Ley 64 del 1988
Resumen
Esta ley enmienda la Ley Núm. 3 de 1955 para exigir que los aspirantes, empleados y voluntarios que presten servicios en establecimientos para el cuidado de niños, incluyendo aquellos operados por los Departamentos de Servicios Sociales y de Instrucción Pública, demuestren buena conducta en la comunidad y no tengan antecedentes penales. La ley establece requisitos para la obtención y renovación de licencias, procedimientos de investigación con garantías de confidencialidad y debido proceso, y fija penalidades por incumplimiento de sus disposiciones o por la divulgación indebida de información confidencial.
Contenido
(P. de la C. 1363)
L E Y
Para enmendar la Sección 2, enmendar los incisos
(b) y
(d) de la Sección 6, designar como inciso
(a) el primer párrafo y adicionar el inciso
(b) a la Sección 7, designar como inciso
(a) el primer párrafo y adicionar el inciso
(b) a la Sección 10 de la Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, a fin de requerir que los aspirantes, empleados o voluntarios que interesen prestar o presten servicios en los establecimientos para el cuidado de niños sean personas que observen buena conducta en la comunidad y no hayan sido convictos de delito, establecer similar requisito en las instituciones y campamentos operados por los Departamentos de Servicios Sociales y de Instrucción Pública, disponer que el cumplimiento de esta obligación será requisito para obtener y renovar la licencia. establecer garantias de confidencialidad y debido procedimiento y para fijar penalidades.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Ante el alarmante número de casos de maltrato y de abuso sexual contra los menores de edad que se registran en Puerto Rico, el Gobierno debe tomar todas las medidas que sean procedentes para proteger nuestra población joven del daño permanente que produce una experiencia traumática de esa indole.
Lamentablemente son cada vez más las denuncias de menores de edad que han sido victimizados por sus parientes más proximos o por aquellas personas particulares que estaban supuestas a cuidarlos, guiarlos y protegerlos.
Se ha comprobado que los convictos de abuso sexual y de maltrato contra menores no responden satisfactoriamente al tratamiento o a la rehabilitación que se les brinda. Por esta razón siempre resultan atraidos hacia aquellos ambientes donde pueden encontrar potenciales victimas para volver a cometer sus fechorias.
Los estudiosos de estos problemas de conducta asi como las autoridades responsables de la investigación y procesamiento criminal tanto en Puerto Rico como en otras jurisdicciones han advertido la necesidad de que se adopten políticas más enérgicas respecto a las cualificaciones morales que deben satisfacer aquellos adultos a quienes el Estado o las personas privadas emplearán para el cuidado de niños y jóvenes.
Para facilitar el proceso de selección del personal que habrá de desempeñar funciones tan sensitivas, debe ser requisito indispensable para las instituciones de cuidado de niños el solicitar y obtener el certificado de antecedentes penales a cada aspirante a empleo en tales instituciones. Igualmente debe exigirse a estas instituciones que, de tiempo en tiempo, requieran que sus empleados le sometan nuevos certificados de antecedentes penales para detectar prontamente cualquier desvio o problema de conducta que amerite que se separe al empleado concernido del contacto con los niños y jóvenes que estén en dicha facilidad.
A fin de que toda la información sobre la conducta observada en la comunidad de todo aspirante, empleado o voluntario que interese prestar o preste servicios en estas instituciones pueda utilizarse para la consecusión de los objetivos de esta ley, debe disponerse que las agencias del orden público ofrezcan su colaboración al Departamento de Servicios Sociales así como a aquellas agencias gubernamentales concernidas para lograr la investigación rigurosa de la conducta de este personal. En protección del derecho a la intimidad y del debido procedimiento de ley, deben mantenerse las garantias de confidencialidad y proveerse a los afectados la oportunidad de rebatir y aclarar la información que le sea adversa.
