Ley 68 del 1988
Resumen
Esta ley crea la Oficina para los Asuntos de la Vejez y su Consejo Consultivo, adscrita a la Oficina del Gobernador de Puerto Rico. Su propósito principal es planificar y coordinar los programas y servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población de edad avanzada, abarcando áreas como la salud, el bienestar social, la seguridad económica, la vivienda, la educación y el empleo. La ley establece las funciones y deberes de la Oficina, incluyendo la administración de fondos federales, la promoción de programas de capacitación y empleo, y la coordinación interagencial. Además, deroga la Ley Núm. 16 de 1962 que creaba la Comisión Puertorriqueña de Gericultura.
Contenido
(P. del S. 1578)
LAY
Para crear la Oficina para los Asuntos de la Vejez y su Consejo Consultivo, disponer sobre su organización y funcionamiento, establecer sus deberes y facultades, asignar fondos para llevar a cabo los propósitos de la Ley y derogar la Ley Núm. 16 de 22 de mayo de 1962, según enmendada.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Puerto Rico ha registrado un cambio de una población joven a una en transición. De las proyecciones de población se desprende el hecho que este proceso de transición demográfica continuará hasta llegar a convertirse, en un futuro no muy lejano, en una población con una estructura de edad vieja.
La población de 65 años o más en Puerto Rico ha aumentado en forma dramática. En 1899 este grupo de edad constituía el dos por ciento de la población aumentando a un nueve por ciento en 1985. Se estima que para el año 2,000 la proporción de adultos de edad avanzada alcance el once por ciento.
Las necesidades de la población de edad avanzada presentan un reto para Puerto Rico. Los rápidos cambios tecnológicos y socioeconómicos producidos han modificado la posición social y algunas de las funciones de la persona de edad avanzada. Asimismo, la provisión, extensión y tipo de servicios que se brinda al adulto de edad avanzada debe responder a esta dinámica.
En los últimos años se ha cobrado mayor conciencia del rol tan vital que desempeña la persona de edad avanzada en la sociedad y la necesidad de proteger y mantener integrada esta población al quehacer diario. Como prioridad del Gobierno y para atender los reclamos de este sector de la población mediante la Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986 se aprobó la Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada a los fines de garantizar a estas personas el disfrute de una vida digna, atendiendo sus necesidades básicas y considerándolos como ciudadanos útiles y de provecho a la sociedad. El objetivo primordial de la acción gubernamental es mejorar la calidad de vida y promover la independencia de este adulto.
En la actualidad, las agencias gubernamentales prestan una diversidad de servicios al sector de envejecientes. La Comisión Puertorriqueña de Gericultura, creada por la Ley Núm. 16 de 22 de mayo de 1962, ha sido el organismo encargado de coordinar las actividades y servicios relacionados con las personas de edad avanzada.
A fines de que responda con mayor efectividad a las exigencias de una sociedad en constante cambio y una población en transición, es menester evaluar sus funciones y su estructura para proveerle los mecanismos y la flexibilidad necesaria para lograr la más adecuada planificación y coordinación interagencial de recursos y servicios que conduzca a su mejor utilización.
A estos efectos, y para poner en vigor la política pública anunciada en la Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986, enfrentando con dinamismo y mayor agilidad las exigencias de este sector, se deroga la Ley Núm. 16 de 22 de mayo de 1962 que crea la Comisión Puertorriqueña de Gericultura y se crea la Oficina para los Asuntos de la Vejez como el organismo que planificará y coordinará para que los programas y la prestación de los servicios a los envejecientes se realicen en una forma integrada.
Decretase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1.- Título corto Esta ley se conocerá como Ley de la Oficina para los Asuntos de la Vejez.
Artículo 2.- Definiciones A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa:
(a) "Agencia pública" es cualquier departamento, junta, comisión, oficina, división, negociado, corporación pública o subsidiaria de ésta, municipio o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(b) "Institución o entidad privada" es cualquier asociación, organización, instituto o persona natural o juridica que preste, ofrezca o rinda algún servicio o actividad o administre o desarrolle algún programa relacionado con las personas de edad avanzada según se define dicho término en esta Ley y que reciba alguna aportación económica del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o que reciba fondos de los programas del Gobierno de los Estados Unidos de América que para beneficio, atención y protección de dichas personas se contemplan en las leyes federales.
(c) "Persona de edad avanzada" o "Envejeciente" el adulto que se encuentra en aquella etapa de madurez alcanzada con el transcurso del tiempo y como resultado de un proceso de experiencias y vivencias, entendiéndose que no comienza necesariamente a los sesenta años.
(d) "Oficina" la Oficina para los Asuntos de la Vejez creada mediante esta Ley.
(e) "Consejo Consultivo" el Consejo Consultivo sobre Asuntos de la Vejez creado mediante esta Ley.
(f) "Director" el Director Ejecutivo de la Oficina para los Asuntos de la Vejez creada mediante esta Ley.
(g) "Estado Libre Asociado" el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(h) "Gobernador" el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Artículo 3.- Declaración de propósitos La seguridad y protección, así como el sentido de pertenencia, autoestima y realización son aspiraciones de todo adulto que va experimentando el paso de los años.
