Ley 91 del 1983
Resumen
Esta ley enmienda la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico para autorizar a los municipios a imponer una contribución adicional especial sobre la propiedad inmueble. El propósito es financiar la adquisición, construcción y operación de plantas y facilidades para el transporte, procesamiento y conversión de desperdicios sólidos en energía, con el fin de abordar los problemas críticos de disposición de residuos y sus impactos ambientales.
Contenido
(P. de la C. 964)
Para adicionar el Artículo 12.02-A; el inciso (30) al Artículo 2.04; el inciso
(f) al Artículo 4.14; y el inciso
(n) al Artículo 7.02 de la Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico", para autorizar a los Municipios a imponer una contribución adicional especial sobre la propiedad para financiar las obras y el equipo requerido para transportar, procesar y convertir los desperdicios sólidos en formas útiles de energía.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La disposición de desperdicios sólidos es uno de los problemas más difíciles y complejos a que se enfrentan los Municipios de Puerto Rico. En el caso del área metropolitana de San Juan y otras áreas urbanas los problemas de disposición de desperdicios sólidos se han tornado críticos, debido a su gran densidad poblacional, el aumento continuo en la producción de desperdicios sólidos, y la escasez de terrenos adecuados para disponer de ellos. El problema de la disposición de desperdicios sólidos se agrava por el hecho de que los métodos tradicionales para su disposición, como los vertederos y el relleno sanitario se tornan cada día más inaceptables desde el punto de vista social, económico y ambiental.
La tecnología moderna permite que se convierta la energía contenida en los desperdicios sólidos en formas utilizables de energía como vapor o electricidad. La operación en Puerto Rico de plantas para la disposición de desperdicios sólidos que resulte en su conversión en energía y otros productos ayudará a reducir la dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del costosísimo petróleo importado, permitirá obtener energía utilizable y necesaria de desperdicios ahora inutilizables, reducirá la necesidad de destinar terrenos ya escasos como lugares de disposición, y proveerá un método seguro y sanitario de disposición de desperdicios en lugares cercanos.
La política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es estimular el establecimiento de plantas para la disposición y tratamiento de desperdicios sólidos y su conversión en energía y otros productos, siempre que ésto sea posible.
En 1978 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico concedió poderes a la Autoridad para el Manejo de Desperdicios Sólidos para
que planificara, financiara, construyera, operara, supervisara y controlara los establecimientos para la disposición de desperdicios sólidos. Sin embargo, y= que la disposición de desperdicios sólidos ha sido tradicionalmente una responsabilidad de la Autoridad municipal local, la Autoridac recibió también la facultad de coordinar con los Municipios mediante contrato el desempeño de la responsabilidad de la disposición de los desperdicios sólidos que la Autoridad y los Municipios comparten concurrentemente, incluso asumiendo dicha responsabilidad totalmente o transfiriéndola totalmente a los Municipios.
La urgencia de soluciones para el problema de disposición de desperdicios sólidos hace imperativo que los Municipios disfruten de todos los poderes que puedan conferírseles por ley para enfrentarse adecuadamente a ese problema.
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha determinado que, aunque los Municipios están facultados para solicitar propuestas de entidades privadas para el establecimiento de tales plantas o facilidades y para negociar y otorgar los correspondientes contratos, las probabilidades de tales gestiones aumentarian si se concede a los Municipios la facultad de imponer contribuciones adicionales para garantizar el pago de los cargos en que se incurra para la disposición de los desperdicios sólidos, de forma aceptable al mercado de créditos para el financiamiento de este tipo de proyectos.
La forma más equitativa para allega: dichos fondos adicionales es la imposición de una contribución sobre la propiedad especial, ad valorem, cuyo importe se dedique exclusivamente al pago de los cargos por disposición de desperdicios sólidos en que incurran los Municipios como consecuencia del establecimiento de plantas para la disposición y tratamiento de desperdicios sólidos y su conversión en formas utilizables de energia y otros productos.