Por tanto y por ser política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el proteger a los niños del riesgo de ser victimas de delito por parte de las personas que trabajan en los establecimientos dedicados a su cuidado, se requiere que estos empleados observen una conducta intachable en la comunidad y que no tengan antecedentes penales por la comisión de delitos.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, para que se lea como sigue: "Sección 2.- El Departamento será la única agencia autorizada para expedir licencias a todo establecimiento que para el cuidado de niños se establezca en Puerto Rico y lo hará tomando en consideración el bienestar de los menores. Esta sección no será aplicable a los diversos campamentos para adolescentes y cualesquiera otras instituciones para niños establecidos ya, o que fueren establecidos en el futuro por el Departamento de Instrucción Pública. Tampoco aplicará a los establecimientos para cuidado de niños establecidos o que fueran establecidos en el futuro por el Departamento de Servicios Sociales. En este caso se expedirá una certificación.
No obstante lo anterior, será obligación del Departamento de Servicios Sociales y del Departamento de Instrucción Pública constatar que los aspirantes, empleados y voluntarios que interesen prestar o presten servicios en los establecimientos para el cuidado de niños o campamentos para adolescentes sean personas que observen buena conducta en la comunidad y que no hayan sido convictos por la comisión de delito. Para fines de esta disposición no se considerarán delito las infracciones a la Ley de Vehículos y Tránsito, excepto la imprudencia crasa y temeraria al conducir vehículos de motor.
A fin de poder cumplir con esta obligación los Secretarios de estos Departamentos solicitarán que todo aspirante, empleado o voluntario que interese prestar o preste servicios en dichos establecimientos presente un certificado de antecedentes penales, por lo menos cada seis meses y que autorice a que, con las debidas garantias de confidencialidad y debido procedimiento de ley, se pueda investigar su conducta. Asi mismo los Secretarios de estos Departamentos podrán solicitar de la Policía de Puerto Rico y del Departamento de Justicia la colaboración en la investigación de estas solicitudes con el propósito de asegurar que se dé rigurosa consideración a toda la información disponible sobre la imputación de cargos, citaciones, arrestos, veredictos, fallos, sentencias, archivo, sobreseimiento u otra disposición final de casos, o de la concesión de inmunidad, indulto o perdón relacionados con la comisión de actos constitutivos de delitos por parte de dichos aspirantes, empleados o voluntarios.
Cuando así lo estimen necesario para completar estas investigaciones, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia tendrán acceso a los expedientes e informes sobre antecedentes de querellas de maltrato o negligencia comprobada o en proceso de investigación que recaigan sobre todo aspirante, empleado o personal voluntario que interese prestar o preste servicios en los establecimientos para el cuidado de menores.
La información obtenida mediante esta investigación será confidencial y la misma no podrá ser divulgada a terceras personas.
El Departamento de Servicios Sociales y el Departamento de Instrucción Pública adoptarán mediante reglamento, con las debidas garantias de confidencialidad y debido procedimiento de ley, los criterios apropiados y necesarios para investigar la conducta de los aspirantes, empleados o voluntarios que interesen prestar o presten servicios en los establecimientos de
cuidado de niños. Esta reglamentación será también aplicable a las investigaciones que se realicen de la conducta de los aspirantes, empleados o voluntarios que interesen prestar o presten servicios en los establecimientos privados para el cuidado de niños.
En caso de que, como resultado de la investigación realizada por la Policia de Puerto Rico o por el Departamento de Justicia, surja información sobre los particulares especificados en el párrafo anterior que dé lugar al rechazo de la solicitud o a la separación del empleado, el Departamento de Instrucción Pública o el Departamento de Servicios Sociales, según fuere el caso notificará a la persona afectada la información recopilada y la acción de personal que se proponea tomar. Dicha notificación se hará por escrito y dentro de un periodo no mayor de treinta (30) dias, contados a partir de la fecha en que la Policia de Puerto Rico o el Departamento de Justicia haya concluido la investigación.
El aspirante, empleado o voluntario podrá objetar la corrección, deficiencha o legalidad de la información recopilada. Dicha reclamación deberá establecerse dentro de los treinta (30) dias de habérsele notificado el resultado de la investigación o, en su defecto, se entenderá que la misma ha sido aceptada.
