Ley 9 del 1984
Resumen
Esta ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley Núm. 141 de 1960) para transferir la responsabilidad de investigar y rendir informes sobre personas convictas por conducir bajo los efectos del alcohol. Anteriormente a cargo de la Administración de Corrección, esta tarea ahora recae en el Departamento de Servicios Contra la Adicción, con el fin de asegurar una evaluación más especializada para programas de rehabilitación y agilizar los procedimientos judiciales y el inicio del tratamiento.
Contenido
(P. de la C. 1122)
L E Y
Para enmendar los incisos
(d) y
(e) de la Sección 5-802 de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", para establecer que será el Departamento de Servicios Contra la Adicción quien deberá efectuar una investigación y rendir un informe al Tribunal sobre cualquier persona convicta por conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En Puerto Rico el problema de los conductores guiando bajo los efectos de bebidas embriagantes es altamente crítico. Según el estudio del Dr. Sidney Kaye, del Instituto de Medicina Legal de Puerto Rico, "The Problem Drinker and Traffic Fatalities in Puerto Rico", para el año 1980-81, el 53% de los peatones y el 58% de los conductores muertos en accidentes de tránsito, dieron positivo en la prueba para detectar alcohol en la sangre. Muchos de ellos sobrepasaron el nivel positivo de 10 centésimas del uno (1) por ciento o más de alcohol, por volumen de sangre. En el informe Estadístico Global (relacionado con tránsito) de la Policía de Puerto Rico, en 1982 se registraron 9,767 arrestos a conductores por manejar en estado de embriaguez.
En el año 1975 se estableció en 10 centésimas del uno (1) por ciento o más de alcohol por volumen de sangre, legal para presumir que una persona conduce bajo los efectos del alcohol, esto se hizo así para fortalecer grandemente nuestros programas de seguridad en las carreteras y por consiguiente permite una reducción significativa de muertes por accidentes de tránsito.
El problema del bebedor en las carreteras está contemplado en la Ley Núm. 141, del 20 de julio de 1960, subsiguientemente enmendada.
En la actualidad la Sección 5-802 de esta Ley, según enmendada en los incisos
(d) y
(e) establece que antes de dictar sentencia a cualquier persona convicta, por conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez, el Tribunal ordenará a la Administración de Corrección que efectúe una investigación minuciosa de los antecedentes e historial del convicto en relación al uso de bebidas
embriagantes que le permita determinar que dicha persona se beneficiará del programa de rehabilitación establecido y aprobado por el Departamento de Servicios Contra la Adicción en coordinación con el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Conforme a dicha Ley la Administración de Corrección dispone de 30 días para rendir el mismo. Dicho informe será preparado por un oficial probatorio de la Administración de Corrección.
Por este medio se enmienda esta disposición de ley específicamente en lo que que concierne a la agencia que rendirá el informe al Tribunal. Entendemos que siendo el Departamento de Servicios Contra la Adicción la agencia especializada, según lo establece su propia ley habilitante, en cuanto a la evaluación y tratamiento de personas que presenten problemas por el uso excesivo de la bebida, es este Departamento el indicado para ofrecer un diagnóstico más confiable, respecto a si una persona tiene o no tiene problemas con la bebida que aquella opinión que rindan los funcionarios de la Administración de Corrección.
Además, si el Departamento de Servicios Contra la Adicción interviene desde la fase primaria en que la persona resulta convicta, se pueden agilizar más los procedimientos ante los tribunales e iniciarse más rápidamente el tratamiento que la persona deba recibir.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1.- Se enmiendan los incisos
(d) y
(e) de la Sección 5802 de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada, para que lea como sigue: "Sección 5-802
(a) (d) Antes de dictar sentencia, a cualquier persona convicta por infracción a las disposiciones de la Sección 5-801, o la Sección 5-802
(b) de esta ley el tribunal ordenará al Departamento de Servicios Contra la Adicción que se efectúe una investigación minuciosa y se le rinda un informe dentro de los treinta (30) días siguientes a la orden. Dicho informe incluirá los antecedentes e historial de la persona convicta en relación con el uso de bebidas embriagantes que le permita determinar si dicha persona se beneficiaría del programa de 'rehabilitación establecido y aprobado' por el Departamento
de Servicios Contra la Adicción en coordinación con el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Para los efectos de esta sección, 'rehabilitación' significará cualquier tipo de tratamiento, orientación, consejería o asesoramiento que determine el organismo a cargo de la rehabilitación.