La atención de la población de personas de edad avanzada y la provisión de servicios para mejorar la calidad de vida son de alta prioridad para el Gobierno de Puerto Rico. El desarrollo de actividades y acciones que contribuyen a mantener al máximo la capacidad de independencia fisica, mental y social posible en estos adultos, dentro de su ámbito familiar y social, es esencial para lograr su bienestar y su participación activa en la comunidad.
Para la consecución de estos propósitos es menester planificar de manera integral la acción gubernamental dirigida a la provisión de los servicios necesarios para satisfacer las aspiraciones de este sector, entre las cuales pueden mencionarse la salud, bienestar social, seguridad económica, vivienda, educación y recreación.
Actualmente los servicios se ofrecen al envejeciente por diversas agencias y entidades públicas y privadas. Es necesario la coordinación efectiva de todos estos servicios y recursos gubernamentales para lograr una mejor utilización.
La planificación e implantación de la política pública debe, además, integrar a las familias y a la comunidad en el sistema de prestación de servicios por ser éstos el principal apoyo del envejeciente y fomentar, a su vez, su participación en las decisiones que afecten sus vidas propiciando su envolvimiento personal en actividades y acciones dirigidas a la atención de sus propias necesidades y las de sus conciudadanos.
Artículo 4.- Oficina para los Asuntos de la Vejez; Creación Se crea la Oficina para los Asuntos de la Vejez adscrita a la Oficina del Gobernador, que será el organismo que planificará y
coordinará con las distintas agencias públicas el disefio y desarrollo de los proyectos y programas encaminados a atender las necesidades de la población de edad avanzada en armonia con la política pública enunciada en virtud de ésta Ley y la Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986 a los fines de propiciar el disfrute de una vida plena y productiva y lograr la mayor participación de estas personas en la comunidad.
Artículo 5.- Funciones y Deberes La Oficina tendrá, sin que se entienda como una limitación, las siguientes funciones y deberes:
(a) Planificará y coordinará con las distintas agencias públicas asi como con las entidades privadas, los programas, actividades y servicios relacionados con las personas de edad avanzada para asegurar la implantación de la política pública de una manera integral, sujeto a las condiciones y restricciones que dispongan las leyes aplicables.
(b) Proveerá guias a las agencias públicas en la formulación e implantación de programas y proyectos relacionados con las personas de edad avanzada.
(c) Establecerá sistemas y procedimientos para evaluar la efectividad y mejorar la coordinación de los programas y proyectos de las diversas agencias públicas y entidades privadas encaminados a atender las necesidades y problemas de las personas de edad avanzada.
(d) Fomentará la participación de los ciudadanos en el desarrollo e implantación de proyectos y programas en beneficio de las personas de edad avanzada y facilitar su comunicación con las agencias públicas.
(e) Proveerá el asesoramiento, la ayuda técnica y los servicios profesionales a las agencias públicas e instituciones privadas que así lo soliciten a los fines de mejorar los servicios que prestan y satisfacer requisitos de funcionamiento establecidos por las leyes o reglamentos.
(f) Organizara y celebrará conferencias, seminarios y talleres y realizará estudios e investigaciones por si, o en coordinación con otras agencias públicas y educativas e instituciones privadas y cualquier otra organización que lleve a cabo actividades afines con los propositos de esta Ley, para el desarrollo de nuevos enfoques, métodos, programas y servicios, y el adiestramiento y mejoramiento del personal necesario para la prestación de servicios a los envejecientes.
Asimismo establecerá relación de coordinación y colaboración con colegios, universidades e instituciones educativas de educación post-secundaria para el diseño de currículo y la planificación de textos en gerontologia.
(g) Fomentará el establecimiento de servicios, y cuando fuere aconsejable, establecerlos con carácter de demostración o modelo, para ser luego transferidos a organizaciones públicas o privadas tales como clínicas de preparación para la vejez, y el retiro del trabajo, centros diurnos de actividades múltiples, clínicas geriátricas y otras.
(h) Recopilará, analizará y mantendrá actualizados los datos estadísticos necesarios para la planificación, coordinación y uso de los recursos gubernamentales disponibles para la implantación y desarrollo de una política pública con respecto a las personas de edad avanzada que responda a las exigencias del momento.
(i) Promoverá en la ciudadanía y en el propio envejeciente el conocimiento y un mejor entendimiento de las particularidades del proceso de envejecer.
(j) Llevará a cabo actividades de divulgación y orientación con miras a desarrollar actitudes positivas en los ciudadanos y mantener a los envejecientes integrados activamente a la comunidad.
(k) Orientará a las personas de edad avanzada sobre los servicios, beneficios, programas y actividades que ofrecen las agencias públicas y entidades privadas. (1) Designará aquellos comités especiales que estime necesarios para llevar a cabo las funciones de la Oficina, en consulta con el Consejo Consultivo.
