Ley 88 del 1988
Resumen
Esta ley enmienda la Ley Núm. 259 de 1946, la Ley Núm. 4 de 1971 (Ley de Sustancias Controladas) y la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal de 1963 para establecer un procedimiento unificado y claro para la revocación de la libertad a prueba. Dispone que el procedimiento de revocación de libertad a prueba contenido en el Artículo 4 de la Ley Núm. 259 aplicará también a las libertades a prueba concedidas bajo la Ley de Sustancias Controladas y la Regla 247.1, especialmente para casos de rehabilitación y tratamiento de adictos. La ley detalla los pasos procesales para las vistas iniciales y finales de revocación, incluyendo notificaciones, presentación de pruebas y roles judiciales.
Contenido
(P. de la C. 1448)
Para enmendar el Articulo 4 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, el inciso
(b) (1) del Artículo 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, y la Regla 247.1 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a fin de disponer que en la revocación de libertad a prueba concedida bajo el inciso
(b) (1) del Artículo 404 de la Ley Núm. 4 ó bajo la Regla 247.1 de las de Procedimiento Criminal se seguirá el procedimiento de revocación de libertad a prueba contenido en el Artículo 4 de la referida Ley Núm. 259.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Las personas que poseen ilegalmente una sustancia controlada incurren en delito grave. No obstante, si dicha persona no ha sido previamente convicta de cometer tal delito, de cualquier otra violación a la Ley de Sustancias Controladas, o de una violación a cualquier ley relacionada de los Estados Unidos, el Articulo 404(b)(1) de la mencionada ley le permite acogerse al beneficio de libertad a prueba. Ello podrá hacerse bien sea después de la celebración del juicio o de hacer una alegación de culpabilidad. El tribunal podrá sin hacer pronunciamiento de culpabilidad, y con el consentimiento de tal persona, suspender todo procedimiento y someter a dicha persona a libertad a prueba bajo los términos y condiciones que tenga a bien requerir el tribunal y por el término que fija la ley.
Por otra parte, la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendada, permite que cuando el acusado haga alegación de culpabilidad, y cuando el fiscal lo solicite y presente evidencia de que dicho acusado ha suscrito un convenio para someterse a tratamiento y rehabilitación en un programa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o privado, supervisado y licenciado por una agencia del Estado Libre Asociado, el tribunal pueda suspender todo procedimiento y someter a dicha persona a libertad a prueba bajo los términos y condiciones razonables que tenga a bien requerirle el tribunal. El término dispuesto en el convenio para la rehabilitación del acusado no excederá de cinco (5) años.
En ambos procedimientos se provee para que el tribunal pueda dejar sin efecto la libertad a prueba y proceder a dictar sentencia cuando el probando incumple una condición de la libertad. Las referidas leyes no proveen el procedimiento que se seguirá para la revocación de esta libertad a prueba.
Bajo el presente ordenamiento legal no existe certeza en cuanto a la aplicación de las normas procesales para la revocación de la libertad a prueba que establece la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como Ley de Sentencias Suspendidas, a los procedimientos especiales de libertad a prueba que proveen la Ley de Sustancias Controladas y la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal.
Con el proposito de clarificar esta situación, se propone enmendar la Ley Núm. 259 para que se disponga específicamente que el procedimiento de revocación establecido en su Articulo 4 aplicara también a la libertad concedida por los procedimientos especiales de concesión de libertad para rehabilitación y tratamiento de adictos.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Sección 1.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, para que se lea como sigue: "Articulo 4.- La corte sentenciadora podrá en cualquier momento en que a su juicio la libertad a prueba de una persona fuere incompatible con la debida seguridad de la comunidad o con el proposito de rehabilitación del delicuente, revocar dicha libertad y ordenar la reclusión de la persona por el periodo de tiempo completo señalado en la sentencia cuya ejecución suspendió para ordenar la libertad a prueba, sin abonarle a dicha persona el periodo de tiempo que estuvo en libertad a prueba. La corte sentenciadora podrá en cualquier momento solicitar de la Administración de Corrección un informe periódico de la conducta de la persona puesta a prueba.
