Esta ley enmienda la Ley Núm. 53 de 1996, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico", para extender los beneficios por muerte en el cumplimiento del deber a los empleados civiles de la Policía que, por la naturaleza de su trabajo, están expuestos a riesgos similares a los de los policías. Asegura que estos empleados y sus familias reciban las mismas compensaciones y derechos que los miembros de la fuerza, y otorga al Superintendente la autoridad final para determinar si una muerte ocurrió en el cumplimiento del deber.
(P. de la C. 4099)
(Reconsiderado)
4 DE AGOSTO DE 2004 Para enmendar los Artículos 2 y 6, incisos
(b) y
(c) de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico", a los fines de que se considere como miembro de la fuerza, para todos los fines legales pertinentes y de beneficios por muerte en el cumplimiento del deber a aquellos empleados civiles que por la naturaleza de su trabajo, están expuestos al igual que los policías y pierden sus vidas cumpliendo con sus funciones.
Esta Administración se ha caracterizado por establecer una Política Pública de protección a nuestros empleados públicos. La Ley de Sindicación de Empleados Públicos, abrió las puertas para que nuestros servidores públicos, pudieran alcanzar con dignidad la igualdad y respeto en sus respectivos centros de trabajo. Correspondiendo a esta política pública, es meritorio reconocer y proteger a aquellos empleados civiles de la Policía de Puerto Rico, quienes tienen la función principal de brindar apoyo a la uniformada, en aras de proteger la vida y las propiedades de todos los puertorriqueños y en el desempeño de sus deberes se exponen a los riesgos similares a los de un policía.
Existe una serie de empleados civiles en la Policía de Puerto Rico que llevan a cabo un rol importante en la lucha contra el crimen. Sin embargo, vemos que existe una disparidad entre los beneficios que reciben los miembros de la fuerza en comparación a los empleados civiles, lo cual nos obliga a reconocer su importante labor y establecer una equidad con justicia a estos servidores públicos.
Hacemos referencia a aquellos empleados civiles de la Policía, que como parte de sus funciones, conducen vehículos oficiales rotulados, llegan a las escenas de los crímenes y participan activamente en operativos y bloqueos y sobretodo, sirven en muchas ocasiones de testigos en los tribunales, en las acciones contra los entes criminales. Sin embargo, a pesar de que sus funciones son de suma importancia en el control de la criminalidad, son desplazados a la hora de advenirle la muerte en el cumplimiento de dichas funciones.
Entre estos empleados se encuentran los armeros, bocetistas, técnicos de huellas, médicos, abogados, entre otros, quienes tienen la encomiable tarea de ayudar a los miembros de la Policía a cumplir su misión de seguridad y protección para con la ciudadanía. Por tanto, esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende necesario, que se establezca el reconocimiento de éstos y sus familiares en el momento en que le advenga la muerte en el desempeño de sus funciones de apoyo directo en la lucha contra el crimen.
Resulta claro, que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene la obligación de reconocer a los hombres y mujeres que día a día arriesgan sus vidas, en aras de que la ley y el orden prevalezcan en nuestra sociedad, por lo que entendemos que esta ley permitirá que el
estado diga presente ante situaciones inesperadas que afecten a las familias puertorriqueñas de estos servidores públicos.
Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 2, inciso
(i) de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, para que lea como sigue: "Artículo 2.-Definiciones:
(a) (i) Personal Civil-Significa todo aquel empleado reclutado por el Superintendente para realizar labores de apoyo a los miembros de la Policía. Los empleados civiles que, por la naturaleza de sus funciones están expuestos a los riesgos de un miembro de la Policía y mueran en el cumplimiento del deber, serán acreedores de todos los derechos y beneficios de un miembro de la fuerza que muere en el cumplimiento del deber. Estos beneficios incluyen toda compensación que se haga a viudas o viudos, así como a hijos o hijas a las que son acreedores los miembros de la fuerza, que existen en nuestro ordenamiento jurídico para éstos y los que se establezcan en el futuro. El Superintendente establecerá por reglamento, el personal que por la naturaleza de sus funciones será acreedor de estos beneficios."
Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 6, incisos
(b) y
(c) de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", para que lea como sigue: "Artículo 6.-
(a) (b) El Superintendente tramitará y desembolsará al cónyuge supérstite o en su ausencia, a los dependientes del policía o personal civil que falleciere en el cumplimiento del deber un pago correspondiente a tres mensualidades del salario bruto que devengue este último para cubrir necesidades urgentes de la familia. Este pago se efectuará con cargo a los gastos de funcionamiento de la Policía de Puerto Rico, y no más tarde de los dos (2) días laborables siguientes a la fecha en que fallezca el miembro de la fuerza o personal civil. El trámite de este beneficio será independiente de cualquier otra compensación o beneficio a que tengan derecho el cónyuge o los dependientes de estos servidores públicos.
(c) La determinación del Superintendente sobre si la muerte de un miembro de la Policía o personal civil ocurrió en el cumplimiento del deber tendrá supremacía sobre cualquier otra decisión administrativa a esos efectos emitida por algún funcionario de agencia, corporación pública o cualquier otra instrumentalidad de Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo aquella tomada a base de lo dispuesto en el inciso (1) del Artículo 2 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada. De igual forma, se autoriza al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a expedir una certificación relacionada con la muerte de un policía o personal civil ocurrido en el cumplimiento del deber. Dicha certificación deberá ser emitida en un término de sesenta (60) días contados a partir de la muerte del policía o del personal civil. Esta certificación será considerada por todas las agencias, corporaciones públicas o cualquier otra instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que venga obligada a pagar una indemnización por la referida muerte. A partir de que dicha certificación sea final y firme, en un término que no excederá los sesenta (60) días, las agencias, corporaciones públicas o cualquier otra instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico vendrán obligadas a cumplir con dicho pago. Disponiéndose, que en caso de que la viuda o beneficiarias no hayan recibido el pago dentro del referido término, se fijará un recargo mensual ascendente al $0.5 %$ del total del pago de la indemnización."
Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
Presidente de la Cámara Presidente del Senado