(e) Rendido el informe del funcionario designado del Departamento de Servicios Contra la Adicción, el Tribunal citará para el acto de imposición de sentencia y dictará la misma de acuerdo a las penalidades dispuestas en los incisos
(a) y
(b) de esta sección según sea el caso, dentro de un período no mayor de diez (10) días contados desde la fecha en que se rindió dicho informe.
(f) Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir a los noventa (90) días después de su aprobación.
Presidente de la Cámara
Presidente del Senado
Departamento de Estado
CERTIFICO: que es copia fiel y exacta del original aprobado y firmado por el Gobernador del Estado Libro Asociado de Puerto Rico el 3 dia 27. de .....shil. de 1984 $\qquad$
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
OFFICE OF LEGISLATIVE SERVICES
CAPITOL BUILDING P.O. BOX 3986
SAN JUAN, PUERTO RICO 00904
October 2, 1984
Juan R. Melecio, Director of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that he has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 9 (H. B. 1122) of the 4th Session of the 9th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:
AN ACT to amend subsections
(d) and
(e) of Section 5-802 of Act No. 141 of July 20, 1960 as amended, known as the "Vehicle and Traffic Law of Puerto Rico", and finds the same are complete, true and correct versions of each other.
(NO. 9) (Approved April 27, 1984) AN ACT
To amend subsections
(d) and
(e) of Section 5-802 of Act No. 141 of July 20, 1960 as amended, known as the "Vehicle and Traffic Law of Puerto Rico", to establish that it is the Department of Addiction Services which must make an investigation and render a report to the Court on any person convicted of driving a motor vehicle while in a state of drunkenness.
STATEMENT OF MOTIVES
In Puerto Rico the problem of drivers who drive under the influence of intoxicating beverages is extremely critical. According to the study conducted by Dr. Sidney Kaye of the Institute of Forensic Medicine of Puerto Rico, "The Problem Drinker and Traffic Fatalities in Puerto Rico", for the year 1980-81, 53% of the pedestrians and 58% of the drivers who died in traffic accidents, had a positive test to detect alcohol in the blood. Many of them exceeded the positive level of 10 hundredths of one (1) percent of alcohol per blood volume, or over. In the Police of Puerto Rico's Global Statistical Report (related to traffic) in 1982, 9,767 drivers were arrested for drunken driving.
In 1975, it was established that at 10 hundredths of one (1) percent or more of alcohol per blood volume, there is a legal presumption that a person is driving under the influence of alcohol. This was done to give more weight to our highway safety programs and, consequently, allow a significant reduction in deaths by traffic accidents.
The problem of drunken driving on our highways is considered in Act No. 141 of July 20, 1960, which was subsequently amended.
At present, Section 5-802 of this Act, as amended in Sections
(d) and
(e) , establishes that before rendering judgment upon any person convicted of driving a motor vehicle under the influence of intoxicating beverages, the Court shall direct the Correctional Administration to conduct a thorough investigation of the history and record of the convict in relation to the use of intoxicating beverages, which would enable it to determine that said person would benefit from the rehabilitation program established and approved by the Department of Addiction Services in coordination with the Department of Transportation and Public Works. Pursuant to said Act, the Correctional Administration has 30 days to render the said report, which shall be prepared by a probation officer of the Correctional Administration.
This statutory provision is hereby amended, specifically, concerning the agency that shall render the report to the Court. We understand that since the Department of Addiction Services is the specialized agency, as established by its own Enabling Act, with regard to the evaluation and treatment of persons who have problems caused by the excessive use of intoxicating beverages, this Department is the one that
can give a more reliable diagnosis as to whether a person has, or does not have a drinking problem, than any opinion which the officials of the Correctional Administration may render.
Furthermore, if the Department of Addiction Services intervenes from the initial phase when the person is convicted, the proceedings before the Courts may be expedited and the treatment that the person is to receive may be started sooner.
BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO:
Section 1.- Subsections
(d) and
(e) of Section 5-802 of Act No. 141 of July 20, 1960 as amended, are hereby amended to read as follows:
"Section 5-802
(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kind of treatment, orientation, guidance or advice determined by the agency in charge of the rehabilitation.
(e) Once the report of the official designated by the Department of Addiction Services is rendered, the Court shall summon to pronounce judgment, and shall render it, pursuant to the penalties provided in subsections
(a) and
(b) of this Section, as the case may be, within a period of not more than ten (10) days reckoned from the date said report was rendered.
(f) Section 2.- This Act shall take effect ninety (90) days after its approval.