(m) Recomendará al Gobernador y a la Asamblea Legislativa aquellas medidas que crea necesarias para atender las necesidades y problemas de los envejecientes. Artículo 6.- Planificación y coordinación de fondos federales; Designación como agencia administradora
La Oficina será el organismo de planificación y coordinación del Estado Libre Asociado en lo que respecta a los fondos y aportaciones procedentes de las asignaciones hechas en virtud de las leyes federales dirigidas a atender los problemas de las personas de edad avanzada en armonía con la política pública enunciada en esta Ley y la Ley Núm. 121 del 12 de julio de 1986.
La Oficina podrá ser designada por el Gobernador como la agencia estatal administradora y receptora de cualesquiera fondos o aportaciones concedidos por las leyes federales para los programas de envejecientes.
Se designa a la Oficina como la agencia administradora y encargada de poner en vigor localmente los programas federales para personas de edad avanzada establecidos en virtud de la Ley Pública Núm. 89-73 de 14 de julio de 1965, según enmendada, conocida como "Older Americans Act of 1965".
Cuando la Oficina sea designada conforme establece este artículo, queda autorizada a realizar las diligencias necesarias y formalizar en representación del Estado Libre Asociado, convenios y contratos con las agencias federales pertinentes con el propósito de obtener los beneficios y fondos federales disponibles. La Oficina solicitará previamente a la Oficina de Presupuesto y Gerencia los fondos que se puedan requerir al Estado Libre Asociado para el pareo de los fondos federales.
Articulo 7.-Director Ejecutivo
La Oficina funcionará bajo la dirección de un Director Ejecutivo, quien será nombrado por el Gobernador y ejercerá su cargo a discreción de éste. El sueldo del Director lo fijará el Gobernador.
El Director tendrá la responsabilidad de organizar y dirigir las labores de la Oficina y nombrará el personal necesario para llevar a cabo las funciones que le encomienda esta Ley. La Oficina será un Administrador Individual conforme dispone la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, conocida como Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico. Asimismo, podrá contratar los servicios técnicos y profesionales necesarios para el cumplimiento de los propósitos de esta Ley, previa la autorización de la Oficina de Presupuesto y Gerencia.
Artículo 8.- Consejo Consultivo sobre Asuntos de la Vejez; Creación; Composición
Se crea un Consejo Consultivo sobre Asuntos de la Vejez que estará integrado por cinco miembros ex officio, a saber: los Secretarios de Salud, Servicios Sociales, Instrucción Pública, Recreación y Deportes, Trabajo y Recursos Humanos y Vivienda, o el representante que estos funcionarios designen expresamente para estos propósitos y otros cinco (5) miembros adicionales representativos del interés público nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Dos de los miembros representativos del interés público serán personas de edad avanzada. El Gobernador podrá separar de sus cargos a los repre-
sentantes del interés público por justa causa, previa oportunidad de ser oido. Los miembros ex-officio podrán designar, mediante comunicación escrita al Consejo Consultivo, un representante autorizado con derecho a voz y voto que lo represente en las reuniones a las que no pueda asistir.
De los nombramientos iniciales uno será designado por el término de un (1) año, dos por el término de dos (2) años y los otros dos por el término de tres (3) años, y al vencimiento de estos términos los nombramientos subsiguientes serán por tres (3) años. En caso de vacante la persona designada por el Gobernador para cubrirla ejercerá sus funciones por el término no concluido del miembro que crea la vacante.
El Gobernador designará un Presidente de entre los miembros del Consejo Consultivo. Siete (7) miembros constituirán quórum para celebrar las reuniones del Consejo Consultivo y sus acuerdos se tomarán por mayoria de los presentes.
El Consejo Consultivo se reunirá cuantas veces lo estime necesario pero no menos de una vez cada tres (3) meses y deberá celebrar por lo menos una reunión al año en la cual el público en general tenga la oportunidad de expresar sus puntos de vista en relación a la situación, necesidades y problemas que enfrentan las personas de edad avanzada. A estos efectos, deberá publicar la correspondiente convocatoria en por lo menos dos periódicos de circulación general, no más tarde de los treinta (30) días previos a la reunión. El Consejo Consultivo mantendrá un récord de las comparecencias y de las recomendaciones presentadas por el público.
Artículo 9.- Dietas y gastos de viaje Los miembros del Consejo Consultivo que no sean funcionarios públicos recibirán una dieta de cincuenta (50) dólares por cada reunión a que asistan.
Aquel miembro del Consejo Consultivo que reciba una pensión o anualidad de cualquier sistema de retiro del Estado Libre Asociado o de cualesquiera de sus agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas o subdivisiones políticas, podrá recibir el pago de dietas sin que se afecte su derecho a pensión o anualidad por retiro.
Artículo 10.- Funciones y deberes El Consejo Consultivo tendrá, sin que se entienda como una limitación, los siguientes deberes y funciones:
(a) Asesorar a la Oficina en materias relacionadas con las necesidades y el bienestar de las personas de edad avanzada en sus aspectos fisico, mental y socio-económico.
(b) Asesorar a la Oficina en cuanto al establecimiento de criterios para evaluar los programas y proyectos desarrollados bajo esta Ley y hacer las recomendaciones que estime pertinente al Director.
