Ley 55 del 1988
Resumen
Esta ley enmienda la Regla 227 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963. Su propósito principal es establecer que un fiador puede ser válidamente notificado a través de su representante, agente o apoderado. Además, aclara el alcance de la responsabilidad del fiador o depositante una vez que una sentencia de confiscación de fianza o depósito se convierte en firme y ejecutoria, detallando el procedimiento para dicha confiscación y las condiciones bajo las cuales puede ser dejada sin efecto.
Contenido
(P. del S. 1532)
LEY
Para enmendar el inciso
(a) de la Regla 227 de las de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, de 1963, según enmendadas, a fin de que un fiador pueda ser válidamente notificado a través de su representante, agente o apoderado y aclarar el alcance de la responsabilidad del fiador o depositante, una vez que se convierte en firme y ejecutoria una sentencia de confiscación de fianza o deposito.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Por mandato constitucional todo acusado de delito grave tiene el derecho a que se le imponga una fianza para permanecer en libertad provisional. La función de la fianza es garantizar al Estado la comparecencia del acusado en el proceso judicial. La fianza que se imponga tiene que guardar relación con la naturaleza del delito imputado, la capacidad económica del acusado y los nexos que lo unen a su familia y a la comunidad.
Admitida la fianza, el fiador se obliga a garantizar la presencia del acusado en el proceso judicial que se sigue en su contra hasta que recaiga una sentencia. La incomparecencia del acusado a una de las etapas del proceso judicial es un quebrantamiento del compromiso hecho con el tribunal por lo que, en ausencia de una justificación razonable, debe ser confiscada la fianza en favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
El tomar esta medida con los fiadores, aún en los casos en que el estado puede traer al tribunal al acusado por otros medios, asegura una mayor diligencia por parte del fiador para asegurar la presencia del acusado durante el proceso judicial. La participación más activa del fiador en el proceso disminuye la posibilidad de la incomparecencia de los acusados en los tribunales para responder de los delitos que se les imputan.
Esta medida tiene como objetivo, además, establecer que, en los casos en que el fiador es representado por un representante, agente o apoderado en el momento de prestar la fianza de un acusado, la debida notificación a éste es suficiente para quedar notificado el fiador. La responsabilidad del fiador no debe excluirse por el hecho de que alegue que no se le notificó adecuadamente por no ser su representante, agente o apoderado la persona a quien ha autorizado a recibir notificaciones o emplazamientos.
El Estado tiene la responsabilidad de mantener la custodia de aquéllos que son acusados de transgredir la ley. Sin embargo, ha consentido que el fiador le sustituya cuando éste así lo solicita. Por lo que el incumplimiento del fiado es el incumplimiento de custodio quien debe responder con la garantia ofrecida.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1.- Se enmienda el inciso
(a) de la Regla 227 de las de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963, según enmendadas, para que lea como sigue:
REGLA 227.-FIANZA, PROCEDIMIENTO PARA SU CONFISCACION, INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES, DETENCION
(a) Fianza; Confiscación. Si el acusado dejare de cumplir cualquiera de las condiciones de la fianza, el tribunal al que correspondiere conocer del delito ordenará a los fiadores o al depositante que muestren causa por la cual no deba confiscarse la fianza o el depósito. La orden se notificará personalmente o se remitirá por correo certificado a la dirección que se le conociere a los fiadores o a sus representantes, agentes o apoderados o al depositante. En los casos en que el fiador tenga un apoderado, agente o representante, la debida notificación a este último, surtirá los mismos efectos que si se hiciera al fiador.
Si los fiadores o el depositante, explicaren satisfactoriamente el incumplimiento en que se funda la orden, el tribunal podrá dejarla sin efecto bajo las condiciones que estimare justas.
De no mediar explicación satisfactoria para tal incumplimiento, el tribunal procederá a dictar sentencia sumaria contra los fiadores o el depositante confiscando el importe de la fianza o deposito pero la misma no será firme y ejecutoria hasta cuarenta dias después de haberse notificado. Si dentro de ese periodo los fiadores llevaren al acusado a presencia del tribunal, éste dejará sin efecto dicha sentencia.
Transcurrido el periodo antes prescrito $y$, en ausencia de muerte, enfermedad fisica o mental del fiado, sobrevenida antes de la fecha en que sea dictada la sentencia ordenando la confiscación de la fianza, el fiador responderá con su fianza por la incomparecencia del acusado al tribunal.
Convertida en firme y ejecutoria una sentencia confiscando la fianza o el depósito, el secretario del tribunal, sin necesidad
de ulterior requerimiento remitirá inmediatamente copia certificada de dicha sentencia al Secretario de Justicia para que proceda a la ejecución de la misma de acuerdo a la Regla 51 de las Reglas de Procedimiento Civil para el Tribunal General de Justicia e igualmente remitirá al Secretario de Hacienda el depósito en su poder.
Disponiéndose, que el tribunal a su discreción, podrá dejar sin efecto la sentencia de confiscación en cualquier momento anterior a la ejecución de dicha sentencia, siempre que medien las siguientes circunstancias: (1) Que los fiadores hayan producido al acusado ante el tribunal. (2) Que el tribunal constate a su satisfacción el hecho anterior.
