Ley 252 del 2011
Resumen
Esta ley enmienda la Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico (Ley 73-2008) para ampliar la información que el Secretario de Desarrollo Económico debe solicitar a agencias gubernamentales, municipios y negocios exentos. El objetivo es mejorar el informe al Gobernador y la Asamblea Legislativa sobre el impacto y la implementación de la ley de incentivos, incluyendo detalles sobre empleo, inversión extranjera, relación gobierno-industria, costos operacionales, energía y otros aspectos relevantes para el desarrollo económico de Puerto Rico.
Contenido
(P. de la C. 1340)
LEY
Para enmendar el inciso
(b) de la Sección 15 de la Ley 73-2008, conocida como la "Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico", a fin de ampliar la información requerida por el Secretario de Desarrollo Económico a las agencias del Gobierno, los municipios o a los negocios exentos, según aplique, de modo que se pueda realizar el Informe al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de los alcances y efectos de la implantación de la Ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La aprobación de la Ley 73-2008, conocida como "Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico", respondió a un momento histórico de grandes retos para la Isla. La globalización de los mercados, el aumento en la competitividad y la productividad en general de las economías emergentes, el surgimiento de mercados, los acuerdos de tratados de libre comercio, la regionalización y los modelos de producción modernos, han convertido al mundo en una economía global. Como resultado de esta dinámica económica, la posición competitiva de Puerto Rico, en la atracción de inversión de capital frente a otras jurisdicciones, se ha visto afectada.
En respuesta a estas circunstancias, la Ley 73, supra, se fundamentó en decisiones estratégicamente tomadas, sobre lo que debe ser la política pública del Gobierno de Puerto Rico. En particular, la referida política pública, adoptada por esta Ley, atiende específicamente los siguientes elementos: (1) proveer el ambiente y las oportunidades adecuadas para desarrollar la industria local; (2) ofrecer a las industrias de alta tecnología y valor añadido, una propuesta contributiva atractiva que permita atraer inversión directa foránea; (3) garantizar una relación entre la industria y el Gobierno de Puerto Rico; (4) apoyar las iniciativas del sector privado, la academia, las empresas comunitarias, y los municipios; (5) atenuar los altos costos operacionales y flexibilizar las limitaciones reglamentarias; (6) tomar acción contundente para reducir los costos de energía; y (7) reconocer la importancia de la descentralización del Gobierno.
Para alcanzar los objetivos plasmados en la Ley 73, supra, es esencial garantizar que las agencias gubernamentales concernidas realicen, de manera apropiada, la labor que les fue encomendada por dicha legislación. Para esto, es necesario llevar a cabo una estricta labor de fiscalización mediante la cual se garantice el cumplimiento de esta Ley. Es en ese sentido, que la Asamblea Legislativa tiene el deber de verificar y evaluar el cumplimiento de esta política pública y que la misma se cumpla de la manera más efectiva, rápida y eficiente posible. Ello, con el propósito de garantizar la mejor calidad de vida y el mayor bienestar en general de Puerto Rico.
(P. de la C. 1340)
LEY
Para enmendar el inciso
(b) de la Sección 15 de la Ley 73-2008, conocida como la "Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico", a fin de ampliar la información requerida por el Secretario de Desarrollo Económico a las agencias del Gobierno, los municipios o a los negocios exentos, según aplique, de modo que se pueda realizar el Informe al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de los alcances y efectos de la implantación de la Ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La aprobación de la Ley 73-2008, conocida como "Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico", respondió a un momento histórico de grandes retos para la Isla. La globalización de los mercados, el aumento en la competitividad y la productividad en general de las economías emergentes, el surgimiento de mercados, los acuerdos de tratados de libre comercio, la regionalización y los modelos de producción modernos, han convertido al mundo en una economía global. Como resultado de esta dinámica económica, la posición competitiva de Puerto Rico, en la atracción de inversión de capital frente a otras jurisdicciones, se ha visto afectada.
En respuesta a estas circunstancias, la Ley 73, supra, se fundamentó en decisiones estratégicamente tomadas, sobre lo que debe ser la política pública del Gobierno de Puerto Rico. En particular, la referida política pública, adoptada por esta Ley, atiende específicamente los siguientes elementos: (1) proveer el ambiente y las oportunidades adecuadas para desarrollar la industria local; (2) ofrecer a las industrias de alta tecnología y valor añadido, una propuesta contributiva atractiva que permita atraer inversión directa foránea; (3) garantizar una relación entre la industria y el Gobierno de Puerto Rico; (4) apoyar las iniciativas del sector privado, la academia, las empresas comunitarias, y los municipios; (5) atenuar los altos costos operacionales y flexibilizar las limitaciones reglamentarias; (6) tomar acción contundente para reducir los costos de energía; y (7) reconocer la importancia de la descentralización del Gobierno.
Para alcanzar los objetivos plasmados en la Ley 73, supra, es esencial garantizar que las agencias gubernamentales concernidas realicen, de manera apropiada, la labor que les fue encomendada por dicha legislación. Para esto, es necesario llevar a cabo una estricta labor de fiscalización mediante la cual se garantice el cumplimiento de esta Ley. Es en ese sentido, que la Asamblea Legislativa tiene el deber de verificar y evaluar el cumplimiento de esta política pública y que la misma se cumpla de la manera más efectiva, rápida y eficiente posible. Ello, con el propósito de garantizar la mejor calidad de vida y el mayor bienestar en general de Puerto Rico.
(7) comparación de los compromisos contraídos por los negocios exentos con relación al nivel de empleo y otras condiciones establecidas por decreto; (8) logros en proveer el ambiente y las oportunidades adecuadas para desarrollar la industria local; (9) detalle de las propuestas contributivas implantadas y aplicadas para atraer inversión directa foránea, en especial a las industrias de alta tecnología y de alto valor añadido; (10) logros alcanzados para garantizar una relación de beneficio entre la industria y el Gobierno de Puerto Rico; (11) qué se ha hecho para atenuar los altos costos operacionales y para flexibilizar las limitaciones reglamentarias; (12) qué medidas se han tomado para reducir los costos de energía; $y$ (13) cualquier otra información que sea necesaria para informar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa los alcances y efectos de la implantación de esta Ley.
(c) ...
(d) ...
(e) ...
(f) $\quad ...$
Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
DEPARTAMENTO DE ESTA:IM:Menta de la Cámara Certificaciones, Reglamentos, Registro Presidente del Senado de Notarios y Venta de Leyes Certifico que es copia fiel y exacta del original Fecha: 22 de diciembre de 2011