Ley 26 del 1990
Resumen
Esta ley enmienda la Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) para revisar sus facultades. Autoriza a ARPE a fijar y cobrar derechos por la radicación de solicitudes de permisos (como los de uso, construcción o segregación de terrenos) y otras actividades operacionales. Además, establece el procedimiento para imponer multas administrativas por el incumplimiento de reglamentos y órdenes de planificación, y crea un fondo especial para los recaudos. También permite a ARPE cobrar por la reproducción de documentos públicos.
Contenido
(P. del S. 687) (P. de la C. 863)
Para enmendar los incisos
(e) y
(u) y adicionar los incisos
(x) e
(y) al Artículo 5 y para enmendar los Artículos 13, 14 y 29 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos", a los fines de revisar algunas de las facultades de la Administración de Reglamentos y Permisos para fijar y cobrar por los derechos de radicación de solicitudes y otras actividades de naturaleza operacional y para implantar el procedimiento para imponer multas administrativas.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Administración de Reglamentos y Permisos, creada por la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975 es la agencia encargada de las funciones de naturaleza operacional en la implantación de las leyes y reglamentos de planificación. Estas funciones generan un gran cúmulo de tareas que conlleva el recibo, evaluación y adjudicación de miles de solicitudes de diversos permisos, que producen a los dueños o poseedores de la propiedad en cuestión, de ser el mismo aprobado, un beneficio patrimonial, en la mayoría de los casos.
Actualmente, no empece al gasto que al erario le conlleva la evaluación y la adjudicación de estas solicitudes de los diversos permisos, no se impone al proponente de dichas solicitudes, ya sean éstas de permiso de uso, construcción o segregación de terrenos, el pago de derecho alguno, salvo lo dispuesto en el Artículo 24 de la ley, para por lo menos, ayudar a sufragar los gastos del trámite administrativo que conlleva la adjudicación final de un permiso. Este trámite, en la mayor parte de los casos requiere el envío de un funcionario a realizar una inspección de campo para poner a la Agencia en conocimiento de lo apropiado del lugar para realizar la actividad cuyo permiso se solicita.
Cada día se hace más dificil el realizar de manera pronta la eíaluación y adjudicación de las miles de solicitudes de permisos que en esta agencia se radican, ya que para tal propósito se hace indispensable el destacar más personal, lo que requiere a su vez una mayor asignación presupuestaria. El cobro de algún derecho por radicación de estas solicitudes generaría unos ingresos al erario que, sin ser oneroso al público, permitiría el asignarle fondos a la Administración para que pueda contar con el personal indispensable para la pronta y eficaz atención de los casos ante su consideración. Con este propósito, los recursos que se recauden ingresarán a una cuenta especial creada mediante el Artículo 13 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975 denominada "Fondo Especial de la Administración de Reglamentos y Permisos".
El cobro a los derechos debe ser impuesto mediante la reglamentación que la Administración adopte a estos fines que tome en consideración la complejidad del trámite que genera cada solicitud.
Además de la situación expuesta, la Administración de Reglamentos y Permisos es custodio de gran cantidad de expedientes cuyo contenido cae dentro de la categoría de documentos públicos. Diariamente gran cantidad de personas particulares solicitan les suministren copias, ya sea de resoluciones, planos y otros documentos contenidos en dichos expedientes, cuya reproducción genera gastos a la agencia y no se han estado
cobrando, por no ser autorizado por ley. Es necesario se autorice a cobrar por este servicio para así recuperar al menos parte de los gastos en que se incurre al reproducir los referidos documentos.
Con el propósito de guíar adecuada y ordenadamente el desarrollo físico de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa creó en 1942 la Junta de Planificación. Posteriormente, el rápido crecimiento económico impulsó un intenso desarrollo físico aumentando los trámites llevados ante la Junta y haciendo cada vez más difícil su labor de planificar el óptimo e integrado desarrollo social, económico y físico de nuestro país. Las funciones operacionales de la Junta fueron transferidas a la Administración de Reglamentos y Permisos en 1975 para separar la labor de planificación de la tarea de aplicar y velar por el cumplimiento de los Reglamentos de Planificación.