Hacia ese fin se dirige la presente ley. Decretase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: Sección 1.- Se adiciona el Artículo 12.02-A a la Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980, según enmendada, para que lea como sigue: "Artículo 12.02-A.-Contribución adicional especial
(a) Los Municipios podrán imponer una contribución adicional especial, ad valorem, al 1957 sobre toda la propiedad inmueble, incluyendo maquinaria, que esté situada dentro de
los límites territoriales del Municipio que no esté exenta o exonerada de tributación, con el propósito de allegar fondos para satisfacer cualquier obligación en que incurra el Municipio por concepto de servicios de disposición de desperdicios sólidos o para la adquisición, construcción, reconstrucción, renovación, expansión o realización de mejoras de cualesquiera plantas o facilidades de disposición y tratamiento de desperdicios sólidos.
Para propósitos de este Artículo los siguientes términos y frases tendrán los significados que indican a continuación: (1) Obligacion: cualquier bono o pagaré, cualquier pago convenido bajo un contrato (o instrumento) de servicios o de arrendamiento, o cualquier otra deuda, cargo u obligación del Municipio. (2) Servicio de disposición de desperdicios sólidos: la disposición de desperdicios sólidos por cualquier entidad pública o privada, incluyendo cualquier otro Municipio o la Autoridad para el Manejo de Desperdicios Sólidos, mediante la operación de plantas o facilidades para la disposición de desperdicios sólidos. (3) Plantas o facilidades para la disposición de desperdicios sólidos: terrenos, mejoras, estructuras, equipo, maquinaria, vehículos, o cualquier otra propiedad utilizada por cualquier entidad pública o privada para la disposición de desperdicios sólidos o su conservación en formas utilizables de energía y otros productos, incluyendo, pero sin que esto se entienda como una limitación, las plantas o fábricas establecidas con ese propósito, el equipo necesario para la producción y transmisión de energía, las estaciones para la transferencia de energía, las estructuras, vehículos y equipo para la transportación y almacenamiento de desperdicios sólidos, los vertederos, el relleno sanitario y los depósitos para residuos del proceso. La contribución adicional especial a que se refiere este Artículo se impondrá a enero 1ro. siguiente al año fiscal en que deban realizarse los pagos para los que están destinadas, en cantidad suficiente como determine el Municipio que será necesaria para establecer reservas para garantizar el pago de la obligación, incluyendo, pero sin que esto se entienda como una limitación, reservas para obligaciones corrientes o contingentes, o para prevenir deficiencias en el cobro de contribucio-
nes subsiguientes, y para el pago de los gastos incurridos en la negociación y el otorgamiento de tales obligaciones. Se podrán imponer contribuciones distintas para satisfacer pagos correspondientes a obligaciones distintas. El Secretario de Haci:::da de Puerto Rico administrará el cobro de cualquier contribución impuesta bajo este Artículo.
(b) Los Municipios quedan autorizados, en relación con cualquier obligación contraida por motivo del establecimiento de plantas o facilidades para la disposición de desperdicios sólidos, o de la prestación de servicios de disposición de desperdicios sólidos, a asumir mediante contrato la obligación de imponer y cobrar, durante la duración del plazo de la obligación contraída, la contribución adicional especial sobre la propiedad autorizada por este Artículo, de conformidad con aquellos tipos y cantidades que resulten suficientes para pagar oportunamente cualesquiera sumas pagaderas de conformidad con la obligación contraída. Los Municipios quedan también autorizados a renunciar a cualquier defensa que por motivo de la inmunidad del soberano pudieran tener en un litigio donde se reclame el cumplimiento específico de cualquier de los pactos convenidos de conformidad con este inciso. El beneficiario de cualquier pacto u obligación del Municipio convenidos de conformidad con este Artículo podrá ceder sus derechos a la persona o personas que hayan provisto el financiamiento de las facilidades para la disposición de desperdicios sólidos que motivan tal pacto u obligación.
