Ley 125 del 1988
Resumen
La Ley No. 125 de 1988 enmienda la Regla 4.4(g) de Procedimiento Civil para el Tribunal General de Justicia de 1979. Esta enmienda establece como requisito indispensable que, en todos los pleitos instados contra funcionarios o instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (que no sean corporaciones públicas), el demandante entregue copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario de Justicia. El propósito es clarificar el alcance de la regla y reafirmar la función del Secretario de Justicia como representante legal del Gobierno de Puerto Rico.
Contenido
(P. del S. 1531)
Para enmendar el inciso
(g) de la Regla 4.4 de Procedimiento Civil para el Tribunal General de Justicia de 1979, según enmendadas, a fin de disponer que en todos los pleitos que se insten contra funcionarios o instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que no fueren corporaciones públicas será requisito indispensable que el demandante entregue al Secretario de Justicia copia del emplazamiento y de la demanda.
EXPOSICION DE MOTIVOS
A tenor con lo dispuesto en los Artículos 48 y 64 del Código Político del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según enmendado, la representación legal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante los tribunales de justicia en casos civiles y criminales está encomendada al Secretario de Justicia. Este también podrá asumir la representación de cualquier funcionario público que demandare o fuere demandado en su capacidad oficial.
La Regla 4.4(g) de las de Procedimiento Civil para el Tribunal General de Justicia de 1979, según enmendadas, dispone que el emplazamiento y la demanda se diligenciarán conjuntamente a un funcionario o a una instrumentalidad del Estado Libre Asociadode Puerto Rico, que no fuere una corporación pública, entregando copia del emplazamiento y de la demanda a dicho funcionario o al jefe ejecutivo de dicha instrumentalidad y al Secretario de Justicia o a una persona designada por éste.
Hasta 1981 no hubo duda en cuanto a la aplicación de esta regla. En este año nuestro Tribunal Supremo resuelve el caso de Corujo Collazo v. Viera Martinez, 111 D.P.R. 556, y determina que el hecho de que el demandado sea funcionario del Estado no produce automáticamente la aplicación del requisito dispuesto en la Regla 4.4(g) de las de Procedimiento Civil.
Como consecuencia de la determinación en el caso de Corujo Collazo v. Viera Martinez, ha surgido confusión en torno a la aplicación y alcance de la Regla 4.4(g) de las de Procedimiento Civil.
Al presente algunos tribunales de primera instancia entienden que no es requisito la notificación y el diligenciamiento de la demanda y emplazamiento al Secretario de Justicia en los casos
contra funcionarios e instrumentalidades del Estado Libre Asociado. Sin embargo otros señalan que en aquellos casos en que aparezcan como demandados funcionarios o instrumentalidades del Estado Libre Asociado siempre hay que notificar al Secretario de Justicia y aplica la Regla 4.4(g). Otros han determinado que dicha regla sólo aplica a las acciones contra el Estado Libre Asociado y limitada a la Rama Ejecutiva. A su vez otros consideran que la Regla 4.4(g) se refiere a acciones contra funcionarios por actos oficiales.
Es necesario por lo tanto enmendar la Regla 4.4(g) de las de Procedimiento Civil a fin de precisar el alcance y aplicación de la misma. De esta forma se evitará que continúen surgiendo conflictos en torno a la aplicabilidad de la misma. A estos efectos la medida propone clarificar el ámbito del requisito de notificación al Secretario de Justicia dispuesto en la Regla 4.4(g) y reafirmar la doctrina vigente en Puerto Rico desde el año 1922 en cuanto a la función esencial del Secretario de Justicia como representante legal del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias y funcionarios.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1.- Se enmienda el inciso
(g) de la Regla 4.4 de Procedimiento Civil para el Tribunal General de Justicia de 1979, según enmendadas, para que se lea como sigue: "REGLA 4.4.-Diligenciamiento personal El emplazamiento y la demanda se diligenciarán conjuntamente. El demandante proporcionará a la persona que haga el diligenciamiento las copias necesarias. Dicha persona, al entregar la copia del emplazamiento, hará constar al dorso de aquélla sobre su firma, la fecha y el lugar de dicha entrega y el nombre de la persona a quien se hizo la misma. El diligenciamiento se hará de la manera siguiente:
(a) (g) A un funcionario o a una instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no fuere una corporación pública, entregando copia del emplazamiento y de la demanda a dicho funcionario o al jefe ejecutivo de dicha instrumentalidad. Además será requisito indispensable que en todos los pleitos que se insten contra un funcionario o una instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no fuere una corporación pública, el demandante entregue copia del emplazamiento y de la
demanda al Secretario de Justicia o a la persona que éste designe. Si la instrumentalidad fuere una corporación pública, entregando las copias a tenor con lo dispuesto en la Regla 4.4(e)." Artículo 2.- Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.
