Ley 154 del 1988
Resumen
Esta ley crea la Administración de Instituciones Juveniles, adscrita al Departamento de Servicios Sociales, con el fin de proveer servicios de evaluación, diagnóstico, rehabilitación y custodia a menores intervenidos por el sistema de justicia. Establece su organización, poderes, deberes, y regula aspectos de personal, presupuesto y coordinación interinstitucional para la resocialización de menores transgresores.
Contenido
(P. de la C. 1474)
LAY
Para crear la Administración de Instituciones Juveniles, definir sus objetivos, disponer su organización, poderes y deberes, crear la Junta Consultiva de la Administración de Instituciones Juveniles, transferirle funciones, facilidades, personal, propiedad, fondos y records, para disponer lo relativo a sus gastos de funcionamiento y establecer penalidades.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El deber y la responsabilidad del Estado de prestar servicios de evaluación, diagnóstico, rehabilitación y custodia a los menores intervenidos por un tribunal competente en virtud de la Ley Número 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, requiere que la prestación de estos servicios se ofrezca mediante un sistema coordinado que propicie la seguridad y la más efectiva rehabilitación y resocialización de los menores bajo su custodia.
La estructura administrativa y las normas y procedimientos en materia de habilitación y mantenimiento de facilidades, personal, compras, suministros y servicios exigidoles hoy dia al Departamento de Servicios Sociales dificulta que a través de su Secretaria de Centros de Tratamiento Social se atiendan pronta y eficazmente las complejas y diversas exigencias que a diario surgen en la administración de facilidades juveniles de Puerto Rico.
Ante lo expuesto, es imperativo crear una dependencia gubernamental cuya función primordial sea la administración de tales facilidades juveniles y la más efectiva prestación de los servicios de rehabilitación y resocialización de los menores.
Para su consecución y mediante esta ley se crea la Administración de Instituciones Juveniles adscrita al Departamento de Servicios Sociales y se le confiere autoridad y facultades que permitan mayor agilidad administrativa y operacional, necesarias para garantizar que el funcionamiento de las instituciones juveniles propendan al desarrollo, bienestar, rehabilitación y resocialización de los menores transgresores.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1.- Esta ley se conocerá como Ley Orgánica de la Administración de Instituciones Juveniles.
Artículo 2.- Las siguientes frases y términos tendrán los significados que se indican a continuación:
a) Administración-significa la Administración de Instituciones Juveniles establecida por esta ley. b) Administrador-significa el Administrador de la Administración de Instituciones Juveniles. c) Instituciones Juveniles o Instituciones-significa aquellas instituciones residenciales donde se detienen menores mientras está pendiente la adjudicación o disposición de su caso en el Tribunal; los centros de tratamiento donde se ubican los menores para recibir servicios de evaluación, diagnóstico y tratamiento rehabilitador, luego de la disposición del caso por el Tribunal que opere la Secretaria Auxiliar de Centros de Tratamiento Social del Departamento de Servicios Sociales y aquellas facilidades similares que establezca y opere la Administración en el futuro. d) Secretario-significa el Secretario de Servicios Sociales. e) Departamento-significa el Departamento de Servicios Sociales. f) Clientela-significa todo menor detenido en virtud de una Orden del Tribunal e ingresado a un Centro de Detención y todo menor cuya custodia haya sido conferida por el Tribunal al Departamento de Servicios Sociales por haber sido incurso en una o más faltas. Así mismo incluye a todo menor incurso, sujeto a una medida dispositiva condicional y a la supervisión del Departamento. g) Junta Consultiva-significa la Junta Consultiva de la Administración. Artículo 3.- Se crea la Administración de Instituciones Juveniles, adscrita al Departamento de Servicios Sociales, con la capacidad y la flexibilidad administrativa necesaria para operar eficientemente las instituciones juveniles y programas que estén bajo su jurisdicción y proveer a su clientela y a la familia de éstos aquellos servicios integrados y especializados que propicien cambios positivos de conducta.
Artículo 4.- La Administración estará dirigida por un Administrador quien será nombrado por el Gobernador previa recomendación de la Junta Consultiva que se crea en virtud del Articulo 10 de esta ley. La persona que ocupe el cargo de Administrador deberá poseer suficiente experiencia y conocimientos en el campo de las ciencias de la conducta y en el área de la administración y deberá,
además, conocer y estar comprometido a hacer cumplir la política pública relativa al sistema de justicia juvenil y a la rehabilitación y resocialización de los menores transgresores mediante la prestación de los servicios necesarios.
El Administrador desempeñará el cargo a voluntad del Gobernador y hasta que se designe su sucesor. El sueldo del Administrador será fijado por la Junta Consultiva, previa aprobación del Gobernador.
El Administrador será el primer ejecutivo de la Administración, la representará en todos los actos y contratos que fuere necesario otorgar. Dicho funcionario desempeñará los deberes y poderes que se le confieren a la Administración así como aquellas responsabilidades, facultades y autoridad que le confiera ésta o cualquier otra ley o que le sean delegados por el Secretario o por la Junta Consultiva.
Artículo 5.- El Secretario establecerá la política general de la Administración mediante la adopción de reglas que contengan aquellas guías que estime necesarias para el adecuado cumplimiento de las disposiciones de esta ley y de aquellas otras leyes que sean aplicables.
El Secretario establecerá, mediante órdenes administrativas, las normas y guías que requieren la coordinación operacional y administrativa entre la Administración y las Secretarias Auxiliares, Oficinas Regionales y las Oficinas Locales del Departamento.
El Secretario tendrá facultad para aprobar, enmendar y derogar las reglas y reglamentos que sean necesarios para cumplir con los propósitos de esta ley, sujeto a lo dispuesto en la Ley Núm. 112 de 30 de junio de 1957, según enmendada, conocida como Ley sobre Reglamentos de 1958, así como los reglamentos de carácter interno de la Administración y de los organismos creados en virtud de esta ley. El Administrador someterá al Secretario las propuestas de aquellas reglas y reglamentos que, a su juicio, deban aprobarse, enmendarse o derogarse.
Artículo 6.- Para cumplir con los objetivos de esta ley, la Administración tendrá las siguientes funciones y facultades:
(a) Operar y administrar las instituciones juveniles existentes, así como aquellas facilidades similares o programas con base comunitaria que se establezcan en el futuro de conformidad con la política pública del Estado Libre Asociadode Puerto Rico y con los objetivos y disposiciones de esta ley y de aquellas otras leyes que sean aplicables.
(b) Prestar a la clientela y a la familia de ésta aquellos servicios integrados especializados que propicien cambios positivos de conducta de conformidad con la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y con los objetivos y disposiciones de esta ley y de aquellas otras leyes que sean aplicables.
(c) Determinar los servicios de evaluación y tratamiento que se prestarán a la clientela, las instituciones o programas con base comunitaria en que habrán de ser ingresados, trasladados oasignados los menores que estén bajo su jurisdicción, custodia o supervisión.
(d) Ser responsable de la custodia y seguridad de la clientela así como de establecer y mantener las debidas medidas de seguridad en las instituciones juveniles.
(e) Ser responsable de establecer un programa efectivo que facilite el egreso del menor a su familia y a su comunidad en estrecha coordinación con los programas de servicio a la familia que opere el Departamento.
(f) Identificar los elementos disfuncionales del sistema y tomar, con carácter de urgencia, las medidas apropiadas para atender las causas de estos problemas y para establecer una operación ordenada, integrada, segura y eficiente de las instituciones juveniles a su cargo.