(c) Las contribuciones cobradas de conformidad con la autorización dispuesta en este Artículo se mantendrán en cuentas separadas y se utilizarán únicamente para los propósitos para los que fueron autorizadas. La imposición y cobro de dichas contribuciones tendrán efecto comenzando en el año fiscal siguiente a aquél en que se autorice su imposición y cobro mediante el procedimiento dispuesto en este Artículo. Los ingresos por este concepto no estarán sujetos a anticipos por el Secretario de Hacienda a los Municipios según lo dispuesto en el Artículo 709 de la Ley Número 146 de 18 de junio de 1980. En cada año fiscal el Municipio impondrá la contribución de conformidad con un tipo que sea suficiente para permitir el establecimiento de las reservas necesarias y el pago de todas las sumas pagaderas durante el año fiscal siguiente, de conformidad con la obligación para cuyo pago o garantía se impongan tales contribuciones. En o antes del 15 de abril anterior al año fiscal para el cual se impongan contribuciones adicionales
especiales de conformidad con este Artículo, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico será notificado por el Municipio del tipo de la contribución correspondiente a dicho año fiscal.
(d) Cualquier ordenanza - resolución de un municipio que autorice al Municipio a incurrir en una obligación que contenga o esté garantizada por un pacto para imponer contribuciones de conformidad con este Artículo, tendrá que ser aprobada por dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Municipal y por el Gobernador de Puerto Rico. Al autorizar dicha obligación, la Asamblea Municipal determinará específicamente que no existen otros recursos disponibles para satisfacer la obligación, o que si no se impone la contribución adicional especial para el pago de la obligación, la estabilidad fiscal del Municipio sufrirá un perjuicio sustancial. La ordenanza o resolución dispondrá también para la imposición anual de la contribución adicional especial, sin imponer limitaciones a su tasa o cantidad, cuya contribución se impondrá sobre toda la propiedad inmueble del Municipio que no se halle exenta o exonerada de tributación y se dispondrá en la resolución que la contribución así impuesta deberá ser suficiente para satisfacer las sumas pagaderas de conformidad con la obligación durante cada año fiscal y para establecer las reservas a que se refiere este Artículo.
Con anterioridad a la aprobación de la ordenanza o resolución el Municipio celebrará vistas públicas sobre la obligación a incurrirse. Se publicará una notificación de las vistas públicas en dos periódicos de circulación general diaria en Puerto Rico con por lo menos treinta (30) días de antelación a la fecha señalada para las vistas. También se publicarán dichas notificaciones en la casa Alcaldia y en las Colecturias de Rentas Internas ubicadas en el correspondiente Municipio. Tales notificaciones darán aviso de la fecha, lugar y hora de las vistas públicas y explicarán la naturaleza y propósito de la contribución adicional a imponerse.
(e) Al aprobarse cualquier ordenanza o resolución que autorice el otorgamiento de una obligación que contenga o esté garantizada por un pacto de imponer contribuciones adicionales especiales de conformidad con este Artículo, se publicará un aviso, por una sola vez en un periódico de circulación general diaria, el cual se fijará también en dos lugares públicos del Municipio.
A menos que se inicie algún pleito, acción o procedimiento con anterioridad a la expiración del plazo de veinte (20) días siguientes a la publicación del aviso entes indicado, la ordenanza o resolución a que se refiere el aviso advindrá firme y se presumirá concluyentemente que ha sido debidamente aprobada y adoptada por el Municipio, que cumple con las disposiciones de ésta y cualquiera otra ley aplicable. La validez de dicha ordenanza o resolución, de sus disposiciones, incluyendo las disposiciones sobre el pago de las obligaciones allí autorizadas la validez de las obligaciones en sí misma, no podrá ser cuestionada posteriormente por el Municipio, ni por los contribuyentes, u otra parte interesada, no obstante lo que se establezca en cualesquiera otras disposiciones legales.
