Fund may be incorporated, as long as they are not contrary to the purposes and objectives described herein by the Board of Directors of CRIM. The application of this methodology should benefit those municipalities that receive the least income from property taxes or other sources, as well as those municipalities with the largest number of dependents in the Nutritional Assistance Program and with the highest population density.
"Article 3.- Authorities and Duties of the Office of Management and Budget.
(a) The Office of Management and Budget, under the rules, regulations, instructions, and orders that the Governor may prescribe, will advise the Chief Executive, the Legislative Assembly, and the government agencies on matters of a budgetary, programmatical, and administrative management nature, as well as in matters of a fiscal nature related to their functions; it will carry out the necessary functions that allow the Governor to submit to the Legislative Assembly the proposal of the General Government Budget, in accordance with Article 4 of this Law, including the Public Corporations. At the same time, it will ensure that the execution and administration of the budget by the public agencies are conducted in accordance with the laws and allocations resolutions, with the soundest and most appropriate fiscal and managerial administration norms, and in harmony with the provisions of the Economic and Fiscal Growth Plan approved in accordance with the Puerto Rico Fiscal Responsibility and Revitalization Act (the "Fiscal and Economic Growth Plan") and with the programmatical purposes for which public funds are allocated or provided. It will evaluate the programs and activities of public agencies in terms of economy, efficiency, and effectiveness and will submit to the Governor reports with recommendations for the implementation thereof. In addition, it will prepare and maintain control of all of those fiscal and budgetary documents that may be necessary for the administration of the budget and will make the changes, amendments, or adjustments that are warranted, subject to the legal provisions and norms established by the Legislative Assembly, and the Governor. To these ends, and in order for the Legislative Assembly to be able to analyze that the legislative measures comply with the Certified Fiscal Plan, the Office of Management and Budget will have the ministerial duty to provide and send an official certification that validates the
availability of funds regarding the legislative measures that are requested of it by the legislative commissions within a period of five (5) business days from the time they are required. It will present together with the Secretary of the Treasury a detailed report regarding the projections of income and expenses for the following fiscal year and corresponding to the General Budget proposed before the Legislative Assembly within a term that will not exceed five (5) calendar days after the presentation of the proposal of the General Government Budget of the Commonwealth of Puerto Rico by the Governor. It will remain watchful of new tendencies and trends in the budgetary and managerial field of public administration to evaluate and adapt those techniques, methods, and approaches that apply to the local administrative field, both in the formulation and execution of the budget as in program evaluation, management analysis, and operational and administrative auditing. In addition, it must propose the legislation that it considers necessary and convenient to incorporate such approaches and trends into our budgetary and administrative process.
(b) ..." ARTICLE 502.- ARTICLE 3 OF LAW 44 OF JUNE 21, 1988, AS AMENDED, KNOWN AS THE LAW OF THE PUERTO RICO INFRASTRUCTURE FINANCING AUTHORITY, IS AMENDED TO READ AS FOLLOWS:
The following words and terms, when used or referred to in this Law, will have the meanings indicated below, unless otherwise clearly understood from the context:
(a) $\ldots$ (1) Development Fund - Will mean the Infrastructure Development Fund created under Article 25 of this Law, in accordance with the provisions of Law No. 54 of August 4, 1997 (27 L.P.R.A. § 431, et seq.)
(k) $\ldots$
(r) Corpus Account - Will mean the Development Fund Corpus Account as established in subsection
(a) of Article 25 of this Law. The capital returns generated by this account must be used as established in Article 25 of this Law.
(s) Additional accounts - Will mean accounts created within the Development Fund, in addition to the Corpus Account, that are necessary to carry out the purposes of this Law, as established in subsection
(a) of Article 25 of this Law."
"Article 7. - General Powers. The Authority will have all of the necessary and convenient powers to carry out and effect the purposes and provisions of this Law, including, but without it being construed as a limitation, the following:
(a) ... ...
(m) Mortgage or pledge any property for the payment of the principal and interest on any bonds issued by the Authority or bonds issued by a benefited entity, and pledge all or part of the income that the Authority receives.
(n) $\ldots$ $\ldots$ "
ARTICLE 504.- ARTICLES 25 AND 34 OF LAW 44 OF JUNE 21, 1988, AS AMENDED, ARE REPEALED AND ARTICLES 25-A AND 35 ARE RENUMBERED AS ARTICLES 25 AND 34, RESPECTIVELY.
