Ley Derogada
Esta ley ha sido derogada por la Ley 107 del 2020.
“La Ley 80-1991, según enmendada, es derogada en su totalidad para ser integrada en el nuevo Código Municipal de Puerto Rico.”
Ley 80 del 1991
Resumen
Esta ley crea el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), una entidad independiente encargada de la tasación, imposición y cobro de la contribución sobre la propiedad, transfiriendo estas funciones del Departamento de Hacienda. Establece un Fondo de Equiparación de Ingresos Municipales para distribuir equitativamente fondos provenientes de la contribución sobre la propiedad, la Lotería Adicional y rentas internas netas, con el fin de fortalecer la autonomía fiscal de los municipios. Define la organización, facultades, deberes y personal del CRIM, y deroga la Ley de Subsidio Municipal.
Contenido
(Sustitutivo al P. del S. 1057) (Conferencia)
LEY
Para crear el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales; determinar su organización y composición; definir sus poderes y deberes; establecer las asignaciones de fondos y rentas públicas que corresponderán a los municipios y que estarán sujetas al cobro, control y distribución por el Centro; establecer un Fondo de Equiparación de Ingresos Municipales; identificar los dineros que ingresarán a dicho Fondo y las normas para su distribución entre los municipios; proveer para la asignación presupuestaria del Centro; fijar penalidades; transferir al Centro las funciones y deberes del Departamento de Hacienda en relación a la tasación, notificación de imposición, determinación y cobro de la contribución sobre la propiedad y el personal y equipo del Negociado de Contribución Sobre la Propiedad, Herencias y Donaciones de dicho Departamento; y derogar la Ley Núm. 139 de 30 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Subsidio Municipal".
EXPOSICION DE MOTIVOS
En la actualidad las finanzas municipales se nutren mayormente de la contribución sobre la propiedad y del subsidio estatal. A pesar de que estos renglones son la principal fuente de ingresos, se han mantenido bajo el control y administración del Gobierno Central a través del Departamento de Hacienda. Este sistema tiene el efecto de mantener a los gobiernos municipales ajenos al manejo de sus principales fuentes de ingresos tan vitales para el financiamiento de los servicios que ofrecen y de sus operaciones. Este mecanismo tampoco facilita que los funcionarios municipales aporten sus diligencias para una mayor eficiencia en la recaudación de dichos ingresos.
En consideración a lo anterior y cónsono con nuestro interés de promover una mayor autonomía fiscal de los municipios, la Asamblea Legislativa, en virtud a esta ley, cede a éstos la totalidad de la contribución sobre la propiedad mueble e inmueble, excepto la porción de los recaudos que nutre al Fondo de Redención de Deuda.
A los fines de alcanzar el objetivo antes mencionado, se establece el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales con el propósito de que, en representación de los municipios, y bajo el control de éstos asuma las responsabilidades relativas a la contribución sobre la propiedad que al presente desempeña el Gobierno Central. Además, se instituye un mecanismo de ley que provee una distribución de fondos que garantice el que los municipios reciban, por lo menos, una suma igual a la que se produce bajo la fórmula presente de anticipo más subsidio. Debido a las inequidades existentes en la distribución de las bases tributarias y a que lo producido por la contribución sobre la propiedad que se transfiere al Fondo General es menor que el monto del subsidio, el traspaso de la contribución sobre la propiedad no es suficiente para alcanzar esta paridad. Para completar el cuadro de recursos fiscales requeridos, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera conveniente compartir con los municipios una porción de los ingresos netos derivados de la operación del Sistema de Lotería Adicional y otra porción de las rentas internas netas del Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
La intención de esta pieza legislativa es ampliar la autonomía municipal, estableciendo aquellos mecanismos necesarios para fortalecer y aumentar su capacidad fiscal.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: Artículo 1.- Título de la Ley. Esta ley se conocerá como "Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales". Artículo 2.- Definiciones. Los siguientes términos y frases tendrán el significado que a continuación se expresa:
(a) "Agencia Pública", significará cualquier departamento, programa, negociado, oficina, junta, comisión, compañía, administración, autoridad, instituto, cuerpo, servicio, dependencia, corporación pública y subsidiaria de ésta e instrumentalidad del Gobierno Estatal.
(b) "Año Base", significará cualquier año fiscal inmediatamente anterior al año fiscal corriente.
(c) "Año Fiscal", significará el período de doce (12) meses consecutivos que comienza el 1 de julio de cualquier año natural y termina el 30 de junio del año natural siguiente.
(d) "Banco Gubernamental", significará el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, creado por la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada.
(e) "Centro", significará la entidad pública creada para ofrecer servicios fiscales a los municipios y denominada "Centro de Recaudación de Ingresos Municipales".
(f) "Comisionado", significará el Comisionado de la Oficina de Asuntos Municipales, creada por la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991.
(g) "Director Ejecutivo", significará el funcionario ejecutivo de más alto nivel responsable de la dirección administrativa y operación diaria del Centro.
(h) "Fondo", significará el "Fondo de Equiparación de Ingresos Municipales" que se nutrirá de los dineros transferidos a los municipios de acuerdo a esta ley.
(i) "Fondo General", significará el fondo general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(j) "Gobierno Estatal", significará el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus agencias públicas, incluyendo la Rama Legislativa y la Rama Judicial, así como las dependencias y oficinas adscritas a éstas.
(k) "Junta", significará la Junta de Gobierno del Centro debidamente constituida en la forma dispuesta en esta ley. (1) "Municipio" o "Gobierno Municipal", significará la entidad política y jurídica de gobierno local, compuesta por una Rama Legislativa y una Ejecutiva.
(m) "Persona", significará cualquier ente natural o jurídico, incluyendo corporaciones, sociedades, asociaciones, cooperativas, sucesiones, grupo de personas, entidades e instituciones privadas.
(n) "Rentas Internas Netas", significará el total de las rentas del Fondo General resultante luego de deducir los ingresos provenientes de fuentes externas, los ingresos no recurrentes y los ingresos con que se nutren las cuentas y fondos especiales.
(o) "Secretario", significará el Secretario del Departamento de Hacienda.
(p) "Sistema de Lotería Adicional", significará el sistema de juego creado por la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según enmendada.
Artículo 3.- Creación y Propósitos del Centro. Se crea una entidad municipal, independiente y separada de cualquier otra agencia o instrumentalidad del Gobierno del Estado Libre Asociado, denominada "Centro de Recaudación de Ingresos Municipales". El Centro es la entidad de servicios fiscales, cuya responsabilidad primaria será recaudar, recibir y distribuir los fondos públicos provenientes de las fuentes que se indican en esta ley que corresponden a los municipios. El Centro estará sujeto a las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada.
Artículo 4.- Facultades y Deberes Generales del Centro. El Centro tendrá las siguientes facultades y deberes generales:
(a) Hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Contribución Municipal Sobre la Propiedad de 1991 y los reglamentos adoptados en virtud de la misma, realizar todas las gestiones necesarias y pertinentes que conduzcan a una mejor administración de dicha ley, incluyendo poner al día y mantener actualizado el catastro de propiedad inmueble de cada municipio, y mejorar y hacer más eficiente los sistemas de cobro y recaudación de dichas contribuciones.
(b) Recaudar la contribución sobre la propiedad correspondiente a cada municipio, según los tipos contributivos que cada uno de éstos disponga mediante ordenanza municipal al efecto, así como la contribución especial para la amortización y redención de obligaciones generales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(c) Establecer un fideicomiso con el Banco Gubernamental para recibir todos los ingresos recaudados por concepto de contribución sobre la propiedad, según lo dispuesto en el inciso
(b) , y los provenientes del Sistema de Lotería Adicional y del por ciento de las rentas internas netas que corresponden a los municipios.
(d) Realizar todas las gestiones necesarias para cobrar las cuentas de las contribuciones sobre la propiedad que le transfiera el Secretario de acuerdo a esta ley.
(e) Entrar en convenios o acuerdos, con cargo a sus fondos operacionales, con agencias públicas, instituciones financieras y cooperativas de ahorro y crédito para la recaudación de la contribución municipal sobre la propiedad.
(f) Desarrollar y llevar a cabo, conjuntamente con los municipios, programas para agilizar los procesos de tasación de propiedades de nueva construcción y de propiedades existentes que no hayan sido tasadas anteriormente, sujeto a lo dispuesto en esta ley.
(g) Recibir y distribuir los fondos de equiparación que por disposición de esta ley se asignan a los municipios.
(h) Recaudar y distribuir los fondos públicos que se le confien por disposición de ley o mediante ordenanza municipal al efecto.
(i) Conceder anticipos mensuales de fondos a los municipios en la forma que más adelante se dispone en esta ley.
(j) Tomar dinero a préstamo y autorizar la emisión de pagarés mediante resolución al efecto en anticipación de cobro de contribuciones e ingresos estimados a ser recibidos, con el único propósito de anticipar fondos a los municipios sujeto a lo dispuesto en el Artículo 14 de esta ley.
(k) Adoptar y alterar un sello oficial, el cual se estampará en todos los documentos oficiales del Centro. (1) Demandar y ser demandado.
(m) Establecer su propia estructura administrativa.
(n) Controlar y administrar sus fondos operacionales y decidir el carácter y necesidad de todos sus gastos y la forma en que los mismos habrán de incurrirse y autorizarse. (ñ) Adoptar, enmendar y derogar reglamentos para regir sus asuntos y prescribir reglas, reglamentos y normas relacionadas con el cumplimiento de sus funciones y deberes y para la ejecución de las leyes cuya administración se le delegue.
(o) Recibir y aceptar fondos y donaciones de cualquier agencia pública del Gobierno de Puerto Rico, del Gobierno de los Estados Unidos de América, de municipios y de entidades sin fines pecuniarios para lograr los propósitos de esta ley y cumplir con las condiciones y requisitos respecto a cualesquiera fondos o donaciones que reciba.
(p) Gestionar y obtener de las agencias públicas la ayuda técnica y económica que estime necesaria, de cualquier naturaleza, para cumplir con las funciones del Centro y de los municipios.
(q) Adquirir mediante compra, arrendamiento, donación o en cualquier otra forma legal aquel equipo y propiedad necesarios para cumplir con los propósitos de esta ley.
(r) Hacer y formalizar convenios, arrendamientos, contratos y cualesquiera otros documentos necesarios o pertinentes para el ejercicio de las funciones que se le confieren por ley.
(s) Realizar por sí, o en coordinación con los municipios y agencias públicas, los estudios e investigaciones necesarios sobre aquellos asuntos que afecten el recaudo de la contribución municipal sobre la propiedad.
(t) Recopilar, interpretar y publicar información y datos estadísticos relativos a la contribución municipal sobre la propiedad, los ingresos provenientes del Sistema de la Lotería Adicional, las rentas internas netas, las asignaciones legislativas, el rendimiento de inversiones y cualesquiera otros fondos que se confien al Centro, así como cualquier otra información de su interés.
(u) Embargar y ejecutar, a nombre y en representación del municipio correspondiente, cualesquiera propiedades y bienes de aquellos contribuyentes que adeuden contribuciones sobre propiedad, previo cumplimiento de los procedimientos de ley aplicables.