(g) Establecer un sistema de coordinación y planificación integral con los Departamentos de Salud, Instrucción Pública, Recreación y Deportes y de Servicios Contra la Adicción y con los demás organismos gubernamentales, corporaciones públicas, personas particulares y entidades privadas para prestar servicios a la clientela.
(h) Planificar, implantar y evaluar actividades y servicios encaminados a promover el desarrollo integral de la clientela y la modificación de la conducta antisocial propiciando su regreso a la comunidad como entes responsables y productivos.
(i) Realizar proyectos de investigación social cientifica sobre aspectos técnicos y administrativos relacionados con los menores transgresores y con los Centros Juveniles con el propósito de buscar alternativas y establecer programas que ayuden al cumplimiento de los objetivos de esta ley. Artículo 7.- La Administración tendrá todos los poderes necesarios y convenientes para llevar a cabo los propósitos y las disposiciones de esta ley, incluyendo sin que se entienda como una limitación, los siguientes:
(a) Adoptar, alterar y usar un sello oficial de la Administración, del cual se tomará conocimiento judicial.
(b) Establecer la organización interna de la Administración, nombrar un Sub-Administrador que sustituirá al Administrador en casb de ausencia temporera o renuncia del Administrador y designar los funcionarios auxiliares necesarios.
(c) Nombrar, trasladar y remover el personal con arreglo a lo dispuesto en esta ley y en la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, y fijar y pagar la compensación correspondiente a los funcionarios y empleados que nombre o contrate. Las personas que se nombren al puesto de director deberán pertenecer a una de las profesiones relacionadas con la conducta humana, poseerán experiencia en esas profesiones y estarán comprometidos con la defensa y aplicación de los principios de rehabilitación y resocialización de los menores.
(d) Asignar responsabilidades y conferir facultades al personal de la Administración a base de criterios que permitan el uso más eficaz de los recursos humanos tomando en consideración, entre otros, los siguientes factores: (1) las necesidades del servicio. (2) la asignación y distribución racional de funciones. (3) la delegación de facultades a tenor con las responsabilidades y tareas. (4) la selección del personal más idóneo y su ubicación en aquellas funciones que permitan la más efectiva prestación de servicios.
(e) Contratar servicios profesionales y consultivos sujeto a lo dispuesto en el inciso
(d) del Articulo 12 de esta ley.
(f) Preparar y someter su petición presupuestaria a la Oficina de Presupuesto y Gerencia a través del Secretario y administrar el presupuesto y los fondos que en virtud de cualesquiera leyes estatales o federales sean asignados o se le encomiende administrar, de acuerdo a la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, debiendo establecer un sistema de contabilidad de acuerdo a las disposiciones de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada y de los reglamentos que rigen la contabilización, administración y desembolso de fondos públicos. Sera responsabilidad del Administrador mantener un presupuesto balanceado de acuerdo a la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada.
(g) Solicitar de las agencias gubernamentales concernidas la autorización por escrito para el destaque de empleados en la Administración para colaborar con las funciones de la misma.
(h) Aceptar y recibir cualesquiera donaciones o cualquier otro tipo de ayuda en dinero, bienes o servicios que provengan de personas o instituciones particulares y administrarlos conforme a los términos de la donación y de la ley.
(i) Solicitar y obtener ayuda o asistencia en dinero, bienes o servicios del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualquiera de sus agencias, corporaciones públicas o municipios, de conformidad con la legislación, reglamentación, acuerdos o contratos aplicables.
(j) Administrar cualquier programa federal que, por su naturaleza, propósito y alcance, esté relacionado con las funciones de la Administración cuando haya sido designada para ello por el Gobernador, por el Secretario, o por la agencia federal concernida.
En el ejercicio de esta capacidad deberá concertar y tramitar los convenios o acuerdos necesarios para realizar las gestiones para que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico pueda recibir todos los fondos y beneficios federales para llevar a cabo dichos programas, asi como concertar y tramitar convenios y acuerdos con los correspondientes organismos gubernamentales de los distintos estados y del Gobierno Federal con respecto a intercambio de información sobre programas, estudios e investigaciones relacionados con las funciones que le han sido encomendadas por esta ley o delegadas por el Secretario, siempre y cuando dichos convenios o acuerdos estén autorizados por las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(k) Adquirir mediante donación, arrendamiento o por compra cualquier equipo, materiales, propiedad mueble o inmueble, mejorada o sin mejorar que sean necesarios para su funcionamiento y establecer un sistema agil y eficiente de mantenimiento preventivo, conservación y mejoras de las instituciones, facilidades, equipo, materiales, propiedades y bienes que provea, administre u opere. (1) Establecer su propio sistema de compra y suministros necesarios para una operación eficiente y económica sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 164 de 23 de julio de 1974, según enmendada, a tenor con los principios enmarcados en la referida ley y establecer mediante reglamentación su
propio sistema de reparación de vehículos sin sujeción a la legislación que reglamenta la Oficina de Transporte.
Todas las compras y contratos de suministros y servicios que se hagan por la Administración, excepto servicios profesionales y consultivos, deberán hacerse mediante subasta de acuerdo al procedimiento que se establezca en esta ley y en el reglamento que adopte el Administrador. Las subastas se llevarán a cabo por una Junta de Subastas que será nombrada por el Administrador. Los miembros de la Junta de Subasta no podrán llevar a cabo funciones relacionadas directa o indirectamente con la gestión de adquisición de bienes o servicios por parte de la Administración.
La Junta se reservará el derecho de adjudicar la buena pro en una subasta formal a base de otras consideraciones distintas a la del precio, tales como la calidad del equipo o materiales, su disponibilidad para la entrega y la necesidad institucional, entre otros. La Junta consignará por escrito en el expediente de la subasta, las razones que fundamentaron su decisión. Las decisiones de la Junta de Subastas serán revisadas por la Junta Revisora de Subasta que se crea en esta ley.
No será necesaria la celebración de subasta formal cuando el gasto estimado para la obra, adquisición o ejecución del servicio no exceda de cinco mil (5,000) dólares. La compra de materiales, efectos, equipo y la obtención de servicios que excedan de quinientos (500) dólares pero no mayor de cinco mil (5,000) dólares se llevará a cabo a través de subasta informal según el procedimiento que se establezca mediante reglamentación al efecto.
Tampoco será necesaria una subasta, cuando: (1) una emergencia que atente o ponga en peligro el bienestar, la seguridad o la prestación de servicios a los menores, requiera la entrega inmediata de materiales, efectos o equipo, o la ejecución de obras o servicios, o (2) se necesiten piezas de repuesto, accesorios, equipo o servicios suplementarios para equipo o servicios previamente suministrados o contratados, o (3) los precios no estén sujetos a variación, porque no haya más que una fuente de suministro o porque estén fijados por ley.
En tales casos, la compra de tales materiales, efectos o equipo, o la obtención de tales servicios, podrá hacerse en mercado abierto, en la forma usual y corriente en los negocios, pero mediante subasta informal.
(m) Otorgar y formalizar los contratos y demás instrumentos necesarios con los municipios, departamentos, divisiones, agencias e instrumentalidades y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o con personas y empresas privadas. Los municipios, departamentos, divisiones, agencias e instrumentalidades y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico están autorizados a concertar contratos y de cualquier otra forma cooperar con la Administración para facilitar la consecución de los objetivos de esta ley.