Nada de lo dispuesto en esta ley, se entenderá como una limitación a la facultad conferida a las agencias públicas en virtud de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como Ley de Personal del Servicio Público, en cuanto a la separación o inhabilitación para el servicio público de aquellos empleados o aspirantes que no cumplan con los requisitos exigidos por dicha ley y sus reglamentos. Con excepción del requisito especial de buena conducta en la comunidad y de no haber cometido delito alguno que se impone para los aspirantes y empleados de establecimiento para el cuidado de niños a campamentos de adolescentes que operen los Departamentos de Servicios Sociales y de Instrucción Pública, la aplicación de las restantes disposiciones no menoscabarán los derechos reconocidos a los empleados públicos en virtud de la referida Ley Núm. 5 y sus reglamentos." Artículo 2.- Se enmiendan los incisos
(b) y
(d) de la Sección 6 de la Ley Núm. 13 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, para que se lean como sigue:
"Sección 6.- Autorización provisional, concesión, renovación, denegación, suspensión o cancelación de licencias.
(a) (b) Concesión-El Secretario o su representante autorizado expedirá una licencia a todo establecimiento para el cuidado de niños que la solicite y que cumpla con las normas y requisitos establecidos en los reglamentos que se promulguen al amparo de esta ley. Toda licencia será otorgada únicamente para la planta fisica y la persona o entidad mencionados en la solicitud y no será transferible ni reasignable. El establecimiento deberá exhibir su licencia en un lugar de visibilidad al público.
Los establecimientos para el cuidado de niños requerirán a los aspirantes a empleo, empleados o voluntarios que interesen prestar o presten servicios en dichos establecimientos que sean personas que observen buena conducta en la comunidad y que no hayan sido convictos por la comisión de delito. Para cumplir con esta obligación, los establecimientos solicitarán que presenten un certificado de antecedentes penales por lo menos cada seis meses y que autoricen a que, con las debidas garantias de confidencialidad y debido procedimiento de ley, se pueda investigar su conducta.
El Departamento, a instancia propia o a solicitud del establecimiento, podrá llevar a cabo toda clase de investigación y requerir la información que sea necesaria, pertinente y esencial para conocer el historial de las personas que trabajarán en dichos establecimientos para el cuidado de niños. Para ello, el Departamento podrá solicitar la colaboración de la Policia y del Departamento de Justicia en la etapa de investigación de estas solicitudes a fin de asegurar que se dé rigurosa consideración a toda información disponible sobre la imputación de cargos, citaciones, arrestos, veredictos, fallos, sentencias, archivo, sobreseimiento u otra disposición final del caso, o de la concesión de inmunidad, indulto o perdón relacionados con la comisión de actos constitutivos de delitos por parte de dichos aspirantes, empleados o voluntarios.
Cuando así lo estimen necesario para completar estas investigaciones, la Policia de Puerto Rico y el Departamento de Justicia tendrán acceso a los expedientes e informes sobre antecedentes de querellas de maltrato o
negligencia comprobada o en proceso de investigación que recaigan sobre todo aspirante, empleado o personal voluntario que interese prestar o preste servicios en los establecimientos para el cuidado de menores.
La información obtenida mediante esta investigación será confidencial y la misma no podrá ser divulgada a terceras personas.
Luego de esta investigación se concederá licencias a los establecimientos cuyos aspirantes a empleo, empleados o voluntarios observen buena conducta en la comunidad y no tengan antecedentes penales por actos constitutivos de delito. Para fines de esta disposición no se considerarán delitos las infracciones a la Ley de Vehículos y Tránsito, excepto la imprudencia crasa y temeraria al conducir vehículos de motor.
(d) Denegación-El Secretario denegará una solicitud de primera licencia o de renovación a cualquier operador que no cumpla con los requisitos establecidos en esta ley y los reglamentos aplicables.