(v) Ejercer cualesquiera otras facultades y deberes, y llevar a cabo actividades, programas y acuerdos que le sean asignados o que sean inherentes o necesarios para cumplir con los propósitos de esta ley.
Artículo 5.- Junta de Gobierno. El Centro será dirigido por una Junta de Gobierno integrada por nueve (9) miembros, de los cuales siete (7) serán Alcaldes en representación de todos los municipios de Puerto Rico y los restantes dos (2) miembros lo serán el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento y el Comisionado de Asuntos Municipales.
(a) Elección de Alcaldes Miembros de la Junta.
Los Alcaldes miembros de la Junta los elegirán, mediante voto secreto, todos los Alcaldes incumbentes a la fecha de la elección en una asamblea debidamente convocada a esos fines por el Secretario de Estado. Cuatro (4) de los Alcaldes miembros de la Junta deberán pertenecer al partido que hubiere ganado el mayor número de municipios en las elecciones generales inmediatamente precedentes. Los restantes tres (3) miembros se seleccionarán de entre los demás Alcaldes que hayan ganado municipios en dicha elección general, excepto que en caso de éstos no ser suficientes para cubrir dichos tres cargos, el partido que haya ganado el mayor número de municipios elegirá los miembros que falten para completar el total de los miembros de la Junta.
(b) Asamblea de Elección.
La asamblea para los miembros iniciales de la Junta que representarán a los municipios, se celebrará no más tarde de treinta (30) días siguientes a la fecha de aprobación de esta ley. La asamblea para la elección de los alcaldes miembros de la Junta deberá celebrarse no más tarde de los treinta (30) días siguientes al segundo lunes del mes de enero siguiente a cada elección general.
El quórum para dicha asamblea quedará constituido por dos terceras (2/3) partes del total de Alcaldes incumbentes a la fecha en que se celebre la misma y se requerirá el voto afirmativo de la mayoría de los presentes en la Asamblea para declarar electos a los Alcaldes miembros de la Junta.
El Secretario de Estado, previa consulta con las entidades u organizaciones que representen a los municipios, adoptará las reglas y los procedimientos para la nominación y elección de los Alcaldes miembros de la Junta.
(c) Término de Desempeño del Cargo.
Los Alcaldes electos como miembros de la Junta desempeñarán sus cargos por un término de cuatro (4) años y ejercerán los mismos hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión del cargo. Los Alcaldes electos a la Junta inicialmente servirán hasta que sus sucesores sean electos, conforme a lo dispuesto en el Artículo 5(b). Ningún Alcalde podrá ser miembro de la Junta por más de dos (2) términos consecutivos.
(d) Vacantes.
Toda vacante que ocurra entre los Alcaldes miembros de la Junta será cubierta dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de efectividad de la misma, siguiendo el mismo procedimiento que se utilizó para elegir el Alcalde que generó la vacante. El nuevo miembro ocupará el cargo por el término no cumplido del miembro sustituido. Para cubrir dicha vacante solamente se considerarán aquellos Alcaldes pertenecientes al mismo partido político del miembro que ocasionó la vacante. Cuando un Alcalde que sea miembro de la Junta cese en su cargo de Alcalde, por cualquier causa, quedará vacante automáticamente la posición que ocupaba en la Junta.
Artículo 6.- Organización Interna de la Junta. La Junta elegirá su Presidente de entre los Alcaldes miembros de la misma, mediante el voto afirmativo de la mayoría del total de los miembros de la Junta.
La Junta se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una (1) vez al mes y podrá celebrar las reuniones extraordinarias que sean necesarias para atender los asuntos del Centro, previa convocatoria de su Presidente o a petición de, por lo menos, dos terceras (2/3) partes de sus miembros. Toda convocatoria a sesión extraordinaria deberá hacerse por escrito y notificarse a todos lo miembros con no menos de cuarenta y ocho (48) horas de antelación a la fecha de la reunión de que se trate.
Cinco (5) miembros de la Junta constituirán quórum. Excepto en los casos que se disponen en esta ley, los acuerdos de la Junta se tomarán por una mayoría de los miembros de la misma. Cuando no se obtenga el voto afirmativo de la mayoría de los miembros de la Junta, el asunto, proposición, resolución o propuesta de que se trate se entenderá derrotado. Los acuerdos sobre determinaciones contributivas requerirán el consentimiento unánime de todos los Alcaldes miembros de la Junta. La Junta adoptará un reglamento para su funcionamiento interno.
Los miembros de la Junta no recibirán remuneración o compensación alguna por el desempeño de sus funciones.
Artículo 7.- Facultades y Funciones de la Junta. La Junta tendrá las siguientes facultades y funciones, además de las otras dispuestas en esta ley y en cualquier otra ley aplicable:
(a) Establecer la política pública, administrativa y operacional del Centro.
(b) Asegurarse de que el Centro cumpla en forma efectiva las funciones y responsabilidades que se le delegan por esta ley.
(c) Aprobar la organización interna del Centro, el presupuesto anual de ingresos y gastos, las transferencias entre partidas, el sistema de contabilidad, de personal, de compras y suministros, así como todas las reglas y reglamentos para su funcionamiento, incluyendo todos los aspectos administrativos, operacionales y fiscales.
(d) Nombrar al Director Ejecutivo del Centro y al Secretario de la Junta y adoptar un plan de clasificación y retribución para los funcionarios, agentes y empleados necesarios para el adecuado cumplimiento de las disposiciones de esta ley.
(e) Aprobar los planes de trabajo para actualizar y mantener al día el catastro general de propiedad inmueble.
(f) Establecer mediante reglamento los requisitos, condiciones y procedimientos que regirán los convenios o acuerdos de servicios para el recibo del pago de la contribución sobre la propiedad con agencias públicas, instituciones financieras y cooperativas de ahorro y crédito.
(g) Fijar, con el voto unánime de los Alcaldes miembros de la Junta, las tarifas que podrían imponer y cobrar los municipios por el recogido de desperdicios sólidos en áreas residenciales urbanas y rurales.
(h) Rendir al Gobernador de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa y a la Asamblea Municipal de cada municipio, no más tarde del 30 de enero de cada año, un informe anual
sobre todas las actividades, operaciones y logros del Centro, acompañado de los informes financieros anuales que someta el Director Ejecutivo del Centro.
Artículo 8.- Director Ejecutivo. El Centro será dirigido por un Director Ejecutivo nombrado por la Junta. El Director será el jefe ejecutivo del Centro, ejercerá aquellas funciones y facultades dispuestas en esta ley o en cualquier otra ley bajo la administración del Centro, al igual que aquéllas que le delegue la Junta o su Presidente. La Junta fijará el sueldo o remuneración del Director Ejecutivo de acuerdo a las normas acostumbradas para cargos de igual o similar naturaleza y nivel de responsabilidades en el sector del servicio público.
El Director Ejecutivo desempeñará su cargo a voluntad de la Junta y deberá poseer, por lo menos, un grado de bachillerato de una institución de educación superior reconocida por el Consejo de Educación Superior, no haber ocupado el cargo de Alcalde durante los cuatro (4) años precedentes a la fecha de su nombramiento y ser una persona de reconocida capacidad administrativa y probidad moral. El Director Ejecutivo podrá acogerse a los beneficios de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Retiro para los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades".
El Director Ejecutivo nombrará un Sub-Director quien le sustituirá interinamente en todo caso de ausencia temporal. Cuando por cualquier causa quede vacante el cargo del Director Ejecutivo, el Sub-Director asumirá todas las funciones, deberes y facultades del cargo, hasta que el sucesor del Director sea nombrado y tome posesión del cargo. El SubDirector deberá reunir los mismos requisitos que se disponen en este Artículo para el Director Ejecutivo y ejercerá su cargo a voluntad de éste.
Artículo 9.- Facultades y Deberes del Director Ejecutivo. El Director Ejecutivo tendrá los siguientes facultades y deberes, entre otros:
(a) Determinar, previa aprobación de la Junta, la organización interna del Centro y establecer los sistemas que sea menester para su adecuado funcionamiento y operación, así como para llevar a cabo las acciones administrativas y gerenciales necesarias para poner en vigor esta ley y cualesquiera otras leyes, reglamentos o programas bajo la responsabilidad del Centro.
(b) Nombrar el personal que sea necesario para llevar a cabo los fines y propósitos del Centro, de acuerdo al plan de clasificación y retribución que adopte la Junta.
(c) Contratar los servicios profesionales y técnicos que fueren necesarios para el cumplimiento de las funciones del Centro y de la Junta. Cuando los honorarios, compensación o remuneración excedan de treinta y seis mil (36,000) dólares anuales, el Director Ejecutivo deberá obtener el consentimiento de la Junta.
(d) Delegar en los funcionarios y empleados del Centro cualesquiera de sus funciones, deberes y responsabilidades, excepto hacer nombramientos, formalizar contratos y autorizar anticipos de fondos a los municipios.
(e) Nombrar oficiales examinadores para atender vistas administrativas, quienes ejercerán sus funciones conforme a las normas y procedimientos que establezca la Junta mediante reglamento.
(f) Solicitar y obtener la cooperación de cualesquiera otras agencias públicas y de los municipios en cuanto al uso de oficinas, equipo, material, personal y otros.
(g) Adquirir los materiales, bienes y equipo necesarios para la operación y funcionamiento del Centro, sujeto a lo dispuesto en esta ley.
(h) Preparar y administrar el presupuesto de ingresos y gastos del Centro de acuerdo a la reglamentación que adopte la Junta. Al respecto, someterá anualmente a la Junta un informe de los gastos incurridos y de los sobrantes, si algunos, durante el año fiscal a que corresponda y un proyecto de presupuesto para el ejercicio del año fiscal siguiente.
(i) Establecer, previa aprobación de la Junta, los sistemas de contabilidad necesarios para el registro y control de todos los ingresos y desembolsos que efectúe el Centro y para el adecuado control de todas sus operaciones fiscales. El Contralor de Puerto Rico fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Centro.
(j) Adoptar, con la aprobación de la Junta, un reglamento para el uso, control, conservación y disposición de la propiedad del Centro.
(k) Celebrar acuerdos y formalizar convenios o contratos para llevar a cabo y cumplir con los fines de esta ley o de cualquier otra ley cuya implantación y ejecución se delegue al Centro, con sujeción a las normas y reglamentos que apruebe la Junta. (1) Autorizar y conceder a los municipios anticipos de fondos por concepto de contribuciones futuras, conforme a las normas que disponga la Junta.
(m) Interponer cualesquiera remedios legales que sean necesarios para poner en vigor esta ley y cualesquiera otras leyes, reglamentos o programas bajo la responsabilidad del Centro.
(n) Inspeccionar toda clase de expedientes y documentos relacionados con sus funciones y deberes, sujeto a que no se divulgue aquella información con carácter de confidencialidad que se le confie, a menos que sea expresamente autorizado por la persona que la ofreció o sea requerido para ello por autoridad competente.
(o) Tomar juramentos y certificar declaraciones, planillas u otros documentos.