(n) Planificar y desarrollar, mediante el uso de recursos internos o aportaciones externas, programas y actividades que, además de mantener ocupado al menor dentro de la institución, le ayuden a desarrollar en la medida que sea posible, un sentido de autoestima y adquirir las destrezas que lo capaciten para una mejor integración a la sociedad así como desarrollar, con el objetivo anterior pequeñas empresas comerciales que rindan beneficio a la Administración y a su clientela.
(o) Prestar servicios, ayuda técnica y facilitar el uso de su propiedad mueble o inmueble, cuando ello sea necesario para la consecución de los objetivos de esta ley, mediante compensación o sin ella.
(p) Recibir ingresos por el uso de las instituciones y facilidades que administre y opere así como por la venta o distribución de los propios bienes y artículos que produzcan las empresas o proyectos que promueva o auspicie y por la prestación de servicios así como gestionar el cobro y recobro de aquellas cantidades que le correspondan de acuerdo a los términos de los contratos que suscriba o bajo cualquier ley federal o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(q) Rendirá un informe, la segunda semana de enero de cada año, al Gobernador y a la Asamblea Legislativa. Dicho informe deberá incluir sin que se entienda como una limitación:
a) Fase organizativa de la agencia; personal de la Administración, preparación, experiencia, status de los mismos. b) Personal bajo contrato, especialidad, duración del contrato, tareas realizadas. Suma pagada a cada contratista. c) Formación de los equipos multidisciplinarios, evaluación de su intervención.
d) Total de menores ingresados durante el año, movimiento mensual, estadia promedio, clasificación por faltas, reincidencia. e) Descripción de los programas y actividades, con fines educativos, de salud, trabajo y recreativos y evaluación de los mismos. f) Descripción de problemas relacionados con la custodia de los menores, medidas tomadas y los resultados producidos. g) Descripción del plan de egresos que se haya establecido, sus logros y dificultades en la instrumentación y recomendaciones. h) Planes de coordinación que se han llevado a cabo con otras agencias y evaluación de la efectividad de estos planes y de la existencia de la Junta Consultiva para lograr los propositos de coordinación. i) Logros, limitaciones y recomendaciones de la administración.
(r) Asesorar al Secretario, al Gobernador, a otros funcionarios gubernamentales y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en cuanto a la administración y operación de las otras áreas del sistema de justicia juvenil.
(s) Ofrecer un programa de desarrollo educacional y adiestramientos para los empleados y funcionarios.
(t) Realizar todos los actos convenientes y necesarios para lograr eficazmente los objetivos de esta ley.
Artículo 8.- Centro de Diagnóstico, Clasificación y Tratamiento La Administración establecerá un Centro de Diagnóstico, Clasificación y Tratamiento para evaluar a todo menor que sea puesto bajo la custodia de la Administración a fin de identificar las causas de su conducta, identificar sus capacidades, intereses, motivaciones, controles y limitaciones; clasificarlos para fines de ubicación en la Institución correspondiente y determinar el plan de acción en cada caso en armonia con los principios de tratamiento individualizado y seguridad pública enmarcado en los propositos de esta ley y de aquellas otras leyes que sean aplicables. Cada Institución contará con un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales tales como trabajadores sociales, psicólogos, médicos y otros, preferiblemente destacados a tiempo completo en la institución para llevar a cabo evaluación y el tratamiento continuo de los menores.
Para desempeñar esta función, la Administración también podrá obtener los servicios del personal y funcionarios de otras agencias públicas y privadas mediante los convenios o acuerdos que al efecto se lleven a cabo en aquellos casos en que el personal a tiempo completo sea de dificil reclutamiento.
Artículo 9.- El Administrador será responsable de llevar a cabo las acciones de coordinación que sean necesarias entre la Administración y los Departamentos de Justicia, Salud y Servicios Contra la Adicción, Instrucción Pública y Recreación y Deportes para lograr la consecución de la política pública y los objetivos de esta ley y de aquellas otras leyes que fueren aplicables en el menor tiempo pos ${ }^{ ext {e }}$ 'e. Podrá asimismo, solicitar y obtener la cooperación de otras dep: ndencias gubernamentales, incluyendo las corporaciones públicas y los municipios.
Los departamentos, agencias, corporaciones públicas y municipios quedan por la presente autorizados para prestar la ayuda y la colaboración que sean necesarias para lograr el cumplimiento de los fines de esta ley.
El Gobernador podrá dictar las órdenes ejecutivas y constituir aquellos grupos o comités de trabajo integrados por funcionarios y empleados gubernamentales o ciudadanos privados que agilicen y faciliten estos acuerdos de colaboración inter-agencial.
Se dispone que el Hogar Juvenil de Humacao será utilizado para albergar a niños huérfanos o en desgracia que no han sido señalados como transgresores de ley.
Artículo 10.- Junta Consultiva de la Administración. Se crea la Junta Consultiva de la Administración con el propósito de constituir un grupo de trabajo integrado por los titulares de las agencias gubernamentales mayormente responsables de ofrecer servicios directos a la clientela de la Administración y por ciudadanos privados en representación del interés público. Será función de la Junta colaborar con el Secretario y con el Administrador en el cumplimiento de los objetivos de esta ley y agilizar el esfuerzo coordinado de las agencias mayormente concernidas con la rehabilitación y la resocialización de la clientela.
La Junta podrá evaluar aquellos asuntos relacionados con la operación y funcionamiento de la Administración que le refieran el Administrador o el Secretario y formular las recomendaciones que entienda procedentes para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta ley y de otras leyes que sean aplicables.
La Junta Consultiva estará integrada por el Secretario de Servicios Sociales, quien la presidirá, por los Secretarios de
Instrucción Pública, de Salud, de Servicios Contra la Adicción y de Justicia, la Administradora de Corrección y por dos (2) ciudadanos nombrados por el Gobernador. Los ciudadanos que integren la Junta Consultiva serán personas de reconocido interés, prestigio profesional y experiencia en el campo del trabajo social o en la administración del sistema de justicia juvenil.
En caso de renuncia, remoción, muerte o incapacidad de los representantes del interés público, el Gobernador nombrará los miembros sucesores que satisfagan las cualificaciones antes indicadas.
El Gobernador nombrará los dos ciudadanos privados que integrarán la Junta Consultiva dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de vigencia de esta ley.
La Junta Consultiva aprobará el reglamento para su funcionamiento interno. El reglamento podrá autorizar el reembolso de gastos y el pago de dietas que no exceda de cincuenta (50) dólares por cada dia de reunión de la Junta a que asistan o en que realicen gestiones oficiales. El pago de dietas procederá únicamente a aquellos miembros de la Junta que no sean funcionarios o empleados públicos.
Además de los deberes y responsabilidades que le asigne esta ley, o le encomienden el Administrador o el Secretario, la Junta Consultiva ejercerá las siguientes funciones:
- Recibir y atender todos aquellos asuntos relacionados con la operación y funcionamiento de la Administración que le refieran el Administrador o el Secretario y formular aquellas recomendaciones que entienda procedentes de conformidad con los propositos de esta ley.
- Evaluar el funcionamiento de la Administración con el fin de formular recomendaciones al Administrador y al Secretario para lograr los objetivos de esta ley.
- Ser responsable de facilitar y mantener permanentemente la coordinación necesaria entre las agencias gubernamentales representadas en la Junta y la Administración.
Será deber de la Junta Consultiva celebrar reuniones para atender y evaluar los asuntos de su competencia, por lo menos una vez al mes. Articulo 11.-Junta Revisora de Subastas. Se crea la Junta Revisora de Subastas para atender y resolver las apelaciones que insten las personas afectadas por las decisiones de la Junta de Subastas de la Administración y la revisión de
decisiones en el área de compras y suministros que se le deleguen por el Administrador o el Secretario. La Junta Revisora tendra, además, la facultad de formular recomendaciones al Administrador o al Secretario en torno a los reglamentos en vigor respecto a compras y suministros.
