Ley 69 del 1988
Resumen
Esta ley enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para facultar a su Secretario a establecer y reglamentar las tarifas que cobran los establecimientos privados dedicados al cuidado de personas de edad avanzada que residen en ellos. La ley detalla los criterios que DACO debe considerar para fijar estas tarifas, incluyendo la ubicación, facilidades físicas, servicios médicos y de transporte, personal, programas de recreación y rehabilitación, sistemas de seguridad, alimentación y el grado de dependencia del envejeciente, con el fin de proteger a los consumidores de edad avanzada de cobros injustificados y asegurar la calidad de los servicios.
Contenido
(P. del S. 1091)
4la Sesión Ordinaria
L. F. Probada en 11 de juilur de 1938
Para enmendar el apartado del Articulo 8 yadiciotar un inciso
(c) al Artículo 8 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor", con el propósito de facultar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor a establecer y reglamentar las tarifas que deben cobrar los establecimientos privados que se dedican al cuidado de personas de edad avanzada que residen en éstos.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Puerto Rico se encuentra actualmente en una transición demográfica de tal naturaleza que resultará en una transformación estructural de su población, según lo revelan estudios recientes. La natalidad, la mortalidad y los movimientos migratorios han afectado y continuarán afectando el crecimiento y la composición de la población.
El número de personas de 60 años o más se ha triplicado en los últimos 30 años y se espera que continúe aumentando. Estos constituyen cerca de un 14% de la población total. De las personas consideradas de mayor edad, un 6% tienen 85 años o más. La expectativa de vida se ha duplicado en lo que va de siglo.
Para 1980, una tercera parte de los envejecientes vivían solos, un 3% en instituciones y cerca de un 63% se encontraba bajo el nivel de pobreza. La principal fuente de ingreso de los envejecientes es el Seguro Social. Otras fuentes son las pensiones, empleos, Programa de Asistencia Nutricional y otras ayudas de sectores públicos o privados.
Los cambios sociológicos y del sistema familiar, donde la familia extendida ha ido desapareciendo, apuntan hacia un número cada vez mayor de envejecientes que vivirán solos y cuando ya no puedan valerse por sí mismos ingresarán a alguna institución de cuidado prolongado, hasta su muerte.
La cantidad de dinero que cobran los establecimientos privados en la mayoría de los casos resulta onerosa para los ancianos y sus familiares. En poco tiempo se drenan los ahorros de toda una vida. Las pensiones y seguros resultan insuficientes para cubrir estos costos. Pero más grave aún es el hecho de que lo que cobran muchos establecimientos no guarda proporción con la cantidad y calidad de los servicios que se les ofrecen. La ciudadanía se queja continuamente de los abusos que cometen hogares de envejecientes e institu-
ciones que se incautan de todos los ingresos y aún de las cuentas de ahorro de los envejecientes sin proveerles unos servicios minimamente adecuados.
Es imperativo garantizar a los envejecientes que se les cobre lo justo y en proporción a la cantidad y calidad de los servicios que reciben.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Sección 1.- Se enmienda el apartado
(a) del Articulo 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, para que se lea como sigue: "Artículo 6.-Poderes y facultades del Secretario En adición a los poderes y facultades transferidos por esta Ley, el Secretario de Asuntos del Consumidor tendrá los siguientes poderes y facultades:
(a) Reglamentar, fijar, controlar, congelar y revisar los precios, márgenes de ganancias y las tasas de rendimiento sobre capitales invertidos a todos los niveles de mercadeo, sobre los artículos, productos y aquellos servicios que corriente y tradicionalmente se prestan y se cobran por horas o por unidad, se ofrezcan o se vendan en Puerto Rico, en aquellos casos que tales medidas se justifiquen para proteger al consumidor de alzas injustificadas en los precios, evitar el deterioro del poder adquisitivo del consumidor, y proteger la economía de presiones inflacionarias. Disponiéndose, que el Secretario vendrá obligado, además, a establecer y reglamentar las tarifas que deben cobrar los establecimientos privados que se dedican al cuidado de personas de edad avanzada y que residen en éstos, siguiendo las guias que se disponen para estos casos en el inciso
(c) del Articulo 8 de esta ley.
(b) Sección 2.- Se adiciona un inciso
(c) al Artículo 8 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, para que se lea como sigue: "Artículo 8.—
(a) (c) Para establecer y reglamentar las tarifas correspondientes que deberán cobrar los establecimientos privados que se dedican al cuidado de personas de edad avanzada,
que residen en éstos, el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor deberá estudiar las características biofisiológicas, sociológicas y sicologicas de las personas de edad avanzada, los datos demográficos actuales y las proyecciones futuras y sus necesidades de servicio y apoyo. Deberá además, sin que constituya una limitación, utilizar los siguientes criterios:
(a) ubicación del establecimiento
(b) facilidades fisicas, tales como equipo y materiales
(c) privacidad
(d) servicios de transportación y ambulancia
(e) personal y su preparación profesional y experiencia
(f) programa de recreación y rehabilitación
(g) acceso a sistemas de apoyo
(h) sistemas de seguridad
(i) alimentación
(j) servicios médicos, atención médica y de dentista
(k) grado de dependencia del envejeciente, según su condición de salud (1) asuntos administrativos."