(p) Mantener un sistema o banco de datos sobre las propiedades de cada municipio.
(q) Proveer a los municipios todos los datos e informes que éstos necesiten para cumplir con sus funciones.
(r) Rendir a la Junta en cada reunión un informe contentivo de los asuntos de naturaleza administrativa y gerencial considerados y atendidos por éste desde la última reunión y sobre el resultado de las encomiendas que le haga la Junta.
(s) Presentar informes financieros anuales certificados por un Contador Público Autorizado, no más tarde de los seis (6) meses siguientes a la finalización de cada año fiscal y un informe anual descriptivo de todas las actividades, logros y planes del Centro.
(t) Conservar y custodiar todos los expedientes, registros, récords y otros documentos que obren en su poder, conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como "Ley de Conservación de Documentos Públicos".
(u) Llevar a cabo todas las encomiendas, gestiones y funciones que le delegue la Junta o que se disponga por ley y realizar todos aquellos actos necesarios y convenientes para el logro eficaz de su encomienda.
Artículo 10.- Personal del Centro. El Centro será un "administrador individual" según el término se define en la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público" y adoptará las reglas y reglamentos necesarios para la administración de su sistema de personal, previa aprobación de la Junta. Dichas reglas garantizarán a cualquier persona, que con anterioridad a sus servicios como empleado de confianza del Centro, fuere empleado en el servicio de carrera en cualquier otra agencia o en un municipio, el derecho a que se le reinstale en un puesto de igual o similar naturaleza y categoría al que ocupaba en el servicio de carrera al momento en que pasó a ocupar un puesto de confianza. A esos fines, se podrán utilizar los mecanismos reglamentarios disponibles para garantizarle una retribución cónsona con su competencia y conocimiento especial.
Ninguna persona que tenga deudas contributivas o por cualquier otro concepto con un municipio podrá desempeñar cargo alguno en el Centro, a menos que haya acordado y esté al día en los plazos de un plan de pagos para la liquidación de la deuda de que se trate. Los funcionarios y empleados del Centro estarán sujetos a la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".
Los funcionarios y empleados del Centro tendrán derecho a acogerse a los beneficios de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades".
Todo funcionario, empleado y examinador del Centro prestará un juramento de que cumplirá fielmente las funciones de su cargo y no divulgará ninguna información obtenida en el curso de su gestión oficial.
Artículo 11.- Fianza a Funcionarios y Empleados. Los funcionarios y empleados del Centro que en alguna forma intervengan o tengan la custodia de dinero, valores o cualquier propiedad pública estarán cubiertos por una fianza de fidelidad que garantizará el fiel cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. La Junta, en consulta con el Secretario o su representante autorizado, dispondrá por reglamento los funcionarios y empleados que deberán estar cubiertos por tal fianza y el monto de la misma para cada uno de ellos.
El Secretario representará al Centro en todos los aspectos relacionados con la contratación de la fianza, los riesgos a cubrir y la tramitación de las reclamaciones que puedan surgir bajo los términos de la póliza, en la forma que estime más ventajosa al interés público. A esos fines, El Director Ejecutivo del Centro someterá anualmente al Secretario, en la fecha que éste determine, una relación de los nombres de los funcionarios y empleados que conforme al reglamento aplicable deben estar cubiertos por dicha fianza.
Articulo 12.- Compras y Suministros. El Centro estará exento de la Ley Núm. 196 de 4 de agosto de 1979, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios Generales". Todas sus compras de bienes y servicios se efectuarán de acuerdo a las normas y reglamentos que adopte la Junta. Tales normas y reglamentos dispondrán que toda compra y contrato de suministros o servicios, excluyendo los profesionales, que exceda de la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, conllevará la celebración de una subasta formal. Cuando el importe de dicha adquisición o contrato sea menor de dicha cantidad, se dispondrá por
reglamentó un procedimiento para la solicitud de cotizaciones de por lo menos tres licitadores o suplidores.
No será necesaria la celebración de una subasta en caso de emergencias que requieran la entrega inmediata de materiales, efectos y equipo o la prestación de determinados servicios, ni para los casos de convenios o contratos con agencias públicas, instituciones financieras y cooperativas de ahorro y crédito para la recaudación de contribuciones.
El Centro estará sujeto al cumplimiento de la Ley Núm. 42 de 5 de agosto de 1989, conocida como "Ley de Política Preferencial para las Compras del Gobierno de Puerto Rico".
Artículo 13.- Convenios para Trabajos de Tasación, Gestiones de Cobro y Recaudación.
El Centro podrá desarrollar programas, conjuntamente con cualquier municipio, para que éstos realicen directamente trabajos relacionados con la tasación de propiedad inmueble ubicada dentro de sus límites territoriales. El convenio especificará los requisitos y normas que deberán cumplir los empleados municipales y el personal por contrato que utilice el municipio para realizar dichos trabajos, de acuerdo a la Ley de Contribución Municipal sobre Propiedad de 1991 y sus reglamentos, así como con las normas y procedimientos que disponga la Junta por reglamento. La responsabilidad sobre la corrección de la tasación para imponer la contribución recaerá exclusivamente sobre el Centro.
Asimismo, el Centro podrá convenir con los municipios para que éstos realicen gestiones de cobro de la contribución sobre la propiedad. Dichos convenios deberán ajustarse a las disposiciones de la Ley de Contribución Municipal de 1991, así como a los requisitos, procedimientos y normas que disponga la Junta mediante reglamento al efecto. Los convenios incluirán una cláusula expresando claramente que la facultad del municipio se limitará a realizar diligencias de acuerdo a la ley y reglamentos aplicables para lograr que el contribuyente pague cualquier cantidad adeudada por concepto de dicha contribución directamente al Centro o a través de cualquier agencia pública, institución financiera o cooperativa de ahorro y crédito contratada como recaudador.
El Centro podrá realizar convenios y acuerdos con agencias públicas, instituciones financieras y cooperativas para que presten servicios de recaudación de la contribución municipal sobre la propiedad. Dicho convenio o acuerdo se realizará de conformidad a las normas y procedimientos que disponga la Junta mediante reglamento. En el caso de instituciones financieras y cooperativas solamente podrán formalizarse convenios con aquéllas cuyos depósitos estén asegurados y cualifiquen como depositarias de fondos públicos de acuerdo a las leyes locales y federales aplicables.
El Centro ofrecerá adiestramiento sobre los procedimientos, sistemas y normas relativos a la tasación de propiedad, a las gestiones de cobro de la contribución sobre la propiedad y a la recaudación de la misma.
Artículo 14.- Préstamos y Obligaciones para Anticipos de Fondos a Municipios. A los fines dispuestos en el Inciso
(j) del Artículo 4 de esta ley, y previa aprobación de la Junta, el Centro podrá tomar dinero a préstamo y emitir pagarés en anticipación del cobro de contribuciones e ingresos estimados a ser recibidos durante el período fiscal corriente para pagar gastos presupuestados a ser incurridos durante dicho período fiscal y para pagar los gastos relacionados con la venta y emisión de dichos pagarés. El principal vigente de los pagarés en circulación en cualquier período fiscal no excederá del ochenta por ciento ( 80% ) de las contribuciones e ingresos estimados para el período fiscal
corriente o el estimado máximo de deficiencia de efectivo desde la fecha de emisión de los pagarés hasta el cierre de dicho período fiscal, cual de los dos sea menor. El Centro autorizará la emisión de pagarés mediante una resolución adoptada por la Junta, bajo los términos y condiciones que el Centro, con el asesoramiento del Banco Gubernamental, estime serán los más convenientes para los municipios. Los pagarés emitidos por el Centro en virtud de este Artículo, no constituirán una deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los municipios o cualquier otra subdivisión política del Gobierno de Puerto Rico. Las disposiciones de la Ley Núm. 272 de 15 de mayo de 1945, según enmendada, serán aplicables al Centro.
Artículo 15.- Fondo de Equiparación de Ingresos Municipales. Se establece un fondo especial en el Banco Gubernamental denominado "Fondo de Equiparación para los Municipios", el cual se mantendrá separado de cualesquiera otros fondos pertenecientes al Gobierno Central o a los municipios. La totalidad de los fondos transferidos a los municipios en el Artículo 16 ingresará a dicho Fondo, conforme se disponga en el contrato de fideicomiso que el Centro está obligado a suscribir con dicho Banco.
Los fondos indicados en el Inciso
(a) del Artículo 16 los recibirá el Banco Gubernamental, según los convenios o acuerdos de recaudación que formalice el Centro. Los fondos provenientes de las fuentes indicadas en los Incisos
(b) y
(c) de dicho Artículo se transferirán directamente a dicho Banco por el Secretario, mediante los procedimientos y normas aplicables para tales transferencias.
Artículo 16.- Transferencia de Fondos para Municipios. Se transfieren a los municipios durante el año fiscal 1991-92 y en cada año fiscal subsiguiente los fondos que a continuación se indican:
(a) El total de los fondos provenientes de la contribución del uno por ciento (1%) impuesto sobre el valor tasado de toda propiedad mueble en Puerto Rico y del tres por ciento ( 3% ) impuesto sobre el valor tasado de toda propiedad inmueble en Puerto Rico, no exentas o exoneradas del pago de contribución, que hasta el presente ingresaban al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(b) El veinticinco por ciento ( 25% ) en el año fiscal 1991-92 y el treinta por ciento ( 30% ) en el año fiscal 1992-93, y el treinta y cinco ( 35% ) en el año fiscal 1993-94 y en cada año subsiguiente, de los ingresos netos anuales derivados de la operación del Sistema de Loteria Adicional.
(c) Una cantidad igual a dos y dos centésimas por ciento ( 2.02% ) computada a base de las rentas internas netas del Fondo General.
Artículo 17.- Distribución de Fondos en Fideicomiso. Los fondos en fideicomiso con el Banco Gubernamental se distribuirán por el Centro de acuerdo a los procedimientos que se establecen en esta ley. Los desembolsos contra dichos fondos se efectuarán en el orden de prioridad que a continuación se indica:
(a) La cantidad que corresponda al servicio de la deuda del Gobierno Central.
(b) La cantidad que corresponda al servicio de la deuda incurrida y no pagada por los municipios.
(c) Provisión para el pago de obligaciones o deudas estatutarias.
(d) Provisión para atender los gastos de funcionamiento y operación del Centro.
(e) Cualquier remanente no comprometido se distribuirá entre los municipios.
Artículo 18.- Distribución de Fondos a los Municipios. A partir del año fiscal 1993-94 y en cada año fiscal subsiguiente, el Secretario transferirá al Banco Gubernamental de Fomento, no más tarde del décimo (10mo.) día de cada mes, una doceava ( $1 / 12$ ) parte del estimado de los ingresos a recibirse en el año fiscal de que se trate por los conceptos indicados en los Incisos
(b) y
(c) del Artículo 16.
No más tarde del decimoquinto (15to.) día de cada mes, el Banco Gubernamental de Fomento remesará a cada municipio las cantidades que más adelante se indican, conforme a lo dispuesto en esta ley, en el contrato de fideicomiso y en el documento de distribución preliminar preparado por el Centro. En esa distribución se especificará la cantidad a ser retenida para cubrir deudas estatutarias o contraídas por los municipios con agencias públicas o con otros municipios.