La Junta Revisora de Subasta estará integrada por tres (3) personas que sean de la más alta solvencia moral y de reconocida competencia y experiencia en los asuntos en que habrá de entender este organismo. Los miembros de la Junta Revisora serán nombrados por el Administrador y no podrán tener interés directo ni indirecto en empresas, negocios o proyectos que hagan negocios con la Administración o con el Departamento, que estén financiados total o parcialmente por la Administración o por el Departamento.
La Junta Revisora evaluará y resolverá las apelaciones que insten las personas afectadas por las decisiones de la Junta de Subastas. La persona afectada podrá instar las apelaciones dentro del término de treinta (30) días siguientes a la fecha en que se notifique la decisión adversa. En el caso de aquellos otros organismos relacionados con los procedimientos de subasta cuyas decisiones se le encomiende revisar, se dispondrá mediante Orden Administrativa el término dentro del cual el afectado podrá instar la apelación ante este foro.
Para el descargo de su encomienda, la Junta Revisora podrá celebrar vistas administrativas, recibir testimonios, citar testigos, requerir la presentación de libros, documentos y cualquier otra prueba, recibir y examinar ésta y cualquier otra evidencia pertinente, reglamentar las audiencias y emitir órdenes a tenor con sus resoluciones.
Cualquier decisión de la Junta Revisora de Subasta podrá ser apelada ante el Tribunal Superior dentro del término de treinta (30) días siguientes a la fecha de la Resolución.
Articulo 12.-Personal de la Administración La Administración constituirá un Administrador Individual para fines de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada.
No obstante lo anterior y a fin de asegurar la necesaria capacidad y flexibilidad operacional se le confieren las siguientes facultades:
a) La Administración podrá solicitar a la Oficina de Presupuesto y Gerencia la autorización para la creación y reclasificación de puestos transitorios, de duración fija, en el servicio de
carrera, cuando surja una necesidad inaplazable de personal adicional para atender situaciones excepcionales e imprevistas o de emergencia, tales como, aumentos periodicos en el volumen de trabajo, actividades especiales de corta duración, sustitución de empleados de carrera en disfrute de algún tipo de licencia con paga, para prestar servicios en proyectos especiales de duración determinada ya sean éstos sufragados con fondos estatales, federales o una combinación de ambos.
La duración de estos puestos no podrá ser mayor de un año. En el caso de proyectos especiales de duración determinada, se crearán por la duración del proyecto.
Los puestos transitorios se clasificarán usando los mismos criterios de clasificación de puestos de carrera y se asignarán a las clases contenidas en el plan de clasificación. b) La Administración podrá establecer métodos complementarios de compensación o de retribución basados en criterios medibles de productividad para los empleados con status regular de carrera y los de confianza. Las normas que a estos fines se adopten se establecerán mediante reglamento y no podrán tener el efecto de alterar las estructuras salariales vigentes, ni confligir, en su aspecto retributivo con la estructura salarial de la Administración. c) La Administración establecerá y mantendrá, con la colaboración y el asesoramiento de la Junta Consultiva, un programa de desarrollo educacional y adiestramiento para los recursos humanos de la Administración. d) En consonancia con la facultad que concede el inciso
(e) del Articulo 7 de esta ley, la Administración podrá contratar personal para realizar funciones altamente especializadas cuando sea imposible atender las necesidades de personal mediante el procedimiento ordinario de reclutamiento.
La Administración tendrá que someter al Secretario un informe escrito en el que se justifique la necesidad de reclutar estos servicios y en el que se haga constar que los servicios que se interesa obtener no pueden ser prestados por el personal con que cuenta la Administración o el Departamento. Será requisito indispensable que el Administrador obtenga la autorización previa del Secretario para llevar a cabo esta contratación. e) Cuando la conducta de un funcionario o empleado de la Administración no se ajuste a las normas establecidas, la autoridad nominadora impondrá la acción disciplinaria que corresponde.
f) Se podrá destituir o suspender de empleo y sueldo a cualquier empleado regular de carrera, previa la formulación de cargos por escrito. Toda formulación de cargos deberá estar precedida por una investigación administrativa mediante la cual se determinará si los hechos, a la luz de la evidencia obtenida, sostienen la necesidad de tomar dicha medida. Cuando la investigación de unos hechos se centra en un empleado en particular, éste tendrá derecho a permanecer en silencio y a no autoincriminarse.
Cuando la conducta del empleado envuelva uso ilegal de fondos públicos o cuando exista base razonable para creer que constituye un peligro real para la seguridad, la vida o la moral de la clientela o de los empleados de la Administración, o del pueblo en general, se le podrá suspender de empleo previo a la investigación. La investigación se efectuará sin demora y se tomará una determinación sobre la procedencia o improcedencia de la formulación de cargos a la brevedad posible.
La formulación de cargos le será notificada al empleado con una relación de los hechos que sostienen la acción disciplinaria y de las normas, reglas o leyes que han sido violadas por dicha conducta. Se le informará de su derecho a una vista administrativa informal para explicar su versión de los hechos, si la solicita dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la formulación de cargos.
Luego de la vista administrativa informal, o de transcurridos los quince (15) días sin solicitarla, la autoridad nominadora determinará la acción final que corresponda y la notificará al empleado. Si la decisión fuera destituir al empleado o suspenderlo de empleo y sueldo se le advertirá su derecho de apelación ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal dentro del término de treinta (30) días a partir del recibo de la notificación. Artículo 13.- La Administración establecerá y pondrá en vigor reglas y reglamentos con respecto a la custodia, uso y conservacion y disposición de los documentos, expedientes, papeles, archivos y comunicaciones relacionadas con los servicios que preste a la clientela que garanticen la naturaleza confidencial de los expedientes de menores. Disponiéndose que en los casos de documentos de naturaleza fiscal, su consef vación estará sujeta a la reglamentación del Departamento de Hacienda conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 5, aprobada el 8 de diciembre de 1955, según enmendada.
Ningún funcionario o empleado de la Administración o persona particular podrá solicitar, recibir, hacer uso de, divulgar, autorizar
ni permitir el uso de cualquier información concerniente a la clientela para otros propósitos que no sean relacionados con los fines de esta ley o de cualquier otra ley aplicable. Los infractores de esta disposición incurrirán en delito menos grave y convictos que fueren se les impondrá multa de quinientos (500) dólares o reclusión por un término no menor de diez (10) días ni mayor de tres (3) meses o ambas penas. La persona estará sujeta además a las medidas administrativas disciplinarias que contempla el inciso
(f) del Articulo 12.
Articulo 14.-Transferencias Se transfieren a la Administración todos los poderes, facultades y deberes que a esa fecha desempeñe u ostente la Secretaria Auxiliar de Centros de Tratamiento Social en relación a las instituciones y facilidades para detención, custodia y tratamiento social de la clientela así como de las obligaciones contraídas en virtud de contratos. Quedan igualmente transferidas las funciones y responsabilidades correspondientes al Secretario en virtud de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada.
Asimismo se dispone para la transferencia a la Administración de todo el personal, records, equipo, materiales, fondos disponibles, y el uso de las instituciones juveniles que estén siendo utilizadas por la Secretaría Auxiliar de Centros de Tratamiento Social en relación a las funciones transferidas y cualesquiera otras facultades y responsabilidades que ejerza el Secretario en relación a las instituciones antes descritas o a la clientela de dichas instituciones en virtud de leyes especiales.