Fue la intención de la Asamblea Legislativa otorgarle a la Administración de Reglamentos y Permisos las facultades necesarias para velar por el fiel cumplimiento de los Reglamentos de Planificación elaborados por la Junta o delegados al Administrador. A esos fines, se le concedió a la Administración la facultad de imponer multas administrativas a cualquier persona, natural o jurídica, que violase o incumpliese cualquier restricción, reglamento u orden adoptada en virtud de la Ley Orgánica de la agencia.
La Administración no ha preparado los reglamentos necesarios para instrumentar dichas disposiciones y ponerlas en vigor, ni ha cumplido con el mandato legislativo implícito que le confirió la Asamblea Legislativa para facilitar el cumplimiento de la reglamentación gubernamental. En otras jurisdicciones la imposición de multas administrativas ha probado ser un mecanismo efectivo para promover el cumplimiento de la reglamentación vigente. La Administración nunca ha demostrado que este mecanismo no sea efectivo en nuestro país.
Debido a la creciente cantidad de violaciones a las cuales se enfrenta la Administración, es necesario que la misma utilice vigorosamente todas las facultades que le concedió la Asamblea Legislativa para hacer cumplir la ley. A esos efectos, la presente medida legislativa incluye la implantación del mecanismo de imposición de multas administrativas como un deber y obligación del Administrador y ordena la aprobación de todos los reglamentos necesarios para instrumentar las facultades concedidas en el Artículo 29 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Sección 1.- Se enmiendan los incisos
(e) y
(u) y se adicionan los incisos
(x) e
(y) al Artículo 5 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, para que se lea como sigue:
"Artículo 5.-
Serán deberes, funciones y facultades generales del Administrador y de la Administración, en adición a las que son conferidas por esta ley, o por otras leyes los siguientes:
(a) ...
(b) ...
(e) Será obligación del Administrador organizar oficinas regionales conforme a las necesidades de la Administración, y delegar conforme a lo establecido en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada en éstas o en cualquiera otros funcionarios subalternos, cualquier función o facultad que le haya sido conferida, excepto que son indelegables las facultades conferidales mediante los incisos "b", "c", "d", "e", "f", "i", "j", "k", "l", "o", "s", "t", "w", "x", e "y", de este artículo.
(u) Dispensar el cumplimiento de los requisitos de los Reglamentos de Planificación de conformidad con lo establecido en los mismos y en esta ley, asegurando siempre que dicha facultad no se utilice con el propósito o resultado de obviar las disposiciones reglamentarias vigentes.
(x) Fijar y cobrar, mediante la reglamentación que para tales fines se adopte, los derechos a pagar por los proponentes al radicar solicitudes de permisos y otras actividades de naturaleza operacional. Quedarán exentos del pago de estos derechos, las solicitudes de permisos relacionadas con la construcción de obras o edificaciones cuyo costo de construcción sea menor de setenta y cinco mil ( 75,000 ) dólares. La Administración revisará periódicamente y por lo menos cada cinco (5) años el límite de costo de construcción exento del pago de derechos por concepto de permisos, tomando como base la variación en el índice general de precios al consumidor para toda la familia según establecido y certificado por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. También estarán exentos del pago de derechos los organismos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, corporaciones públicas, y el Gobierno de los Estados Unidos de América. Los recaudos que por este concepto se obtengan, ingresarán a la cuenta especial creada mediante el Artículo 13 de esta ley denominada Fondo Especial de la Administración de Reglamentos y Permisos. Los derechos que se fijen por concepto de radicación y tramitación de las solicitudes de permisos, copias de documentos y otras actividades de naturaleza operacional se pagarán mediante comprobante de rentas internas.
(y) Aprobar los reglamentos necesarios para imponer las multas administrativas y gravámenes dispuestos en el Artículo 29 de esta ley. Será obligación del Administrador utilizar las facultades que dicho artículo le confiere para hacer valer los reglamentos, órdenes o restricciones adoptadas en virtud de esta ley mediante la imposición de multas administrativas cuando el interés público lo requiera."