(c) Recomendar sistemas y métodos encaminados a la integración de los programas que desarrolle el Gobierno para atender las necesidades de las personas de edad avanzada.
(d) Asesorar respecto a la distribución de fondos y ayuda económica proveniente de donaciones y otras aportaciones que reciba la Oficina.
(e) Hacer recomendaciones con respecto a los reglamentos y normas que se adopten al amparo de esta Ley.
(f) Guiar al Director en la preparación y administración de un plan de trabajo anual de la Oficina. Artículo 11.- Programas de capacitación y empleo La Oficina diseñará programas dirigidos a proveer posibles fuentes de empleo, oportunidades de adiestramiento y readiestramiento, sin que se entienda como una limitación, las etapas posteriores al retiro del servicio activo, así como otras oportunidades de desarrollo y capacitación.
En el diseño de estos programas se considerarán aquellas alternativas dirigidas a integrar activamente a la comunidad aquellos ciudadanos de edad avanzada que puedan prestar, con o sin remuneración, servicios consultivos, profesionales o de beneficio a la comunidad.
A estos efectos la Oficina mantendrá un registro de las personas disponibles y establecerá en coordinación con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y con otras agencias públicas y entidades privadas, los mecanismos para la selección y referimiento de personas de edad avanzada para empleo, adiestramiento, readiestramiento y para la prestación de servicios de beneficio para la comunidad.
Articulo 12.-Reglas y Reglamentos
Se faculta a la Oficina para adoptar aquellas reglas y reglamentos que fueren necesarios para el cumplimiento de las funciones y deberes que establece esta Ley. Las reglas y reglamentos que no sean de carácter interno tendrán fuerza de Ley, una vez se cumpla con lo dispuesto en la Ley Núm. 112 de 20 de junio de 1957, conocida como Ley Sobre Reglamentos de 1958, según enmendada.
Artículo 13.- Colaboración de otras agencias públicas A los fines de lograr los propósitos de esta Ley, el Director solicitará los servicios de personal y facilidades de cualquier agencia pública, con el propósito de viabilizar y poner en ejecución sus funciones, quedando éstas autorizadas a prestarle y ofrecerle los mismos. En tales casos, los funcionarios o empleados realizarán las funciones que sean afines con la clasificación de su puesto, bajo la dirección de la Oficina, sujeto a las condiciones acordadas con la agencia. Cualquier funcionario o empleado asignado conforme lo dispuesto en este artículo, retendrá los derechos, beneficios y clasificación que disfrute en el puesto que ocupe en la agencia pública de procedencia y sus servicios continuarán siendo sufragados por esta última.
El Director podrá, asimismo, en el ejercicio de sus funciones solicitar de cualquier agencia pública la realización de estudios o investigaciones que estime necesarios para el desempeño de sus funciones.
Artículo 14.- Requerimiento de información La Oficina tendrá autoridad para requerir de cualquier departamento, agencia, corporación o instrumentalidad pública del Estado Libre Asociado, o de los municipios, cualquier información, dato, informe, estadística o cualquier otro material que sea necesario para llevar a cabo sus funciones.
Los organismos anteriormente mencionados están autorizados para cooperar y proveer a la Oficina la información requerida conforme sea permisible por las leyes vigentes.
Artículo 15.- Aportaciones La Oficina tendrá la facultad de aceptar ayuda económica de cualquier naturaleza y podrá solicitar y aceptar donaciones en dinero, bienes, propiedades, equipo, materiales y servicios de cualquier persona natural o jurídica, del gobierno federal, de gobiernos estatales, del gobierno local y municipales, y de cualquier agencia, dependencia o instrumentalidad de estos gobiernos. Las donaciones se utilizarán exclusivamente para cumplir y llevar a cabo los propósitos de esta ley.
Artículo 16.- Requerimiento de cumplimiento de condiciones impuestas
La Oficina tendrá, además, la facultad para requerir el cumplimiento de las condiciones que imponga para el uso de los fondos que administre o conceda conforme las disposiciones de esta Ley y solicitar la devolución o restitución de los fondos o propiedad utilizados en contravención a las condiciones que hayan sido impuestas.
Artículo 17.- Informe anual La Oficina rendira un informe anual al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre su operación y funcionamiento, el uso dado a los fondos, el resultado de las evaluaciones de los proyectos subvencionados con fondos federales y las recomendaciones que estime pertinente para poner en vigor la política pública respecto a las personas de edad avanzada. Rendirá, además, aquellos otros informes que estime convenientes o que le sean requeridos por la Asamblea Legislativa y el Gobernador.
Artículo 18.- Derogación Se deroga la Ley Núm. 16 del 22 de mayo de 1962, segúnenmendada, que crea la Comisión Puertorriqueña de Gericultura.