Se ordena al Secretario de Transportación y Obras Públicas para que, previa solicitud del Secretario de Servicios Sociales, traspase a la Administración el uso de los terrenos y las estructuras propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que estén siendo utilizadas como instituciones juveniles. Se exceptúa de esta transferencia aquellas instituciones o facilidades que sean financiadas por la Autoridad de Edificios Públicos o que estén sujetas a alguna restricción o condición que impida el traspaso.
Artículo 15.- Los funcionarios y empleados transferidos a la Administración en virtud del Artículo 14 de esta ley conservarán todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, normas y reglamentos que les sean aplicables.
Sin menoscabo de lo anterior, se establece lo siguiente respecto al status de los empleados transferidos:
a) Los empleados que a la vigencia de esta ley estén ocupando puestos permanentes correspondientes al servicio de carrera, se transferirán con status regular de carrera.
b) Los empleados que a la vigencia de esta ley estén ocupando puestos transitorios o de duracion fija, correspondientes al servicio de carrera, se transferirán con status transitorio. c) Los empleados que a la vigencia de esta ley estén ocupando puestos permanentes correspondientes al servicio de confianza, se transferirán con status de confianza. d) Los empleados que a la vigencia de esta ley estén ocupando puestos correspondientes al servicio irregular, se transferirán con status irregular. e) La Administración estará autorizada para crear los puestos de directores de instituciones juveniles dentro del servicio de confianza. Las personas que se nombren al puesto de Director de Centro deberán pertenecer a una de las profesiones relacionadas con la conducta humana, poseerán experiencia en esas profesiones y estarán comprometidos con la defensa y aplicación de los principios de rehabilitación y resocialización de los menores. Los empleados que ocupan los referidos puestos, aunque conservarán sus derechos, podrán ser reubicados en otros puestos del Departamento o de la Administración que sean de similar jerarquia, remuneración y status.
Articulo 16.-El Secretario tendrá facultad para adoptar medidas transitorias y tomar las decisiones necesarias para que se efectúe la transferencia ordenada en virtud de esta ley sin que se afecten los servicios de las instituciones juveniles aqui transferidas.
El Secretario podrá tomar determinaciones provisionales en cuanto al personal de la Secretaria Auxiliar de Centros de Tratamiento Social transferido cuyas funciones comprendan otros servicios o programas del Departamento.
Los reglamentos aplicables a los servicios e instituciones juveniles transferidos en virtud de esta ley continuarán en vigor hasta que se adopten las normas y reglamentos necesarios para llevar a cabo los propositos de esta ley cuando no estén en conflicto con las disposiciones de ésta última.
Las transferencias ordenadas en virtud de esta ley no afectarán las obligaciones contractuales ni las acciones administrativas y reclamaciones judiciales que estén pendientes a su fecha de vigencia, las cuales continuarán tramitándose de conformidad con la legislación anterior.
Artículo 17.- Los fondos necesarios para llevar a cabo los propositos de esta ley durante el año fiscal 1988-89 fueron asignados al Departamento de Servicios Sociales y serán transferidos a la Administración en virtud de lo dispuesto en el Articulo 14 de esta
ley. A partir del año fiscal 1989-90 los fondos necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta ley se consignarán en el Presupuesto General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Artículo 18.- Esta ley comenzará a regir treinta (30) días después de su aprobación.
Presidente de la Cámara
Presidente del Senado
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO Office of Legislative Fennices CAPITOL BUILDING
August 28, 1990
Carlos R. García Jaunarena, Director of the Legal Division of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that he has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 154 (H.B. 1474) of the 4th Session of the 10th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:
AN ACT to create the Juvenile Institutions Administration; define its objectives; provide for its organization, powers and duties; create the Advisory Board to the Juvenile Institutions Administration; to transfer functions, facilities, personnel, property, funds and records to it; to provide that which is relative to its operational expenses and establish penalties,
and finds the same are complete, true and correct versions of each other.
Carlos R. García Jaunarena
P.O. BOX 3986, SAN JUAN, PUERTO RICO 00904 - TEL (809) 721-5200 - 723-4112
(NO. 154) (Approved August 5, 1988)
AN ACT
To create the Juvenile Institutions Administration; define its objectives; provide for its organization, powers and duties; create the Advisory Board to the Juvenile Institutions Administration; to transfer functions, facilities, personnel, property, funds and records to it; to provide that which is relative to its operational expenses and establish penalties.
STATEMENT OF MOTIVES
The Commonwealth's duty to render evaluation, diagnosis, rehabilitation and custodial services to minors who have been prosecuted by a competent court by virtue of Act No. 88 of July 9, 1986, as amended, requires that these services be rendered through a coordinated system which offers security and the most effective rehabilitation and resocialization of the minors in its custody.
The administrative structure and the norms, procedures in matters of equipment and maintenance of facilities, personnel, purchases, supplies and services presently required of the Department of Social Services make it difficult for such complex and diverse daily demands in the administration of Puerto Rico's juvenile facilities be promptly and efficiently handled through the Secretaryship of Social Treatment Centers.
It is thus imperative to create a government dependency whose primary function is the administration of such juvenile facilities and the most effective rendering of the rehabilitation and resocialization services to minors.
In order to achieve it, this Act creates the Juvenile Institutions Administration attached to the Department of Social Services and grants it the authority and faculties which will allow the greater administrative and operational efficiency needed to guarantee that the operation of juvenile institutions encourage the development, well being, rehabilitation and resocialization of transgressive minors.
BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO:
Section 1.- This Act shall be known as the Organic Act of the Juvenile Institutions Administration.
Section 2.- The following phrases and terms shall have the meaning expressed herein:
a) Administration - means the Juvenile Institutions Administration established by this Act.
b) Administrator - means the Administrator of the Juvenile Institutions Administration.
c) Juvenile Institutions or Institutions - means those residential institutions where minors are detained while the adjudication or disposition of their case is pending in Court; treatment centers operated by the Department of Social Services' Assistant Secretaryship for Social Treatment Centers where minors
are placed in order to receive evaluation, diagnostic and rehabilitation services after the disposition of the case by the Court, and those similar facilities established and operated by the Administration in the future. d) Secretary - means the Secretary of Social Services. e) Deparment - means the Department of Social Services. f) Clientele - means any minor detained pursuant to a Court Order and confined in a Detention Center, and any minor whose custody has been conferred by the Court to the Department of Social Services because he has incurred one or more violations. It also includes every transgressing minor subject to a conditional dictating measure and to the supervision of the Department. g) Advisory Board - means the Administration's Advisory Board.
Section 3.- The Juvenile Institutions Administration attached to the Department of Social Services, with the necessary capacity and administrative flexibility to operate juvenile institutions and programs under its jurisdiction efficiently, and provide its clientele and their families those specialized and integrated services that encourage positive behavioral changes, is hereby created.
Section 4.- The Administration shall be directed by an Administrator who shall be appointed by the Governor with the prior recommendation of the Advisory Board created pursuant to Section 10 of this Act. The person who holds the office of Administrator shall have sufficient experience and knowledge in the field of behavioral sciences
and administration, and must also be aware of and be committed to enforce public policy related to the juvenile justice system and the rehabilitation and resocialization of transgressing minors through the rendering of the necessary services.
The Administrator shall hold office at the Governor's will and until his successor is appointed. The Administrator's salary shall be fixed by the Advisory Board upon approval by the Governor.