Sección 2.- Se enmienda el Artículo 13 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, para que se lea como sigue:
"Artículo 13.-
La Administración concertará convenios con cualquier organismo gubernamental del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, corporaciones públicas, y el Gobierno de los Estados Unidos de América, a los fines de obtener o proveer servicios profesionales o de cualquier otra naturaleza y de obtener o proveer facilidades para llevar a cabo los fines de esta ley. Los convenios especificarán los servicios y facilidades que se habrán de obtener o proveerse y el reembolso o pago por dichos servicios o facilidades o si los servicios habrán de prestarse gratuitamente. Los reembolsos o pagos que se reciban por este concepto, así como por lo provisto en el Artículo 5, incisos
(x) e
(y) de esta ley, ingresarán en una cuenta especial en el Departamento de Hacienda que por la presente se crea y será denominada Fondo Especial de la Administración de Reglamentos y Permisos.
Disponiéndose, que el Administrador, antes de utilizar los recursos depositados en el Fondo Especial deberá someter anualmente para la aprobación de la Oficina de Presupuesto y Gerencia, un presupuesto de gastos con cargo a estos fondos.
El remanente de los fondos que al 30 de junio de cada año fiscal no haya sido utilizado u obligado para los propósitos de esta ley, se transferirá al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
El Administrador deberá cobrar mediante la reglamentación que para tales fines se adopte, los derechos a pagar por los proponentes al radicar solicitudes de permisos y otras actividades de naturaleza operacional u otros servicios no previstos en esta ley. Quedan exentos del pago de estos derechos el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, corporaciones públicas y el Gobierno de Estados Unidos de América. Los recaudos que por este concepto se obtengan, así como por concepto de los servicios o facilidades provistos en el párrafo anterior, ingresarán en la cuenta especial creada en este artículo."
Sección 3.- Se enmienda el Artículo 14 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, para que se lea como sigue: "Artículo 14.- La Administración podrá cobrar los derechos correspondientes por las copias de las publicaciones, documentos contenidos en los expedientes de casos, o estudios de su propiedad, o cualquier otro documento público cuya reproducción se solicite, más gastos administrativos e imprevistos, a los fines de recuperar los gastos que se incurran en su impresión, reproducción y distribución. Los ingresos que por este concepto se obtengan, ingresarán en el Tesoro de Puerto Rico. No obstante, la Administración podrá repartir gratis copias de las referidas publicaciones o estudios a organismos gubernamentales y a cualquier persona cuando tal difusión, a su juicio, sea necesaria para fomentar el desarrollo de sus programas o propiciar los objetivos de esta ley. El Administrador consignará, en la reglamentación que adopte, las guías y condiciones que han de regir la distribución gratuita de dichas publicaciones y estudios, así como para el cobro de derechos para la obtención de documentos públicos contenidos en los expedientes de casos o cualquier otro documento público cuya obtención se solicite."
Sección 4.- Se enmiendan los incisos
(b) y
(e) del Artículo 29 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, para que se lea como sigue: "Artículo 29.-
(a) ...
(b) En la estructuración de este procedimiento, podrá el Administrador, o su representante, valerse de los servicios de sus funcionarios y empleados, de los jueces municipales, de los jueces del Tribunal de Primera Instancia y de la fuerza policiaca para expedir boletos de multas administrativas. Los formularios para dichos boletos serán preparados, impresos, identificados individualmente y distribuidos de acuerdo con el reglamento que, para dicho propósito, promulgará la Administración. La persona que expida el boleto lo firmará, el cual expresará la falta administrativa que alegadamente se haya cometido y el montante de la multa administrativa a pagarse.
(c) ...
(d) ...
(e) La Administración podrá imponer multa separada por cada día en que se viole o incumpla cualquier restricción, reglamento u orden adoptada en virtud de las facultades que ésta y otras leyes le asignan. Cada violación independiente puede sancionarse con multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares diarios por un máximo de veinte (20) días consecutivos. Transcurrido ese término sin que se cumpla con la orden del Administrador, recurrirá al procedimiento dispuesto en el Artículo 28 de esta ley.
(f) ...