El cómputo de la totalidad de los ingresos a distribuirse durante el año fiscal 1993-94 y en cada año fiscal subsiguiente, que se generen por concepto de las fuentes descritas en el Artículo 16, se hará utilizando como año base el año fiscal inmediatamente anterior.
Dicha remesa se hará utilizando los criterios siguientes:
(a) Una doceava (1/12) parte de los estimados anuales de ingresos que corresponderán a cada municipio por los conceptos indicados en los Incisos
(a) ,
(b) y
(c) del Artículo 16.
(b) Cualquier incremento en el ingreso de la contribución sobre la propiedad transferida a los municipios según el Inciso
(a) del Artículo 16 se adjudicará al municipio que lo genere, siempre y cuando la totalidad de los ingresos derivados de las fuentes descritas en dicho Artículo sean suficientes para garantizar que cada municipio reciba ingresos iguales a los que recibió en el año base.
(c) Luego de efectuada la equiparación de ingresos con el año base y después de haberse adjudicado cualquier incremento en los ingresos recaudados por concepto de la contribución sobre la propiedad, según se dispone en el Inciso
(b) de este Artículo, cualquier exceso que resulte se distribuirá por el Centro entre todos los municipios, tomando en consideración los factores siguientes: (1) El total de personas beneficiarias del Programa de Asistencia Nutricional, per cápita, según certificación al efecto emitida por el Departamento de Servicios Sociales. (2) El presupuesto funcional per cápita de cada municipio. (3) El valor tasado de la propiedad tributable per cápita ubicada dentro de los límites territoriales de cada municipio. (4) La población del municipio por milla cuadrada, según el último censo decenal. (5) El ingreso per cápita en el municipio. (6) La tasa de desempleo existente en el municipio.
El exceso antes señalado será distribuido en seis partes iguales, correspondiéndole a cada factor una sexta parte de tales fondos disponibles. La metodología para la distribución será determinada por la Junta, con la participación del Director de la
Oficina de Presupuesto y Gerencia. La aplicación de dicha metodología deberá beneficiar aquellos municipios que reciben el menor ingreso por contribución sobre la propiedad u otras fuentes, así como a los municipios con el mayor número de dependientes del Programa de Asistencia Nutricional y de mayor densidad poblacional.
(d) A partir del año fiscal 1994-95 y en años subsiguientes, si la totalidad de los ingresos dispuestos en el Artículo 16 no fueren suficientes para lograr la equiparación de ingresos de cada municipio con el año base, los fondos disponibles se distribuirán en proporción a la distribución de ingresos de dicho año.
Dentro de los noventa (90) días siguientes al 30 de junio de 1994 y de cada año subsiguiente, el Centro efectuará una liquidación final de los fondos distribuidos a los municipios. De haber algún exceso, el Banco Gubernamental remesará a cada municipio la cantidad que le corresponda utilizando los factores establecidos en el Inciso
(c) de este Artículo. De haberse remesado cantidades en exceso de las que corresponda a cada municipio según dicha liquidación final, el Centro informará tal hecho al Banco Gubernamental para que éste retenga de las remesas del siguiente año fiscal aquellas cantidades necesarias para recuperar las cantidades remesadas en exceso.
Artículo 19.- Exención de Derechos. El Centro estará exento del pago de todo derecho o arancel que se requiera para tramitar procedimientos judiciales. Igualmente, estará exento del pago y cancelación de los sellos, aranceles y otros exigidos por ley en los documentos públicos. También tendrá derecho a la expedición gratuita de cualquier certificación, plano, fotografia, informe y documento en cualquier agencia pública.
Artículo 20.- Inmunidad; Acciones Civiles.- La Junta de Gobierno del Centro, ni sus miembros individualmente, incurrirán en responsabilidad económica por cualquier acción tomada en el desempeño de sus deberes y poderes, siempre y cuando sus actos no hayan sido intencionales, ilegales, para beneficio propio o a sabiendas de que pueden ocasionar daño.
Las disposiciones de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, relativas a la cuantía máxima en acciones de daños y perjuicios y a causas de acción basadas en violaciones a derechos civiles, serán aplicables, en lo pertinente, a las demandas que se presenten contra el Centro, su Junta de Gobierno, sus miembros individualmente o en su carácter personal, o contra los funcionarios o empleados del Centro.
Artículo 21.- Penalidades.- Cualquier persona que violare las disposiciones de esta ley o de los reglamentos aprobados en virtud de la misma, excepto cuando los actos realizados estén castigados por alguna otra disposición legal, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será castigada con una multa no mayor de quinientos (500) dólares, o con pena de cárcel por un término no mayor de seis (6) meses, o con ambas penas a discreción del Tribunal.
Artículo 22.- Asignación de Fondos para Funcionamiento del Centro. Los fondos necesarios para la organización y funcionamiento del Centro durante los años fiscales 1991-92 y 1992-93 provendrán de la partida para implantar la reforma municipal a ser consignada en la Resolución Conjunta del Presupuesto General de Gastos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
En el año fiscal 1993-94 los fondos necesarios para la implantación de esta ley, se consignarán en una partida separada a nombre del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales en la Resolución Conjunta del Presupuesto General de Gastos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
A partir del año fiscal 1994-95, el Centro separará anualmente para cubrir sus gastos de operación y funcionamiento hasta un máximo del cinco por ciento ( 5% ) del total de las recaudaciones anuales que se obtengan por concepto de la contribución municipal sobre la propiedad en el año fiscal inmediatamente anterior. El Banco Gubernamental de Fomento remesará dichos fondos al Centro.
Artículo 23.- Disposiciones Transitorias.
(a) Garantía de ingreso para los años fiscales 1991-92 y 1992-93:
Durante los años fiscales 1991-92 y 1992-93, el Secretario depositará en el fideicomiso establecido en el Banco Gubernamental los fondos transferidos en los incisos
(a) ,
(b) y
(c) del Artículo 16, para que éstos sean acreditados al Fondo de Equiparación.
El Secretario depositará, no mas tarde del décimo día de cada mes, una doceava (1/12) parte del estimado de ingresos a recibirse en cada uno de dichos años fiscales por concepto de los fondos transferidos en el Artículo 16. Dicho depósito irá acompañado de la distribución de los mismos para esos años fiscales.
No obstante lo antes dispuesto, la cantidad que se anticipe y conceda a cada municipio para el año fiscal 1991-92 por concepto de la contribución sobre propiedad no podrá exceder en ningún caso el monto total que le habría correspondido al mismo bajo las disposiciones de ley aplicables antes de la aprobación de esta ley.
Al 30 de junio de 1992 y de 1993, el Secretario hará a cada municipio una liquidación final de los fondos distribuidos a éstos. Si los fondos transferidos a los municipios de acuerdo al Artículo 16 resultaren menores a los ingresos que éstos hubieren recibido bajo las disposiciones vigentes antes de la aprobación de esta ley, el Secretario anticipará la diferencia con cargo a cualesquiera fondos disponibles en el Fondo General. Al mismo tiempo solicitará a la Oficina de Presupuesto y Gerencia Gubernamental que se tomen las medidas necesarias para el reembolso de los fondos así anticipados con cargo a los recursos del gobierno central del año fiscal siguiente. En caso de que los fondos transferidos resulten mayores, el exceso será distribuido porcentualmente igual entre todos los municipios, utilizándose para ello el por ciento que representa el mencionado exceso de la totalidad de ingresos previamente igualados.
El Secretario podrá retener de los fondos pertenecientes a los municipios que han sido transferidos por esta ley, cualquier suma que fuere necesaria para cubrir deudas estatutarias.
(b) Garantía de ingreso para los años fiscales 1993-94 y 1994-95.
Si durante los años fiscales 1993-94 y 1994-95 los recursos transferidos a los municipios de acuerdo al Artículo 16 son menores a los que éstos hubiesen recibido bajo las disposiciones de ley aplicables antes de la aprobación de este estatuto, el Secretario anticipará la diferencia con cargo a cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro Estatal y solicitará a la Oficina de Presupuesto y Gerencia Gubernamental el reembolso de los fondos así anticipados en el año fiscal siguiente. El Secretario cubrirá la diferencia siempre y cuando la recaudación por concepto de la parte de la contribución sobre la propiedad dispuesta en el Inciso
(a) del Artículo 16, correspondiente a dicho año fiscal, sea igual o mayor al año fiscal inmediatamente anterior.
(c) Deuda de Municipios por Anticipos en Exceso.
No más tarde del 1ro. de julio de 1992, el Secretario revisará sus registros a los fines de determinar la deuda de cada municipio con el Fondo General por razón de fondos anticipados en exceso de la contribución sobre la propiedad realmente recaudada. Una vez establecido el monto de dicha deuda, el Secretario la notificará a cada municipio, según corresponda, y remitirá copia de dicha notificación al Director Ejecutivo. Dentro de los sesenta días (60) de haber recibido dicha notificación, cualquier municipio que no esté conforme con el monto de la deuda podrá requerir que se auditen sus cuentas con el Departamento de Hacienda. El Secretario, conjuntamente con el Director del Centro adoptará las normas y procedimientos para la realización del examen o auditoría correspondiente.
Los municipios deberán satisfacer el balance adeudado en un término no mayor de quince (15) años, dentro del marco de crecimiento anual, las recaudaciones por concepto de contribuciones municipales sobre la propiedad.
No obstante lo anterior, el Secretario de Hacienda podrá negociar con los Gobiernos Municipales otros términos y condiciones para el pago de cualquier balance adeudado cuando dicho pago resulte oneroso a las finanzas municipales.
(d) Deuda del Secretario a Favor de los Municipios.
Igualmente, no más tarde del 1ro. de julio de 1992, el Secretario revisará sus registros para determinar las cantidades que debe remesar a cada municipio por concepto de contribuciones sobre la propiedad recaudadas en exceso de las cantidades efectivamente anticipadas a éstos en años anteriores o aquellas cantidades cobradas pero no remitidas al municipio. El Secretario remesará tales fondos a los municipios en un término no mayor de tres (3) años.
(e) Cobro de Contribuciones.
Dentro de un término que no exceda de la fecha que se realice la transferencia dispuesta en el inciso
(f) de este artículo, el Secretario revisará los registros de la propiedad sujeta a contribución para determinar las contribuciones que resultan cobrables. El Secretario transferirá al Centro el récord de dichas contribuciones, a los fines de que éste realice las gestiones de cobro necesarias.
Las cantidades por concepto de tales contribuciones que recaude el Centro corresponderán al Fondo General y a los municipios, en la proporción establecida en las disposiciones de ley vigentes al momento en que venció el pago de las referidas contribuciones. El Centro, en acuerdo con el Secretario, establecerá los cargos que le pagará el Departamento de Hacienda por las gestiones que realice para el cobro de las contribuciones cobrables antes señaladas.
(f) Transferencias.