The Administrator shall be the Administration's chief executive, will represent it in all acts and contracts which must necessarily be granted. This official shall carry out all the duties and powers conferred to the Administration as well as those responsibilities, faculties and authority conferred by this or any other Act, or delegated by the Secretary or the Advisory Board.
Section 5.- The Secretary shall establish the Administration's general policy through the adoption of rules that will include those guidelines he deems necessary to adequately comply with the provisions of this Act and of any other applicable acts.
The Secretary shall establish through administrative orders such norms and guidelines requiring operational and administrative coordination between the Administration and the Assistant Secretaryships, Regional Offices and the Department's Local Offices.
The Secretary shall be empowered to approve, amend and repeal the rules and regulations that are needed to comply with the purposes of this Act, subject to the provisions of Act No. 112 of June 30, 1957 as amended, known as the Regulations Act of 1958, as well as the internal
-5- regulations of the Administration and of the bodies created by virtue of this Act. The Administrator shall submit to the Secretary the proposed rules and regulations that in his judgement, should be approved, amended or repealed.
Section 6.- In order to comply with the objectives of this Act, the Administration shall have the following functions and faculties:
(a) Operate and administer existing juvenile institutions as well as those similar facilities or Community-based programs that are established in the future pursuant to the public policy of the Commonwealth of Puerto Rico, and the objectives and provisions of this Act and any other applicable statutes.
(b) Render to the clientele and their families those specialized integrated services that will encourage positive behavioral changes in conformity with the Commonwealth of Puerto Rico's public policy and the objectives and provisions of this Act and other applicable statutes.
(c) Determine the evaluation and treatment services that shall be rendered to the clientele, the institutions or community-based programs into which minors under its jurisdiction, custody or supervision shall be confined, transferred or assigned.
(d) Be responsible for the clientele's custody and safety as well as establishing and maintaining the proper security measures at juvenile institutions.
(e) Be responsible for establishing an effective program that facilitates the minor's discharge to his family and his community
in close coordination with the family services programs operated by the Department.
(f) Identify the system's disfunctional elements and take the appropriate urgent measures to attend to the causes of these problems and establish an orderly, integrated, secure and efficient operation of the juvenile institutions in its charge.
(g) Establish an integral planning and coordination program with the Departments of Health, Education, Sports and Recreation and Addiction Services, and with the other government bodies, public corporations, individuals and private entities, in order to render services to its clientele.
(h) Plan, implement and evaluate activities and services leading the promotion of the clientele's integral development and the modification of their antisocial conduct, thus expediting their return to the community as responsible and productive persons.
(i) Carry out scientific social research projects on technical and administrative aspects related to transgressing minors and the Juvenile Centers, with the purpose of searching for alternatives and establish programs that will help in complying with the objectives of this Act.
Section 7.- The Administration shall have all the necessary and convenient powers to carry out the purposes and provisions of this Act, including without it being understood as a limitation, the following:
(a) Adopt, alter and use an official seal of the Administration of which judicial notice shall be taken.
(b) Establish the Administration's internal organization, appoint a Deputy-Administrator who shall substitute for the Administrator in case of the temporary absence or resignation of the Administrator and designate the necessary assistant officials.
(c) Appoint, transfer and remove personnel pursuant to the provisions of this Act and of Act No. 5 of October 14, 1975 as amended, and fix and pay the corresponding compensation to the officials appointed or contracted by it. The persons appointed to the office of director shall belong to one of the professions related to human behavior, shall be experienced in them and shall be committed to the defense and application of the rehabilitation and resocialization principles to minors.
(d) Assign responsibilities and grant faculties to the Administration's personnel based on criteria that will allow a more effective use of the human resources taking into consideration the following factors, among others: (1) the needs of the service. (2) the rational assignment and distribution of functions. (3) the delegation of faculties in accordance with the responsibilities and duties. (4) the selection of the most qualified personnel and its placement in those functions that will allow the most effective rendering of services.
(e) Contract professional and advisory services subject to the provisions of subsection
(d) of Section 12 of this Act.
(f) Prepare and submit its budget request to the Office of the Budget and Management through the Secretary, and administer the budget and the funds appropriated to it by virtue of any Commonwealth or Federal laws whatsoever, or which it is charged with administering pursuant to Act No. 147 of June 18, 1980, and shall establish an accounting system pursuant the provisions of Act No. 230 of July 23, 1974 as amended, and the regulations that govern the accounting, administration and disbursement of public funds. It shall be the Administrator's responsibility to maintain a balanced budget pursuant to Act No. 147 of June 18, 1980 as amended.
(g) Request written authorization from the government agencies concerned for the assignment of employees to the Administration to collaborate with its functions.
(h) Accept and receive any donations or any other type of assistance in funds, assets or services from private persons or institutions and administer them pursuant to the terms of the donation and the law.
(i) Request and obtain aid or assistance in monies, assets or services from the Government of the Commonwealth of Puerto Rico or any of its agencies, public corporations or municipalities, pursuant to the applicable legislation, regulations, agreements or contracts.
(j) Administer any federal program which is related to the Administration's functions because of its nature, purpose and scope.
when it has been so designated by the Governor, the Secretary or the federal agency concerned.
In the exercise of this capacity he shall negotiate and handle the necessary agreements to carry out every effort for the Commonwealth of Puerto Rico to receive all the federal benefits and funds to carry out such programs, as well as to negotiate and enter into contracts and agreements with the corresponding government bodies of the various states, and the Federal Government, with respect to the exchange of information about programs, studies and investigations related to the functions entrusted to him by this Act, or delegated by the Secretary, as long as these contracts or agreements are authorized by the statutes of the Commonwealth of Puerto Rico.
(k) Acquire through donation, lease or purchase any equipment, materials, improved or non-improved personal or real property necessary for its operation and establish an efficient and agile system for preventive maintenance, conservation and improvement of the institutions, facilities, equipment, materials, properties and assets maintained or operated by it. (1) Establish its own purchasing and supply system necessary for an efficient and economic operation without it being subject to the provisions of Act No. 164 of July 23, 1974 as amended, in accordance with the principles outlined in said Act, and establish its own vehicle repair system through regulations without it being
subject to the legislation that regulates the Office of Transportation.
All supply and service contracts entered into by the Administration, except those for professional and consulting services, shall be made through competitive bidding pursuant to the procedure established by this Act and the regulations adopted by the Administrator. The bidding shall be carried out by an Auctions Board appointed by the Administrator. Members of the Auctions Board shall not carry out functions directly or indirectly related to the Administration's efforts for the acquisition of goods or services.
The Board shall reserve the right to adjudicate the winning bid in a formal auction based on considerations other than price, such as the quality of the equipment or materials, its availability for delivery and institutional needs, among others. The Board shall consign in writing in the auction's file, the reasons upon which its decision was based. The Auctions Board's decisions shall be reviewed by the Auction Review Board created by this Act.
The holding of a formal auction will not be necessary when the estimated expense for the works, acquisition or performance of the service does not exceed five thousand (5,000) dollars. The purchase of materials, articles, equipment and the securing of services that exceeds five hundred (500) dollars, but is no greater than five thousand (5,000) dollars, shall be carried out through informal
bidding in accordance with the process established through regulations to that effect.
Nor shall an auction be necessary when: (1) an emergency that menaces or endangers the welfare, safety or the rendering of services to the minors, requires immediate delivery of materials, articles or equipment, or the performance of the works or services, or (2) there is a need for spare parts, accessories, equipment or supplementary services for equipment or services previously supplied or contracted, or, (3) prices are not subject to variation because there is only one source of supply or are fixed by law.