Cuando la denegación se fundamente en alguna evidencia relacionada con la conducta anterior de un aspirante, empleado o voluntario de un establecimiento o en el hallazgo de antecedentes penales, el Departamento notificará por escrito a dicho establecimiento y a las personas objeto de la investigación, la determinación de denegar o no renovar la licencia y las razones para ello, dentro de un periodo no mayor de treinta (30) dias a partir de la determinación."
Artículo 3.- Se designa como inciso
(a) el primer párrafo y se adiciona el inciso
(b) a la Sección 7 de la Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, para que se lea como sigue: "Sección 7.-Derecho de Apelación-
(a) Todo tenedor de licencia de las que se refiere esta ley tendrá derecho a apelar de la decisión del Departamento cancelando, suspendiendo o denegando una licencia, ante la Junta de Apelaciones creada en la forma que se establece en la Sección 8 de esta ley. Dicha apelación deberá establecerse dentro de los treinta (30) días de habérsele notificado la decisión de suspensión, cancelación o denegación de licencia.
(b) Todo aspirante, empleado o voluntario que interese prestar o preste servicios en un establecimiento para el cuidado de niños y todo establecimiento para el cuidado de niños que, a tenor con lo dispuesto en el inciso
(d) de la Sección 6 de esta ley reciba una notificación que le resulte adversa podrá objetar la corrección, deficiencia o legalidad de la información recopilada. Dicha reclamación deberá establecerse dentro de los treinta (30) días de habérsele notificado el resultado de la investigación o, en su defecto, se entenderá que la misma ha sido aceptada." Artículo 4.- Se designa como inciso
(a) el primer párrafo y se adiciona el inciso
(b) a la Sección 10 de la Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, para que se lea como sigue: "Sección 10.—
(a) Cualquier persona o entidad que opere o sostenga un establecimiento para cuidado de niños sin poseer una licencia expedida por el Departamento o que continúe operándola después que su licencia fuere cancelada, suspendida o denegada conforme al procedimiento dispuesto en esta ley, será culpable de delito menos grave, y convicta que fuere será castigada con multa que no excederá de quinientos dólares ( $500 ) o con pena de cárcel por un periodo no mayor de seis meses o ambas penas a discreción del tribunal; además, aquella persona, agente, director, oficial o dueño de un establecimiento que deliberadamente ofreciere al Departamento información falsa o que lleve a cabo o permita llevar a cabo una acción fraudulenta, con el fin de obtener una licencia para operar un establecimiento de los que se refieren a esta ley o que obstruyera la labor investigativa o de supervisión del representante del Secretario, incurrirá en delito menos grave y convicto que fuere será castigado con una multa que no excederá de quinientos (500) dólares o seis (6) meses de cárcel o ambas penas a discreción del tribunal.
(b) Cualquier persona o establecimiento que divulgue, autorice el uso o divulgación o permita a sabiendas, el uso o divulgación a terceras personas de la información confidencial respecto a los antecedentes penales o respecto a la conducta en la comunidad de los aspirantes, empleados o voluntarios que interesen prestar o presten servicios en dicho establecimiento, incurrirá en delito menos grave y será sancionado con pena de reclusión hasta un máximo de seis (6) meses y multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares. De mediar circuns-
tancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de (5) años, de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años."
Artículo 4.- Esta Ley comenzará a regir a los 60 días de su aprobación y será aplicable a las solicitudes de expedición o de renovación de licencias que se radiquen a partir de su fecha de vigencia.
Presidente de la Cámara
Presidente del Senado
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO Office of Legislative Sermices CAPITOL BUILDING
January 10, 1990
Carlos R. García Jaunarena, Director of the Legal Division of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that he has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 64 (H.B. 1363) of the 4th Session of the 10th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:
AN ACT to amend Section 2, amend subsections
(b) and
(d) of Section 6, designate the first paragraph as subsection
(a) and add subsection
(b) to Section 7, designate the first paragraph as subsection
(a) and add subsection
(b) to Section 10 of Act No. 3 of Febuary 15, 1955 as amended, in order to require that candidates, employees or volunteers who are interested in rendering or who render services at child care facilities are persons who have good repute in the community and have not been convicted of a crime; etc.,
and finds the same are complete, true and correct versions of each other.