Asimismo, el tribunal que hubiese resuelto conceder la libertad a prueba a una persona bajo el Artículo 404(b)(1) de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como Ley de Sustancias Controladas o bajo la Regla 247.1 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, podrá dejar sin efecto la libertad a prueba y proceder a dicha sentencia, cuando el probando hubiere incumplido una condicion para dicha libertad.
Si el Ministerio Fiscal interesa obtener la revocación de la libertad a prueba y por ende el arresto y encarcelamiento del probando el tribunal seguirá el siguiente procedimiento:
- Celebrará a solicitud del Ministerio Fiscal una vista ex parte inicial para evaluar si existe causa probable para
creer que el probando ha violado las condiciones de la probatoria. La solicitud sobre revocación se hará ante cualquier magistrado del Tribunal de Primera Instancia oJuez Municipal, excepto al juez que hubiese sentenciado inicialmente al probando o hubiese resuelto concederle la libertad a prueba bajo el Artículo 404(b)(1) de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, o bajo la Regla 247.1 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, quien al momento de recibirla determinará si ordena la detención inmediata del probando o lo cita para la vista sumaria inicial.
La determinación discrecional del juez de arrestar o citar en esta etapa se fundará en un examen del oficial sociopenal o del oficial o encargado de la institución o programa que esté a cargo de la rehabilitación del probando, y su informe en torno a la gravedad de las condiciones alegadamente incumplidas, el récord criminal previo, la conducta observada durante la probatoria y aquellas otras circunstancias pertinentes. a. Si el juez opta por citar al probando y éste no comparece, se podrá ordenar su arresto de inmediato. b. La orden de citación o arresto deberá incluir una relación de los procedimientos celebrados, notificar concisa y claramente las alegadas violaciones a las condiciones de la probatoria y en caso de arresto la fianza, si alguna impuesta. c. El probando, si es arrestado, deberá ser llevado en el plazo más breve posible, ante la presencia de un magistrado para celebrarle la vista sumaria inicial. En circunstancias normales este plazo no deberá exceder el término de setenta y dos (72) horas desde que fuere arrestado. En caso de que no pudiese prestar fianza, de habérsele impuesto, el juez ordenará su encarcelación. 2. Celebrará una vista sumaria inicial para determinar si procede la revocación provisional y encarcelamiento hasta la celebración de la vista final. El probando tendrá la oportunidad de ser oido y presentar prueba a su favor. Podrá a su vez confrontar al oficial sociopenal promovente o al oficial o encargado de la institución o programa que esté a cargo de la rehabilitación del probando que presento el informe al tribunal y a los testigos adversos disponibles en esta etapa. El tribunal decidirá, caso a caso, la necesidad de mantener en el anonimato, por razón de seguridad perso-
nal, a las personas entrevistadas por el oficial sociopenal o el oficial o encargado de la institución o programa para fines de su informe. El peso de la prueba corresponderá al Ministerio Fiscal.
La vista será de carácter informal y las Reglas de Evidencia sólo serán aplicables flexiblemente de modo que no desnaturalicen u obstaculicen el procedimiento. Las Reglas de Procedimiento Criminal regirán en la medida en que no sean incompatibles con la naturaleza sumaria e informal de la vista. El juez hará por escrito una relación suscinta de los procedimientos y de su decisión de la cual serán notificados el probando y el Ministerio Fiscal. El probando podrá estar asistido por abogado.
