Ley 149 del 1988
Resumen
Esta ley adiciona un inciso (7) al Artículo 18 de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, conocida como "Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular". Tipifica como apropiación ilegal la enajenación, adquisición o desmantelamiento de un vehículo de motor sujeto a contratos de venta condicional, arrendamiento financiero o préstamos con garantía, sin el consentimiento escrito de la institución financiera o acreedor, con la intención de defraudar y evadir el pago de deudas u obligaciones. Establece penalidades de reclusión y restitución para estas acciones.
Contenido
(P. del S. 1431) (Conferencia)
Para adicionar un inciso (7) al Artículo 18 de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, conocida como "Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular" a fin de disponer que constituirá apropiación ilegal la enajenación o adquisición de un vehículo de motor con la intención de defraudar a la companía financiera o al comprador subsiguiente y liberarse del pago de la deuda o de las obligaciones existentes o el desmantelamiento de un vehículo de motor sujeto a un contrato de venta condicional, de arrendamiento financiero u otro tipo de préstamo sin el consentimiento escrito del vendedor condicional, del acreedor o de la institución financiera y disponer penalidades.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Aunque la venta condicional constituye el medio más generalizado en Puerto Rico para facilitar el financiamiento en la compra de vehículos de motor, en los últimos años se ha observado una marcada tendencia hacia la utilización del contrato de arrendamiento y otros tipos de préstamos con garantía para financiar este tipo de transacciones.
La Ley Núm. 61 de 13 de abril de 1916, según enmendada, conocida como "Ley de Venta Condicional", regula y provee garantias en cuanto al contrato de venta condicional de un vehículo de motor. En el caso de contrato de arrendamiento financiero, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció que se trata de una nueva modalidad de financiamiento que, por no ser regulado especialmente, se rige por el principio de autonomia contractual que contiene el Artículo 1207 del Código Civil. Meyers Bros. v. Gelco, 114 D.P.R. 116 (1983).
Tanto la Ley de Ventas Condicionales como la jurisprudencia reconocen el interés propietario de las instituciones financieras sobre los vehículos de motor que éstas financian bajo los tipos de contratación antes aludidos.
Asimismo cabe destacar la adquisición de vehículos de motor mediante préstamos en garantía que generan también un interés económico del acreedor sobre dicho vehículo.
No obstante, este interés queda frustrado cuando estos vehículos de motor son vendidos o traspasados a terceros adquirentes con la intención de defraudar a las companias financieras o a los acreedores, sin el consentimiento de éstos y dejando de cumplir con
el pago de la deuda o de las obligaciones existentes a cambio de sustanciales beneficios económicos dentro del trasiego ilegal de vehículos de motor. De esta forma, se menoscaba el interés propietario de los acreedores, se engaña a futuros adquirentes de dichos vehículos y se promueve la apropiación ilegal y otras actividades delictivas.
En lo que se refiere al desmantelamiento de un vehículo de motor sujeto a estos tipos de contratos, basta que el mismo se realice sin el consentimiento de la entidad financiera o acreedor para penalizarlo, pues ello produce la desaparición del vehículo como objeto cierto materia del contrato.
La presente medida tiene el propósito de prevenir y evitar esta actividad ilicita, tipificando como delito la enajenación o adquisición con la intención de defraudar y liberarse del pago de la deuda o de las obligaciones existentes o el desmantelamiento de estos vehículos de motor sin el consentimiento escrito de la institución financiera o del acreedor.
Debe quedar claro que esta tipificación no incluye aquellas transacciones de buena fe que cotidianamente llevan a cabo los consumidores para formalizar traspasos legitimos de los vehículos de motor que éstos adquieren aún cuando no siempre les sea posible obtener el traspaso y el consentimiento de la institución financiera.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1.- Se adiciona un inciso (7) al Artículo 18 de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, para que se lea como sigue:
Artículo 18.- Apropiación Ilegal de Vehículo-Medidas Penales Especiales
Toda persona que ilegalmente se apropiare sin violencia ni intimidación de algún vehículo de motor, perteneciente a otra persona, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de cinco (5) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de doce (12) años, de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de tres (3) años. El tribunal podrá imponer la pena de restitución en adición a la pena de reclusión establecida.
Se entenderá que la apropiación es ilegal en cualquiera de las siguientes circunstancias, cuando la persona:
- ......................................................
- Venda, compre o en alguna forma enajene o adquiera el vehículo con la intención de defraudar a la compania financiera o al comprador subsiguiente y liberarse de la deuda o del cumplimiento de las obligaciones existentes o cuando desmantele o permita que otra persona desmantele un vehículo que esté sujeto a un contrato de venta condicional, de arrendamiento financiero, o a algún otro tipo de préstamo con garantia, sin el consentimiento escrito del vendedor condicional, del acreedor o de la institución financiera. Artículo 2.- Esta ley comenzará a regir treinta (30) días después de su aprobación.