In such cases the purchase of these materials, articles or equipment, or the acquisition of these services, may be done in the open market in the usual and customary business manner but through an informal bidding procedure.
(m) Grant and execute the necessary contracts and other instruments with the municipalities, departments, divisions, agencies and public instrumentalities and corporations of the Commonwealth of Puerto Rico, or with private persons or enterprises. The municipalities, departments, divisions, agencies and public instrumentalities and corporations of the Commonwealth of Puerto Rico are authorized to enter into contracts, and cooperate with the Administration in any other way, in order to facilitate the achievement of the objectives of this Act.
(n) Plan and develop, through the use of internal resources or external contributions, such programs and activities that, in addition to keeping the minor busy within the institution, will help him to develop, in the best possible measure, a sense of self-esteem and to acquire skills that will prepare him for a better integration into society, as well as to develop small commercial enterprises that will benefit the Administration and its clientele for the same purpose.
(o) Render services, technical assistance and facilitate the use of its real or personal property with or without compensation when it is necessary to achieve the purposes of this Act.
(p) Receive income for the use of facilities and institutions it operates and administers, as well as for the sale or distribution of the articles and goods produced by the enterprises and projects it promotes or sponsors and for the rendering of services, as well as handling the collection and recovery of those amounts it is entitled to, pursuant to the terms of the contracts signed by it or under any Federal statute or act of the Commonwealth of Puerto Rico.
(q) The second week of January of each year it shall submit a report to the Governor and the Legislature. This report shall include without it being understood as a limitation:
a) The Agency's organizational phase; the Administration's personnel, its training, experience and status.
b) Personnel under contract, specialty, contract duration, duties performed. Amount paid to each contractor. c) Constitution of multidisciplinary teams, evaluation of their intervention. d) Total of minors admitted during the year, monthly turnover, average stay, classification according to faults, recurrence. e) Description of educational, health, work and recreational programs and activities, and an evaluation thereof. f) Description of problems related to the custody of minors, measures taken and the results obtained. g) Description of the discharge plan, its achievements and difficulties in its implementation and recommendations. h) Coordination plans that have been carried out with other agencies and an evaluation of their effectiveness and of the existence of the Advisory Board to achieve the purposes of the coordination. i) Achievements, limitations and recommendations of the Administration.
(r) Advise the Secretary, the Governor, other government officials and the Legislature of Puerto Rico with regard to the administration and operation of the other areas of the juvenile justice system.
(s) Offer employees and officials an educational development and training program.
(t) Carry out all the necessary and convenient acts in order to effectively achieve the objectives of this Act.
Section 8.- Diagnosis, Classification and Treatment Center The Administration shall establish a Diagnosis, Classification and Treatment Center to evaluate every minor placed under the custody of the Administration in order to identify the reasons for their behavior, their capabilities, interests, motivations, controls and limitations; to classify them in order to place them in the corresponding institution, and determine an action plan for each case in harmony with the individualized treatment and public safety principles outlined in the purposes of this Act and of any other applicable statutes. Each Institution shall have a multidisciplinary group that includes professionals such as: social workers, psychologists, doctors, and others, preferably assigned full-time to the Institution, to carry out a continuous evaluation and treatment of the minors.
In order to fulfill this function, the Administration may also secure the services of officials and personnel from other public or private agencies through contracts or agreements executed to that effect in those cases where it is difficult to recruit full-time personnel.
Section 9.- The Administrator shall be responsible for performing the necessary coordinating actions between the Administration and the Departments of Justice, Health and Addiction Services, Education, and Recreation and Sports, to fulfill the public policy and the objectives of this Act, and of any other acts that might apply, in the shortest
time possible. He may also request and obtain the cooperation of other government agencies, including public corporations and municipalities.
The departments, agencies, public corporations and municipalities are hereby authorized to give whatever assistance and collaboration is necessary to achieve compliance with the objectives of this Act.
The Governor shall issue such executive orders and constitute such working groups or committees, composed of government officials and employees or private citizens, that will expedite and facilitate these interagency collaboration agreements.
It is hereby provided that the Humacao Juvenile Home shall be used to shelter orphan or unfortunate children who have not been classified as transgressors of the law.
Section 10.- Advisory Board to the Administration
The Advisory Board to the Administration is hereby created for the purpose of constituting a task force composed by the heads of those government agencies primarily responsible for offering direct services to the Administration's clientele, and by private citizens representing the public interest. It shall be a function of the Board to collaborate with the Secretary and the Administrator to ensure compliance with the objectives of this Act and expedite the coordinated efforts of the agencies primarily concerned with rehabilitation and resocialization of the clientele.
The Board may evaluate those matters related to the Administration's operation and functioning referred to it by the Administrator or the Secretary and formulate the recommendations it
deems proper to ensure compliance with the objectives of this Act and with any other acts that are applicable.
The Advisory Board shall be composed by the Secretary of Social Services, who will preside it, by the Secretaries of Education, Health, Addiction Services, and Justice, the Corrections Administrator and two (2) citizens appointed by the Governor. The citizens who are on the Board shall be persons of known interest, professional prestige and experience in the field of social work or the administration of a juvenile justice system.
In the case of resignation, removal, death or disability of the representatives of the public interest, the Governor shall appoint their successors who shall satisfy the requirements mentioned above.
The Governor shall appoint the two private citizens who shall be on the Advisory Board within thirty (30) days following the effective date of this Act.
The Advisory Board shall approve regulations for its internal operations. The regulations may authorize the reinbursement of expenses and payment of perdiems, that shall not exceed fifty (50) dollars for every Board meeting day they attend or during which they carry out official functions. The payment of perdiems shall be proper only for those Board members who are not public officials or employees.
In addition to the duties and responsibilities assigned by this Act or charged by the Administrator or the Secretary, the Advisory Board shall carry out the following functions:
- Receive and handle all those matters related to the operation and functioning of the Administration referred to it by the Administrator or the Secretary, and formulate those recommendations it deems to be in order pursuant to the purposes of this Act.
- Evaluate the Administration's functioning in order to formulate recommendations to the Administrator and the Secretary to achieve the objectives of this Act.
- Be responsible for permanently facilitating and maintaining the necessary coordination between the government agencies represented on the Board and the Administrator.
It shall be the duty of the Advisory Board to hold meetings at least once a month to attend to and evaluate matters of its concern.
Section 11.- Auction Review Board The Auction Review Board is hereby created to attend to and resolve the appeals filed by persons affected by the decisions of the Administration's Auction Board and review the decisions in the field of purchasing and supplies delegated to it by the Administrator or the Secretary. The Review Board shall also have the faculty to formulate recommendations to the Administrator or the Secretary with regard to the regulations in effect concerning purchasing and supplies.
The Auction Review Board shall be composed by three (3) persons of the highest moral stature and of known competence and experience in the matters this body will deal with. The members of the Review Board shall be appointed by the Administrator and they shall not have any
direct or indirect interest in the businesses or projects that do business with the Administration or with the Department, which are totally or partially financed by the Administration or the Department.
The Review Board shall evaluate and resolve the appeals filed by those persons affected by the decisions of the Auction Board. The affected person may file the appeals within the term of thirty (30) days following the date on which the adverse decision is notified. In the case of those other bodies related to the auction procedures whose decisions it is charged with reviewing, the term within which the affected person may file the appeal before this forum, shall be provided through an Administrative Order.