La solicitud para que se deje sin efecto la sentencia se hará mediante moción la cual se presentará dentro de un término razonable pero en ningún caso después de transcurridos seis meses de haberse registrado la sentencia u orden. Una moción a tales fines no afectará la finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus efectos. Artículo 2.- Esta Ley entrará a regir a los noventa (90) días después de su aprobación y su aplicación será prospectiva.
Presidente del Senado
Presidente de la Cámara
Departamento de Estado CERTIFICO: que es copia fiel $y$ exacta del original aprobado y fir- mado por el Gobernador del Estado Libro Asociado de Puerto Rico el dia ...... de fale de 19
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO Office of Legislative Feraices CAPITOL BUILDING
May 1, 1990
Carlos R. García Jaunarena, Director of the Legal Division of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that he has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 55 (S.B. 1532) of the 4th Session of the 10th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:
AN ACT to amend subsection
(a) of Rule 227 of the Rules of Criminal Procedure of Puerto Rico of 1963, as amended, so that a surety may be validly served through his/her representative, agent or attorney in fact and clear up the scope of the surety's or depositor's liability once a judgement forfeiting bail or deposit becomes final and enforceable,
and finds the same are complete, true and correct versions of each other.
Carlos R. García Jaunarena
P.O. BOX 3986, SAN JUAN, PUERTO RICO 00904 - TEL (809) 721-5200 - 723-4112
(No. 55) (Approved July 1, 1988)
AN ACT
To amend subsection
(a) of Rule 227 of the Rules of Criminal Procedure of Puerto Rico of 1963, as amended, so that a surety may be validly served through his/her representative, agent or attorney in fact and clear up the scope of the surety's or depositor's liability once a judgement forfeiting bail or deposit becomes final and enforceable.
STATEMENT OF MOTIVES
By constitutional mandate, every person charged with a felony has a right to bail in order to remain in temporary freedom. The function of bail is to guarantee to the Government the appearance of the defendant at the judicial proceedings. The bail imposed must be in proportion to the nature of the imputed crime, the financial capacity of the defendant, and his family and community ties.
Once the bail is admitted the surety is obliged to ensure the presence of the defendant at the judicial proceedings brought against him until a judgment is entered. The defendant's failure to appear at one of the phases of the proceedings without justifiable cause is a breach of the commitment made to the court and therefore bail must be forefeited in favor of the Commonwealth of Puerto Rico.
Taking this measure against the sureties, even in cases where the Government can bring the defendant before the court through other
means, assures greater diligence on the part of the surety in ensuring the presence of the defendant during the judicial proceedings. A more active participation by the surety in the process reduces the possibility of the defendants' failure to appear in court to answer for the crimes with which they are charged.
Also, the objective of this bill is to establish that in cases where the surety is represented by a representative, agent or attorney in fact, when posting bail for the defendant, proper notice to them is sufficient notice to the surety. The surety's responsibility should not be excluded merely because he alleges a lack of proper notice because he has not authorized his representative, agent or attorney in fact to receive notifications or summons.
The Government has the responsibility of keeping those persons accused of violating the law in custody. However, it has consented to being substituted by the surety upon his request. Therefore, noncompliance by the person on bail is a noncompliance by the custodian who must answer with the bail posted.
BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO:
Section 1.- Subsection
(a) of Rule 227 of the Rules of Criminal Procedure of Puerto Rico of 1963, as amended, is hereby amended to read as follows:
RULE 227.--BAIL, PROCEEDING FOR ITS FORFEITURE, NONCOMPLIANCE WITH CONDITIONS, ARREST
(a) Bail; Forfeiture. If the defendant fails to comply with any of the conditions of the bail, the court taking cognizance of
the offense shall order the sureties or the depositor to show cause why the bail or deposit should not be forfeited. The order shall be served personally or sent by registered mail to the known address of the surety or their representatives, agents or attorneys in fact or the depositor. In cases that the surety has a representative, agent or attorney in fact, due service of notice to the latter shall have the same effect as a notice to the surety.
If the sureties or depositor satisfactorily explain the noncompliance on which the order is based, the court may vacate it under the conditions it deems proper.
If there is no satisfactory explanation intervening for such noncompliance, the court shall proceed to enter a summary judgement against the sureties or the depositor, forfeiting the amount of bail or deposit, but is shall not become final and enforceable until forty days after notice thereof. If the surety should take the defendant to the presence of the court within that period, it will set aside said judgement.
Once the previously prescribed period has elapsed, and in the absence of the death, physical or mental illness of the bailee ocurring before the date the judgement was entered ordering forfeiture of bail, the surety will answer for the failure to appear by the defendant with its bail.
Once a judgement directing the forfeiture of bail or deposit becomes final and enforceable, the clerk of the court, without further orders, shall immediately remit a certified copy of said
judgement to the Secretary of Justice so that he may proceed with its execution pursuant to Rule 51 of the Rules of Civil Procedure for the General Court of Justice and shall likewise send the deposit in his possession to the Secretary of the Treasury.
Provided, that the court may vacate the judgement of forfeiture at its discretion, at any time prior its execution provided the following circumstances prevail: (1) That the sureties may have presented the defendant before the court. (2) That the court verifies to its satisfaction the above fact.
Application to vacate the judgement shall be made through a motion which shall be filed within a reasonable time, but in no case after six months from the time the judgment or order was entered have elapsed. A motion to such ends shall not affect the purpose of a judgement nor shall it stop its effects.
Section 2.- This Act shall take effect ninety (90) days after its approval and its application shall be prospective.