Sección 5.- Se ordena a la Administración de Reglamentos y Permisos aprobar, adoptar y promulgar los reglamentos necesarios para poner en vigor el procedimiento sobre multas administrativas dispuesto en el Artículo 29 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada. También deberá promulgar los reglamentos necesarios para fijar y cobrar las radicaciones de las solicitudes y de otras actividades de naturaleza operacional conforme a lo establecido en el Inciso
(x) del Artículo 5 de esta ley.
Tales reglamentos se adoptarán conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".
Sin embargo, la Administración de Reglamentos y Permisos celebrará vistas públicas con el propósito de permitir una adecuada participación ciudadana en el proceso de adopción de los reglamentos requeridos por virtud de esta ley.
Sección 6.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación; disponiéndose que la Administración de Reglamentos y Permisos adoptará y pondrá en vigor los reglamentos aquí mencionados, no más tarde de ciento cincuenta (150) días de la aprobación de esta ley.
Presidente del Senado Presidente de la Cámara Departamento de Estado CERTIFICO: que es copio fiel y exacto del ori- ginal aprobado y firmado por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el día 2 de agosto de 1988
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
Office of Legislative Feraices
CAPITOL BUILDING
January 27,1993
Nélida Jiménez Velázquez, Director of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that he has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 26 (S.B. 687) (H.B. 863) of the 3rd Session of the 11th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:
AN ACT to amend subsections
(e) and
(u) and add subsections ( $x$ ) and
(y) to Section 5 and amend Sections 13, 14 and 29 of Act No. 76 of June 24, 1975 as amended, known as "Regulations and Permits Administration Organic Act", in order to revise some of the faculties of the Regulations and Permits Administration to fix and collect filing fees for requests and other operational activities and to implement the process to impose administrative fines, and finds the same are complete, true and correct versions of each other.
(No. 26) (Approved August 7, 1990)
AN ACT
To amend subsections
(e) and
(u) and add subsections ( $x$ ) and
(y) to Section 5 and amend Sections 13, 14 and 29 of Act No. 76 of June 24, 1975 as amended, known as "Regulations and Permits Administration Organic Act", in order to revise some of the faculties of the Regulations and Permits Administration to fix and collect filing fees for requests and other operational activities and to implement the process to impose administrative fines.
STATEMENT OF MOTIVES
The Regulations and Permits Administration, created by Act No. 76 of June 24, 1975, is the agency charged with the operational functions for the implementation of planning laws and regulations. These functions generate a large number of tasks that involve the receiving, evaluation and adjudication of thousands of permit applications that in most of the cases, produce a proprietary benefit for the owners or holders of the property in question, if they are approved.
At present, in spite of the expense to the public treasury that the evaluation and adjudication of these requests for diverse permits entails, the originator has to pay no fees whatsoever for said applications, whether they are permits for the use, construction or segregation of lands, to at least help to defray the administrative
expense entailed by the final adjudication of a permit, except as is provided in Section 24 of the Act. In most of the cases, this process requires sending an official to carry out a field inspection so that the Agency may be aware of the appropriateness of the location to carry out the activity for which the permit is requested.
Each day it becomes more difficult to carry out the prompt evaluation and adjudication of the thousands of requests for permits filed at this agency, since in order to do so it is indispensable to assign more personnel, which, in turn, requires a greater budget appropriation. The collection of a filing fee for these requests, without being onerous to the public, would generate some income for the public treasury. This would allow the appropriation of funds to the Administration so that it can have sufficient personnel which is indispensable for the prompt and efficient attention of the cases before its consideration. For this purpose, the resources collected shall be covered into a special account created by Section 13 of Act 76 of June 24, 1975, denominated "Special Fund for the Regulations and Permits and Administration".
The collection of fees shall be imposed through the regulations adopted by the Administration for such purposes, which take into consideration the complexity of the process generated by each request.
In addition to the above situation, the Regulations and Permits Administration is the custodian of a large number of files whose contents fall within the category of public documents. Each day a great number of private persons submit requests for copies of
resolutions, plans or other documents found in said files, whose reproduction generates expenses for the agency and for which no fee has been collected because it is not authorized by law. It is necessary for a fee to be authorized for this service in order to recover at least part of the expenses incurred when said documents are reproduced.