(f) Excepto según se disponga en este Artículo, la contribución adicional especial autorizada por este Artículo se impondrá y cobrará de la misma forma en que se impone y cobra la contribución básica, ad valorem al 1957, sobre la propiedad, y el importe de dicha contribución constituirá un gravamen igual al dispuesto para las contribuciones sobre la propiedad.
(g) Los servicios de disposición de desperdicios sólidos se considerarán servicios esenciales a la comunidad bajo amenaza de interrupción para propósitos del Artículo 7.08(b) de esta Ley y como tales, los contratos de arrendamiento y de servicios relacionados con ellos no estarán sujetos a las restricciones impuestas por dicho Artículo.
(h) Todo sistema que se establezca bajo las disposiciones de esta Ley sobre la disposición final de los desperdicios sólidos o líquidos de carácter tóxico, será requisito previo el hacer un estudio sobre impacto ambiental y cumplir con todas las disposiciones de salubridad, requeridos por la Junta de Calidad Ambiental o cualquier otra agencia concernida.
(i) Cualquier obligación autorizada y pactada de conformidad con este Artículo, que de otra forma no esté sujeta a las limitaciones sobre la deuda pública en que puede incurrir un Municipio bajo la legislación vigente al tiempo de incurrirse en dicha obligación, no estará sujeta a dichas limitaciones por el mero hecho de la aprobación de esta Ley o por la imposición de alguna contribución autorizada por ella para allegar fondos para realizar pagos de conformidad con dicha obligación."
Sección 2.- Se adiciona el inciso (30) al Artículo 2.04 de la Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980, según enmendada, para que lea como sigue: "Artículo 2.04.-Facultades Generales El municipio tendrá todos los poderes necesarios y convenientes para llevar a cabo todas las facultades correspondientes a un gobierno local y de aquellas incidentales y necesarias para el ejercicio de las siguientes funciones: (1) (30) Imponer contribuciones adicionales especiales, ad valorem al 1957, sobre la propiedad, para allegar fondos para satisfacer obligaciones incurridas para el establecimiento de plantas o facilidades para la disposición de desperdicios sólidos, y para la contratación de servicios de disposición de desperdicios sólidos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.01-A de esta Ley." Sección 3.- Se adiciona el inciso
(f) al Artículo 4.14 de la Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980, según enmendada, para que lea como sigue: "Artículo 4.14.-Ordenanza y/o resoluciones que requieren la aprobación del Gobernador de Puerto Rico.
(a) (f) Aquellas que autoricen el otorgamiento de obligaciones relacionadas con el establecimiento de plantas o facilidades para la disposición de desperdicios sólidos o la contratación de servicios de disposición de desperdicios sólidos, si tales obligaciones contienen o están garantizadas por una obligación de imponer contribuciones de conformidad con el Artículo 12.02-A de esta Ley." Sección 4.- Se adiciona el inciso
(n) al Artículo 2.02 de la Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980, según enmendada, para que lea como sigue: "Articulo 7.02.-Fuentes de ingreso Los ingresos de los municipios serán, entre otros, los siguientes:
(a) ---
(n) Las contribuciones adicionales especiales, ad valorem al 1957, impuesta de conformidad con el Artículo 12.2-A de esta Ley."
Sección 5.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.
Presidente de la Cámara
Presidente del Senado
Departamento de Estado CERTIFICO: que es copia fiel y exacta del original aprobade y firmado por el Gobernador del Estado Libro Asociado de Puerto Rico el 8 dia ...th. de fmeris. de 1953
Lomelo Deu Ruluis
Secretaria Auxillar de Estado de Puerto Rico
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
OFFICE OF LEGISLATIVE SERVICES
CAPITOL BUILDING P.O. BOX 3986
SAN JUAN, PUERTO RICO 00904
October 7, 1983
Juan R. Melecio, Director of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that he has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 91 (H. B. 964) of the 3rd Session of the 9th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:
AN ACT to add Section 12.02-A; subsection (30) to Section 2.04; subsection
(f) to Section 4.14; and subsection ( n ) to Section 7.02 of Act No. 146 of June 18, 1980 as amended, known as the "Organic Act of the Municipalities of Puerto Rico", etc., and finds the same are complete, true and correct versions of each other.