Si se tratase de un probando, al cual se le imputa la comisión de un delito grave, que se encontrase disfrutando de libertad condicionada según se dispone en el Artículo 2A de la Ley 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, o de la libertad a prueba concedida en virtud del Articulo 404
(b) (1) de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendadas o de la Regla 247.1 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, se celebrará la vista sumaria inicial de la forma y manera que aquí se provee, junto con la vista de determinación de causa probable del delito imputado de tal suerte que no se obstaculice la pronta y justa determinación de la misma. El Tribunal podrá, en ese momento, revocar provisionalmente la libertad del probando. 3. Celebrará una vista final después de celebrada la vista sumaria inicial y determinada la revocación provisional y encarcelamiento. Salvo justa causa o acuerdo de las partes, con la anuencia del juez, la vista final sobre revocación deberá celebrarse dentro de un término que no exceda de treinta (30) días a partir de la celebración de la vista sumaria inicial. a. El probando tiene derecho a recibir notificación escrita previa con antelación suficiente de las alegadas violaciones a la probatoria, que le permita prepararse adecuadamente y estar representado por abogado. Sujeto a la protección de aquellos entrevistados a quienes se les garantizó anonimato por razón de seguridad, confrontará la prueba testifical en su contra y presentará prueba a su favor. b. El peso de la prueba corresponde al Ministerio Fiscal. La decisión del juez formulada a base de la
preponderancia de la prueba, será por escrito y reflejará las determinaciones de hechos básicos, la prueba en que se basó y las razones que justifican la revocación. El probando y el Ministerio Fiscal serán notificados de dicha decisión. c. El Tribunal podrá consolidar ambas vistas si la vista inicial se suspendiera a petición o por causas atribuibles al probando, a solicitud de su abogado, o cuando el Ministerio Fiscal no solicite o no logre obtener el arresto y encarcelación del probando. En esta última circunstancia la vista final de revocación definitiva se señalará mediante notificación con no menos de treinta (30) días de antelación. 4. La vista sumaria inicial y la vista final deben dilucidarse ante distintos jueces, pero la vista final puede ser ventilada ante el mismo juez que sentencióoriginalmente al probando o que resolvió concederle la libertad a prueba. 5. En todo procedimiento establecido en esta ley deberá cumplirse con el debido proceso de ley." Sección 2.- Se enmienda el inciso
(b) (1) del Artículo 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, para que se lea como sigue: "Artículo 404.-Penalidad por Posesión, Libertad a Prueba y Eliminación de Récord por Primer Delito
(a) (b) (1) Si cualquier persona, que no haya sido previamente convicta de violar el inciso
(a) de este artículo, o de cualquier otra disposición de esta ley, o de cualquier ley de los Estados Unidos, relacionada con drogas narcóticas, marihuana, o sustancias estimulantes o deprimentes, es hallada culpable de violar el inciso
(a) de este artículo, bien sea después de la celebración del juicio, o de hacer una alegación de culpabilidad, el tribunal podrá, sin hacer pronunciamiento de culpabilidad, y con el consentimiento de tal persona, suspender todo procedimiento y someter a dicha persona a libertad a prueba bajo los términos y condiciones razonables que tenga a bien requerir, y por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.
El consentimiento de la persona incluirá la aceptación de que, de ser acusado de cometer un delito grave, se celebre conjuntamente con la vista de determinación de causa probable, la vista sumaria inicial que dispone la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada. La determinación de causa probable de la comisión de un nuevo delito es causa suficiente para, en ese momento, revocar provisionalmente los beneficios de libertad a prueba.
En el caso de incumplimiento de una condición de la libertad a prueba, el tribunal podrá dejar sin efecto la libertad a prueba y proceder a dictar sentencia siguiendo lo dispuesto en la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada.
Si durante el período de libertad a prueba la persona no viola ninguna de las condiciones de la misma, el tribunal, en el ejercicio de su discreción, y previa celebración de vista, podrá exonerar la persona y sobreseer el caso en su contra. La exoneración y sobreseimiento bajo este inciso se llevará a cabo sin declaración de culpabilidad por el tribunal, pero se conservará el récord del caso en el Tribunal, con carácter confidencial, no accesible al público, y separado de otros records, a los fines exclusivos de ser utilizado por los tribunales al determinar, si en procesos subsiguientes, la persona cualifica bajo este inciso.