The Legislature created the Planning Board in 1942 for the purpose of steering Puerto Rico's physical development in an orderly and adequate manner. Later on, the rapid economic growth generated an intense physical development, increasing the transactions brought before the Board and making its work of planning the optimum and integrated social, economic and physical development of our country increasingly more difficult. The Board's operational functions were transferred to the Regulations and Permits Administration in 1975, in order to separate the planning work from the task of applying and enforcing compliance with the Planning Regulations.
The Legislature's intention was to grant the Regulations and Permits Administration the faculties needed to ensure faithful compliance with the Planning Regulations drafted by the Board or delegated to the Administrator. For such purpose the Administration was granted the faculty to impose administrative fines on any natural or juridical person who violates or fails to comply with any restriction, regulation or order adopted by virtue of the Agency's Organic Act.
The Administration has not prepared the necessary regulations to implement said provisions and put them into effect, nor has it complied
with the implicit legislative mandate conferred to it by the Legislature to expedite compliance with government regulations. In other jurisdictions the imposition of administrative fines has proven to be an effective mechanism to promote compliance with the regulations in effect. The Administration has never shown that this mechanism would not be effective in our country.
Due to the increasing number of violations which the Administration faces, it is necessary for it to use all the faculties granted to it by the Legislature to enforce the law with vigor. To those effects, this legislative bill includes the implementation of a mechanism for the imposition of administrative fines as a duty and obligation of the Administrator, and orders the approval of all the necessary regulations to implement the faculties granted in Section 29 of Act No. 76 of June 24, 1975 as amended.
BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO:
Section 1.- Subsections
(e) and
(u) are amended and subsections
(x) and
(y) are hereby added to Section 5 of Act No. 76 of June 24, 1975 as amended, to read as follows:
"Section 5.-
In addition to those conferred by this Act or by others acts, the general duties, functions, and powers of the Administrator and of the Administration shall be the following:
(a) ...
(b) ...
(e) It shall be the obligation of the Administrator to organize regional offices in accordance with the needs of the Administration, and to delegate to them or any other subordinate officials, any function or power conferred to him/her pursuant to what is established by Act No. 170 of August 12, 1988 as amended, except for those faculties conferred by subsections 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'i', 'j', 'k', 'l', 'o', 's', 't', 'w', 'x' and 'y' of this Section, which cannot be delegated. (4) To dispense from compliance with the Planning Regulations requirements pursuant to what is established therein and in this Act, always ensuring that said power is not used for the purpose or result of obviating the regulatory provisions in effect.
(x) To fix and collect through regulations adopted for such purposes, the fees to be paid by proponents when filing requests for permits and other activities of an operational nature. There shall be exempted from payment of these fees, the permit requests related to the construction of works or buildings whose construction cost is less than seventy-five thousand (75,000) dollars. The Administration shall revise periodically, and at least every five (5) years, the construction cost limit that is exempted from payment of fees
on account of permits, taking as a basis the variation in the general consumer price index for the entire family as established and certified by the Department of Labor and Human Resources. The bodies of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico, its municipalities, public corporations, and the United States Government, shall also be exempted from payment of fees. The collections obtained through this concept will be covered into a special account created by Section 13 of this Act, denominated Special Fund for the Regulations and Permits Administration. The fees fixed for the filing and processing of permit requests, copies of documents and other activities of an operational nature shall be paid through an Internal Revenue receipt.
(y) To approve the regulations needed to impose the administrative fines and liens provided by Section 29 of this Act. It shall be the Administrator's obligation to use the powers conferred to him/her by said Section to enforce the regulations, orders or restrictions adopted by virtue of this Act through the imposition of administrative fines when the public interest so requires it."