Presidente del Senado
Presidente de la Cámara
CERTIFICO: que es copia fiel y exacto del original aprobado y firmado por el Gohornador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el dia 4.... de Goytanta.... de 1932....
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO Office of Legislative Fenoices CAPITOL BUILDING
December 21, 1990
Carlos R. García Jaunarena, Director of the Legal Division of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that he has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 149 (S.B. 1431) (Conference) of the 4th Session of the 10th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:
AN ACT to add a subsection (7) to Section 18 of Act No. 8 of August 5, 1987, known as the "Act for the Protection of Vehicular Property", for the purpose of providing that the alienation or acquisition of a motor vehicle with the intention of defrauding a financial company or subsequent buyer, thus freeing himself from the payment of debts or existing obligations, etc.,
and finds the same are complete, true and correct versions of each other.
Carlos R. García Jaunarena
P.O BOX 3986, SAN JUAN, PUERTO RICO 00904 - TEL (809) 721-5200 - 723-4112
(S.B. 1431) (Conference) (No. 149) (Approved August 4, 1988)
AN ACT
To add a subsection (7) to Section 18 of Act No. 8 of August 5, 1987, known as the "Act for the Protection of Vehicular Property", for the purpose of providing that the alienation or acquisition of a motor vehicle with the intention of defrauding a financial company or subsequent buyer, thus freeing himself from the payment of debts or existing obligations, or dismantling a motor vehicle subject to a conditional sales or financing lease contract or any other type of loan, without the written consent of the conditional salesman, creditor or financing institution shall constitute illegal appropriation; and to provide penalties.
STATEMENT OF MOTIVES
Although conditional sales constitute the most popular means to facilitate financing in Puerto Rico to purchase motor vehicles, a marked tendency towards the use of lease contracts and other type of secured loans have arisen to finance this type of transaction in recent years.
Act No. 61 of April 13, 1916, as amended, known as the "Conditional Sales Act" regulates and provides guarantees with regard to the conditional sales contract of a motor vehicle. In the case of the
financial lease contract, the Supreme Court of Puerto Rico recognized that it is a new financing modality which, since it is not specially regulated, it is governed by the principle of contractual autonomy contained in Article 1207 of the Civil Code. Meyers Bros. vs. Gelco, 114 D.P.R. 116 (1983).
The Conditional Sales Act as well as our jurisprudence acknowledge the proprietary interest of the financing institutions on the motor vehicles they finance under the abovementioned types of contracts.
Likewise, the acquisition of motor vehicles through secured loans that also generate an economic interest on the part of the creditor on said vehicle must be emphasized.
Nevertheless, this interest is thwarted when these motor vehicles are sold or transferred to third buyers with the intention of defrauding financing companies or creditors without their consent, thus failing to comply with the payment of existing debts or obligations in return for substantial financial benefits within the illegal trafficking of motor vehicles. This way, the proprietary interest of the creditors is impaired, future buyers of said vehicles are deceived, and illegal appropriation as well as other criminal activities are promoted.
With regard to the dismantling of a motor vehicle subject to this types of contracts, it suffices that the same is carried out without the consent of the financing entity or creditor to penalize it, because it causes the disappearance of the vehicle as the true object of the contract.
This measure has the purpose of preventing and avoiding this illicit activity, by typifying as crime the alienation or acquisition of these motor vehicles with the intent of defrauding and being liberated from the payment of existing debts and obligations, or dismantling them without the written consent of the financing institution or creditor.
It must be emphasized that this typification does not include those bonafide transactions that consumers perform each day to make legal transfers of the motor vehicles they acquire, even when it is not always possible for them to obtain the transfer and consent of the financing institution.
BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO:
Section 1.- A subsection (7) is hereby added to Section 18 of Act No. 8 of August 5, 1987, to read as follows:
Section 18.- Illegal appropriation of vehicle - Special penal measures
Any person who appropriates a motor vehicle belonging to another person illegally, without violence or intimidation, shall be sanctioned with imprisonment for a fixed term of five (5) years. If there are aggravating circumstances, the fixed penalty established may be increased to a maximum of twelve (12) years, if there are extenuating circumstances, it may be reduced to a minimum of three (3) years. The Court may impose the penalty of restitution in addition to the established penalty of imprisonment.
It shall be understood that the appropriation is illegal in any of the following circumstances when the person:
- Sells, purchases, or in any other fashion alienates or acquires the vehicle with the intent of defrauding the financing company or the subsequent buyer, and being liberated of the debt or from complying with the existing obligations, or when he dismantles or allows another person to dismantle a vehicle which is bound to a conditional sale, or a financing lease contract, or any other type of secured loan, without the written consent of the conditional seller, the creditor or the financing institution.
Section 2.- This Act shall take effect thirty (30) days after its approval.