No más tarde del 30 de junio de 1993, se transfieren al Centro todos los poderes, funciones y obligaciones conferidos por ley o reglamento al Departamento de Hacienda en relación a la tasación, notificación de imposición, determinación y cobro de la contribución sobre propiedad. A los efectos de la transferencia antes dispuesta, y para llevar a cabo los propósitos de esta ley, se transfiere al Centro todo personal del Negociado de Contribución Sobre la Propiedad, Herencias y Donaciones del Departamento de Hacienda que tiene derecho de retención en armonía con la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, y los Reglamentos de Personal aplicables, y que se desempeñen en actividades de tasación e imposición de la contribución sobre la propiedad mueble e inmueble. Igualmente aquel otro personal del Departamento de
Hacienda que sea necesario para lograr la transferencia al Centro de las funciones y deberes relativos a la tasación, imposición y cobro de las contribuciones de la propiedad mueble e inmueble. El personal transferido conservará los mismos derechos y beneficios que tenían al momento de la transferencia, así como los derechos y obligaciones respecto a cualquier sistema de pensión, retiro o fondos de ahorro y préstamo. Disponiéndose, que la clasificación y la retribución de los puestos se establecerá en armonía con los planes de clasificación y retribución aplicable al Centro. La retribución nunca será menor a la percibida por el empleado al momento de la transferencia. Esta transferencia será efectiva el primero (1ro) de julio de 1992.
Asimismo, el Departamento de Hacienda transferirá al Centro los programas, fondos, obligaciones, propiedad, equipo, expedientes, archivos y cualesquiera otros relacionados con las funciones de la tasación, imposición, determinación y cobro de la contribución sobre propiedad que sean necesarios para lograr los propósitos de esta ley.
Las transferencias dispuestas en este inciso
(f) se realizarán sin estar sujetas a las prohibiciones para años electorales contenidas en cualesquiera de las leyes vigentes.
(g) Contratos, Ordenanzas y Reglamentos Vigentes.
Ninguna disposición de esta ley se entenderá que modifica, altera o invalida cualquier acuerdo, convenio, reclamación o contrato que haya otorgado el Departamento de Hacienda al amparo de los poderes, prerrogativas, funciones y deberes que ostentaba hasta la fecha de las transferencias ordenadas por esta ley y que estén en vigor a la fecha de efectuarse dicha transferencia.
Todos los reglamentos adoptados en virtud de la Ley Núm. 139 de 30 de junio de 1966, según enmendada, continuarán en toda su fuerza y vigor hasta que sean enmendados o derogados, siempre que no estén en conflicto con esta ley.
(h) Acciones Pendientes de Resolución Final.
Toda acción, procedimiento o reclamación relacionado con la tasación, imposición y determinación de la contribución sobre la propiedad mueble e inmueble pendiente ante el Departamento de Hacienda o ante cualquier Tribunal a la fecha de aprobación de esta ley y toda reclamación que se haya iniciado al amparo de la Ley Núm. 139 de 30 de junio de 1966, según enmendada, se continuará tramitando hasta que recaiga una determinación final de acuerdo con las disposiciones de ley y reglamentos en vigor a la fecha en que se hayan presentado tales procedimientos, acciones y reclamaciones.
(i) Comité de Transición.
El Gobernador de Puerto Rico nombrará un Comité de Transición con la responsabilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para la transferencia al Centro de las funciones del Departamento de Hacienda relacionadas con la tasación, imposición, determinación y recaudación de la contribución sobre la propiedad. Este Comité velará por el adecuado traslado al Centro de todos los asuntos bajo la administración y responsabilidad del Negociado de Contribución Sobre la Propiedad, Herencias y Donaciones, en lo relativo a la contribución sobre la propiedad, sin que se interrumpan los procesos administrativos, la prestación de servicios y el funcionamiento de dicho Negociado. Este Comité cesará sus funciones cuando la Junta así lo determine.
(j) Comité Evaluador.
Se crea un Comité Evaluador compuesto de tres ciudadanos particulares nombrados por el Gobernador, de los cuales no más de dos pertenecerán a un mismo partido político.
Los miembros del Comité recibirán una dieta de cincuenta (50) dólares por cada reunión oficial a la que asistan, con cargo a los fondos operacionales del Centro.
El Comité realizará en el año fiscal 1994-95 una evaluación exhaustiva sobre los siguientes aspectos:
a) el esquema fiscal total establecido en esta ley, incluyendo la efectividad del Fondo de Equiparación;
b) el efecto del esquema de contabilidad uniforme de las finanzas de cada municipio y su capacidad de financiamiento;
c) la efectividad de los sistemas de recaudación y cobro;
d) impacto de las transferencias del Artículo 16 en la situación fiscal de los municipios;
e) el mecanismo de repago establecido en esta ley, así como el mecanismo de pago dispuesto en la Resolución Conjunta Núm. 3 de 16 de octubre de 1985 y cualesquiera otros depósitos en fondos especiales en el Departamento de Hacienda.
El Comité preparará un informe especial con sus conclusiones y recomendaciones, el cual será sometido al Gobernador, a la Asamblea Legislativa y a la Junta, no más tarde del 31 de marzo de 1995, a fin de tomar las medidas que se estimen necesarias.
Artículo 24.- Derogación. Se deroga la Ley Núm. 139 de 30 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Subsidio Municipal".
Artículo 25.- Vigencia. Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación, excepto en lo que respecta a las transferencias dispuestas en el inciso
(f) del Artículo 23, las cuales entrarán en vigor según se vayan realizando los traspasos o traslados, que será no más tarde del 30 de junio de 1993.
Presidente del Senado Presidente de la Cámara
Departamento de Estado CERTIFICO: que es copia fiel y exacta del orlglnol aprobado y firmado por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al dlo 20 de Ecto? de 19.94
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO Office of Legislative S'ernices CAPITOL BUILDING
March 4, 1992
Carlos R. García Jaunarena, Director of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that he has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 80 (Substitutive to S.B. 1057) (Conference) of the 5th Session of the 11th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:
AN ACT to create the Municipal Revenues Collection Center; determine its organization and composition; define its powers and duties; establish the appropriation of funds and public revenues that shall correspond to the municipalities and which shall be subject to collection, control and distribution by the Center; establish a Municipal Revenues Matching Fund; identify the monies that shall be covered into said Fund and the norms for their distribution among the municipalities; provide for the budgetary appropriation of the Center; etc., and finds the same are complete, true and correct versions of each other.
(Substitutive to S.B. 1057) (Conference) (No. 80) (Approved August 30, 1991)
AN ACT
To create the Municipal Revenues Collection Center; determine its organization and composition; define its powers and duties; establish the appropriation of funds and public revenues that shall correspond to the municipalities and which shall be subject to collection, control and distribution by the Center; establish a Municipal Revenues Matching Fund; identify the monies that shall be covered into said Fund and the norms for their distribution among the municipalities; provide for the budgetary appropriation of the Center; fix penalties, transfer to the Center the functions and duties of the Department of the Treasury regarding the appraisal, notice of imposition, determination and collection of property taxes, personnel and equipment of the Bureau of Property, Inheritance and Donations Taxes of said Department; and repeal Act No. 139 of June 30, 1966 as amended, known as "Municipal Subsidy Act".
STATEMENT OF MOTIVES
At present, the municipal finances are nourished mainly from property taxes and commonwealth subsidy. Notwithstanding that these items are a main source of income, they have been kept under the control and administration of the Central Government through the
Department of the Treasury. This system has the effect of divorcing the municipal governments from their main source of income so vital for the financing of their operations and the services they offer. Nor does this mechanism help municipal officials do their best effort for a greater efficiency in the collection of said revenues.
In consideration of the above and in harmony with our interest of promoting a greater fiscal autonomy for the municipalities, the Legislature, by virtue of this Act, transfers to them the total amount of the taxes on personal property and real-estate, except the portion of the revenues that nourishes the Debt Redemption Fund.
In order to attain the abovementioned goal, the Municipal Revenues Collection Center is hereby established, so that in representation of the municipalities and under their authority, it may assume the responsibilities relative to property tax which at present is carried out by the Central Government. In addition, a legal mechanism that provides a funding distribution is instituted, which shall guarantee that the municipalities at least receive a sum equal to the one produced under the present formula of advance plus subsidy. Due to the existing inequalities in the tax base distribution and that the property tax yield that is transferred to the General Fund is less than the amount of the subsidy, the transfer of property tax is not sufficient to reach this parity. In order to complete the fiscal resources required, the Legislature of Puerto Rico deems pertinent to share with the municipalities one part of the net revenues derived from the operation of the Additional Lottery System and any other portion
from the net internal revenues of the General Fund of the Commonwealth of Puerto Rico.
The purpose of this Act is to expand the municipal autonomy by establishing those mechanisms needed to strengthen and increase its fiscal capacity.
BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO:
Section 1.- Title of the Act.
This Act shall be known as "Municipal Revenues Collection Center Act".
Section 2.- Definitions.
The following terms and phrases shall have the meaning set forth hereinbelow:
(a) "Public Agency", shall mean any public department, program, bureau, office, board, commission, company, administration, authority, institute, body, service, dependency and corporation and a subsidiary thereof and an instrumentality of the Commonwealth Government.
(b) "Base Year", shall mean any fiscal year immediately previous to the current fiscal year.
(c) "Fiscal Year", shall mean the period of twelve (12) consecutive months that begins July 1, of any calendar year and ends June 30 of the next calendar year.
(d) "Government Bank", shall mean the Government Development Bank for Puerto Rico, created by Act No. 17 of September 23, 1948 as amended.
(e) "Center", shall mean the public entity created to render fiscal services to the municipalities and which is called "Municipal Revenues Collection Center".
(f) "Commissioner", shall mean the Commissioner of the Office of Municipal Affairs, created by the Autonomous Municipalities Act of the Commonwealth of Puerto Rico of 1991.
(g) "Executive Director", shall mean the highest-ranked executive official responsible for the administrative direction and daily operation of the Center.
(h) "Fund", shall mean the "Municipal Revenues Matching Fund", which shall nourish from the monies transferred to the municipalities pursuant to this Act.
(i) "General Fund", shall mean the general fund of the Commonwealth of Puerto Rico.
(j) "Commonwealth Government", shall mean the Government of the Commonwealth of Puerto Rico and its public agencies, including the Legislative and Judiciary Branches, as well as their attached dependencies and offices.
(k) "Board", shall mean the Governing Board of the Center, duly constituted in the manner provided in this Act. (1) "Municipality" or "Municipal Government", shall mean the political and juridical entity of the local government, composed by a Legislative Branch and an Executive Branch;
(m) "Person", shall mean any natural or juridical entity, including private corporations, partnerships, associations, credit unions, successions, group of persons, entities and institutions.
(n) "Net Internal Revenues", shall mean the total amount of revenues of the General Fund that result after deducting the revenues
that arise from external sources, non-recurrent revenues and revenues from which special accounts and funds nourish.
(o) "Secretary", shall mean the Secretary of the Department of the Treasury.
(p) "Additional Lottery System", shall mean the game system created by Act No. 10 of May 24, 1989 as amended.