Section 2.- Section 13 of Act No. 76 of June 24, 1975, as amended, is hereby amended to read as follows: "Section 13.- The Administration shall enter into agreements with any government body of the Commonwealth of Puerto Rico, its
municipalities, public corporations, and the Government of the United States of America in order to obtain and provide professional services or of any other nature, and obtain or provide facilities to carry out the purposes of this Act. The agreements shall specify the services and facilities that shall be obtained or provided and the reimbursement or payment for such services or facilities, or whether the services will be rendered free of charge. The reimbursements or payments received for this concept, as well as for what is provided in Section 5, subsections
(x) and
(y) of this Act, shall be covered into a special account at the Department of the Treasury that is hereby created and which shall be denominated Special Fund for the Regulations and Permits Administration.
Provided, that prior to using the resources deposited in the Special Fund, the Administrator shall annually submit a budget of expenses to be charged to these funds, for the approval of the Office of the Budget and Management.
The remainder of the funds that have not been used by June 30 of each fiscal year or obligated for the purposes of this Act, shall be transferred to the General Fund of the Commonwealth of Puerto Rico.
The Administrator shall collect the fees to be paid by proponents when filing requests for permits and other activities of an operational nature or other services not foreseen by this Act, through regulations adopted to such effects. The Commonwealth of
Puerto Rico, its municipalities, public corporations and the Government of the United States of America are hereby exempted from payment of these fees. The revenues obtained hereby, as well as on account of services or facilities provided in the preceding paragraph shall be covered into the special account created in this Section."
Section 3.- Section 14 of Act No. 76 of June 24, 1975 as amended, is hereby amended to read as follows: "Section 14.- The Administration may charge the corresponding fees for copies of its publications, documents found in the case files, or studies of properties or any other public documents whose reproduction is requested, plus administrative and unforseen expenses, in order to recover the expenses incurred for printing, reproduction and distribution thereof. The revenues thus obtained shall be covered into the Treasury of Puerto Rico. However, the Administration may distribute free copies of said publications or studies to government bodies and to any person when, in its judgment, such diffusion is necessary to encourage the development of its programs or to propitiate the objectives of this Act. In the regulations that are adopted, the Administrator shall consign the guidelines and conditions that shall govern the free distribution of said publications and studies, as well as the collection of fees to obtain public documents found in the case files, or any other public document whose obtainment is requested."
Section 4.- Subsections
(b) and
(e) of Section 29 of Act No. 76 of June 24, 1975 as amended, is hereby amended to read as follows: "Section 29.-
(a) ...
(b) In structuring this procedure, the Administrator or his representative may use the services of his officials and employees, of municipal judges, of judges of the Court of First Instance, and of the police force, to issue administrative fine tickets. The forms for said tickets will be prepared, printed, identified individually, and distributed according to the regulations promulgated by the Administrator for such purposes. The person issuing the ticket shall sign it, and will state the administrative fault allegedly committed and the amount of the administrative fine to be paid.
(c) ...
(d) ...
(e) The Administration may impose a separate fine for each day of violation or noncompliance with any restriction, regulation or order adopted by virtue of the faculties assigned to it by this and other statutes. Each independent violation may be sanctioned with a fine of not less than one hundred (100) dollars nor more than five hundred (500) dollars a day up to a maximum of twenty (20) consecutive days. Once this term has elapsed without the Administrator's order having been complied with, he/she will resort to the procedure provided in Section 28 of this Act.
( $f$ ) ...
. . ." Section 5.- The Regulations and Permits Administration is hereby directed to approve, adopt and promulgate the necessary regulations to implement the administrative fine procedure provided in Section 29 of Act No. 76 of June 24, 1975 as amended. It shall also promulgate the necessary regulations to fix and collect fees for the filing of requests and other activities of an operational nature pursuant to what is established in Subsection
(x) of Section 5 of this Act.
Such regulations shall be adopted in accordance with the provisions established in Act No. 170 of August 12, 1988 as amended, known as "Commonwealth of Puerto Rico Uniform Administrative Procedures Act".
However, the Regulations and Permits Administration shall hold public hearings for the purpose of allowing adequate participation of the citizenry in the process of adopting the regulations required by virtue of this Act.
Section 6.- This Act shall take effect immediately after its approval; Provided, that the Regulations and Permits Administration shall adopt and put into effect the regulations mentioned herein no later than one hundred and fifty (150) days from the approval of this Act.