Artículo 19.- Transferencia de personal y propiedad Se transfieren a la Oficina los recursos y facilidades incluyendo todos los records, equipo y propiedad que estén utilizándose o han sido asignados para utilizarse en relación a las funciones, facultades y programas de la Comisión Puertorriqueña de Gericultura establecida en virtud de la Ley Núm. 16 del 22 de mayo de 1962, según enmendada; el personal y las asignaciones presupuestarias y recursos o remanentes de éstos, utilizándose o disponibles o que estarán disponibles para utilizarse en relación con dichas funciones, facultades y programas. Asimismo, se transfieren todos los fondos federales utilizándose o disponibles para usarse en relación a las funciones y facultades de la Comisión Puertorriqueña de Gericultura si las condiciones de la concesión de estos fondos así lo autorizara, así como la administración e implantación de los programas que haya establecido esta última.
El personal transferido conservará, al efectuarse la transferencia, todos los derechos adquiridos bajo las leyes y reglamentos de personal, así como los derechos, privilegios, obligaciones y status respecto a cualquier sistema o sistemas existentes de pensión, retiro o fondo de ahorro y préstamos al cual estuvieren afiliados al aprobarse esta Ley.
El Gobernador queda autorizado para adoptar aquellas medidas transitorias y tomar las decisiones que fueran necesarias a los fines de que se efectúe la transferencia decretada por esta Ley sin que se interrumpa el funcionamiento del organismo y de los programas transferidos.
Artículo 20.- Vigencia de acuerdos, convenios, reclamaciones, contratos y reglamentos
Ninguna disposición de esta Ley se entenderá como que modifica, altera o invalida cualquier acuerdo, convenio, reclamación o
contrato que se haya otorgado en virtud de las facultades y deberes conferidos por la Ley Núm. 16 de 22 de mayo de 1962, según enmendada, y que está vigente al entrar en vigor esta Ley.
Todos los reglamentos que gobiernan la operación del organismo y programas transferidos que estén vigentes al entrar en vigor esta Ley, continuarán aplicándose hasta tanto sean enmendados o derogados conforme lo dispuesto en esta Ley.
Artículo 21.- Asignación presupuestaria Los fondos para llevar a cabo los propósitos de esta Ley durante el año fiscal 1988-89, fueron asignados al Departamento de Servicios Sociales y serán transferidos a la Oficina en virtud de lo dispuesto en el Artículo 19 de esta Ley. Los fondos asignados serán sin año fiscal determinado para hacer más flexible su manejo y el pareo de los fondos federales que se reciban conforme lo dispuesto en esta Ley.
En años subsiguientes, las cantidades para operación y funcionamiento serán consignados en el Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico.
Artículo 22.- Vigencia Esta ley entrará en vigor el 1ro. de julio de 1988.
Presidente del Senado Departamento de Estado CERTIFICO: que es copia fiel y exacta del oriainol onrobado y fir- mado por el Gohornodor del Estado Libro Asociado do Puerto Rico ol dia 11.... de jorlins....... de 19 2.2... Lambe de Rulini Secretaria Auxiliar de Estado de Puerto Rico
April 23, 1990
Carlos R. García Jaunarena, Director of the Legal Division of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that he has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 68 (S.B. 1578) of the 4th Session of the 10th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:
AN ACT to create the office for the Affairs of the Elderly and its Advisory Council, to provide for its organization and operation, establish its duties and powers, appropriate funds to carry out the purposes of the Act and repeal Act No. 16 of May 22, 1962, as amended,
and finds the same are complete, true and correct versions of each other.
Carlos R. García Jaunarena
(No. 68) (Approved July 11, 1988)
AN ACT
To create the Office for the Affairs of the Elderly and its Advisory Council, to provide for its organization and operation, establish its duties and powers, appropriate funds to carry out the purposes of the Act and repeal Act No. 16 of May 22, 1962, as amended.
STATEMENT OF MOTIVES
Puerto Rico has seen a change from a young population to one in transition. From population projections the fact arises that this demographic transition process will continue until, in the not too distant future, it will become a population with an elderly age structure.
The 65 years or older population in Puerto Rico has increased in a dramatic manner. In 1899 this age group amounted to two percent of the population, increasing to nine percent in 1985. It is expected that by the year 2,000 , the proportion of elderly adults will reach eleven percent.
The needs of the elderly population are a challenge to Puerto Rico. The rapid technological and socioeconomic changes that have occurred, have modified the social position and some of the functions of elderly people. The purveying, extension, and type of services
provided to the elderly adults must likewise respond to these dynamics. Lately we have become more aware of the vital role played by the elderly persons in our society and the need to protect and keep this population integrated to our daily endeavors. As a Government priority and to attend to the claims of this sector of the population, the Bill of Rights of Elderly Persons was approved through Act No. 121 of July 12, 1986, in order to guarantee to these persons the enjoyment of a dignified life, recognizing their basic needs and considering them as useful citizens that can contribute to our society. The main objective of this government action is to improve the quality of life of these adults and foster their independence.
At present, government agencies render diverse services to the elderly. The Puerto Rican Geriatrics Commission, created by Act No. 16 of May 22, 1962, has been the body charged with coordinating the activities and services related to elderly persons. For it to respond more effectively to the requirements of a constantly-changing society and a population in transition, it is necessary to evaluate its functions and structure, providing it with the necessary mechanisms and flexibility in order to attain the most adequate planning and inter-agency coordination of resources and services that will lead to their better use.