Carlos R. García Jaunarena
P.O BOX 3986, SAN JUAN, PUERTO RICO 00904 - TEL (809) 721-5200 - 723-4112
(No. 64) (Approved July 5, 1988)
AN ACT
To amend Section 2, amend subsections
(b) and
(d) of Section 6, designate the first paragraph as subsection
(a) and add subsection
(b) to Section 7, designate the first paragraph as subsection
(a) and add subsection
(b) to Section 10 of Act No. 3 of Febuary 15, 1955 as amended, in order to require that candidates, employees or volunteers who are interested in rendering or who render services at child care facilities be persons of good repute in the community and have not been convicted of a crime; to establish similar requirements for institutions and camps operated by the Social Services and Education Departments; to provide that compliance with this obligation shall be required to obtain and renew a license; establish guarantees of confidentiality and due process, and to fix penalties.
STATEMENT OF MOTIVES
Faced with the alarming number of cases of sexual abuse and mistreatment against minors that are reported in Puerto Rico, the Government must take all the proper measures to protect our young population from the permanent damage produced by a traumatic experience of that nature.
Unfortunately, complaints of minors who have been victimized by their closest relatives or by private persons who were supposed to take care of, guide, and protect them, are more numerous every day.
It has been confirmed that persons convicted of sexual abuse and mistreatment of minors do not respond satisfactorily to the treatment and rehabilitation that is offered to them. Therefore they are attracted to those places where they can find potential victims for future misconduct.
Students of these behavioral problems, as well as the authorities responsible for criminal investigation and processing in Puerto Rico as well as other jurisdictions, have cautioned about the need to adopt a more vigorous policy with respect to the moral qualifications which must be met by adults who will be employed by the Commonwealth and private persons to care for children and youths.
In order to facilitate the selection process of personnel who will carry out such sensitive functions, it should be an indispensable requirement that child care institutions request and obtain a certified criminal record from each candidate for employment by such institutions. These institutions must also be required to insist that their employees submit new certified criminal records from time to time to promptly detect any deviation or behavioral problem that makes it necessary to separate the employee concerned from contact with children and youths at said facility.
So that all information about the conduct in the community of any candidate, employee or volunteer interested in rendering, or who
render, services in these institutions can be used to attain this Act's objectives, it must be provided that the public agencies of law and order shall collaborate with the Department of Social Services, as well as with those government agencies concerned, to achieve a careful investigation of this personnel's conduct. To protect the right to privacy and due process of law, confidentiality guarantees must be maintained and those affected must be provided with an opportunity to refute and clarify any information that is adverse to them.
Therefore, and since it is the public policy of the Commonwealth of Puerto Rico to protect children from the risk of being victims of crime by persons who work in establishments dedicated to their care, it is required that these employees have an exemplary reputation in the community and do not have a criminal record of committing of crimes.
BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO:
Section 1.- Section 2 of Act No. 3 of February 15, 1955, as amended, is hereby amended to read as follows:
"Section 2.- The Department shall be the only agency authorized to issue licenses to every child-care facility established in Puerto Rico, and it shall do so taking the welfare of the minors into consideration. This Section shall not be applicable to the various camps for adolescents and any other institutions for children established heretofore or hereafter by the Department of Education. Nor shall it apply to child care facilities established heretofore or hereafter by the Department of Social Services. A certificate shall be issued in these cases.
The above notwithstanding, it shall be the obligation of the Department of Social Services and the Department of Education to verify that any candidates, employees and volunteers who are interested in rendering or who render services at the child-care facilities or camps for adolescents are persons who have good repute in the community and have not been convicted of a crime. For purposes of this provision, violations of the Vehicle and Traffic Act shall not be considered as crimes, except gross and wanton negligence when driving a motor vehicle.