Section 3.- Creation and Purposes of the Center. A municipal entity, independent and separate from any other agency or instrumentality of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico named "Municipal Revenues Collection Center" is hereby created. The Center is the fiscal services entity whose primary responsibility shall be to collect, receive and allocate the public funds arising from the sources indicated in this Act and which correspond to the municipalities. The Center shall be subject to the provisions of Act No. 170 of August 12, 1988 as amended.
Section 4.- General Faculties and Duties of the Center. The Center shall have the following general faculties and duties:
(a) Enforce the provisions of the Municipal Property Tax Act of 1991, and the regulations adopted by virtue thereof, carry out the necessary and appropriate efforts that lead to a better administration of said Act, including keeping up to date and updating the official record of real estate of each municipality, and improving and rendering more efficient the billing and collection systems of said taxes.
(b) Collect the property taxes corresponding to each municipality, according to the tax rates that each one of them provide through a
municipal ordinance to such effects, as well as the special tax to amortize and redeem the general obligations of the Commonwealth of Puerto Rico.
(c) Establish a trust with the Government Bank to receive all revenues collected from property taxes, according to that which is provided in subsection
(b) and from the Additional Lottery System and from the percent of the net internal revenues that correspond to the municipalities.
(d) Carry out all efforts needed to collect the property taxes accounts that are transferred by the Secretary in accordance with this Act.
(e) Enter into covenants or agreements, chargeable to their operating funds, with public agencies, financial institutions and savings and credit unions to collect municipal property taxes.
(f) Develop and carry out, jointly with the municipalities, programs to expedite the appraisal of newly constructed properties and existing properties that have not been previously appraised, subject to that which is provided in this Act.
(g) Receive and allocate the matching funds that are appropriated to the municipalities by provision of this Act.
(h) Collect and allocate the public funds that are entrusted to it by legal provision or municipal ordinance to such effects.
(i) Grant monthly funds advances to the municipalities in the manner provided hereinbelow.
(j) Make loans and authorize the issuing of notes through a resolution to such effects in advance of the collection of pending estimated taxes and revenues, with the sole purpose of advancing funds to the municipalities, subject to that which is provided in Section 14 of this Act.
(k) Adopt and alter an official seal, which shall be affixed to all official documents of the Center. (1) Sue and be sued.
(m) Establish its own administrative structure.
(n) Control and administrate its operating funds and decide the nature and need of all its expenses and the manner in which they shall be incurred and authorized. (ñ) Adopt, amend and repeal regulations to govern its affairs, and prescribe rules, regulations and norms related to the compliance of its functions and duties and the execution of the acts whose administration is delegated upon it.
(o) Receive and accept funds and contributions from any public agency of the Government of Puerto Rico, the Government of the United States of America, the municipalities and non profit entities, in order to attain the purposes of this Act and comply with the conditions and requirements with respect to any funds or contributions it receives.
(p) Take steps and obtain the technical and financial aid from public agencies that it deems necessary, regardless of its nature, in order to comply with the functions of the Center and the municipalities.
(q) Acquire through purchase, lease, donation or any other legal manner, that equipment and property necessary to comply with the purposes of this Act.
(r) Enter into and execute covenants, leases, contracts and any other documents needed and pertinent to exercise the functions granted to it by law.
(s) Carry out by itself or in coordination with the municipalities and public agencies, the studies and research needed on those matters that affect the collection of municipal property taxes.
(t) Compile, construe and publish information and statistical data relative to municipal property taxes, revenues from the Additional Lottery System, net internal revenues, legislative appropriations, yield of investments and any other funds entrusted to the Center, as well as any other information of its interest.
(u) Attach and execute, on behalf and in representation of the corresponding municipality, any properties and assets of those taxpayers who owe property taxes, after complying with the applicable legal procedures.
(v) Exercise any other faculties and duties and carry out activities, programs and agreements assigned to it or which are inherent or necessary to comply with the purposes of this Act.
Section 5.- Governing Board. The Center shall be governed by a Governing Board composed of nine (9) members, seven (7) of which shall be mayors representing all the municipalities of Puerto Rico and the remainder two (2) members shall
be the President of the Government Development Bank and the Commissioner of Municipal Affairs.
(a) Election of the Mayors Members of the Board.
Mayors members of the Board shall be elected, through secret vote, by all incumbent mayors as of election date in a duly convened assembly for those purposes by the Secretary of State. Four (4) of the mayors members of the Board must belong to the party winning the greatest number of municipalities in the general elections immediately preceding. The remainder three (3) members shall be selected from among the other mayors who have won municipalities in said general election, except that in the event that they are not sufficient to cover said three positions, the party winning the greater number of municipalities shall elect the remaining members to complete the total of members of the Board.
(b) Election Assembly.
The assembly for the initial members of the Board who shall represent the municipalities, shall be held no later than thirty (30) days following the date of approval of this Act. The assembly to elect the mayors members of the Board must be held no later than thirty (30) days following the second Monday of the month of January following each general election.
Two thirds (2/3) of the total of incumbent mayors shall constitute quorum as of the date the same is held, and the affirmative vote of the majority of those present in the Assembly shall be required to declare the mayors members of the Board as elected.
The Secretary of State shall adopt the rules and procedures to appoint and elect the mayors members of the Board after consulting with the entities or organizations that represent the municipalities.
(c) Duration of the appointment.
The mayors elected as members of the Board shall hold office for a term of four (4) years and shall continue in office until their successors have been appointed and qualify; The mayors elected to the Board shall initially continue in office until their successors are appointed, pursuant to that which is provided in Section 5(b). No mayor may be a member of the Board for more than two (2) consecutive terms.
(d) Vacancies.
Any vacancy occurring between the mayors members of the Board shall be filled within thirty (30) days following the effective date thereof, following the same procedure that was used to elect the mayor causing the vacancy. The new member shall hold office for the unexpired term of the substituted member. In order to fill said vacancy only those mayors who belong to the same political party of the member who caused the vacancy shall be considered. When a mayor who is a member of the Board ceases in his office as mayor for any cause, the office filled in the Board shall automatically remain vacant.
Section 6.- Internal Organization of the Board. The Board shall elect the President from among its mayors members, through the affirmative vote of the majority of the total of members of the Board.
The Board shall meet in regular session at least once (1) a month and may hold all those special meetings that are needed to tend to the matters of the Center, after a summons from its President, or upon petition of at least two thirds (2/3) of its members. Any summons for a special session must be made in writing and all members shall be notified with no less than forty-eight (48) hours prior to the date of the meeting in question.
Five (5) members of the Board shall constitute quorum. Except in those cases provided in this Act, the agreements of the Board shall be taken by a majority of its members. When there is no affirmative vote of the majority of the members of the Board, the matter, proposition, resolution or proposal in question shall be understood as being defeated. The agreements on tax determinations shall require the unanimous approval of all mayors members of the Board. The Board shall adopt bylaws for its internal operation.
The members of the Board shall receive no remuneration or compensation whatsoever for performing their duties.
Section 7.- Faculties and Duties of the Board. The Board shall have the following faculties and duties besides the others provided in this Act and in any other applicable act:
(a) Establish the public, administrative and operating policy of the Center.
(b) Ensure that the Center effectively complies with the duties and responsibilities delegated to it by this Act.
(c) Approve the internal organization, the annual budget of income and expenses, the transferences between items, the accounting, personnel, purchase and supplies systems of the Center, as well as all rules and regulations for its operation, including all administrative, operating and fiscal aspects of this Act.
(d) Appoint the Executive Director of the Center and the Secretary of the Board, and adopt a classification and retribution plan for the officials, agents and employees that are needed to adequately comply with the provisions of this Act.
(e) Approve the work plans to update and keep up to date the general registry of real estate.
(f) Establish through regulations the requirements, conditions and procedures that shall govern the covenants or agreements for services with public agencies, financial institutions and savings and credit unions so as to receive the property tax payment.
(g) Fix, with the unanimous vote of the mayors members of the Board, the rates that the municipalities may impose and collect for the collection of solid waste in urban and rural residential areas.
(h) Submit to the Governor of Puerto Rico, the Legislative Assembly and the Municipal Assembly an annual report on all the activities, operations and achievements of the Center, enclosed with the annual financial reports submitted by the Executive Director of the Center, no later than January 30, of each year.
Section 8.- Executive Director.- The Center shall be directed by an Executive Director appointed by
the Board. The Director shall be the executive head of the Center, shall exercise those duties and powers provided in this Act or in any other act under the administration of the Center, as well as those delegated by the Board or its President. The Board shall fix the salary or remuneration of the Executive Director according to the customary standards for positions of equal or similar nature and to the level of responsibility in the public service sector.
The Executive Director shall hold office at the Board's volition and must hold a bachelor's degree of an institution of higher education recognized by the Council on Higher Education, not to have filled the position of mayor during the four (4) years prior to the date of his appointment and be a person of renown administrative capacity and moral probity. The Executive Director may avail himself to the benefits of Act No. 447 of May 15, 1951 as amended, known as the "Employees Retirement System Act of the Government of Puerto Rico and its Instrumentalities."
The Executive Director shall appoint an Acting Director who shall substitute him provisionally in each case of temporary absence. When for any cause the position of Executive Director is vacant, the Acting Director shall assume all the functions, duties and faculties of the position, until the successor of the Director is appointed and qualifies. The Acting Director must meet the same requirements that are provided in this Section for the Executive Director and shall exercise his positon at the later's volition.
Section 9.- Faculties and Duties of the Executive Director. The Executive Director shall have the following faculties and duties, among others:
(a) Determine, after the approval of the Board, the internal organization of the Center and establish the systems that are necessary for its adequate functioning and operation, as well as to carry out the administrative and management actions needed to enforce this Act and any other acts, regulations or programs under the responsibility of the Center.
(b) Appoint the personnel that is needed to carry out the goals and purposes of the Center, according to the classification and retribution plan adopted by the Board.
(c) Contract the professional and technical services that are needed to comply with the functions of the Center and the Board. When the fees, compensation or remuneration exceed thirty-six thousand (36,000) dollars per year, the Executive Director must obtain the approval of the Board.
(d) Delegate on officials and employees of the Center any of his functions, duties and responsibilities, except making appointments, entering into contracts and authorizing advances of funds to the municipalities.
(e) Appoint examining officials to officiate administrative hearings, who shall exercise their functions pursuant to the norms and procedures established by the Board through regulations.
(f) Request and obtain cooperation from any other public agency or municipality with regard to the use of office space, equipment, supplies, personnel and others.
(g) Acquire the supplies, goods and equipment needed for the Center's operation and functioning, subject to that which is provided in this Act.
(h) Prepare and administrate the budget of income and expenses of the Center according to the regulations adopted by the Board. To that respect, he shall annually submit to the Board a report of the expenses incurred and of remainders, if any, during the correponding fiscal year, and a budget proposal for the following fiscal year.
(i) Establish the accounting systems needed for the registry and control of all revenues and disbursements made by the Center and for the adequate control of all its fiscal operations, after the approval by the Board. The Comptroller of Puerto Rico shall supervise all revenues, accounts and disbursements of the Center.