(H.B. 964) (No. 91) (Approved June 4, 1983) AN ACT
To add Section 12.02-A; subsection (30) to Section 2.04; subsection
(f) to Section 4.14; and subsection
(n) to Section 7.02 of Act No. 146 of June 18, 1980 as amended, known as the "Organic Act of the Municipalities of Puerto Rico", to authorize the Municipalities to levy an additional special property tax in order to finance the construction and the equipment required for the transportation, processing and conversion of solid waste into useful forms of energy.
STATEMENT OF MOTIVES
The disposal of solid waste is one of the most difficult and complex problems faced by the Municipalities of Puerto Rico. In the case of the San Juan metropolitan area and other urban areas, the problems related to the disposal of solid waste have turned critical due to their great population density, the continuous increase in the production of solid waste, and the lack of adequate lands for their disposal. The problem of solid waste disposal is further aggravated by the fact that the traditional methods for their disposal, such as dumping
grounds and sanitary land fills, are becoming less acceptable everyday from a social, economic, and environmental point of view.
Modern technology allows the conversion of the energy held by solid waste into usable forms such as steam or electrical energy. The operation in Puerto Rico, of solid waste conversion plants which will result in its conversion into energy and other products, will help reduce the Commonwealth of Puerto Rico's dependence on expensive foreign oil; it will cause us to obtain useful and needed energy from solid wastes that have not been useable up to now; it will reduce the need to set apart our already limited land for use as disposal sites, and it will provide a safe and sanitary method for the disposal of waste in nearby sites.
The Commonwealth of Puerto Rico's public policy is to encourage the establishment of plants for the disposal and treatment of solid waste and its conversion into energy and other products, whenever feasible.
In 1978, the Commonwealth of Puerto Rico entrusted the Puerto Rico Solid Waste Management Authority with the power to plan, finance, construct, operate, supervise and control solid waste disposal establishments. However, since the disposal of solid waste has traditionally been a responsibility of the local municipal authorities, the Authority was also entrusted with the
faculty to coordinate with the Municipalities, by means of contracts, the carrying out of this responsibility that the Authority and the Municipalities share concurrently, including the total assumption of said responsibility or its total transfer to the Municipalities.
The urgent need of finding solutions to the solid waste disposal problem makes it imperative for the Municipalities to enjoy all the powers that can be conferred on them by law, in order to confront the problem adequately.
The Commonwealth of Puerto Rico has determined that, although the Municipalities are authorized to solicit proposals from private entities for the establishment of such plants or facilities, and to negotiate and grant the corresponding contracts, the probabilities of success of said negotiations would be increased, if the Municipalities are granted the faculty of levying additional taxes to underwrite the payment of the charges incurred for the disposition of solid waste, in a manner acceptable to the credit markets for the financing of this type of project.
The most equitable way to obtain said additional funds is by levying a special property tax, ad valorem, the amount of which shall be devoted exclusively to the payment of charges for the disposition of solid waste incurred by the Municipalities as a result of the establishment of plants for the disposition and treatment of solid waste and its conversion into usable forms
of energy and other products. This Act is addressed towards this end.
BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO: Section 1.- Section 12.02-A is hereby added to Act No. 146 of June 18, 1980 as amended, to read as follows: "Section 12.02-A. - Special Additional Tax
(a) The Municipalities may levy an additional special tax, ad valorem to 1957, upon all real property, including machinery, located within the Municipal boundaries, that is not exempt or exonerated from taxation, with the purpose of obtaining funds to satisfy any obligation incurred by the Municipality related to solid waste disposal services, or for the adquisition, construction, reconstruction, renovation, expansion or improvements of any plants or facilities for the disposal and treatment of solid waste. For purposes of this Section the following terms and phrases will have the meaning expressed hereinbelow: (1) Obligation: any bond or note, any payment agreed to under a service or rental contract (or instrument), or any other Municipal debt, charge or obligation. (2) Solid waste disposal service: the disposal of solid waste by any public or private entity, including other Municipalities, or the Solid Waste
Management Authority, by the operation of solid waste disposal plants or facilities.