In order to carry out its charge, the Review Board may hold administrative hearings, receive testimony, summon witnesses, request the presentation of books, documents and any other evidence, receive and examine it and any other pertinent evidence, regulate the hearings and issue orders pursuant to its resolutions.
Any Resolution of the Auction Review Board may be appealed before the Superior Court within the term of thirty (30) days following the date of the Resolution.
Section 12.- The Administration's Personnel The Administration shall be constituted as an Individual Administrator for the purposes of Act No. 5 of October 14, 1975 as amended.
Not withstanding the above and in order to ensure the necessary capacity and operational flexibility, the following faculties are hereby granted to it:
a) The Administration may request the Office of Budget and Management for authority to create and reclassify transitory, fixed duration and career service positions, when an unpostponable need for additional personnel arises to attend to exceptional and unforseen or emergency situations such as, periodic work load increases, short-term special activities, substitution of career employees enjoying some type of paid leave, to render services in special projects of a specific duration whether defrayed with Commonwealth or Federal funds, or a combination thereof.
The duration of these positions shall not exceed one year. In the case of special projects of a specific duration, they shall be created for the duration of the project.
Transitory positions shall be classified using the same career positions classification criteria and shall be assigned to the classes included in the classification plan. b) The Administration may establish complementary compensation or retribution methods, based on measurable productivity criteria, for employees with a regular career status or those in positions of trust. Norms adopted for these purposes shall be established through regulations, and shall not have the effect of altering the salary structures presently in effect, nor be in conflict in their retributive aspect with the Administration's salary structure.
c) The Administration shall establish and maintain an educational development and training program for the Administration's human resources with the Advisory Board's collaboration and advice. d) In accordance with the powers granted by subsection
(e) of Section 7 of this Act, the Administration may contract personnel to carry out highly-specialized functions whenever it is impossible to attend to personnel needs through the regular recruitment process.
The Administration shall submit a written report to the Secretary that justifies the need to recruit these services and which states that the services for which there is an interest cannot be provided by the personnel available in the Administration or the Department. The Administrator must obtain the Secretary's prior authorization as an indispensable requirement to execute such a contract. e) Whenever the conduct of an employee or official of the Administration is not in accordance with the established norms, the nominating authority shall impose the corresponding disciplinary action. f) Any regular career employee may be dismissed or suspended from employment and salary after filing charges in writing. Every filing of charges must be preceded by an administrative investigation that will determine whether the facts sustain the need for such a measure in the light of the evidence obtained. When the investigation of facts is centered on a particular
employee, he will have the right to remain silent and not to incriminate himself.
When the employee's conduct involves the illegal use of public funds, or when there are reasonable grounds to believe that it constitutes a real danger to the safety, life or morals of the clientele, or the Administration's employees, or the people in general, he may be suspended from work prior to the investigation. The investigation will be carried out promptly and a determination as to whether the filing of charges was justified or not shall be made as soon as possible.
The employee shall be notified of the filing of charges along with a summary of the facts upon which the disciplinary action is based, and the norms, rules or acts violated by such conduct. He shall be informed of his right to an informal administrative hearing to explain his version of the facts, if he requests it within fifteen (15) days following the notice of the filing of charges.
After the informal administrative hearing, or if the fifteen (15) days have elapsed without it being requested, the nominating authority shall determine the corresponding final action and shall advise the employee thereof. If the final decision is to dismiss the employee or suspend him from salary and employment, he will be advised of his right to appeal before the Board of Appeals of the Personnel Administration System within thirty (30) days after having received notice thereof.
Section 13.- The Administration will establish and put in effect rules and regulations with respect to the custody, use, conservation and disposal of documents, records, papers, files and communications related to services rendered to the clientele that guarantee the confidential nature of the minor's records. Provided, that in cases of documents of a fiscal nature, their conservation shall be subject to Treasury Department regulations pursuant to the provisions of Act No. 5, approved December 8, 1955, as amended.
No Administration official, employee or individual may request, receive, make use of, disclose nor allow the use of any information concerning the clientele for other purposes not related to the purposes of this Act or any other applicable act. Violators of this provision shall incur a misdemeanor and if convicted, shall be fined five hundred (500) dollars, or imprisoned for a term of not less than ten (10) days nor more than three (3) months, or both penalties. The person shall also be subject to the administrative disciplinary measures contemplated by subsection
(f) of Section 12.
Section 14.- Transfers All the powers, faculties, and duties carried out or held to date by the Assistant Secretaryship for Social Treatment Centers related to the institutions and facilities for the clientele's detention, custody and social treatment, as well as the obligations contracted by virtue of agreements, are hereby transfered to the Administration. The functions and responsibilities corresponding to the Secretary by virtue
of Act No. 88 of July 9, 1986 as amended, are likewise transferred hereby.
It is also hereby provided for the transfer to the Administration of all the personnel, records, equipment, materials, available funds and the use of juvenile institutions that are being used by the Assistant Secretaryship for Social Treatment Centers with relation to the transferred functions and any other faculties and responsibilities related to the heretofore described institutions or the clientele thereof, exercised by the Secretary by virtue of special statutes.
The Secretary of Transportation and Public Works is hereby directed to transfer to the Administration, upon the request of the Secretary of Social Services, the use of the lands and structures owned by the Commonwealth of Puerto Rico that are being used as juvenile institutions. Those institutions or facilities financed by the Public Buildings Authority or subject to any restriction or condition that hinders the transfer, are hereby exempted from this transfer.
Section 15.- Officials and employees transferred to the Administration by virtue of Section 14 of this Act shall retain all rights acquired pursuant to the applicable laws, norms and regulations.
Without impairing the above, the following is hereby established with respect to the status of the transferred employees:
a) Employees holding permanent positions coresponding to the career service upon the effectiveness of this Act shall be transferred with a regular career status.
b) Employees holding transitory or fixed duration positions corresponding to the career service upon the effectiveness of this Act shall be transferred with a transitory status. c) Employees holding permanent positions corresponding to service of trust shall be transferred with a status of trust.
(d) Employees who are holding positions corresponding to the irregular service shall be transferred with and irregular status. e) The Administration shall be authorized to create the position of juvenile institutions director within the service of trust. A person who is appointed to the position of Director of the Center must belong to one of the professions related to human conduct, shall have experience in the profession and be committed to defend and apply the principles of rehabilitation and resocialization of minors. Employees holding these positions, may be relocated to other Department or Administration positions of similar rank, renumeration and status even though they will retain their rights.
Section 16.- The Secretary shall be empowered to adopt transitory measures and make the necessary decisions so that the transfer directed by virtue of this Act is carried out without affecting the services of the juvenile institutions transferred herein.
The Secretary may make provisional determinations with regard to personnel transferred from the Assistant Secretaryship for Social Treatment Centers whose functions encompass other programs or services of the Department.
Until the norms and regulations needed to carry out the purposes of this Act are adopted, the regulations that apply to juvenile institutions and services transferred by virtue of this Act shall continue in effect when they are not in conflict with the provisions of the latter.
The transfers directed by virtue of this Act shall not affect the contractual obligations nor the administrative actions and judicial claims pending on its effective date which shall continue to be processed in conformity with previous legislation.
Section 17.- The funds needed to carry out the purposes of this Act during the 1988-89 fiscal year were appropriated to the Department of Social Services and shall be transferred to the Administration pursuant to the provisions of Section 14 of this Act. As of fiscal year 1989-90 the funds needed to carry out the purposes of this Act shall be consigned in the General Budget of the Commonwealth of Puerto Rico.
Section 18.- This Act shall take effect thirty (30) days after its approval.