Ley 337 del 1999
Resumen
Esta ley enmienda la Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996 para autorizar a los miembros de la Policía a utilizar su arma de reglamento en su tiempo libre mientras se dedican a tareas en la empresa privada, siempre que cuenten con la aprobación del Superintendente y estén cubiertos por un seguro de responsabilidad. Adicionalmente, modifica la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado para excluir al Estado de responsabilidad por reclamaciones que surjan de acciones negligentes o culposas de agentes de la Policía mientras se desempeñan en labores no oficiales.
Contenido
(P. de la C. 2402)
LEY 337
10 DE DICIEMBRE DE 1999
Para enmendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", a los fines de autorizar a los miembros de la Policía de Puerto Rico, a utilizar su arma de reglamento cuando previa la autorización del Superintendente, en su tiempo libre, se dedican a otras tareas, oficios o profesiones en la empresa privada; y para adicionar un inciso
(g) al Artículo 6 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como "Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado", a los fines de excluir de las Reclamaciones y acciones negligentes o culposas de agentes de la Policía mientras se desempeñan en labores no oficiales.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", le otorga amplias facultades al Superintendente de la Policía, para el buen funcionamiento de la misma; siempre y cuando no estén en conflicto con las demás disposiciones de dicha Ley.
Entre otras cosas, la Ley Núm. 53, supra, dispone que los miembros de la Policía conservarán su condición como tales en todo momento y en cualquier sitio en que se encontraren dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aún cuando estuvieren francos de servicio. A tales efectos se dispone que éstos tendrán todos los deberes y atribuciones que en virtud de esa Ley se imponen a los miembros de la Policía. No obstante, se autoriza a los miembros de la Policía, sujeto a la previa aprobación del Superintendente, a dedicarse en su tiempo libre a otras tareas, oficios y profesiones que podrán ejercer fuera de su jornada legal de trabajo, el máximo de horas que podrán trabajar y aquellas otras condiciones necesarias.
En el ejercicio de la facultad conferida por el inciso
(f) del Artículo 10 de la Ley de la Policía se adoptó el Reglamento para Autorizar el Empleo de los Miembros de la Policía fuera de la Jornada Legal. En el Artículo 8 (6) de dicho Reglamento se establecen unas normas para la denegación del permiso por parte del Superintendente . Entre éstas se incluye el que se negará la autorización cuando sea requisito para desempeñar el trabajo; el uso de equipo, materiales, uniforme y otros recursos de la Policía en beneficio del patrono o empresa que emplea al agente. El arma de fuego asignada a los miembros de la Fuerza se considera equipo de la Policía por lo que no podría ser utilizada en labores no oficiales, esto según memorial sometido por la Policía de Puerto Rico a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes el 18 de noviembre de 1998, con relación al P. de la C. 704.
Resulta un contrasentido el que por un lado la Ley disponga que los miembros de la Policía conservarán su condición como tales en todo momento y en cualquier sitio dentro de la
jurisdicción de Puerto Rico aún cuando estuvieren francos de servicio y por otro se les niegue la utilización de su arma de reglamento cuando desempeñan labores no oficiales. Entendemos que se cumple con un fin público legítimo el permitir a estos miembros de la Policía utilizar su arma de reglamento en todo momento, aún cuando se desempeñan en labores no oficiales lo que armoniza perfectamente con el espíritu y la letra de la Ley Núm. 53, supra.
Debe quedar claramente establecido en la Ley, también, que se excluyen de las reclamaciones y acciones contra el Estado Libre Asociado, autorizadas por la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada y conocida como "Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado", aquellas que surjan como consecuencia de acciones negligentes o culposas por parte de agentes mientras se desempeñan en labores no oficiales.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Sección 1.- Se enmienda el Artículo 10 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, para que se lea como sigue: "Artículo 10.-Jornada de Trabajo
(a) (f) Para los efectos de cualquier intervención a los fines del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los miembros de la Policía conservarán su condición como tales en todo momento y en cualquier sitio en que se encontraren dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aún cuando estuvieren francos de servicio. A esos efectos, tendrán todos los deberes y atribuciones que por las disposiciones de esta ley se imponen a los miembros de la Policía. No obstante lo aquí dispuesto, los miembros de la Policía, sujeto a la previa aprobación del Superintendente, podrán dedicarse en su tiempo libre a otras tareas, oficios o profesiones en la empresa privada, siempre y cuando dichas funciones no sean contrarias a los objetivos y propósitos que por las disposiciones de esta ley se le confieren a la Policía de Puerto Rico.
Se faculta al Superintendente para establecer por reglamento las tareas, oficios y profesiones que, conforme a lo anteriormente dispuesto, podrán ejercer los miembros de la Policía fuera de su jornada legal de trabajo, el máximo de horas que podrán trabajar y aquellas otras condiciones necesarias, según los propósitos de esta ley.
Los miembros de la Policía autorizados por el Superintendente de la Policía a dedicarse en su tiempo libre a otras tareas, oficios o profesiones en la empresa privada, no incompatibles con los objetivos o propósitos de esta Ley, podrán utilizar su arma de reglamento en el desempeño de tales funciones siempre que esta actividad esté protegida por un seguro de responsabilidad."
Sección 2.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, para que se lea como sigue: "Artículo 6.-Acciones no Autorizadas Nada de lo dispuesto en esta Ley autoriza las acciones por daños y perjuicios contra el Estado por acto u omisión de un funcionario, agente o empleado:
(a) (g) en el desempeño de labores no oficiales por miembros de la Policía aunque estén autorizadas por el Superintendente de la Policía; allí donde el Estado no haya sido inegligente, de conformidad con la facultad que confiere a éste la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada."
Sección 3.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.