Sección 3.- Se asigna la cantidad de ciento cincuenta mil dólares ( $150,000.00 ) con cargos a fondos no comprometidos del Tesoro Estatal de Puerto Rico para llevar a cabo lo que se dispone en esta ley. En los años subsiguientes se asignarán en el presupuesto del Departamento de Asuntos del Consumidor los fondos necesarios para cumplir con dicha encomienda.
Sección 4.- Esta Ley empezará a regir a los noventa (90) días después de su aprobación.
Presidente de la Cámara
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COMMONWEALTH OF PUERTO RICO Office of Legislative Sermices CAPITOL BUILDING
January 10, 1990
Carlos R. García Jaunarena, Director of the Legal Division of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that he has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 69 (S.B. 1091) of the 4th Session of the 10th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:
AN ACT to amend subsection
(a) of Section 6 and add a clause
(c) to Section 8 of Act No. 5 of April 23, 1973, as amended, known as the "Department of Consumer Affairs Organic Act", with the purpose of empowering the Secretary of the Department of Consumer Affairs to establish and regulate the rates that should be charged by private establishments engaged in caring for the elderly persons who reside in them,
and finds the same are complete, true and correct versions of each other.
Carlos R. García Jaunarena
(No. 69) (Approved July 11, 1988)
AN ACT
To amend subsection
(a) of Section 6 and add a clause
(c) to Section 8 of Act No. 5 of April 23, 1973, as amended, known as the "Department of Consumer Affairs Organic Act", with the purpose of empowering the Secretary of the Department of Consumer Affairs to establish and regulate the rates that should be charged by private establishments engaged in caring for the elderly persons who reside in them.
STATEMENT OF MOTIVES
Puerto Rico is at present in a demographic transition of such a nature that it will result in the structural transformation of its population, as revealed by recent studies. The birth rate, the mortality rate and the migratory movements have affected, and will continue to affect the population's growth and composition.
The number of persons 60 years of age or more has tripled during the last 30 years and it is expected to continue increasing. They constitute close to 14% of the total population. Among the persons considered to be elderly, 6% are 85 years of age or over. In this century, life expectancy has doubled, so far.
By 1980, a third of the elderly persons lived alone, 3% were in institutions, and close to 63% found themselves below the poverty
level. The main source of income of the elderly is Social Security. Other sources are pensions, jobs, the Nutritional Assistance Program and other assistance from private or public sectors.
Sociological and family system changes, where the extended family has been disappearing, point towards an ever-increasing number of elderly persons who will live alone and will enter some extended care institution when they no longer can fend for themselves, until their death.
The amount of money that private establishments charge in the mayority of cases is onerous for the elderly and their families. All their life savings are drained in a short time. Pensions and insurance are insufficient to defray this costs. But even worse yet is the fact that what many establishments charge is not in proportion to the amount and quality of the services they are offered. The citizenry complains continuously about abuses committed at homes and institutions for the elderly that take over all their income and even their savings accounts without providing them minimally adequate services.
It is imperative to guarantee to the elderly that what they are charged is just and in proportion to the amount and quality of the services they receive.
BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO:
Section 1.- Subsection
(a) of Section 6 of Act No. 5 of April 13, 1973 as amended, is hereby amended to read as follows:
"Section 6.- Powers and Faculties of the Secretary
In addition to the powers and faculties transferred by this
Act, the Secretary of Consumer Affairs shall have the following powers and faculties:
(a) To regulate, fix, control, freeze and review the prices, profit margins and yield rates on the capital invested at all marketing levels on the goods, products and those services that are currently and traditionally rendered and charged for by the hour or per unit, which are offered or sold in Puerto Rico, in those cases where such measures are justified to protect the consumer from unjustified raises in prices, to avoid the deterioration of the purchasing power of the consumer and protect the economy from inflationary pressures. Provided, that the Secretary shall also be bound to establish and regulate the rates that should be charged by private establishments engaged in caring for elderly persons and who reside in them, following the guidelines provided for these cases by clause
(c) of Section 8 of this Act.
(b) Section 2.- A clause
(c) is hereby added to Section 8 of Act No. 5 of April 23, 1973 as amended, to read as follows: "Section 8.-
(a) (c) To establish and regulate the corresponding rates that private establishments engaged in caring for elderly persons who reside in them, must charge, the Secretary of the Department of Consumer Affairs must study the
biophysiological, sociological and psychological characteristics of elderly persons, actual demographic data and future projections and their service and support needs. The Secretary shall also utilize the following criteria, without it constituting a limitation:
(a) the location of the establishment
(b) physical facilities, such as equipment and materials
(c) privacy
(d) ambulance and transportation services
(e) personnel and its professional training and experience
(f) rehabilitation and recreation program
(g) access to support systems
(h) security systems
(i) feeding
(j) medical services, medical and dental care
(k) the elderly's degree of dependency, according to his/her state of health (1) administrative matters."
Section 3.- The sum of one hundred fifty thousand dollars $($ 150,000.00)$ is hereby appropriated from unencumbered funds in the Treasury of the Commonwealth of Puerto Rico to carry out that which is provided by this Act. During subsequent years the funds needed to
comply with said charge, shall be appropriated in the Budget of the Department of Consumer Affairs.
Section 4.- This Act shall take effect ninety (90) days after its approval.