To such effects and to implement the public policy stated in Act No. 121 of July 12, 1986, thus meeting the requirements of this sector with greater agility and vigor, Act No. 16 of May 22, 1962, which created the Puerto Rican Geriatrics Commission, is repealed, and the
Office for the Affairs of the Elderly is created as the body that will plan and coordinate the programs and the rendering of services to the elderly so that they can be performed in an integrated manner.
BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO:
Section 1.- Short Title
This Act shall be known as the Office for the Affairs of the Elderly Act.
Section 2.- Definitions
For purposes of this Act the following terms shall have the meaning expressed below:
(a) "Public Agency" is any department, board, commission, office, division, bureau, public corporation or any subsidiary thereof, municipality or instrumentality of the Commonwealth of Puerto Rico.
(b) "Private Institution or Entity" is any association, organization, institute or natural or juridical person that renders, offers or gives any service or activity or administers or develops any program connected with elderly persons, as such term is defined in this Act, and that receives any financial appropriation from the Government of the Commonwealth of Puerto Rico, or receives funding from United States of America Government programs for the benefit, care and protection of said persons as contemplated by federal laws.
(c) "Elderly or person of advanced age" is an adult who is in that stage of maturity reached with the passing of time and as a
result of a process of living and experience, it being understood that it does not necessarily begin at the age of sixty.
(d) "Office" the Office of the Affairs of the Elderly created by this Act.
(e) "Advisory Council" the Advisory Council on the Affairs of the Elderly created by this Act.
(f) "Director" the Executive Director of the Office of the Affairs of the Elderly created by this Act.
(g) "Commonwealth" the Commonwealth of Puerto Rico.
(h) "Governor' the Governor of the Commonwealth of Puerto Rico.
Section 3.- Statement of Purposes The safety and protection as well as the sense of belonging, self-respect and fulfillment are the hopes of every adult who feels the passing of the years.
The care of the elderly population and the provision of services to improve their quality of life have a high priority for the Government of Puerto Rico. The development of activities and actions that contribute to maíntain the capacity for physical, mental and social independence to the aaximum extent possible in these adults within their family and social milieu is essential in order to achieve their welfare and active participation in the community.
In order to attain these purposes it is necessary to plan to integrate the government's actions addressed to provide the services needed to fulfill the hopes of this sector, among which their health,
social welfare, financial security, housing, education and recreation can be mentioned, .
At present, these services to the elderly are offered by several public and private agencies and entities. The effective coordination of all these government services and resources is necessary in order to achieve a better use thereof.
The planning and implementation of public policy should also integrate families and the community to the system that renders these services, since they are the mainstay for the elderly, and at the same time foster their participation in the decisions that affect their lives by encouraging their personal involvement in the activities and actions addressed to attending to their own needs and those of their fellow citizens.
Section 4.- Office of the Affairs of the Elderly: Creation The Office of the Affairs of the Elderly, is hereby created, which will be attached to the Office of the Governor. It will be the body that will plan and coordinate with the different public agencies, the design and development of the projects and programs addressed to meeting the needs of the elderly population in harmony with the public policy declared by virtue of this Act and Act No. 121 of July 12, 1986, in order to propitiate the enjoyment of a full and productive life and achieve the fullest participation of these persons in the community.
Section 5.- Functions and Duties The Office shall have the following functions and duties without it being understood as a limitation:
(a) Subject to the conditions and restrictions provided by applicable laws, it shall plan and coordinate with the different public agencies as well as with private entities, the programs, activities and services related to elderly persons to ensure an integral implementation of public policy.
(b) It shall provide guidelines to public agencies for the formulation and implementation of programs and projects related to the elderly.
(c) It shall establish procedures and systems to evaluate the effectiveness and improve the coordination of the programs and projects of the diverse public. agencies and private entities addressed to meeting the needs and problems of the elderly.
(d) It shall foster the participation of the citizenry in the development and implementation of projects and programs for the benefit of elderly persons and facilitate their communication with public agencies.
(e) It shall provide advice, technical assistance and professional services to those public agencies and private institutions on their request, in order to improve the services they provide and satisfy legal or regulatory operational requirements.
(f) It shall organize and hold conferences, seminars and workshops and shall carry out studies and research on its own, or in coordination with other public and educational agencies and private institutions, and any other organization that develops activities that are compatible with the purposes of this Act, to develop new approaches, methods, programs and services, and the training and improvement of the personnel that is needed to render services to the elderly.
It shall, likewise, establish a relationship to coordinate and colaborate with colleges, universities and post-secondary educational institutions in the design of the curriculum and planning of text books on gerontology.
(g) It shall foster the establishment of services, and when advisable, establish them as pilots or demonstration projects, such as clinics to prepare for old age, and retirement from work, multiple activities day centers, geriatric clinics and others to later transfer them to public or private organizations.
(h) It shall compile, analize and update the statistical data needed for the planning, coordination and use of government resources available for the implementation and development of a public policy with respect to the elderly that responds to present demands.