La exoneración y sobreseimiento del caso no se considerará como una convicción a los fines de las descualificaciones o incapacidades impuestas por ley a los convictos por la comisión de algún delito, incluyendo las penas prescritas bajo esta ley por convicciones subsiguientes y la persona así exonerada tendrá derecho a que el Superintendente de la Policía le devuelva cualesquiera records de huellas digitales y fotografías que obren en poder de la Policía de Puerto Rico, tomadas en relación con la violación de este artículo. La exoneración y sobreseimiento de que trata este artículo podrá concederse en solamente una ocasión a cualquier persona." Sección 3.- Se enmienda la Regla 247.1 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, para que se lea como sigue: "Regla 247.1.-Sobreseimiento y Exoneración de Acusaciones
El tribunal luego del acusado hacer una alegación de culpabilidad y sin hacer pronunciamiento de culpabilidad cuando el Secretario de Justicia o el fiscal lo solicitare y presentare
evidencia de que el acusado ha suscrito un convenio para someterse a tratamiento y rehabilitación en un programa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, privado, supervisado y licenciado por una agencia del Estado Libre Asociado, así como una copia del convenio podrá suspender todo procedimiento y someter a dicha persona a libertad a prueba bajo los términos y condiciones razonables que tenga a bien requerir, y por el término dispuesto en el convenio para la rehabilitación del acusado el cual no excederá de cinco (5) años.
Como parte de los términos del convenio estará el consentimiento del acusado a que, de cometer un delito grave, se celebre conjuntamente con la vista de determinación de causa probable, la vista sumaria inicial que dispone la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada. La determinación de causa probable de la comisión de un nuevo delito es causa suficiente para, en ese momento, revocar provisionalmente los beneficios de libertad a prueba.
En el caso de incumplimiento de una condición de la libertad a prueba, el tribunal podrá dejar sin efecto la libertad a prueba y proceder a dictar sentencia siguiendo lo dispuesto en la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada.
Si durante el periodo de libertad a prueba la persona no viola ninguna de las condiciones de la misma, el tribunal, en el ejercicio de su discreción, y previa celebración de vista, podrá exonerar la persona y sobreseer el caso en su contra. La exoneración y sobreseimiento bajo esta regla se llevará a cabo sin declaración de culpabilidad por el tribunal, en carácter confidencial, no accesible al público, y separado de otros records, a los fines exclusivos de ser utilizados por los tribunales al determinar si en procesos subsiguientes, la persona cualifica bajo esta regla.
La exoneración y sobreseimiento del caso no se considerará como una convicción a los fines de las descualificaciones o incapacidades impuestas por ley a los convictos por la comisión de algún delito, y la persona así exonerada tendrá derecho a que el Superintendente de la Policía le devuelva cualesquiera records de huellas digitales y fotografías que obren en poder de la Policía de Puerto Rico, tomadas en relación al caso sobreseldo.
La exoneración y sobreseimiento de que trata esta regla podrán concederse en solamente una ocasión a cualquier persona.
La aceptación por un acusado del sobreseimiento de una causa por el fundamento señalado en esta regla constituirá una renuncia a la desestimación de la acción por los fundamentos relacionados en los incisos
(e) ,
(f) ,
(m) y
(n) de la Regla 64." Sección 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
Presidente de la Cámara
Presidente del Senado
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO Office of Legislative Peraices CAPITOL BUILDING
December 21, 1990
Carlos R. García Jaunarena, Director of the Legal Division of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that he has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 88 (H. B. 1448) of the 4th Session of the 10th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:
AN ACT to amend Section 4 of Act No. 259 of April 3, 1946 as amended, subsection
(b) (1) of Section 404 of Act No. 4 of June 23, 1971 as amended, and Rule 247.1 of the Rules of Criminal Procedure of 1963 as amended, in order to provide that upon revoking probation granted under subsection
(b) (1) of Section 404 of Act No. 4 or under Rule 247.1 of the Rules of Criminal Procedure, the procedure to revoke probation contained in Section 4 of said Act No. 259 will be followed,
and finds the same are complete, true and correct versions of each other.