(3) Solid waste disposal plants or facilities: lands, improvements, structures, equipment, machinery, vehicles, or any other property used by any public or private entity for the disposal of solid waste or its conservation into useful forms of energy and other products, including, but not limited to, the plants or factories established for said purpose, the necessary energy production and transmission equipment, energy transfer stations, the structures, vehicles and equipment for the transportation and storage of solid waste, dumping grounds, sanitary landfill, and depots for the residuals of the process.
The special additional tax to which this Section makes reference, will be levied as of the 1st of January following the fiscal year in which the payments for which they are destined must be made, in a sufficient amount to be determined by the Municipality as necessary to establish reserves to underwrite the payment of the obligation, including, but not limited to, reserves for current or contingent obligations, or, to prevent deficiencies in the collection of subsequent taxes, and for the payment of expenses incurred during the negotiation and granting of said obligations. Different taxes may be levied to underwrite payments corresponding to different obligations. The Secretary of the
Treasury of Puerto Rico will administer the collection of any tax levied under this Section.
(b) The Municipalities are hereby authorized, in relation to any obligation contracted as a result of the establishment of plants or solid waste disposal facilities, or the provision of solid waste disposal services, to assume, under contract, the obligation of levying and collecting, for the duration of the term of the obligation contracted, the special additional property tax authorized by this Section, in accordance with those rates and amounts that are sufficient to pay in due time, any sums due pursuant to the contracted obligation. The Municipalities are also authorized to waive any defense they might be entitled to under the concept of sovereign immunity, in a trial where specific compliance with any of the negotiated pacts is claimed pursuant to this subsection. The benficiary of any pact or obligation negotiated in accordance with this Section, may relinquish his rights to the person or persons that may have provided financing for the solid waste disposal facilities that motivated such pact or obligation.
(c) The taxes collected in accordance with the authorization provided in this Section will be kept in separate accounts and will be used only for the purposes for which they were authorized. The levying and collection of said taxes will be effective, beginning in the fiscal year following
the one in which its levying and collection is authorized through the procedure provided by this Section. Income from this account will not be subject to advances by the Secretary of the Treasury to the Municipalities pursuant to the provisions of Section 709 of Act No. 146 of June 18, 1980. During each fiscal year the Municipality will levy a tax at a rate that will be sufficient to permit the establishment of the necessary reserves, and the payment of all sums payable during the next fiscal year, in accordance with the obligation for the payment or underwriting of which said taxes are imposed. The Secretary of the Treasury will be notified by the Municipality of the tax rate corresponding to that fiscal year, on or before April 15, prior to the fiscal year for which the additional special taxes are imposed, pursuant to this Section.
(d) Any municipal ordinance or resolution that authorizes the Municipality to incur an obligation that includes or is underwritten by a pact to levy taxes pursuant to this Section, must be approved by two thirds of the members of the Municipal Assembly, and by the Governor of Puerto Rico. When authorizing said obligation, the Municipal Assembly will specifically determine that there are no other means available to satisfy the obligation, or that if the special additional tax is not levied for the payment of the obligation, the fiscal stability of the Municipality will suffer
substantial harm. The ordinance or resolution will also provide for the annual levying of the special additional tax, without imposing limitations on its rate or amount, which will be levied on all the real property of the Municipality that is not exempt or exonerated from taxes, and the resolution will provide that the tax so levied must be sufficient to satisfy the sums payable according to the obligation during each fiscal year, and to establish the reserves to which this Section makes reference.
