Esta ley enmienda el Artículo 213 del Código Penal de Puerto Rico para incluir la multa como una pena alternativa o adicional a la reclusión para el delito de influencia indebida, con el objetivo de reducir el hacinamiento carcelario y ofrecer mayor discreción al tribunal en la imposición de sentencias.
(P. de la C. 632) (Conferencia)
Para enmendar el Artículo 213 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de incluir la multa como posible pena para el delito de influencia indebida.
Actualmente, el Gobierno de Puerto Rico se encuentra implantando medidas afirmativas para reducir el hacinamiento carcelario. En ese sentido, ha establecido como firme política pública buscar medidas alternas a la pena de reclusión, con el objetivo de reservar los espacios disponibles en las cárceles para los delincuentes habituales y peligrosos que necesitan un tratamiento de rehabilitación a largo plazo.
El Código Penal de Puerto Rico de 1974 tipifica una serie de delitos que solamente contemplan la pena de reclusión. Sin embargo, esta Asamblea Legislativa considera que por su naturaleza, debería incluirse la pena de multa como posible medida alterna a la pena de reclusión, a discreción del Tribunal.
Por tal motivo, es la intención de esta Asamblea Legislativa aprobar esta medida que pretende enmendar el Artículo 213 del Código Penal. De esta forma, se fomenta el buen uso de los recursos disponibles en nuestras instituciones penales, a la vez que se incluye un tipo de pena que servirá de disuasivo para evitar la comisión del delito de influencia indebida.
Sección 1.-Se enmienda el Artículo 213 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue: "Artículo 213.-
Toda persona que obtuviere o tratare de obtener de otra cualquier beneficio asegurando o pretendiendo que se halla en aptitud de influir en cualquier forma en la conducta de un funcionario o empleado público en lo que respecta al ejercicio de sus funciones, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, o multa no menor de quinientos un (501) dólares ni mayor de cinco mil $(5,000)$ dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años, o multa no menor de quinientos un (501) dólares ni mayor de diez mil $(10,000)$ dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta
un mínimo de un (1) año, o multa no menor de quinientos un (501) dólares ni mayor de tres mil $(3,000)$ dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal."
Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.