Carlos R. García Jaunarena
P.O BOX 3986, SAN JUAN, PUERTO RICO 00904 - TEL (809) 721-5200 - 723-4112
(NO. 88) (Approved July 13, 1988)
AN ACT
To amend Section 4 of Act No. 259 of April 3, 1946 as amended, subsection
(b) (1) of Section 404 of Act No. 4 of June 23, 1971 as amended, and Rule 247.1 of the Rules of Criminal Procedure of 1963, as amended, in order to provide that upon revoking probation granted under subsection
(b) (1) of Section 404 of Act No. 4 or under Rule 247.1 of the Rules of Criminal Procedure, the procedure to revoke probation contained in Section 4 of said Act No. 259 will be followed.
STATEMENT OF MOTIVES
The persons that illegally possess a controlled substance commit a felony. However, if said person has not been previously convicted of committing said crime, of any other violation of the Controlled Substances Act, or of a violation of any related Federal law, Section 404
(b) (1) of said Act allows him to avail himself of the benefits of probation. This can be done after the trial has concluded or upon plea of guilty. The Court may, without a verdict of guilty, and with the consent of said person, suspend all the proceedings and submit said person to probation under the terms and conditions requested by the Court and for the term fixed by law.
Rule 247.1 of the Rules of Criminal Procedure of 1963, as amended, establishes that when the defendant pleads guilty, and when the prosecutor requests it and submits evidence that the defendant has signed an agreement to undergo treatment and rehabilitation in a program of the Commonwealth of Puerto Rico, or a private plan supervised and licensed by an agency of the Commonwealth, the Court may suspend all procedures and grant said person probation under the terms and conditions that could be reasonably requested by the Court. The term provided in the agreement for the rehabilitation of the defendant shall not exceed five (5) years.
In both procedures, it is provided that the Court may render probation ineffective and proceed to render judgment when the probationer violates a condition of probation. The abovementioned acts do not establish the procedure to be followed in order to revoke probation.
In the laws in effect, there is no certainty as to the application of procedural norms for the revocation of probation established in Act No. 259 of April 3, 1946 as amended, known as the Suspended Sentences Act, to the special procedures for probation provided in the Controlled Substances Act and Rule 247.1 of the Rules of Criminal Procedure.
In order to clarify this situation, we hereby amend Act No. 259 so that it specifically provides that the revocation procedure established in its Section 4, will also apply to the probation granted by the special procedures of granting probation for the rehabilitation and treatment of addicts.
BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO: Section 1.- Section 4 of Act No. 259 of April 3, 1946 as amended, is hereby amended to read as follows: "Section 4.- At any time that a person's probation is incompatible with the needed security of the community or with the purpose of rehabilitating the criminal, the trial Court, in its judgment, may revoke said probation and order the confinement of the convicted person for the full term indicated in the sentence, whose execution was originally suspended to place him on probation, without crediting him with the period of time he was on probation. The sentencing Court may request at any time the Corrections Administration to furnish a periodic report of the conduct of the probationer.
Likewise, the Court that resolved to grant probation to a person pursuant to Section 404
(b) (1) of Act No. 4 of June 23 1971, as amended, known as the Controlled Substances Act, or under Rule 247.1 of the Rules of Criminal Procedure of 1963, as amended, may render the probation ineffective and proceed with the sentence, when the probationer fails to comply with a condition of the probation.
If the Prosecutor's Office wishes to obtain the revocation of probation, and consequently, the arrest and confinement of the probationer, the Court shall conform to the following procedure:
(1) By request of the prosecutor, it shall conduct an ex-parte initial hearing to evaluate whether there is probable cause to believe that the probationer has violated the conditions of his probation. The revocation petition shall be made before any magistrate of the Court of First Instance or Municipal Judge, except the judge who initially sentenced the probationer or who resolved to grant probation pursuant to Section 404
(b) (1) of Act No. 4 of June 23, 1971, as amended, or pursuant to Rule 247.1 of the Rules of Criminal Procedure of 1963, as amended, who, immediately upon receiving it, shall decide whether to order the immediate arrest of the probationer or whether he will summon him for the initial summary hearing.