ARTICLE 505.- ARTICLE 23.01 OF LAW 22-2000, AS AMENDED, IS AMENDED TO READ AS FOLLOWS: "Article 23.01. - Procedure for the Payment of Fees Every owner of a motor vehicle, subject to the payment of annual permit fees will pay in any internal revenue collection office of any municipality, in the place designated by the Secretary of the Department of the Treasury, at official inspection stations, banks, or in the place designated by the Secretary, the fees corresponding to the vehicle for each year, as indicated in the notification that to that effect must be sent by the Secretary. The fees for this concept will be paid in advance for the entire year except that when at the time of paying the fees less than six (6) months remain for the next renewal, payment will
only be required equivalent to the remaining months to elapse on the date they accrue, counting the fractions of months as a whole month. This provision will apply to all motor vehicles, regardless of how much they pay for license fee per year. Upon receipt of the corresponding fees, the collector will issue the motor vehicle permit, which will consist of the notification form issued by the Secretary, with the proper annotations and signature of the collector, indicative that the payment of the fees has been made. Together with the permit, the collector will deliver the corresponding tag or number plates, as the case may be. Only one (1) motor vehicle tag will be displayed during the year of validity of the payment of fees. The Secretary is authorized to, after consulting with the Secretary of the Treasury, adopt a Regulation for the purpose of granting a discount of up to ten percent ( $10 %$ ) to those drivers who choose to acquire and prepay multi-year tags for your vehicles. The owner of the inspection station will deposit in a special account for the Department of the Treasury to make daily transfers of the tags issued. The Department of the Treasury will approve a regulation to those ends, in the which he will require a bond and insurance to guarantee that the collections from the tags sold are received. The service fee charged by the inspection station, bank, or any other place designated by the Secretary of the Treasury will not be greater than five dollars ($5). In cases relating to examination fees, including learners permits, the issuance of duplicate licenses, driver's license renewals, the transfer of vehicles, and all other collection of fees, payment vouchers, internal revenue stamps, or any other payment mechanism established by the Secretary of the Treasury authorities will be used. The total amount of the proceeds of the fees collected pursuant to Articles 23.01 and 23.02 of this law shall be deposited in the Commonwealth's General Fund."
ARTICLE 506. - SUBSECTION (E) OF ARTICLE 23.02 OF LAW 22-2000, AS AMENDED, IS REPEALED AND CURRENT SUBSECTIONS (F) AND (G) ARE RENUMBERED AS NEW SUBSECTIONS (E) AND (F), RESPECTIVELY, TO READ AS FOLLOWS: "Article 23.02. - Payment of fees.
(a) $\ldots$ ...
(d) $\ldots$
(e) $\ldots$
(f) ..." ARTICLE 507. - SUBSECTION (L) OF ARTICLE 1.03 (B) OF LAW 351-2000, AS AMENDED, IS REPEALED AND CURRENT SUBSECTIONS (M), (N), (N), (O), AND
(P), ARE RENUMBERED AS NEW SUBSECTIONS (L), (M), (N), (Ñ), AND (O), RESPECTIVELY, TO READ AS FOLLOWS: "Article 1.03(b).-Definitions. The following words and terms, when used or referred to in this Law, will have the meaning indicated below, unless another meaning arises from the context:
(a) ... ... (1) ...
(m) $\cdots$
(n) $\cdots$ (ñ) ...
(o) ..." ARTICLE 508. - SUBSECTION (H) OF ARTICLE 2.02 OF LAW 351-2000, AS AMENDED, IS AMENDED TO READ AS FOLLOWS: "Article 2.02 - Specific Powers of the Authority. The Authority will have the following authorities and rights:
(a) ...
(h) Take loans for the purpose of financing the costs of the Center, the improvement projects and projects on private parcels or the District and comply with any of its corporate purposes and powers, at the discretion of the Board; prepare and issue negotiable bonds of the Authority; guarantee the payment of such bonds, or any part thereof, through the pledge, mortgage, assignment, or deed of trust of Authority properties located in or outside the District, charges for profit, other income, rents, fees, receipts, and any interest in contracts, leases or subleases; enter into any agreements with buyers or holders of such bonds or with other persons with whom the Authority is obligated in connection with any bond, issued or to be issued, as the Authority deems advisable, which will constitute contracts with such buyers or holders; obtain any facility that increases its ability to take money on loan or to issue debt or that increase its liquidity in connection with any bonds in the manner in which the Authority finds advantageous;
and, in general, provide guarantees for the payment of the bonds and the fees of the holders thereof.