Presidente del Senado
Presidente de la Cámara
Eirgartamento de Estado CERTIFICO: que es copia fiel y oxacta dal orlginel nprobado y fir. modo por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el dia 21... de jachat.... de 19 38:
Lunder RePrelumi
Secretario Auxiliar de Estado de Puerto Riso
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO Office of Legislative Peraices CAPITOL BUILDING
May 1, 1990
Carlos R. García Jaunarena, Director of the Legal Division of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that he has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 125 (S.B. 1531) of the 4th Session of the 10th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:
AN ACT to amend subsection
(g) of Rule 4.4 of Civil Procedure of the General Court of Justice of 1979, as amended, for the purpose of providing that in all suits filed against officers or agencies of the Commonwealth of Puerto Rico other than public corporations, it shall be an essential requirement for the plaintiff to deliver a copy of the summons and of the complaint to the Secretary of Justice,
and finds the same are complete, true and correct versions of each other.
Carlos R. García Jaunarena
P.O BOX 3986, SAN JUAN, PUERTO RICO 00904 - TEL (809) 721-5200 - 723-4112
(NO. 125) (Approved July 21, 1988)
AN ACT
To amend subsection
(g) of Rule 4.4 of Civil Procedure of the General Court of Justice of 1979, as amended, for the purpose of providing that in all suits filed against officers or agencies of the Commonwealth of Puerto Rico other than public corporations, it shall be an essential requirement for the plaintiff to deliver a copy of the summons and of the complaint to the Secretary of Justice.
STATEMENT OF MOTIVES
In harmony with the provisions in Sections 48 and 64 of the Political Code of the Commonwealth of Puerto Rico, as amended, the legal representation of the Commonwealth of Puerto Rico before the courts of justice in criminal and civil cases shall be entrusted to the Secretary of Justice. He may also assume the representation of any public officer who files suit or against whom, a suit is filed in his official capacity.
Rule 4.4(g) of Civil Procedure of the General Court of Justice of 1979, as amended, provides that the summons and complaint shall be served together to an officer or an agency of the Commonwealth of Puerto Rico other than a public corporation, by delivering a copy of
the summons and of the complaint to said officer or chief executive officer of said agency and to the Secretary of Justice or to a person designated by him.
Up to 1981 there was no doubt with regard to the applicability of this Rule. That year, our Supreme Court resolved the Corujo Collazo v. Viera Martínez case, 111 P.R.R. 556, and determined that the fact that the defendant is an officer of the Commonwealth does not automatically produce the application of the requirement provided in Rule 4.4(g) of Rules of Civil Procedure.
As a result of the determination in the case of Corujo Collazo v. Viera Martínez, some confusion has arisen with regard to the application and scope of Rule 4.4(g) of the Rules of Civil Procedure.
At present, some courts of first instance consider that service of complaint and summons to the Secretary of Justice is not required in cases against officers and agencies of the Commonwealth of Puerto Rico. However, others point out that in those cases where officers or agencies of the Commonwealth of Puerto Rico appear as defendants, the Secretary of Justice must be notified at all times and Rule 4.4(g) applies. Others have determined that said Rule only applies to the actions filed against the Commonwealth of Puerto Rico and shall be of exclusive application to the Executive Branch. Others, in turn, consider that Rule 4.4(g) refers to actions filed against officers for official acts.
Therefore, it is necessary to amend Rule 4.4(g) of the Rules of Civil Procedure in order to determine its scope and application. In
this way, future conflicts with regard to its applicability shall be avoided. To such effects, the measure intends to clarify the scope of the requirement to notify the Secretary of Justice provided in Rule $4.4(\mathrm{~g})$ and reassert the doctrine in force in Puerto Rico since 1922, with respect to the essential duty of the Secretary of Justice as legal representative of the Government of Puerto Rico, its agencies and its officers.
BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO:
Section 1.- Subsection
(g) of Rule 4.4 of the Rules of Civil Procedure for the General Court of Justice of 1979, as amended, is hereby amended to read as follows: "RULE 4.4.- Personal service The summons and complaint shall be served together. The plaintiff shall furnish the persons making service with the necessary copies. The process server, upon delivering copy of the summons, shall make proof of service on the back of the same, writing above his signature the date and place of the service and the name of the person upon whom service was made. Service shall be made as follows:
(a) (g) Upon an officer or agency of the Commonwealth of Puerto Rico other than a public corporation by delivering a copy of the summons and of the complaint to said officer or to the chief executive of said agency. Furthermore, it shall be an indispensable requirement that in all suits filed against an officer or agency of the Commonwealth of Puerto Rico other
than a public corporation, the plaintiff shall deliver a copy of the summons and of the complaint to the Secretary of Justice or to the person designated by him. If the agency is a public corporation, by delivering the copies pursuant to the provisions in Rule 4.4(e)."
Section 2.- This Act shall take effect immediately after its approval.