(i) It shall promote an awareness and a better understanding of the peculiarities of the aging process among the citizenry and the elderly themselves.
(j) It shall carry out information and orientation activities to develop positive attitudes among the citizenry, and keep the elderly actively integrated to the community.
(k) It shall advise elderly persons regarding the services, benefits, programs and activities offered by public agencies and private entities. (1) It shall appoint special committees as needed to implement the functions of the Office in consultation with the Advisory Council.
(m) It shall recommend to the Governor and the Legislature whatever measures it deems are needed to take care of the needs and problems of the elderly.
Section 6.- Federal fund planning and coordination; Designation as administrating agency.
The Office shall be the Commonwealth's planning and coordinating body with respect to the funds and contributions arising from the appropriations made by virtue of federal laws addressed to taking care of the problems of elderly persons, in harmony with the public policy stated in this Act and Act No. 121 of July 12, 1986.
The Office may be designated by the Governor as the Commonwealth agency that administers and is the recipient of any funds or contributions granted by federal laws for the programs for the elderly.
The Office is hereby designated as the administrating agency charged with implementing locally the federal programs for elderly
persons established by virtue of Public Law No. 89-73 of July 14, 1965, as amended, known as the "Older Americans Act of 1965".
Once the Office is designated pursuant to this Section, it is hereby authorized to carry out the necessary steps and enter into agreements and contracts on behalf of the Commonwealth of Puerto Rico with the pertinent federal agencies, for the purpose of obtaining the available federal benefits and funds. The Office shall request beforehand from the Office of the Budget and Management, the funds that may be required from the Commonwealth of Puerto Rico to be matched to federal funds.
Section 7.- Executive Director
The Office shall operate under the direction of an Executive Director who will be appointed by the Governor and shall hold office at his discretion. The salary of the Director shall be fixed by the Governor.
The Director shall have the responsibility of organizing and directing the operation of the Office and shall appoint the personnel needed to carry out the functions entrusted to it by this Act. The Office shall be an Individual Administrator pursuant to the provisions of Act No. 5 of October 14, 1975, known as the Public Service Personnel Act of Puerto Rico. Likewise, it may contract the technical and professional services necessary to comply with the Act purposes of this, with the prior authorization of the Office of the Budget and Management.
Section 8.- Advisory Council on the Affairs of the Elderly; Creation; Composition.
An Advisory Council on the Affairs of the Elderly, is hereby created, which shall be composed of five ex-officio members, to wit: the Secretaries of Health, Social Services, Education, Sports and Recreation, Labor and Human Resources and Housing, or the representative expressly designated by these officials for these purposes, and another five (5) additional members appointed by the Governor with the advice and consent of the Senate of Puerto Rico. Two of the members representing the public interest, shall be elderly persons. The Governor may remove the repesentatives of the public interest from office for just cause, after having had a prior opportunity to be heard. By means of a written communication addressed to the Advisory Council, the ex-officio members may designate an authorized representative to represent him/her at meetings he/she is unable to attend, with the right to voice and vote.
One of the initial appointments shall be for a term of one (1) year, two for a term of two (2) years, and the others for a term of three (3) years, and upon expiration of these terms, the subsequent appointments shall be for three (3) years. In case of a vacancy, the person designated by the Governor to cover it shall hold office for the unexpired term of the member who caused the vacancy.
The Governor shall appoint a President from among the Advisory Council members. Seven (7) members shall constitute a quorum to hold
Advisory Council meetings, and its agreements shall be adopted by a majority of those present.
The Advisory Council shall meet as many times as it deems necessary but not less than once every three (3) months, and it shall hold at least one meeting a year at which the general public has the opportunity to express its view points with regard to the situation, needs and problems faced by elderly people. To that effect, the corresponding summons must be published in at least two newspapers of general circulation no later than thirty (30) days prior to the meeting. The Advisory Council shall keep a record of the statements and recommendations presented by the public.
Section 9.- Per-diems and travel expenses Members of the Advisory Council who are not public officials shall receive per-diems of fifty (50) dollars for every meeting they attend.
A member of the Advisory Council who receives a pension or annuity from any retirement system of the Commonwealth of Puerto Rico or from any one of its agencies, instrumentalities, public corporations or political subdivisions, may receive the payment of per-diems without it affecting his/her right to the retirement pension or annuity.
Section 10.- Functions and Duties. The Advisory Council shall have, without it being understood as a limitation, the following duties and functions:
(a) Advise the Office on matters related to the needs and welfare of elderly persons in their physical, mental and socioeconomic aspects.
(b) Advise the Office with regard to the establishment of criteria for the evaluation of programs and projects developed under this Act, and make the recommendations it deems pertinent to the Director.
(c) Recommend systems and methods directed to the integration of the programs developed by the Government to take care of the needs of the elderly.
(d) Advise with regard to the distribution of funds and financial aid arising from donations and other contributions received by the Office.
(e) Make recommendations with regard to the regulations and norms to be adopted under this Act.
(f) Offer guidance to the Director in the preparation and administration of an annual working plan for the Office.