(i) $\quad \ldots$
"Article 8.- The government agencies, municipalities, as well as entities receiving allocations of public funds will use them for the purposes established in the corresponding joint resolution and in no way will they dispose of them for other purposes or ends that are not categorically and specifically indicated in the joint resolution approved.
Any change or modification of the purposes or ends established in the original joint resolution will entail the commencement or repetition by the Legislative Assembly of all of the proceedings.
Compliance with these joint resolutions, allocating public funds, will be done following the rules and procedures applicable to the municipalities and to the government instrumentalities. With the exception of natural persons, all contracts signed and any other legal document will be subject to the laws of the Commonwealth of Puerto Rico and will be interpreted in accordance therewith.
In order for the Legislative Assembly to be able to analyze that the allocations or reallocations of public funds provided in this Law comply with the Certified Fiscal Plan, the Office of Management and Budget will have the ministerial duty to provide and send an official certification that validates the availability of funds with respect to the legislative measures that are requested by the legislative commissions within a period of five (5) business days from when they are required."
"Article 31. - Disposition of Funds. The Tourism Office will distribute the amounts collected on account of the Tax established in Article 24 of this Law, after transferring to the General Fund of the Commonwealth the amounts that were previously transferred to the Authority (as set forth in the Fiscal Plan of the Commonwealth, if any, in effect at that time), in the following order of priority:
(i) two (2) percent of the total Tax collected will be paid monthly to the general funds of the Office of Tourism to cover the operating, management, and distribution of tax collections, or for any other use provided by the Office of Tourism. (ii) five (5) percent of the total Tax collected will enter monthly to the General Fund of the Department of the Treasury for Fiscal Years 2005-2006 and 2006-2007, to the coffers of the National Parks Company for Years Fiscal 2007-2008 and 2008-2009, and from Fiscal Year 2009-2010 to the coffers of the Office of Tourism. As of the year in which the Authority certifies to the Department of the Treasury and the Office of Tourism, the start of operations of the Convention Center, and during the subsequent ten (10) years, this five percent (5%) will be available to cover any shortfall, if any, arising from the operations of the facilities that operate the Convention Center District Authority, in reserve that will maintain the Office of Tourism. Provided, however, that for each fiscal year and/or each time the Convention Center District Authority proposes to present a budget that exceeds the two million five hundred thousand dollars ( $2,500,000 ) deficit, the budget of the Convention Center District Authority must be presented to the Board of Directors of the Authority to the Office of Tourism and the Secretary of the Treasury for Fiscal Years 2005-2006 and 20062007 and to the Board of Directors of the National Parks Company for Fiscal Years 20072008 and 2008-2009 in a specific meeting for these purposes, and the Board of Directors of the Authority and to the Office of Tourism, beginning Fiscal Year 2010-2011 onwards. This five percent (5%) will remain available during each fiscal year in a special reserve account that the Office of Tourism will maintain to cover any deficit in excess of two million five hundred thousand dollars ( $2,500,000 ), arising from the operation of the facilities of the Convention Center District Authority. For each fiscal year, any surplus, after covering said operational deficit, if any, will be released from the special reserve and will be available for use by the Department of the Treasury for the Fiscal Years 20052006 and 2006-2007, of the National Parks Company for the Fiscal Years 2007-2008 and 2008-2009, and from Fiscal Year 2010-2011 for use by the Office of Tourism. As of Fiscal Year 2015-2016, and during the subsequent five (5) years, this five percent (5%) will be transferred through quarterly contributions by the Department to the Authority to cover the costs associated exclusively with the operation of the Puerto Rico Convention Center. Provided, however, that for each fiscal year the Convention Center District Authority will present their audited financial statements, together with a report evidencing the use of the transferred funds as established in subsections (ii) and (iv) of this section to the Board of Directors of the Authority and to the Director of the Office of Tourism, at a specific meeting for that purpose. If at the end of a fiscal year such audited financial statements reflect a net profit, the Convention Center District Authority will return to the Office of Tourism the amount generated as net profit without exceeding the total amount transferred by the Office of Tourism to the Convention Center District Authority in that same fiscal year, pursuant to subsections (ii) and (iv) of this section. (iii) two million five hundred thousand dollars ( $2,500,000 ) will be transferred by the Office of Tourism to the Convention Center District Authority in quarterly contributions of six hundred twentyfive thousand dollars ( $625,000.00 ) to cover the costs associated exclusively with the
operation of the Convention Center District. Provided, however, that for each fiscal year and/or each time a modified budget is intended to be presented, the budget of the Convention Center Authority must be presented to the Authority's Board of Directors and the Executive Director of the Office of Tourism, at a specific meeting to those ends. This amount will be transferred as established in this section from Fiscal Year 2015-2016, and for a period of five (5) years. (iv) Up to four million dollars $($ 4,000,000)$ will remain available during each fiscal year, in a special reserve account that the Office of Tourism will maintain for operating expenses dedicated to the sector's specialized matters, its expenses and/or the oversight and implementation by the latter of the Destination Marketing Services Contract contemplated in Article 8 of the "Law for the Promotion of Puerto Rico as a Destination."