The judge's discretionary decision to arrest or to summon at this stage, shall be grounded on an examination by the sociopenal official or the official or person in charge of the rehabilitation institution or the program who is charged with the rehabilitation of the probationer, and his report with regard to the seriousness of the conditions that allegedly were not complied with, the person's prior criminal record, the conduct noted during probation and any other pertinent circumstances. a. If the judge chooses to summon the probationer and he does not appear, his immediate arrest may be ordered.
b. The summons or the warrrant for arrest shall include a statement of the procedures conducted, shall clearly and concisely state the alleged violations of the conditions of probation, and in case of an arrest, the bail imposed, if any. c. If the probationer is arrested, he shall be taken before a magistrate in the shortest term possible, to hold the initial summary hearing. In normal circumstances, this term shall not exceed seventy-two (72) hours from the time he was arrested. In the event he cannot post bail if any was set, the judge shall order his confinement. 2. He shall conduct an initial summary hearing to determine if the provisional revocation of probation and confinement until the final hearing is held, is in order. The probationer shall be given the opportunity to be heard and introduce evidence in his behalf. He may, in turn, confront the petitioning sociopenal official or the official or person in charge of the rehabilitation institution or program who is charged with the rehabilitation of the probationer, who submitted the report to the Court, and the adversary witnesses available at this stage. The Court shall decide on a case by case basis, the need of maintaining the anonymity of the persons interviewed by the sociopenal official or by the official or person in charge of the institution or program for
their report, for their personal safety. The burden of proof shall rest on the Prosecutor.
The hearing shall be informal in nature and the Rules of Evidence shall only be applied with flexibility, so that they do not hinder or vitiate the procedure. The Rules of Criminal Procedure shall govern in the measure that they are not incompatible with the informal, summary nature of the hearing. The judge shall make a succinct written summary of the procedures and of his decision, which shall be served on the probationer and the Prosecutor. The probationer may be assisted by counsel.
In case of a probationer who is charged with committing a felony, who is on probation as provided in Section 2A of Act 259 of April 3, 1946, as amended, or in Section 404
(b) (1) of Act No. 4 of June 23, 1971, as amended, or in Rule 247.1 of the Rules of Criminal Procedure of 1963, as amended, the initial summary hearing shall be held in the form and manner provided herein, together with the hearing to determine probable cause of the crime he is charged with, in such a way that its prompt and fair determination is not hindered. The Court may provisionally revoke the probationer's freedom at that time. 3. A final hearing shall be conducted after the initial summary hearing is held, and the provisional revocation and confinement is determined. Except for just cause or agreement
of the parties, with the consent of the judge, the final revocation hearing shall be held within a term of not more than thirty (30) days from the date the initial summary hearing was conducted. a. The probationer is entitled to receive prior written notice of the alleged probation violations sufficiently in advance, to allow him to prepare himself adequately and to be represented by counsel. Subject to the protection of the persons interviewed who were guaranteed anonymity for security reasons, he can confront the oral evidence against him and introduce evidence in his behalf. b. The burden of proof shall rest on the Prosecutor. The judge's decision based on the preponderance of evidence shall be in writing and shall reflect the findings of basic facts, the evidence on which he based it and the reasons that justify the revocation. The probationer and the Prosecutor shall be served with said decision. c. The Court may consolidate both hearings if the initial hearing is suspended by petition of or by causes attributed to the probationer, by petition of his lawyer or when the Prosecutor does not request or cannot obtain the arrest and confinement of the probationer. In this last circumstance the final, definite revocation hearing
shall be docketed with at least thirty (30) days prior notice. 4. The initial summary hearing and the final hearing shall be elucidated before different judges, but the final hearing may be conducted before the same judge who originally sentenced the probationer, or who decided to grant him probation. 5. In every procedure established in this Act, due process of law shall be complied with."
