Ley 30 del 1987
Resumen
Esta ley adiciona la Regla 26-A a las Reglas de Evidencia de 1979 para establecer el privilegio de confidencialidad en las comunicaciones entre una víctima de delito y su consejero. Su objetivo es proteger la salud emocional y psicológica de las víctimas, asegurando que la información compartida durante la consejería se mantenga confidencial y no sea divulgada en procesos legales sin su permiso, salvo excepciones específicas. La ley define términos clave como 'comunicación confidencial', 'víctima' y 'consejero', y detalla cómo se invoca y renuncia a este privilegio.
Contenido
(P. del S. 1115)
LEY
Para adicionar la Regla 26-A a las Reglas de Evidencia de 1979, según enmendadas, con el fin de establecer el privilegio de la confidencialidad de la comunicación entre la victima de delito y su consejero.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El daño emocional causado a la victima de delito es generalmente mayor que el daño físico sufrido. Los servicios de consejería son por lo general, la forma en que las victimas y su familia pueden sobrellevar el trauma psicológico que dichas experiencias suelen causar. Durante el proceso de consejería se discuten abiertamente las reacciones y sentimientos de la victima sobre el crimen cometido contra ésta. Dichas reacciones y sentimientos están muy relacionadas con sus historias personales y su perfil psicológico. Por ello, la consejería a las víctimas de delito y sus familias es más exitosa, cuando las victimas están seguras de que sus pensamientos y sentimientos se mantendrán en confidencia y no se divulgarán sin su permiso.
Por lo tanto, por ser política pública del Estado Libre Asociado el mantener y fomentar la salud fisica y mental de la ciudadanía y proveer protección y asistencia a las víctimas y testigos de delito en los procesos judiciales se establece el privilegio sobre la confidencialidad de la comunicación entre la victima de delito y su consejero y se declara que la misma es inmune a cualquier descubrimiento de prueba que sea parte de un proceso legal.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1.- Se adiciona la Regla 26-A a las Reglas de Evidencia de 1979, según enmendadas, para que lea:
Regla 26-A Relación consejero y víctima de delito (A) Según usadas en esta regla, las siguientes expresiones tendrán el significado que a continuación se indica: (1) Comunicación confidencial - cualquier comunicación habida entre la victima de delito y su consejero, ya fuere en privado o ante un tercero cuya presencia es
necesaria para que se establezca comunicación entre la victima y el consejero o para facilitar los servicios de consejeria que necesita la victima, cuando tal información se divulga durante el curso del tratamiento que ofrece el consejero para atender una condición emocional o psicológica de la victima producida por la comisión del delito y que se hace bajo la confianza de que ésta no será divulgada a terceras personas. (2) Victima - persona que ha sufrido daño emocional o sicológico como consecuencia de la comisión de un delito que acude a un consejero o a un centro de ayuda y consejería para obtener asistencia o tratamiento. (3) Consejería - la asistencia, el diagnóstico o tratamiento of recido a la victima para aliviar los efectos adversos, emocionales o psicológicos causados a consecuencia de la comisión del delito. Incluye, pero no está limitada, a tratamiento en periodo de crisis emocional o mental. (4) Centro de ayuda y consejería - cualquier persona o entidad privada o gubernamental que tiene como uno de sus principales propósitos ofrecer tratamiento y ayuda a las victimas de delito. (5) Consejero - toda persona autorizada, certificada o licenciada debidamente por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico a realizar funciones de consejero, orientador, consultor, o terapeuta o cualquier empleado o voluntario supervisado de un centro de ayuda y consejería que brinde tratamiento y ayuda a victimas de delito. (B) Sujeto a lo dispuesto en esta regla, toda victima de delito, sea o no parte en el pleito, o acción, tiene el privilegio de rehusar revelar y de impedir que otro revele una comunicación confidencial entre la victima y el consejero, si cualquiera de ellos razonablemente creian que la comunicación era necesaria para el tratamiento y la ayuda requerida. El privilegio puede ser invocado no sólo por su poseedor, sino también por una persona autorizada por la victima, un representante legal o por el consejero a quien se hizo la comunicación. (C) Sujeto a lo dispuesto en esta regla ni el consejero ni la victima, sean o no parte en el pleito o acción, podrán ser
requeridos para que informen el nombre, dirección, localización o número telefónico de una casa de auxilio, refugio u otra facilidad que brinde refugio temporero a victimas de delito, a menos que la facilidad en cuestión sea parte en la acción. (D) El hecho de que una victima testifique en el tribunal acerca del delito no constituye una renuncia del privilegio. (1) No obstante lo anterior, si como parte de este testimonio la victima revela parte de la comunicación confidencial se entenderá que renuncia al privilegio en cuanto a esa parte del testimonio solamente. (2) Cualquier renuncia al privilegio se extenderá únicamente a aquello que sea necesario para responder a las preguntas que formule el abogado concernientes a la comunicación confidencial y que sean relevantes a los hechos y circunstancias del caso. (E) La victima no podrá renunciar al privilegio por medio de su abogado. No obstante lo anterior, si la victima insta acción por impericia profesional contra el consejero o contra el centro de ayuda y consejería en el cual el consejero está empleado o sirve como voluntario supervisado, dicho consejero podrá declarar sin sujeción al privilegio y no será responsable por tal declaración.
Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
Presidente del Senado
Presidente de la Cámara
Departamento de Estado CERTIFICO: que es copia fial y exncta del original aprobado y fir. modo por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el dia 19... de faur de 1987.
Lambe da Rulama Secretaria Auxiliar de Estado de Puerto Rico
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO Office of Legislative Sernices CAPITOL BUILDING
Juan R. Melecio DIRECTOR
December 9, 1987
Juan R. Melecio, Director of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that he has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 30 (S.B. 1115) of the 3rd Session of the 10th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:
AN ACT to add Rule 26-A to the Rules of Evidence of 1979, as amended, to establish the privilege of confidential communication between the victim of a crime and his/her counselor,
and finds the same are complete, true and correct versions of each other.
Juan R. Melecio
P.O. BOX 3986, SAN JUAN, PUERTO RICO 00904 - TEL. (809) 721-5200 - 723-4112
(S.B. 1115)
(No. 30)
(Approved June 19, 1987)
AN ACT
To add Rule 26-A to the Rules of Evidence of 1979, as amended, to establish the privilege of confidential communication between the victim of a crime and his/her counselor.
STATEMENT OF MOTIVES
The emotional damage caused to a crime victim is usually greater than the physical damage suffered by the person. The counseling services are, most of the time, the means used by the victims and their families to deal with the psychological trauma that these experiences frequently cause. During the counseling process, the reactions and feelings of the victim with respect to the crime committed against the person is openly discussed. These reactions and feelings are closely related to their personal experiences and their psychological profile. Therefore, the counseling therapy to crime victim and their families would be more successful if the victims could rest assured that their expressions and feelings will be kept confidential and will not be disclosed without their consent.
Thus, being it the public policy of the Commonwealth of Puerto Rico to maintain and promote the physical and mental health of the citizenry and provide protection and assistance to the victims and witnesses of
a crime in the judicial procedures, the privilege of confidential communication between the victim of a crime and his/her counselor is hereby established and declared immune to any discovery of evidence part of a legal process.
BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO: Section 1.- Rule 26-A is hereby added to the Rules of Evidence of 1979, as amended to read as follows:
Rule 26-A Councelor -Crime Victim Relationship (A) As used in this rule, the following terms shall have the meaning indicated below: (1) Confidential Communication - any information transmitted between the crime victim and his/her counselor, be it in private or before a third person whose presence is necessary to establish communication between the victim and the counselor, or to facilitate the couseling services needed by the victim when such information is disclosed during the course of the treatment that the counselor gives to deal with the victims' emotional or psychological condition produced by the commission of a crime and that is made in the confidence that the same will not be disclosed to third persons. (2) Victim - A person that has suffered emotional or psychological damage as a consequence of the commission of a crime and who resorts to a counselor or to a counseling and help center to obtain assistance or treatment.
(3) Counseling - the assistance, diagnosis or treatment offered to the victim to mitigate the adverse emotional or psychological effects caused by the commission of a crime. It includes, but is not limited to, treatment during the emotional or mental crisis period. (4) Help and Counseling Center - any person or private or government entity that has, as one of its main purposes, to offer treatment and help to crime victims. (5) Counselor - any person duly authorized, certified or licensed by the Commonwealth of Puerto Rico to carry out the functions of a counselor, orientator, consultator, therapist or any employee, or supervised volunteer, of a help and counseling centers that offers treatment and help to crime victims. (B) Subject to the provisions of this rule, any victim of a crime, whether or not a party to the action, has the privilege to refuse to disclose, or to prevent another from disclosing, a confidential communication between the victim and the counselor, if any one of them reasonably believed such communication to be necessary for the treatment and help required. The privilege may be claimed not only by the holder thereof, but also by a person authorized by the victim, a legal counsel or by the counselor who received the communication. (C) Subject to the provisions of this rule, neither the counselor nor the victim, whether or not a party to the action, may be required to give the name, address, location or telephone number
of a help center, shelter or another facility that gives temporary shelter to crime victims, unless the facility in question is a party to the action. (D) The fact that a victim testifies in Court regarding the crime does not constitute waiver of the privilege. (1) Notwithstanding the abovestated, if, as part of such testimony, the victim reveals part of the confidential communication, it shall be understood, as a waiver of the privilege, with respect to that part of the testimony only. (2) Any waiver of the privilege shall only be extended to that part which is necessary to answer the questions made by the attorney concerning the confidential communication and that are relevant to the facts and circumstances of the case. (E) The victim cannot waiver the privilege through his legal counsel. Notwithstanding the abovestated, if the victim files action for professional malpractice against the counselor or against the help and counseling center in which the counselor is employed or serves as a supervised volunteer, said counselor may testify without being subject to the privilege and will not be held liable for said testimony.
Section 2.- This Act shall take effect immediately after its approval.