Section 11.- Training and employment programs. The Office shall design programs aimed to providing possible sources of employment, and training and re-training opportunities without the phases of post-retirement from active service being understood as a limitation, as well as other development and training opportunities.
The design of these programs shall take into account those alternatives directed to actively integrating to the community those elderly citizens that can render advisory or professional services or others of benefit to the community, with or without remuneration.
To these effects, the Office shall maintain a registry of the persons available and shall establish the mechanisms for the selection and referral of elderly persons for employment, training and re-training and to render services beneficial to the community in coordination with the Department of Labor and Human Resources and other public agencies and private entities.
Section 12.- Rules and Regulations. The Office is hereby empowered to adopt those rules and regulations that are needed to carry out the functions and duties established by this Act. The rules and regulations other than by-laws shall have the force of law once the provisions of Act No. 112 of June 20, 1957, known as the Regulations Act of 1958, as amended, are complied with.
Section 13.- Collaboration of other public agencies. In order to achieve the purposes of this Act, the Director shall request personnel services and facilities from any public agency with the purpose of facilitating and executing his/her functions, and they are hereby authorized to offer and render them. In such cases, the officials or employees shall carry out the functions compatible with their position classification, under the direction of the Office, and subject to the conditions agreed to with the agency. Any officer or employee assigned in accordance with this Section's provisions shall retain the rights, benefits and classification of the position he/she holds in the public source agency he/she comes from, and his/her services shall continue to be paid by the latter.
Likewise, in the performance of his/her functions the Director may request any public agency to carry out studies or investigations he/she deems are necessary to perform his/her duties.
Section 14.- Request for information. The Office shall have the authority to request any information, data, report, statistics or any other material needed to carry out its functions from any department, agency, corporation or public instrumentality of the Commonwealth, or the municipalities.
The abovementioned bodies are hereby authorized to cooperate and provide the Office with the information requested to the extent it is allowed by the laws in effect.
Section 15.- Contributions. The Office shall have the power to accept financial assistance of any nature and may solicit and accept conations in cash, goods, properties, equipment, materials and services from any natural or juridical person, from the federal government, state governments, the local government and municipalities, and from any agency, dependency or instrumentality thereof. The donations shall be used exclusively to comply with and implement the purposes of this Act.
Section 16.- Requirement to comply with imposed conditions. The Office shall also have the power to require compliance with the conditions it imposes for the use of the funds it administrates or grants pursuant to the provisions of this Act, and to request the return or restitution of funds or property used in violation of the conditions that have been imposed.
Section 17.- Annual Report. The Office shall render an annual report to the Governor and the Legislature on its operations and functioning, the use given to funds, the result of the evaluations of projects subsidized by federal funds and the recommendations it deems pertinent to implement the public policy with respect to elderly persons. It will also render those other reports it deems convenient or that are required by the Legislature and the Governor.
Section 18.- Repeal. Act No. 16 of May 22, 1962, as amended, which creates the Puerto Rican Geriatrics Commission is hereby repealed.
Section 19.- Transfer of personnel and property. The resources and facilities, including all records, equipment and property, being used or assigned to be used in connection with the functions, faculties and programs of the Puerto Rican Geriatrics Commission, established pursuant to Act No. 16 of May 22, 1962 as amended; the personnel and budgetary appropriations and their resources or their remainder being used or available, or that will be available for use in connection with these functions, faculties and programs, are hereby transferred to the Office. Likewise, all federal funds being used or available to be used in connection with the functions and faculties of the Puerto Rican Geriatrics Commission, are hereby transferred if the conditions for granting these funds authorize it, as well as the administration and implementation of the programs established by the latter.
When the transfer is effected the transferred personnel shall retain all their vested rights under the personnel laws and regulations, as well as the rights, privileges, obligations and status with regard to any existing pension, retirement or savings and loans fund system or systems to which they were affiliated when this Act was approved.
The Governor is hereby authorized to adopt those transitional measures and make the necessary decisions for the purpose of carrying out the transfer decreed by this Act without interrupting the functioning of the transferred body and programs.
Section 20.- Effectiveness of agreements, accords, claims, contracts and regulations.
No provision of this Act shall be construed as modifying, altering or invalidating any agreement, accord, claim or contract that has been executed by virtue of the powers and duties granted by Act No. 16 of May 22, 1962 as amended, which is in effect on the effective date of this Act.
All regulations that govern the operation of the body and programs transferred, that are in effect when this Act becomes effective, shall continue to be applied until they are amended or repealed pursuant to the provisions of this Act.
Section 21.- Budgetary appropriation. The funds to carry out the purposes of this Act during fiscal year 1988-89, were appropriated to the Department of Social Services and shall be transferred to the Office by virtue of what is provided by Section 19 of this Act. The funds appropriated shall not have a
definite fiscal year, in order to make their handling and the matching of the federal funds received pursuant to the provisions of this Act, more flexible.
In subsequent years, the amounts for its operations and functioning shall be consigned in the General Expense Budget of the Government of Puerto Rico.
Section 22.- Effectiveness. This Act shall take effect July 1, 1988.