Public hearings on the obligation to be incurred will be held by the Municipality prior to the approval of the ordinance or resolution. Notice of the public hearings will be published in two daily newspapers of general circulation throughout Puerto Rico, at least thirty (30) days prior to the date on which they will be held. Said notices will also be posted in the City Hall and in the Internal Revenue Collector's offices located in the corresponding Municipality. Said notices will state the date, place and time of the public hearings and will explain the nature and purpose of the additional tax to be levied.
(e) Upon the approval of any ordinance or resolution that authorizes the granting of an obligation that includes or is underwritten by an agreement to levy special additional taxes pursuant to this Section, a single notice will
be published in a daily newspaper of general circulation, and will also be displayed in two public sites in the Municipality.
Unless some lawsuit, action or proceeding is initiated prior to the expiration of the twenty (20)- day term following the publication of the aforementioned notice, the ordinance or resolution to which the notice makes reference will become final, and it will be unequivocally assumed that it has been duly approved and adopted by the Municipality, and that it complies with the requirements of this and any other applicable law. The validity of said ordinance or resolution, of its provisions, including those related to the payment of the obligations authorized therein, and the validity of the obligations per se, may not be subsequently questioned by the Municipality nor by the taxpayers nor any other interested party, regardless of what is established by any other legal provisions.
(f) Except as provided of this Section, the special additional contribution authorized by this Section shall be levied and collected in the same manner that the basic property tax, ad valorem to 1957, is levied and collected, and the amount of said tax will constitute an encumbrance equal to that provided for property taxes.
(g) The solid waste disposal services will be deemed to be services essential to the community, under threat of
interruption for purposes of Section 7.08
(b) of this Act, and as such, the lease and service contracts related to them will not be subject to the restrictions imposed by said Section.
(h) A prior environmental impact study and compliance with all the health requirements of the Environmental Quality Board or any other agency concerned, will be required of any system established under the provisions of this Act, for the final disposition of solid waste or toxic liquids.
(i) Any obligation, authorized and negotiated pursuant to this Section, that would otherwise not be subject to the limitations on the public debt which a Municipality may incur according to legislation in effect at the time said obligation was incurred, will not be subject to said limitations by the mere fact of the approval of this Act or by the levying of any tax authorized hereunder to collect funds to make payments in accordance with said obligation." Section 2.- Subsection (30) is hereby added to Section 2.04 of Act No. 146 of June 18, 1980 as amended, to read as follows: "Section 2.04.- General Powers The municipality shall have all the powers that are necessary and convenient to carry out all the duties pertinent to a local government, and those that are incidental
and essential to exercise the following functions: (1) (30) To levy special additional property taxes, ad valorem to 1957, to obtain funds to satisfy the obligations incurred in the establishment of plants or solid waste disposal facilities, and for the contracting of solid waste disposal services pursuant to the provisions of Section 12.01-A of this Act."
Section 3.- Subsection
(f) is hereby added to Section 4.14 of Act No. 146 of June 18, 1980 as amended, to read as follows: "Section 4.14.- Ordinances and/or Resolutions which Require the Approval of the Governor of Puerto Rico.
(a) (f) Those that authorize the granting of obligations related to the establishing of solid waste disposal plants or facilities, or the contracting of solid waste disposal services, if said obligations include or are underwritten by an obligation to levy taxes pursuant to Section 12.02-A of this Act."
Section 4.- Subsection
(n) is hereby added to Section 2.02* of Act No. 146 of June 18, 1980 as amended, to read as follows: "Section 7.02.- Sources of Income The following shall be the municipalities' sources of income, among others:
⁰ ⁰: *Translator's Note: The Title reads: Subsection
(n) of Section 7.02 .
(a) . . . . . . . . . . . . . . . .
(n) The special additional taxes, ad valorem to 1957, levied pursuant to Section 12.2-A of this Act."
Section 5.- This Act shall take effect immediately after its approval.