(v) The remainder resulting after the allocations and reserves provided in the subsections
(i) , (ii), (iii) and (iv), up to a maximum of twentyfive million dollars ( $25,000,000 ), will be allocated to the Corporation. The funds allocated to the Corporation will be used by it for the promotion, marketing, development, and strengthening of the tourism industry in Puerto Rico. If the remainder exceeds twentyfive million dollars ( $25,000,000 ), said surplus will be used by the Office of Tourism for the performance of its functions dedicated to the specialized matters of the sector and its expenses. The Office of Tourism of the Department of Economic Development and Commerce will submit monthly to the Authority and to the Corporation a breakdown of the collections for the concept of tax."
"Article 7A.- Ministerial Duty of the Office of Management and Budget In order for the Legislative Assembly to be able to analyze that the Legislative measures comply with the Certified Fiscal Plan, the Office of Management and Budget will have the ministerial duty to provide and send an official certification that validates the availability of funds with respect to the legislative measures that are requested by the legislative committees within a term of thirty (30) business days from the time that they are requested. Said certification must include the exact amount available, whether greater or less than that provided in the measure under consideration.
By issuing the official certification, the Office of Management and Budget guarantees the availability of such funds. An official certification where it is reported that the funds are committed for a specific work or use other than that provided in the legislative measure that is requested must be accompanied by evidence of the obligation, copy of invoices, and any other pertinent information that shows the unavailability of such funds.
The process to request the official certifications of availability of funds by the legislative commissions will not require any special form or procedure, it will only require a letter from the legislative commission requesting the certification in question.
When any permanent, special, or joint committee of the Puerto Rico Legislative Assembly presents any report recommending the approval of any legislative measure in which an official certification has been requested it will have to include in the aforementioned report a section titled "Ministerial Duty of the Office of Management and Budget regarding availability of funds." In this Section, it must assert the fiscal impact, if any, that it is estimated that the approval of the measure would have on the budgets of the agencies, departments, bodies, instrumentalities, or public corporations. If the Office of Management and Budget does not issue the corresponding certification within the time provided in this Article, the following text will be included in said Section of the report: "The Office of Management and Budget did not submit the official certification of availability of funds within the time provided by law breaching the ministerial duty provided in Law 103-2006, as amended, better known as the "Law for the Fiscal Reform of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico of 2006."
"Section 3060.11 - Disposition of Funds. The product of the taxes and license fees collected pursuant to this Subtitle will enter the General Fund of the Puerto Rico Treasury."
ARTICLE 513.- SECTION 3060.11A OF LAW 1-2011, AS AMENDED, IS ELIMINATED.
ARTICLE 514.- LAW NO. 39 OF MAY 13, 1976, AS AMENDED, IS REPEALED. ARTICLE 515.- ARTICLE 7.018 OF LAW 107-2020, AS AMENDED, IS AMENDED TO READ AS FOLLOWS: "Article 7.018 - Funds - Trusts; Distribution The funds in the general trust that the CRIM establishes with the Designated Trustee according to subsection
(c) of Article 7.003 of this Chapter, will be distributed by CRIM in the order of priority indicated below:
(a) The amount corresponding to the $1.03 %$ special tax will be deposited in the General Fund.
(b) $\ldots$
(c) $\ldots$ ..."