In order to comply with this obligation, the Secretaries of these Departments will request every candidate, employee or volunteer who is interested in rendering or who renders services at these child care facilities, to present a certified criminal record at least every six months and to authorize that his conduct be investigated with the proper guarantees of confidentiality and due process of law. The Secretaries of these Departments may likewise request collaboration from the Puerto Rico Police and the Department of Justice in the investigation of these applications for the purpose of ensuring that strict consideration be given to all available information about the filing of charges, summons, arrests, verdicts, judgments, dismissals, discontinuances or other final disposition of the cases, or the granting of immunity, amnesty, or pardon related to the commission of criminal acts by these candidates, employees, or volunteers.
When the Puerto Rico Police and the Department of Justice deem it necessary in order to complete these investigations, they shall have access to the records and reports of verified complaints of mistreatment or negligence, or those in the process of investigation, concerning every candidate, employee or volunteer personnel interested in rendering or who render services in the child care facilities.
The information obtained through this investigation shall be confidential and shall not be revealed to third persons.
The Department of Social Services and the Department of Education shall adopt through regulations, with all the guarantees of confidentiality and due process of law, the appropriate and necessary criteria to investigate the conduct of the candidates, employees or volunteers who are interested in rendering or who render services in the child-care facilities. These regulations shall also apply to investigations that are made concerning the conduct of the candidates, employees or volunteers interested in rendering or who render services in private child-care facilities.
In the event that, as a result of the investigation by the Puerto Rico Police or the Department of Justice, information arises about the matters specified in the preceding paragraph, which lead to the refusal of the application or dismissal of the employee, the Department of Education or the Department of Social Services, as the case may be, shall notify the compiled information to the person involved, and the personnel action it proposes to take. This
notice shall be given in writing, and within a term of not more than thirty (30) days counted from the date that the Puerto Rico Police or the Department of Justice concludes the investigation.
The candidate, employee or volunteer may object the correction, deficiency or legality of the compiled information. Said claim must be established within thirty (30) days after having been given notice of the investigation results, or, in its absence, it shall be understood that it has been accepted.
None of what is provided by this Act shall be understood as limiting the power conferred to public agencies by virtue of Act No. 5 of October 14, 1975 as amended, known as the Public Service Personnel Act, with regard to the dismissal or disqualification for public service of those employees or candidates who do not comply with the requirements of that Act and its regulations. Except for the special requirement of good repute in the community, and of not having committed any crime, that is imposed for candidates and employees of child care facilities or adolescent camps operated by the Departments of Social Services and Education, the application of the remaining provisions will not impair the vested rights of public employees by virtue of said Act No. 5 and its regulations." Section 2.- Subsections
(b) and
(d) of Section 6 of Act No. 13 of Febuary 15,1955 as amended, are hereby amended to read as follows:
"Section 6.- Temporary authorization, granting, renewal, denial, suspension or cancellation of licenses
(a) (b) Granting- The Secretary or his authorized representative shall issue a license to any child care facility that requests it and complies with the norms and requirements established in the regulations promulgated under this Act. Each license shall be granted solely to the physical plant and the person or entity named in the application and shall not be transferable nor reassignable. The establishment shall display its license in a place that is visible to the public.
Child care facilities shall require those candidates for employment, employees or volunteers interested in rendering or who render services in these establishments, to be persons who enjoy good repute in the community, and that have not been convicted of a crime. In order to comply with this obligation, the establishments shall request that they present a certified criminal record at least every six months, and that they authorize an investigation of their conduct with the proper guarantees of confidentiality and due process of law.
On its own initiative or by request of the establishment, the Department may carry out any type of investigation and exact the information that is necessary, pertinent and essential to gain knowledge of the background of the persons who will work in said child care facilities. To do so, the Department may request the
collaboration of the Police and the Department of Justice in the investigating phase of these applications to ensure that strict consideration be given to all available information on the filing of charges, summons, arrests, verdicts, judgments, dismissals, discontinuances or other final disposition of the cases, or the granting of immunity, amnesty, or pardon related to the commission of criminal acts by these candidates, employees, or volunteers.