(j) Adopt regulations for the use, control, preservation and disposal of the Center's property, with the approval of the Board.
(k) Formalize agreements and enter into covenants or contracts to carry out and comply with the purposes of this Act or any other act whose implementation and execution is delegated to the Center, subject to the norms and regulations approved by the Board. (1) Authorize and grant funds advances to the municipalities for future taxes, pursuant to the norms provided by the Board.
(m) Present any legal remedies that are needed to enforce this Act and any other acts, regulations or programs under the responsibility of the Center.
(n) Inspect every type of files and documents related to his functions and duties, provided that no information of confidential nature that is entrusted to him be disclosed, unless it is expressly authorized by the person who offered it or is required by a competent authority.
(o) Take oaths and certify statements, returns or other documents.
(p) Maintain a data bank or system on the properties of each municipality.
(q) Provide to the municipalities all the data and reports that they need to comply with their functions.
(r) Submit to the Board at each meeting a report on the administrative and management matters considered and taken care of by him since the last meeting and on the result of the tasks ordered by the Board.
(s) Submit annual financial reports certified by an Authorized Public Accountant no later than six (6) months following the end of each fiscal year, and an annual report describing all the activities, achievements and plans of the Center.
(t) Preserve and custody all files, registers, records and other documents under his power, pursuant to the provisions of Act No. 5 of December 8, 1955 as amended, known as "Public Documents Preservation Act".
(u) Carry out all the tasks, efforts and functions delegated to him by the Board or that are provided by law, and carry out all those actions necessary and pertinent for the efficient achievement of his task.
Section 10.- Personnel of the Center. The Center shall be an "individual administrator", as the term is defined in Act No. 5 of October 14, 1975 as amended, known as "Public Service Personnel Act", and shall adopt the rules and regulations that are necessary for the administration of its personnel system, upon approval of the Board. Said rules shall guarantee that any person who had previously been a career employee in any other agency or municipality prior to his/her services as a confidential employee of the Center shall have the right to be reinstated in a position of equal or similar nature and category to the one he/she held as a career servant at the moment that he/she was promoted to a confidential position. To those effects, the regulatory mechanisms available to guarantee a retribution in accordance to his/her competence and specialized knowledge may be used.
No person who has a tax obligation or any other kind of debt with a municipality may hold any office in the Center, unless a payment plan has been agreed upon for the liquidation of said debt, and he/she is up to date in the installments. The officials and employees of the Center shall be subject to Act No. 12 of July 24, 1985 as amended, known as the "Ethics in Government Act of the Commonwealth of Puerto Rico".
The officials and employees of the Center shall be entitled to the
benefits of Act No. 447 of May 15, 1951, as amended, known as "Employees Retirement System Act of the Government of Puerto Rico and its Instrumentalities".
Every official, employee and examiner of the Center shall pledge faithful compliance with the functions of his office and shall not disclose any of the information obtained in the course of his/her official efforts.
Section 11.- Bond to officials and employees. The officials and employees of the Center, who in any way intervene or have money, securities or any other public property under their custody, shall be covered by a fidelity bond that shall guarantee faithful compliance with their functions and duties. The Board, after consulting with the Secretary or his authorized representative, shall decide through regulation those officials and employees who shall be covered by said bond and the amount thereof for each one of them.
The Secretary shall represent the Center in every aspect related to the contracting of the bond, the risks to be covered and processing of all claims that may arise under the terms of the policy, in the manner he deems best for the public interest. To those effects, the Executive Director of the Center shall annually submit to the Secretary, on the date he determines, a list of the names of the officials and employees that according to the applicable regulations should be covered by said bond.
Section 12.- Purchasing and Supplies. The Center shall be exempted from Act No. 196 of August 4, 1979,
as amended, known as "General Services Administration Act". All purchases for goods and services shall be made according to the rules and regulations adopted by the Board. Such norms and regulations shall provide that every purchase and contract for supplies or services, excluding those by professionals, which exceeds the amount of thirty thousand (30,000) dollars, shall require a formal bid. When the total amount of said purchase or contract is less than said amount, a procedure to request for proposals from at least three bidders or suppliers, shall be provided through regulations.
In case of emergencies requiring immediate delivery of materials, goods and equipment or the rendering of specific services, or in case of agreements or contracts with public agencies, financial institutions and tax collecting savings and credit unions no call for bids shall be necessary.
The Center shall be subject to compliance with Act No. 42 of August 5, 1989, known as Preference Procurement Policy Act of the Government of Puerto Rico.
Section 13.- Work Agreements for Appraisals, Billing and Collection Efforts.
The Center may develop programs, jointly with any municipality, to directly perform works related to the appraisal of real estate located within their territory. The agreement shall specifically state the requirements and norms which municipal employees and contracted personnel using the municipality to perform said works must comply with, pursuant to the Municipal Property Tax Act of 1991 and its
regulations, as well as its norms and procedures provided by the Board through regulations. The accuracy of the appraisal to impose the tax shall be the exclusive responsibility of the Center.
Likewise, the Center may enter into agreements with the municipalities so that they take steps to collect property taxes. Said agreements shall be adjusted to the provisions of the Municipal Tax Act of 1991, as well as to the requirements, procedures and norms provided by the Board through by-laws to such effects. The agreements shall include a clause clearly stating that the power of the municipality shall be limited to perform efforts pursuant to the applicable laws and regulations to achieve that the taxpayer pay any amount due on account of such taxes directly to the Center or through any public agency, financial institution or savings and credit union contracted as a collector.
The Center may enter into agreements and contracts with public agencies, financial institutions and credit unions to obtain collecting services on municipal taxes. Said agreement or contract shall be executed according to the norms and procedures provided by the Board through regulations. In the case of financial institutions and credit unions, agreements may be entered into only with those whose deposits are insured and qualify as depositors of public funds, pursuant to the applicable local and federal laws.
The Center shall provide training on the procedures, systems and norms regarding property appraisal, property tax billing and collecting efforts thereof.
Section 14.- Loans and Obligations for Advances of Funds to the Municipalities.
For the purposes provided in subsection
(j) of Section 4 of this Act, and upon approval of the Board, the Center may make loans and issue notes in advance of the collection of estimated taxes and revenues to be received during the current fiscal year period to pay budgeted expenses to be incurred during said fiscal period and pay the expenses related to the sale and issuing of said notes. The outstanding principal of the outstanding notes in any fiscal period shall not exceed eighty percent ( 80% ) of the estimated taxes and revenues for the current fiscal period or the maximum estimate of cash deficiency from the date of issuance of the notes, until the closing of said fiscal period, whichever of two is less. The Center shall authorize the issuance of notes through a resolution adopted by the Board, under the terms and conditions that the Center, with the advise of the Government Bank, deems shall be the most convenient to the municipalities. The notes issued by the Center by virtue of this Section, shall not constitute a debt of the Commonwealth of Puerto Rico, the municipalities or any other political subdivision of the Government of Puerto Rico. The provisions of Act No. 272 of May 15, 1945 as amended, shall be applicable to the Center.
Section 15.- Municipal Matching Revenues Fund. A special fund is hereby established in the Government Bank named "Municipal Matching Fund" which shall be kept separate from any funds of the Central Government or the municipalities. The total of the
funds transferred to the municipalities in Section 16 shall be covered into said Fund, pursuant to that which is provided in the trust contract that the Center is bound to subscribe with said Bank.
The funds set forth in subsection
(a) of Section 16 shall be received by the Government Bank, according to the collection covenants or agreements entered into with the Center. The funds from the sources indicated in subsections
(b) and
(c) of said Section shall be transferred directly to said Bank by the Secretary through the procedures and norms applicable to such transfers.
Section 16.- Transfer of Funds to the Municipalities. The funds set forth hereinbelow are hereby transferred to the municipalities during fiscal year 1991-92 and in each subsequent fiscal year:
(a) The total of funds from the one percent ( 1% ) tax on the appraised value of all personal property in Puerto Rico and the three percent ( 3% ) tax on the appraised value of all real-estate in Puerto Rico, non-exempt or exonerated from payment of taxes that until now were covered into the General Fund of the Commonwealth of Puerto Rico.
(b) Twenty-five percent (25%) in fiscal year 1991-92 and thirty percent ( 30% ) in fiscal year 1992-93 and thirty-five percent ( 35% ) in fiscal year 1993-94 and in each subsequent year of the annual net revenues derived from the operation of the Additional Lottery System.
(c) An amount equal to two and two hundredths percent (2.02%) computed based on the net internal revenues of the General Fund.
Section 17.- Distribution of Funds in Trust. The funds in trust with the Government Bank shall be allocated by the Center according to the procedures that are established in this Act. Disbursements against said funds shall be made in the priority order set forth hereinbelow:
(a) The amount corresponding to the service of the debt of the Central Government.
(b) The amount corresponding to the service of the debt incurred and not paid by the municipalities.
(c) Provisions for the payment of the statutory obligations or debts.
(d) Provision to serve the operating expenses of the Center.
(e) Any unencumbered surplus shall be allocated among the municipalities.
Section 18.- Allocation of Funds to the Municipalities. As of fiscal year 1993-94 and in each following fiscal year, the Secretary shall transfer to the Government Development Bank one twelveth (1/12) of the estimated pending revenues in the fiscal year in question, from the amounts indicated in subsections
(b) and
(c) of Section 16, no later than the tenth (10th) day of each month.
The Government Development Bank shall remit to each municipality the amounts indicated hereinbelow no later than the fifteenth (15th) day of each month, pursuant to that which is provided in this Act, in the trust contract and in the preliminary allocation document prepared by the Center. The amount to be withheld to cover statutory or
contracted debts of the municipalities with public agencies or other municipalities shall be specified in said allocation.
The computation of the total amount of the revenues to be allocated during fiscal year 1993-94 and in each following fiscal year that is generated on account of the sources described in Section 16, shall be made using the immediately preceding year as base year.
Said remittance shall be made using the following criteria:
(a) One twelveth ( $1 / 12$ th) of the estimated annual revenues which shall correspond to each municipality for the amounts indicated in subsections
(a) ,
(b) and
(c) of Section 16.
(b) Any increase in the property tax revenues transferred to the municipalities pursuant to subsection
(a) of Section 16, shall be awarded to the municipality generating it, provided the total amount of the revenues derived from the sources described in said Section are sufficient to guarantee that each municipality shall receive revenues equal to the ones it received in the base year.
(c) After the matching of revenues with the base year is carried out, and any increment in the revenues collected on account of property taxes is awarded according to that which is provided in subsection
(b) of this Section, any surplus that may result shall be allocated by the Center among all the municipalities, taking into account the following factors: (1) The total of per capita persons benefiting from the Nutritional Assistance Program, pursuant to the certification issued by the Department of Social Services to the effect.
(2) The per capita operating budget of each municipality. (3) The per capita appraised value of the taxable property located within the territorial limits of each municipality. (4) The population of the municipality per square mile, according to the last ten-year census. (5) The per capita income in the municipality. (6) The current unemployment rate in the municipality.