ARTICLE 516.- ARTICLE 7.027 OF LAW 107-2020, AS AMENDED, IS AMENDED TO READ AS FOLLOWS: "Article 7.027 - Collection and Entry of Taxes in Funds and Application of the Product of the Taxes (Bond Redemption Fund)
The product of the taxes imposed by Articles 7.025 and 7.026 will enter the general trust established by CRIM with the Puerto Rico Financial Advisory and Fiscal Agency Authority (AAFAF), in accordance with Chapter I of this book.
(a) The product of the special property taxes imposed by Section 7.026 will enter the General Fund.
(b) $\ldots$
(c) $\ldots$
(d) ..." ARTICLE 517.- Adjustment Plan transactions cannot be used to mitigate causes of action under Law 3-2013, as amended.
Article 3 of Act 9 of August 12, 1982, is hereby repealed, provided that the funds that were previously transferred to the Highways and Transportation Authority pursuant to such law shall hereafter be deposited to the Commonwealth's General Fund.
Article 601.- Prohibition of the Reduction of the Obligations of the Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation (COFINA, by its Spanish acronym)
It is established that the debt services payable under the IVCs in any Fiscal Year will not under any circumstances reduce the obligations of the Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation (COFINA), including the obligations and reserves created.
The responsibilities, powers, duties, and authorizations granted by this Law to the Governor's Representative will be limited exclusively to the provisions of this Law and not to future debt issuances.
If any clause, paragraph, subparagraph, heading, or part of this Law were annulled or declared unconstitutional, the order issued to that effect will not affect, harm, or invalidate the remainder of this Law. The effect of said order will be limited to the clause, paragraph, subparagraph, sentence, word, letter, article, provision, section, subsection, title, chapter, subchapter, heading, or part thereof that has been so annulled or declared unconstitutional. If the application to a Person or to a circumstance of any clause, paragraph, subparagraph, sentence, word, letter, article, provision, section, subsection, title, chapter, subchapter, heading, or part of this Law were invalidated or declared unconstitutional, the resolution, opinion, or judgment issued to that effect will not affect or invalidate the application of the remainder of this Law to those Persons or circumstances to which it may be validly applied. It is the express and unequivocal will of this Legislature that the courts enforce the provisions and the application of this Law, even if any of its parts is rendered ineffective, annulled, invalidated, impaired, or declared unconstitutional, or even if it its application to any person or circumstance is left without effect, invalidated, or declared unconstitutional.
The above notwithstanding, it is held that the severability provisions in this article shall not be applicable to Article 605. It is the express and unequivocal will of this Legislative Assembly that the Restructuring Transactions and their respective authorizations in Articles 103, 201 and 301 are not enforced, if the suspensive condition to avoid any cut of pensions to government employees in the Adjustment Plan or the provisions of Article 104 of this Law are left without effect, invalidated or decreed unconstitutional.
The provisions of this Law will prevail over any other general or specific provision of any other non-federal law or Government regulation that is inconsistent with this Law. This Law is subject to PROMESA. If there is a conflict between the English and Spanish versions of this Law, the English version will prevail.
All laws of the Commonwealth of Puerto Rico that
(i) are inconsistent with the terms and provisions of the Plan, the transactions contemplated therein, and/or the provisions of PROMESA, or (ii) that transfer, appropriate, or require appropriations of funds from the Commonwealth or one of its instrumentalities to any agency or
instrumentality of the Commonwealth, including the laws listed on Exhibit K of the Plan, to the extent such transfer or appropriation is inconsistent with this Act, or with PROMESA, or with a budget certified by the Board (to the extent such certification is required by PROMESA), are hereby preempted and amended to provided that all funds previously transferred or appropriated pursuant to such inconsistent laws or portions thereof to any agency or instrumentality of the Commonwealth shall hereafter be transferred to the Commonwealth's General Fund for disbursement only in accordance with an approved annual Budget.
This Law will take effect immediately after its enactment, except for Chapter 5 of this Law, which will take effect on the Date of Effectiveness. The effectiveness of this Law is conditioned to the FOMB filing an amended Plan for confirmation by the Title III Court that eliminates the Monthly Benefit Modification as defined in the Plan. For the sake of clarity, this act shall immediately cease to be in effect and any transactions undertaken pursuant to it if reductions to the pensions of government employees are decreed or implemented under the Debt Adjustment Plan or the restructuring of the debt. The continued effect of this act is contingent upon cero cuts to pensions.