When the Puerto Rico Police and the Department of Justice deem it necessary to complete these investigations, they shall have access to the records and reports of verified complaints of mistreatment, or negligence or those in the process of investigation, concerning every candidate, employee or volunteer personnel interested in rendering or who render services in the child care facilities.
The information obtained through this investigation shall be confidential and shall not be revealed to third persons.
After the investigation, licenses shall be issued to those establishments whose candidates for employment, employees or volunteers have good repute in the community and do not have a penal record of acts that constitute a crime. For purposes of this provision, violations to the Vehicle and Traffic Act shall not be considered as crimes, except gross and wanton negligence when driving motor vehicles.
(d) Denial--The Secretary shall deny an application for an original license or renewal thereof to any operator who does not fulfill the requirements established by this Act, and the applicable regulations.
When the denial is based on any evidence related to the previous conduct of the candidate, employee or volunteer of an establishment or on the finding of a criminal record, the Department shall notify said establishment and the persons subject to investigation, in writing, about the determination to deny or not to renew the license and the reasons for it, within a period of not more than thirty (30) days from the date of the determination." Section 3.- The first paragraph is hereby designated as subsection
(a) and subsection
(b) is hereby added to Section 7 of Act No. 3 of Febuary 15,1955 as amended, to read as follows: "Section 7.- Right of Appeal-
(a) Every holder of a license referred to by this Act shall have the right to appeal the decision of the Department cancelling, suspending or denying a license, before the Board of Appeals created in the manner established by Section 8 of this Act. Such appeal must be filed within thirty (30) days after being notified of the suspension, cancellation or denial of the license.
(b) Every candidate, employee or volunteer interested in rendering or who renders services at a child care facility and every child care facility that receives an adverse notification, pursuant to the provisions of subsection
(d) of Section 6 of this
Act may object the correctness, deficiency or legality of the compiled information. This claim must be filed within thirty (30) days after receiving notice of the results of the investigation, or in its absence, it shall be understood that it has been accepted." Section 4.- The first paragraph is hereby designated as subsection
(a) and subsection
(b) is hereby added to Section 10 of Act No. 3 of Febuary 15,1955 as amended, to read as follows: "Section 10.-
(a) Any person or entity who operates or maintains a child care facility without holding a license issued by the Department, or who continues to operate it after its license has been cancelled, suspended or denied pursuant to the procedure provided by this Act, shall be guilty of a misdemeanor, and upon conviction shall be punished with a fine that shall not exceed five hundred dollars ( $500 ), or by imprisonment for a term of not more than six months, or both penalties, at the discretion of the Court; besides any person, agent, director, official or proprietor of an establishment that deliberately offers the Department false information, or who carries out or allows a fraudulent action to be carried out with the purpose of obtaining a license to operate an establishment referred to by this Act, or who obstructs the investigating or supervisory work of the Secretary's representative, shall be guilty of a misdemeanor and upon conviction shall be punished with a fine that shall not exceed
five hundred (500) dollars or six (6) months of imprisonment, or both penalties, at the discretion of the Court."
(b) Any person or facility that discloses, authorizes the use of or disclosure, or knowingly permits the use or disclosure to third persons of confidential information with respect to the criminal record, or with respect to the repute in the community of the candidates, employees, or volunteers interested in rendering or who render services in said facility, shall be guilty of a misdemeanor and punished with imprisonment up to a maximum of six (6) months and a fine of not less than one hundred (100) dollars nor more than five hundred (500) dollars. If there are intervening aggravating circumstances, the fixed punishment established may be increased to a maximum of five (5) years, if there are intervening extenuating circumstances, it may be reduced to a minimum of two (2) years."
Section 4.- This Act shall take effect 60 days after its approval and shall be applicable to the request for the issuing or renewal of licenses that are filed on and after its date of effectiveness.