Esta ley, Ley 448 de 2000, enmienda la Ley Núm. 75 de 1964 (Ley Sobre Contratos de Distribución de Puerto Rico) para regular los convenios de arbitraje en contratos de distribución. Requiere que un tribunal determine la voluntariedad de la cláusula de arbitraje antes de su aplicación y establece presunciones a favor del distribuidor. También permite la intervención judicial para designar el foro arbitral si las partes no llegan a un acuerdo.
(P. del S. 2621)
Para añadir un Artículo 3-C a la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, a los fines de disponer que antes de poner en vigor cualquier convenio o cláusula que obligue a las partes a resolver mediante arbitraje cualquier controversia surgida bajo un contrato de distribución, sea requisito indispensable antes de que dicha controversia pueda ser sometida a arbitraje, a solicitud de cualquiera de dichas partes, que un Tribunal con jurisdicción en Puerto Rico determine que dicha cláusula o convenio de arbitraje fue suscrito en forma libre y voluntaria por ambas partes; establecer una presunción controvertible de que cualquier convenio o cláusula de arbitraje contenida en un contrato de distribución fue incluida o suscrita a instancia del principal o concedente; establecer una presunción controvertible de que cualquier convenio o cláusula que obligue a las partes a resolver mediante arbitraje cualquier controversia surgida bajo un contrato de distribución es un contrato de adhesión, a ser interpretado y puesto en vigor como tal; disponer que en caso de que las partes hayan pactado resolver mediante arbitraje cualquier controversia surgida bajo un contrato de distribución, pero no hayan acordado específicamente un árbitro, entidad o foro arbitral, o habiendo pactado dicho arbitraje no puedan ponerse de acuerdo en cuanto a dicho árbitro, entidad o foro, sea un Tribunal con jurisdicción en Puerto Rico el que determine o designe el árbitro, entidad o foro que adjudicará las controversias surgidas bajo dicho contrato de distribución; y para otros fines relacionados.
La aprobación de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964 obedeció a la necesidad imperiosa de proteger a los distribuidores de Puerto Rico de las prácticas abusivas de algunos principales o concedentes localizados fuera de Puerto Rico, de terminar sin justa causa los contratos de distribución otorgados con dichos distribuidores, una vez que éstos habían creado, mediante su esfuerzo y trabajo, un mercado en Puerto Rico para los productos de dichos principales o concedentes. Desde la aprobación de dicho estatuto, los Tribunales en Puerto Rico, incluyendo la Corte Federal de Distrito, han validado las disposiciones de la citada Ley Núm. 75 en numerosas ocasiones, protegiendo así los derechos y el esfuerzo de miles de distribuidores en Puerto Rico.
No obstante la reiterada validación y aplicación de la Ley Núm. 75, han surgido situaciones en las cuales se ha visto debilitada o disminuida la protección ofrecida por dicha Ley, mediante la aplicación de mecanismos o procedimientos que limitan los remedios u opciones disponibles a las partes, incluyendo los distribuidores, para actuar en reclamo de sus derechos. Una de las formas en las cuales se limitan tales derechos es mediante la inclusión u otorgamiento de convenios o cláusulas de arbitraje en los contratos de distribución. Los mencionados convenios
de arbitraje obligan a las partes a resolver, mediante un árbitro o adjudicador no judicial, algunas o todas las controversias surgidas bajo el contrato de distribución en cuestión.
En su opinión de World Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., 125 D.P.R. 352 (1990), el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió, entre otras cosas, que una cláusula de arbitraje compulsorio en un contrato de distribución suscrito al amparo de la Ley Federal de Arbitraje, 9 U.S.C. sec. 1 et seq., obliga tanto a las partes como a los tribunales federales y estatales. En la medida en que un acuerdo de arbitraje limita las opciones o alternativas para el reclamo de derechos a las partes que han suscrito un contrato de distribución, al eliminar o coartar la opción de acudir a los tribunales - mecanismo tradicional en nuestro sistema democrático para ventilar y adjudicar derechos- en solicitud de remedios, es altamente recomendable asegurar que la decisión de suscribir un acuerdo de arbitraje como parte de un contrato de distribución, que implica una renuncia al derecho a acudir al foro judicial, reciba por lo menos una protección específica de ley, al disponer que antes de poner en vigor cualquier convenio o cláusula de arbitraje sea requisito indispensable, a solicitud de cualquiera de las partes, que un Tribunal con jurisdicción en Puerto Rico determine que dicha cláusula o convenio de arbitraje fue suscrito en forma libre y voluntaria por ambas partes.
Mediante la presente Ley, se establece además una presunción controvertible de que cualquier convenio o cláusula de arbitraje contenida en un contrato de distribución fue incluida o suscrita a instancia del principal o concedente, y se establece también una presunción controvertible de que cualquier convenio o cláusula de arbitraje es un contrato de adhesión, a ser interpretado e implementado como tal. Por último, se dispone que en caso de que las partes hayan pactado resolver mediante arbitraje cualquier controversia surgida bajo un contrato de distribución, pero no hayan acordado específicamente un árbitro, entidad o foro arbitral, o habiendo suscrito tal acuerdo de arbitraje, no puedan ponerse de acuerdo en cuanto a un árbitro, entidad o foro, sea un Tribunal con jurisdicción en Puerto Rico el que determine o designe el árbitro, entidad o foro que adjudicará las controversias surgidas bajo dicho contrato de distribución.
De esta manera se establecen mecanismos o defensas adicionales en la Ley Núm. 75 para evitar que la inclusión de acuerdos o cláusulas de arbitraje en contratos de distribución pueda convertirse en un medio para frustrar o debilitar la intención legislativa, patente a todo lo largo de la citada Ley Núm. 75, de proteger a los distribuidores de Puerto Rico en sus relaciones con los principales o concedentes localizados fuera de esta jurisdicción.
Artículo 1.- Se añade un Artículo 3-C a la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, conocida como "Ley Sobre Contratos de Distribución de Puerto Rico", para que se lea como sigue: "Artículo 3-C. Antes de que pueda invocarse o ponerse en vigor cualquier convenio o cláusula que obligue a las partes a resolver mediante arbitraje cualquier controversia surgida bajo un contrato de distribución otorgado al amparo de la presente Ley, será requisito indispensable antes de que dicha controversia pueda ser sometida a arbitraje, a solicitud de cualquiera de las
partes, que un Tribunal con jurisdicción en Puerto Rico determine que dicha cláusula o convenio de arbitraje fue suscrito en forma libre y voluntaria por ambas partes.
Existirá una presunción controvertible de que cualquier convenio o cláusula de arbitraje contenida en un contrato de distribución fue incluida o suscrita a instancia del principal o concedente, y de que cualquier convenio o cláusula que obligue a las partes a resolver mediante arbitraje cualquier controversia surgida bajo dicho contrato es un contrato de adhesión, a ser interpretado y puesto en vigor como tal.
Se dispone asimismo que en caso de que las partes hayan pactado resolver mediante arbitraje cualquier controversia surgida bajo un contrato de distribución, pero no hayan acordado específicamente un árbitro, entidad o foro arbitral, o no puedan ponerse de acuerdo en cuanto a dicho árbitro, entidad o foro, sea un Tribunal con jurisdicción en Puerto Rico el que determine o designe el árbitro, entidad o foro que adjudicará las controversias surgidas bajo dicho contrato de distribución."
Artículo 2.- Si un Tribunal con jurisdicción declarase inconstitucional cualquier artículo, sección, inciso, apartado, párrafo, cláusula o parte de esta Ley, dicha declaración no afectará las partes restantes de esta Ley.
Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.