Section 2.- Subsection
(b) (1) of Section 404 of Act No. 4 of June 23, 1971 as amended, is hereby amended to read as follows: "Section 404.- Penalty for Simple Possession, Probation and Expunging of Records for First Offense
(a) (b)(1) If any person who has not been convicted previously of violating subsection
(a) of this Section, or any other provision of this Act, or any other law of the United States related to narcotic drugs, marihuana, or depressant or stimulant substances, is found guilty of violating subsection
(a) of this Section, either after a trial, or a plea of guilty, the Court may, without entering a judgment of guilt, and with the consent of such person, defer further proceedings and place him on probation under such reasonable terms and conditions as it may require, and for a fixed term of three (3) years. Should there be aggravating cirumstances,
the fixed penalty established may be increased to a maximum of five (5) years; if there should be extenuating circumstances, it may be reduced to a minimum of two (2) years. The consent of the person shall include his acceptance that, if he is accused of a felony, the hearing to determine probable cause shall be held together with the initial summary hearing provided by Act No. 259 of April 3, 1946, as amended. The determination of probable cause for the commission of a new crime is sufficient cause to provisionally revoke the benefits of probation at that time.
Upon noncompliance with a condition of the probation, the Court may render the probation ineffective and proceed to render judgment as provided in Act No. 259 of April 3, 1946 as amended.
If during the probation period, such person does not violate any of the conditions thereof, the Court, in its discretion, and after holding a hearing, may acquit said person and dismiss the proceedings against him. The acquittal and dismissal under this subsection shall be conducted without the Court's adjudication of guilt, but a confidential record thereof shall be retained by the Court, not accessible to the public, and separate from all other records, solely for the use by Courts in determining whether or not, in subsequent procedures, such person qualifies under this subsection.
Such acquittal and dismissal of the case shall not be deemed a conviction for purposes of disqualifications or impediments imposed by law on any person convicted of any offense, including the penalties prescribed hereunder for subsequent convictions, and the person acquitted shall be entitled to have the Superintendent of Police return to him any fingerprint records and photographs in the possession of the Police of Puerto Rico, taken in connection with the violation of this Section. Acquittal and dismissal under this Section may be granted only once to any person."
Section 3.- Rule 247.1 of the Rules of Criminal Procedure of 1963 as amended, is hereby amended to read as follows: "Rule 247.1.- Dismissal and Filing of Information or Complaint.
Once the defendant has pleaded guilty, whenever the Secretary of Justice or the prosecuting attorney so request it, and produce evidence that the defendant has signed an agreement to submit to treatment and rehabilitation in a program of the Commonwealth of Puerto Rico, or a private program supervised or licensed by a Commonwealth agency, as well as a copy of the agreement, the Court, without returning a verdict of guilty, may dismiss all procedures and submit said person to probation under the terms and conditions it may reasonably require, and for the term provided in the agreement for the rehabilitation of the defendant, which shall not exceed five (5) years.
The consent of the defendant to have the hearing to determine probable cause held jointly with the initial summary hearing provided by Act No. 259 of April 3, 1946 as amended, upon commission of a felony, shall be part of the terms of the agreement. The determination of probable cause of the commission of a new crime will be sufficient cause to provisionally revoke the benefits of probation at that time.
In case of noncompliance of any of the conditions of probation, the Court may revoke probation and proceed to pronounce judgment pursuant to the provisions of Act No. 259 of April 3, 1946 as amended.
If during the probation period the person does not violate any of its conditions, the Court, at its discretion, may exonerate the person and dismiss the charges against him. The dismissal and filing of the complaint under this Rule shall be implemented without a finding of guilt by the Court, confidentially, and not accessible to the public, and apart from other records, for the exclusive use of the courts to determine whether in subsequent procedures the person qualifies under this rule.
The dismissal and filing of the complaint shall not be deemed as a conviction with regard to the disqualification or legal impediments imposed by law on convicts for the commission of a crime, and the person so acquitted shall be entitled to have the Superintendent of Police return any fingerprints or photographic
records held by the Puerto Rico Police, taken in connection with the dismissed case.
The dismissal and filing under this rule may be granted only once to any person.
Acceptance by a defendant of the dismissal of an action on the grounds set forth in this Rule shall constitute a waiver to the dismissal of the action on the grounds stated in subsections
(e) ,
(f) ,
(m) and
(n) of Rule 64."
Section 4.- This Act shall take effect immediately after its approval.