The abovementioned surplus shall be allocated in six equal parts, of which one sixth of such available funds shall correspond to each factor. The allocation approach shall be determined by the Board, with the participation of the Director of the Budget and Management Office. The application of said approach must benefit those municipalities that receive the lowest revenues from property taxes or other sources, as well as the municipalities with the greatest number of Nutritional Assistance Program dependents and greatest population density.
(d) As of fiscal year 1994-95 and in following years, if the total amount of the revenues provided in Section 16 is not sufficient to attain the matching of revenues of each municipality with the base year, the available funds shall be allocated in proportion to the allocation of revenues of said year.
The Center shall make a final liquidation of the funds allocated to the municipalities within ninety (90) days following June 30, 1994 and each following year. Should there be a surplus, the Government Bank shall remit to each municipality the amount corresponding to each, using the factors established in subsection
(c) of this Section. If
amounts in excess to that which correspond to each municipality are remitted according to said final liquidation, the Center shall report it to the Government Bank so that it withhold from the remittances of the following fiscal years those necessary amounts in order to recover the amounts remitted in excess.
Section 19.- Rights Exemption. The Center shall be exempt from payment of all right or tariff required to handle judicial proceedings. Likewise, it shall be exempt from payment and cancellation of seals, tariffs and others required by law in public documents. It shall also have a right to a gratuitous issuing of any certification, blueprint, photograph, report and document in any public agency.
Section 20.- Immunity; Civil Actions.- Neither the Center's Governing Board nor its individual members shall incur in economic liability for any action taken while performing their duties and powers, provided their actions have not been intentional or illegal, for their own benefit or knowing that they may cause damage.
The provisions of Act No. 104 of June 29, 1955 as amended, related to the maximum amount in actions for damages and in causes of action based in violations of civil rights, shall be applicable, as appropriate, to claims filed against the Center, its Governing Board, its individual members or in their personal capacity or against officials or employees of the Center.
Section 21.- Penalties. Any person who violates the provisions of this Act or the regulations approved by virtue thereof, except when the acts performed are punished by any other legal provision, shall incur a misdemeanor and upon conviction thereof, shall be punished with a fine not greater than five hundred (500) dollars, or with imprisonment for a term not greater than six (6) months, or both, at the discretion of the Court.
Section 22.- Appropriation of Funds to Operate the Center. The funds needed for the organization and operation of the Center during fiscal years 1991-92 and 1992-93, shall emanate from the item to implement the municipal reform to be consigned in the Joint Resolution of the General Expense Budget of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico.
In fiscal year 1993-94, the funds needed to implement this Act shall be consigned in a separate item on behalf of the Municipal Revenues Collection Center, in the Joint Resolution of the General Expense Budget of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico.
As of fiscal year 1994-95, the Center shall annually separate an amount to cover its operating expenses, up to a maximum of five percent (5%) from the total of the annual collections obtained from municipal property taxes in the fiscal year immediately preceding. The Government Development Bank shall remit said funds to the Center.
Section 23.- Transitory Provisions.
(a) Revenues guarantee for fiscal years 1991-92 and 1992-93:
During fiscal years 1991-92 and 1992-93, the Secretary shall deposit the funds transferred in subsections
(a) ,
(b) and
(c) of Section 16 in the trust created in the Government Bank, so that they be credited to the Matching Fund.
The Secretary shall deposit no later that the tenth day of each month, a twelveth (1/12) part of the estimated pending revenues in each one of said fiscal years on account of the funds transferred in Section 16. Said deposit shall be enclosed with their allocation for those fiscal years.
Notwithstanding that which has been previously provided, the amount advanced and granted to each municipality for fiscal year 1991-92 on account of property taxes, shall in no case exceed the total amount that would have corresponded to each under the legal provisions applicable prior to the approval of this Act.
As of June 30, 1992 and 1993, the Secretary shall give the municipalities a final liquidation of the funds allocated to them. Should the funds transferred to the municipalities, pursuant to Section 16, are less than the revenues they would have received under the provisions in effect prior to the approval of this Act, the Secretary shall advance the difference, chargeable to any other available funds in the General Fund. At the same time, he shall request the Government Budget and Management Office to take the measures needed to reimburse the funds thus advanced, chargeable to the resources of the central government of the following fiscal year. In the event that the transferred funds are greater, the excess shall be evenly
percentage-wise allocated among all municipalities, using therefor the percentage that said excess represents from the total of revenues previously matched.
The Secretary may withhold any sum that is needed to cover statutory debts from the funds belonging to the municipalities, which have been transferred by this Act.
(b) Revenues Guarantee for fiscal years 1993-94 and 1994-95.
If during fiscal years 1993-94 and 1994-95, the resources transferred to the municipalities pursuant to Section 16, are less than those they would have received under the legal provisions applicable prior to the approval of this statute, the Secretary shall advance the difference, chargeable to any available funds in the Commonwealth Treasury, and shall request the Government Budget and Management Office to reimburse the funds thus advanced in the following fiscal year. The Secretary shall cover the difference, provided the collection for that part of the property taxes provided in subsection
(a) of Section 16, corresponding to said fiscal year, is equal or greater to that of the immediately previous year.
(c) Municipalities Debts for Advances in Excess.
No later than July 1, 1992, the Secretary shall review his records in order to determine the debt of each municipality with the General Fund for funds advanced in excess of property taxes, actually collected. Once the amount of said debt is established, the Secretary shall notify each municipality, as appropriate, and shall send a copy of said notice to the Executive Director. Any municipality that does
not agree with the amount of the debt, may request that its account with the Department of the Treasury be audited, within sixty (60) days after it received said notice. The Secretary, jointly with the Director of the Center, shall adopt the norms and procedures to conduct the corresponding examination or audit.
The municipalities must settle the outstanding balance in a term not greater than fifteen (15) years within the annual growth rate, the revenues on account of municipal property taxes.
Notwithstanding the above, the Secretary of the Treasury may negotiate with the Municipal Governments other terms and conditions with respect to the payment of any outstanding balance, when said payment is onerous to the municipal finances.
(d) Secretary's Debt in Favor of the Municipalities.
The Secretary shall also review his records to determine the amounts he must remit to each municipality on account of municipal property taxes collected in excess of the amounts actually advanced to them in previous years, or those amounts collected but not remitted to the municipality, no later than July 1, 1992. The Secretary shall remit such funds to the municipalities in a term not greater than three (3) years.
(e) Taxes Collection.
The Secretary shall review the property records subjet to tax within a term not to exceed the date in which the transfer provided in subsection
(f) is performed, in order to determine the taxes that are collectable. The Secretary shall transfer the records of said taxes to
the Center, so that it may carry out the necessary collection efforts. The amounts on account of such taxes collected by the Center shall correspond to the General Fund and the municipalities in the proportion established in the legal provisions in effect at the time in which the payment of said taxes became due. The Center, in agreement with the Secretary, shall establish the fees that the Department of the Treasury shall pay for the efforts it made to collect the above indicated collectable taxes.
(f) Transfers.
All powers, duties and obligations granted by law or regulations to the Department of the Treasury, are hereby transferred to the Center with respect to the appraisal, notice of imposition, assessments and collection of property taxes, no later than June 30, 1993. To the effects of the above provided transfer, and in order to carry out the purposes of this Act, there is hereby transferred to the Center all the personnel of the Bureau of Property Taxes, Inheritance and Donations of the Department of the Treasury who is entitled to retention, in harmony with Act No. 5 of October 14, 1975 as amended, and the applicable Personnel Regulations, and who work in appraisal and imposition of property and real-estate taxes activities; Also, that other personnel of the Department of the Treasury who is needed to achieve the transfer to the Center of the functions and duties relative to the appraisal, imposition and collection of personal and real estate property taxes. The transferred personnel shall keep the same rights and benefits they had at the time of their transfer, as well as the rights and
obligations regarding any pension, or retirement system or savings and loan funds. Provided, that the classification and retribution of the positions shall be established in harmony with the classification and retribution plans applicable to the Center. The retribution shall never be less to that which the employee received at the time of the transfer. This transfer shall take effect July 1, 1992.
Likewise, the Department of the Treasury shall transfer to the Center the programs, funds, obligations, property, equipment, documents, files and any others, related to the appraisal, imposition, assessment and collection of property taxes duties that are needed to attain the purposes of this Act.
The transfers provided in subsection
(f) shall be carried out without they being subject to the prohibitions for electoral years contained in any of the acts in effect.
(g) Contracts, Ordinances and Regulations in Effect.
No provision of this Act shall be understood that modifies, alters or invalidates any agreement, covenant, claim or contract that has been granted by the Department of the Treasury under the powers, prerogatives, functions and duties that it had as of the date of the transfers ordered by this Act and which are in effect at the date of the performance of this transfer.
All regulations adopted by virtue of Act No. 139 of June 30, 1966 as amended, shall continue in full effect until amended or repealed, provided they are not in conflict with this Act.
(h) Actions Pending Final Resolution.
Every action, proceeding or claim related to the appraisal, imposition and assessment of the personal and real-estate property tax pending before the Department of the Treasury or before any court as of the date of approval of this Act, and every claim that has been initiated under Act No. 139 of June 30, 1966 as amended, shall continue to be handled until a final determination is made according to the legal provisions and regulations in effect as of the date in which such proceedings, actions and claims are filed.
(i) Transition Committee.
The Governor of Puerto Rico shall appoint a Transition Committee with the responsibility of adopting the measures needed to transfer to the Center the duties of the Department of the Treasury related to the appraisal, imposition, assessment and collection of property taxes. This Committee shall take care of the adequate transfer to the Center of all matters under the administration and responsibility of the Bureau of Property Taxes, Inheritances and Donations with regard to property taxes, without interrupting the administrative processes, the rendering of services and the operation of said Bureau. This Committee shall cease its duties when the Board so determines it.
(j) Evaluating Committee.
An Evaluating Committe is hereby created composed of three private citizens appointed by the Governor, of whom no more than two shall belong to the same political party.
The members of the Committe shall receive a per diem of fifty (50)
dollars for each official meeting they attend, chargeable to the operating funds of the Center.
The Committee shall conduct an exhaustive evaluation of the following aspects:
a) total fiscal plan created in this Act, including the effectiveness of the Matching Fund;
b) the effect of the uniform accounting plan of the finances of each municipality and its capacity for financing;
c) the effectiveness of the collection and billing systems;
d) the impact of the transfers of Section 16 in the fiscal situation of the municipalities;
e) the mechanism of repayment created in this Act, as well as the mechanism of payment provided in Joint Resolution No. 3 of October 16, 1985, and any other deposits in special funds in the Department of the Treasury.
The Committee shall prepare a special report with its conclusions and recommendations, which shall be submitted to the Governor, the Legislature and the Board no later than March 31, 1995, in order to take the measures deemed to be necessary.
Section 24.- Repeal. Act No. 139 of June 30, 1966 as amended, known as "Municipal Subsidy Act" is hereby repealed.
Section 25.- Effectiveness. This Act shall take effect immediately after its approval, except in that which respects the transfers provided in subsection
(f) of Section 23, which shall take effect as the moves or transfers are being carried out, which shall not be later than June 30, 1993.